• Plantea senador Samuel García reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y al Código Fiscal de la Federación.

• Ministerio Público tendría acceso a pruebas como cuentas bancarias o fiscales en investigaciones contra presidentes, gobernadores y demás funcionarios.

Movimiento Ciudadano presentó este martes en el Senado una iniciativa para eliminar “los secretos de la impunidad”, los cuales han sido excusas en el país que imposibilitan el castigo a la corrupción.

La propuesta a cargo del senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, que reforma el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pondrían punto final a los secretos tanto bancario y fiscal en las investigaciones a funcionarios públicos.

 “Queremos ayudarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a que vaya por todos los corruptos y se regrese lo robado, pero para ello requerimos modificar dos leyes que hoy dejan impunes a los corruptos.

 “Por un lado que el ministerio público actualmente no puede pedir las cuentas bancarias para determinar todo el dinero que llegó y que no es legítimo, y por otro lado el secreto fiscal donde los ministerios públicos no pueden pedir las facturas, declaraciones anuales y provisionales, declaraciones de terceros y retenciones”, dijo en rueda de prensa.

Frente a los señalamientos contra ex funcionarios y ex presidentes en los últimos días, a quienes el Gobierno Federal los ha acusado públicamente de beneficiarse a costa del país, indicó que hacen falta pruebas y por lo tanto menos declaraciones.

“Por ejemplo esto nos ayudaría a que ex presidentes que saquearon la CFE, como dice el Presidente Andrés Manuel que Calderón lo hizo, podamos encontrar si cobró o no por el desfalco, si gobernantes que tienen departamentos en playas o en Houston, o en cualquier lugar de Texas, determinar si se hizo con dinero bien habido”, dijo.

En el Pleno, el legislador subrayó que actualmente existe un círculo vicioso, debido a que el ministerio público para acceder a la cuentas bancarias o fiscales ocupa una orden judicial del juez penal, pero su autorización requiere pruebas mínimas a las cuales no puede obtener en delitos como fraude, lavado de dinero, cohecho, peculado, entre otros.

Una muestra es el caso “Panamá Papers” protegido por el secreto fiscal y del cual se desprende un robo al país de 500 mil millones en impuestos; en tanto a nivel estatal se encuentran imposibilitadas las Fiscalías Estatales, que han buscado sancionar a ex gobernadores.

“Las fiscalías locales, por ejemplo la de Nuevo León, ha querido meter a la cárcel a corruptos, pero no puede porque la Comisión Nacional Bancaria no les quiere dar las cuentas bancarias de ex gobernadores, o porque el SAT no le quiera dar la declaración fiscal, anual o provisional de alcaldes o gobernadores.

“No es posible que hace un mes quisimos meter a un gobernador a la cárcel y la Suprema Corte alegando que se pidieron cuentas bancarias sin orden judicial, lo dejaron libre, como también van a dejar libre a Duarte o Borge, por no obtener las pruebas de manera legal”, dijo.