• Su propuesta busca evitar que miles de personas en estado de necesidad justificante vayan a la cárcel, cuando pueden acceder a acuerdos reparatorios.

• Los recursos y esfuerzos del Estado deben emplearse para perseguir y sancionar delitos de mayor impacto, señaló.

La senadora Patricia Mercado Castro, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno un punto de acuerdo que exhorta, primero, a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal, y recurrir a acuerdos reparatorios en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado; y segundo, a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias, en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado.

Durante su intervención, la senadora ciudadana argumentó que México es uno de los países más desiguales de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo es superado por Chile. Refirió datos del Coneval que revelan que en el 2016 se registraron en el país 53.4 millones de personas en situación de pobreza, esto es, 3.9 millones de mexicanos más que en 2008.

Señaló que la pobreza conlleva a otro grave problema: el robo de alimentos por necesidad. De acuerdo a la Comisión Especial de Reclusorios de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 2013 por lo menos 6 mil de los 41 mil presos en la Ciudad de México fueron detenidos por robar comida. A lo anterior añadió que el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) detalla que entre 2013 y 2016 se registraron 8 mil 637 expedientes por este delito en la capital, esto es, 221 robos por mes, siendo el robo sin violencia el ilícito más común.

Detalló que el nuevo Sistema de Justicia Penal ofrece la posibilidad de que, en delitos considerados no graves, ambas partes puedan conciliar y llegar a un acuerdo reparatorio sin que el proceso penal dé inicio, lo cual supondría un ahorro de tiempo y recursos ministeriales y policiales.

A su vez, explicó que el artículo 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Tribunal de enjuiciamiento podrá determinar la causa de exclusión del delito en atención a, entre otras cosas, las causas de justificación, que prevén “el estado de necesidad justificante”, para lo cual podría declarar sentencia absolutoria.

“Tanto las Fiscalías locales, como los juzgadores, cuentan con facultades para evitar criminalizar la pobreza, y en cambio, emplear los recursos y esfuerzos del Estado para perseguir y sancionar delitos de mayor impacto”, señaló.

La propuesta de la senadora busca utilizar y optimizar las herramientas que el sistema penal contempla y no han sido implementadas a cabalidad.  El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia.