Decretazo presidencial atropella la Constitución;

Movimiento Ciudadano solicita al Senado controversia constitucional

• El decretazo presidencial que se publicó el lunes pasado, violenta gravemente la Constitución Política y es un atentado directo al principio de división de poderes.
• Los senadores de Movimiento Ciudadano solicitaron a la ex ministra de la SCJN y hoy presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, que interponga la controversia constitucional.

Movimiento Ciudadano entregó hoy una solicitud firmada por coordinadores de diferentes grupos parlamentarios solicitando a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, que interponga una controversia constitucional contra el decreto publicado el lunes pasado que cataloga todas las obras de infraestructura del Gobierno Federal, como asuntos de interés público y de seguridad nacional.

“Este acuerdo se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución Política nacional; es un atentado directo al principio de la división de poderes”, expresó el senador Noé Castañón a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“Este acuerdo excede la esfera de competencias que tiene el Ejecutivo federal y legisla en materia de obras y asignaciones facultad exclusiva de este Senado y su homóloga, la Cámara de Diputados, se está vulnerando el estado de derecho, se está introduciendo en la vida interna y facultades de esta Cámara”.

La demanda de controversia constitucional tiene que ser suscrita o interpuesta por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Usted, señora presidenta, sin duda al haber sido una de las ministras más brillantes y destacadas de la SCJN y que siempre sus resoluciones fueron apegadas al marco constitucional, en su facultad de representación de las senadoras y senadores, pedimos que suscriba la controversia constitucional”, dijo Castañón.

“Cito sus palabras, ‘una mujer interpreta de manera distinta; una mujer actúa de manera distinta’, y por tanto, en congruencia no de la declaración, sino de la acción, pedimos que sea usted quien interponga la controversia constitucional que estamos solicitando”.

El senador Clemente Castañeda, calificó el decretazo presidencial como un abuso de autoridad y un atropello al Estado de derecho. Subrayó que obstaculiza el acceso a la información sobre estos proyectos; bloquea el ejercicio de derechos como los amparos; y representa un retroceso al sistema de planeación nacional pues cualquier ocurrencia será ejecutada como una obra pública prioritaria.

“Con el decretazo presidencial, el Gobierno Federal está cayendo en una especie de autoritarismo y, particularmente, en lo que nosotros podemos denominar, un Estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derecho”, dijo el senador Castañeda.

El Decretazo presidencial es un grito desesperado del Gobierno Federal ante el fracaso de proyectos: Clemente Castañeda

●      Movimiento Ciudadano está estudiando las distintas opciones jurídicas para combatir este decreto.

El decreto presidencial publicado ayer para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen autorizaciones provisionales para los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional es un abuso de autoridad y un atropello al Estado de derecho, acusó el Senador de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda.

“Es un grito desesperado del Gobierno Federal ante el fracaso de sus principales proyectos. Es un atropello constitucional y a todas luces ilegal que permitirá que cualquier ocurrencia presidencial sea ejecutada como obra pública prioritaria”, aseguró.

Esta tarde en conferencia de prensa, acompañado por las senadoras y los senadores de la Bancada Naranja, el legislador por Jalisco advirtió que con este decreto el Presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó al Estado mexicano y abre una ventana enorme de discrecionalidad para hacer lo que “se le pegue la gana”, obviando cualquier procedimiento legal y la normatividad.

“El problema es que en esta desesperación está cayendo en una especie de autoritarismo y particularmente, en lo que nosotros podemos denominar, un Estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derechos, que es lo más lamentable de todo este asunto”, comentó.

Castañeda subrayó que con este decreto:

1.     se obstaculiza el acceso a la información sobre estos proyectos;

2.     bloquea el ejercicio de derechos como los amparos;

3.      y representa un retroceso al sistema de planeación nacional pues cualquier ocurrencia será ejecutada como una obra pública prioritaria.

“No vamos a descansar hasta encontrar los mecanismos jurídicos adecuados para defender lo que consideramos es, el interés público. Estamos revisando el mecanismo jurídico más adecuado para llevarlo a cabo, no podemos dar pasos en falso. Movimiento Ciudadano seguirá actuando con absoluta responsabilidad y vamos a combatir este decreto de frente y con la ley de nuestro lado”, puntualizó.

En su intervención, la Senadora Verónica Delgadillo, consideró que este decreto demuestra que el Gobierno federal protege la corrupción, opacidad y discrecionalidad en las obras prioritarias que tienen un gran impacto medioambiental y que ponen en peligro los recursos naturales de México.

A su vez, el Senador Luis David Ortiz, consideró que con este decreto, el Presidente ignoró al Congreso de la Unión, pues el contenido debió haberse intentado hacer, a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Añadió que aunque en este caso no procede la Acción de Inconstitucionalidad, sí se puede respaldar a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, el cual está analizando si procede jurídicamente contra el decreto.

En tanto, el Senador Juan Zepeda subrayó que la gravedad de este decreto es que al denominar a las obras del Gobierno federal como de “interés público” o “seguridad nacional”, ningún particular podrá solicitar información pública de estos proyectos y, en su caso, denunciar posibles actos de corrupción.

En ese sentido, señaló que actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional es el mayor contratista del Gobierno federal al estar a cargo de varias obras del Gobierno Federal. Sin embargo, advirtió que se están cometiendo barbaridades, pues recientemente se detectó que el Ejército está entregando contratos a sobreprecios a empresas fantasma o factureras y otras violaciones a la normatividad.

Frente a políticas ambientales regresivas, la ley

de Economía Circular es un avance: Clemente Castañeda

●      La economía circular permitirá minimizar la extracción de recursos naturales, la generación de residuos contaminantes, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, e impulsará la generación de empleos.

●      “Todo esto resulta crucial para evitar que las posturas ideológicas y de corto plazo, como las que lamentablemente imperan en el actual gobierno, se apoderen de nuestro futuro”, dijo el legislador.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Economía Circular, aprobadas esta tarde por unanimidad en el Senado de la República, son legislaciones de avanzada y cruciales para evitar que las posturas ideológicas regresivas e irresponsables en materia ambiental del actual Gobierno Federal se apoderen del futuro de México, expresó el Senador integrante de la Bancada Naranja, Clemente Castañeda.

En tribuna, el legislador por Jalisco dijo que Movimiento Ciudadano hace votos para que estas nuevas legislaciones se consoliden como un instrumento de desarrollo sostenible eficaz y con visión de largo plazo que reduzca los efectos negativos en el medio ambiente, y que atienda la emergencia climática con justicia social e innovación.

Castañeda destacó que se abre paso a una política de Estado en materia de uso eficiente de los recursos, de protección al medio ambiente, y de fomento al crecimiento económico y a la innovación. “Todo esto resulta crucial para evitar que las posturas ideológicas y de corto plazo, como las que lamentablemente imperan en el actual gobierno, se apoderen de nuestro futuro”.

¿Por qué es tan importante esta ley? En México se producen 44 millones de toneladas de basura al año, pero sólo se recicla menos del 10 por ciento. "La economía circular contribuirá a romper estos patrones insostenibles de producción y generación de basura. La reducción, la reutilización y el reciclaje serán los caminos para el manejo y aprovechamiento equilibrado de los recursos, y por lo tanto para disminuir la huella de carbono en nuestro país", explicó.

"Transitar hacia una economía circular podría reducir de manera sustancial los residuos industriales y sus emisiones en algunos sectores, como los de minerales y metales, plásticos, textiles, entre otros más. Además, permitirá minimizar la extracción de recursos naturales, la generación de residuos contaminantes, el consumo de energía y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sin contar otros beneficios económicos y sociales, como el impulso a nuevas industrias, a la innovación, a la competitividad y, por lo tanto, a la generación de empleos".

La nueva Ley General de Economía Circular promueve que:

• Los productos y materiales permanezcan en uso a través del rediseño de los mismos;
• Impulsa una política de cero residuos enfocada a promover la valorización y aprovechamiento de los residuos;
• Establece la obligación de contar con un Plan de Economía Circular para productores y comercializadores;
• Plantea un plan de manejo para aparatos eléctricos;
• Promueve el consumo responsable, el ciclo de vida de los productos, la concientización, y el valor del trabajo de los grupos informales de personas acopiadoras, entre otras.

