Propone establecer que se fijarán bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa o jurisdiccional irregular del Estado.

Especifica que la actividad jurisdiccional irregular podrá ser analizada solo cuando se trate de sentencia firme condenatoria en materia penal por error judicial, en caso de que se la resolución de la autoridad niegue la indemnización o no satisfaga al interesado, la resolución podrá impugnarse mediante recurso de revisión ante el superior jerárquico que corresponda.