•   La senadora Indira Kempis y el senador José Ramón Enríquez de Movimiento Ciudadano, cedieron la voz desde el Senado de la República a diversas organizaciones de la sociedad civil que piden la regulación
•   Indispensable incluir en la legislación la opinión de expertos para el uso del cannabis sin caer en la simulación, señaló la senadora Indira Kempis. 
•   La iniciativa que se está discutiendo solo criminalizaría y marginaría a campesinos y campesinas.
•   El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de responder ante el mandato de la Suprema Corte para regular el uso adulto de cannabis: colectivos integrantes de Regulación por la Paz.

En rueda de prensa, la senadora Indira Kempis y el senador José Ramón Enríquez, de Movimiento Ciudadano, cedieron la voz a expertas y expertos de la sociedad civil con la finalidad de exponer los posibles riesgos en caso de aprobar un dictamen que no considere sus recomendaciones y a su vez, signifique un retroceso en la legislación en la materia, al fomentar el prohibicionismo, la criminalización de usuarios y usuarias y dejaría en la ilegalidad a productores del campo. 

“Ya es hora de regular. Desde el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos un decálogo de los 10 puntos claves que necesitamos que pongan atención las y los senadores para que el dictamen que se apruebe sea en esos términos, criterios y principios básicos de voces expertas”, reiteró la senadora Kempis.

La senadora Kempis y el senador Enríquez estuvieron acompañados por Miguel Fernández y Pier Giuseppe representantes del Movimiento Cannabico Mexicano; Amaya Ordorika, de ReverdeSer Colectivo; Tania Ramírez, de México Unido Contra la Delincuencia; Adrián Jiménez, productor del campo; Mariana Sevilla, de México Regula; Zara Snapp, de Instituto RIA; Margarita Garfias e Itzel Hermida, de Familias y Retos Extraordinarios, organizaciones aglutinadas por Regulación por la paz, quienes fijaron su postura en contra del prohibicionismo y la criminalización del cannabis.

En su oportunidad el senador José Ramón Enríquez Herrera, manifestó que la regulación del cannabis es un tema que concierne a la salud pública. Por su parte, Miguel Fernández mencionó que buscan que se apruebe el libre autocultivo y la despenalización de la posesión simple. En tanto, Pier Giuseppe pidió un trato digno. ”Lo que estamos buscando es que el esqueleto de esta regulación no sea más discriminatoria que las que tienen consumidores de alcohol y de tabaco […]. Los consumidores sin fines de lucro de marihuana tampoco queremos ser registrados y tampoco queremos escribir nuestros nombres en un padrón de usuarios porque para ejercer derechos no se pide permiso ni se obtienen licencias”, dijo. 

Margarita Garfias, usuaria medicinal, expresó su malestar a nombre de Familias y Retos Extraordinarios ante el dictamen, puesto que los deja en el exilio médico y legal. Argumentó que es absurdo que sea retroactiva a la que se logró en el 2017, ya que con la iniciativa solo podrían acceder a productos de importación, cuyo costo es inaccesible para miles de familias mexicanas que se encuentran en la misma situación, dejándolas a merced del mercado negro.

En tanto, Adrián Jiménez, productor del campo en Oaxaca, señaló que la iniciativa dejaría a muchas comunidades productoras en la ilegalidad, la discriminación y el rezago, ya que solo beneficiaría a unos cuantos. “Queremos que toda la semilla nacional sea legal, ese es el primer paso […]. Poder registrar desde la semilla, al último producto, hasta la flor, solo generaría barreras para el campo mexicano”.

Respecto a la postura del presidente de la República, quien recientemente dijo estar en contra del uso lúdico del cannabis, la activista Amaya Ordorika señaló que legisladoras y legisladores deben acatar el mandato de la SCJN y no la del Ejecutivo Federal. “Tenemos que recordar que tenemos poderes separados […]. La opinión del presidente es improcedente en este tema, esta es una materia que corresponde al Poder Legislativo y en ese sentido no importa de qué bancada sean, tienen la responsabilidad de responder ante un mandato de la Suprema Corte para regular el uso adulto de cannabis”, enfatizó.  

Al finalizar, señalaron que la despenalización y regulación del cannabis será clave para el rumbo de la salud pública del país y la generación de violencia.