Propone establecer que el Estado en materia de rectoría del desarrollo nacional, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales mediante el fomento de la inclusión financiera.

Propone que el Estado mexicano deba de garantizar dentro de los esquemas de planes y programas de estudio la educación financiera y de activos virtuales.

Se propone suprimir el requisito de denuncia o querella para solicitar orden de aprehensión; 2) se propone otorgar facultades para solicitar órdenes de cateo e intervención de comunicaciones por la policía para la investigación bajo los principios de proporcionalidad, necesidad, idoneidad, especialidad y justificación de las medidas; 3) se propone suprimir la eliminación del arraigo, como consecuencia de la eliminación del régimen de excepción de delincuencia organizada; 4) se propone establecer como obligación de que, en materia penal, los acuerdos derivados de los mecanismos alternativos

Dotar a las juventudes de una educación financiera exhaustiva para que tengan cada vez mejores posibilidades financieras y una mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Propone incluir a los activos virtuales como parte de las especies digitales que podrán ser circulantes en el territorio nacional, para ello, establece que solo el banco central podrá ser quien emita una moneda digital.

Propone la regulación de carteras digitales por lo que este tipo de servicios solo podrán prestarse por las personas morales autorizadas por la CNBV, previo acuerdo del Comité Interinstitucional, como instituciones de fondos de pago electrónico.

Propone disminuir de 6 a 3 años el tiempo por el que durará en su cargo el Director General de la Agencia, otorgando la posibilidad de ser reelegido por una sola ocasión.

Propone incorporar el concepto de paraíso fiscal a la ley, como el país, territorio o jurisdicción con regímenes fiscales preferentes en donde la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta sea inferior a la tasa del impuesto a enterar en territorio nacional. 

Establecer que los servicios educativos garantizarán la educación financiera y el uso de sus herramientas digitales para incrementar los niveles de bienestar económico.