El senador Clemente Castañeda recordó que desde hace cinco años, Movimiento Ciudadano, de la mano de la senadora Verónica Delgadillo, impulsa la agenda por un “México Libre de Plásticos”. Reconoció a las comisiones dictaminadoras, a las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, cuyas voces, dijo, hicieron posible una legislación que, aunque es perfectible, se puede considerar de avanzada para nuestro país.

En tanto, las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos introducen el principio de economía circular; establecen disposiciones para regular los residuos urbanos sólidos bajo un modelo de economía circular, incluyendo plásticos; prohíbe los plásticos de un solo uso con excepción de los de uso médico, cosmético e higiene; promueve la prevención, reducción del uso y consumo de los plásticos así como su rediseño, óptima recuperación, reciclaje y reintegración a una cadena de valor; prohíbe la disposición de residuos plásticos, su incineración, termovalorización o co-procesamiento si son susceptibles de ser reciclados o reutilizados, entre otras medidas.

Este último dictamen contiene cinco iniciativas presentadas por la Bancada Naranja en el Senado de la República durante la pasada Legislatura. 

Que la regla sea, una menstruación digna: Verónica Delgadillo

●      La salud e higiene menstrual debe ser un servicio básico de salud.

●      Que la salud, higiene y gestión menstrual estén en planes de estudio y se proporcionen de manera gratuita productos de calidad, seguros y sustentables.

●      Que se acaben los estigmas y tabúes en torno a la menstruación.

La Senadora integrante de la Bancada Naranja, Verónica Delgadillo, propuso reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Salud para incluir contenidos de salud e higiene menstrual en los planes y programas de educación que imparta el Estado, organismos descentralizados y los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como para que las Secretarías de Educación y de Salud proporcionen de forma gratuita productos de higiene menstrual de calidad, seguros y sustentables en escuelas y centros de salud.

La iniciativa, presentada este jueves en el Senado de la República, también busca reconocer la salud e higiene menstrual como un servicio básico de salud.

En conferencia de prensa en el recinto legislativo, la senadora por Jalisco criticó que en pleno 2021 para muchas personas la menstruación sigue siendo un tabú y objeto de estigmatización, aunado a que genera violencia hacia las niñas y mujeres, pues, por ejemplo, miles de ellas no quieren ir a la escuela por miedo a ser agredidas y humilladas.

Delgadillo dijo que es importante abrir el debate en torno a la gestión menstrual en México, por lo que propuso un decálogo de nuevas reglas para la menstruación digna, para que se enseñe sobre salud y gestión menstrual en las escuelas, que se construyan políticas públicas tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, para que se acaben los estigmas y los tabúes en torno a la menstruación, y para que la vida y salud de las mujeres estén por enicma de las ganancias de las empresas.

“Los hombres también merecen recibir esta información como las niñas de nuestro país, hombres y mujeres tener que ser formados en torno a lo que implica algo tan natural y cotidiano en la vida.

Queremos que desde la primaria se forme a niños y niñas en torno a la menstruación de manera abierta, que los niños puedan preguntar para que ya no tengan tabús y estigmas en torno a ella y que, al contrario, puedan apoya ra nuestras niñas en su empatía con la gestión menstrual y que nuestras niñas tengan todo lo que necesitan”, expresó.

“Queremos que sea un producto al alcance de las mujeres y personas menstruantes en nuestro país en diferentes sentidos, que puedan ser de acceso en las escuelas públicas, que las niñas, las adolescentes puedan adquirir productos sustentables para su gestión de manera gratuita, y también que las mujeres que así lo requieran puedan acudir a los centros de salud para solicitar este tipo de productos”.

Delgadillo refirió que hay muchas mujeres en situación de vulnerabilidad que tienen que decidir entre llevar comida a su mesa o llevar algún producto para gestionar su menstruación. “Esto no tiene que ponerse a discusión, ellas tienen que tener una menstruación digna y por eso tienen que tener acceso a estos productos”, finalizó.

La iniciativa propone reformar y adicionar la fracción X del artículo 30 de la Ley General de Educación, así como adicionar una fracción al artículo 217 y un segundo párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud.

Cabe señalar que dicha iniciativa complementa un esfuerzo, desde hace 5 años, cuando la Senadora Verónica Delgadillo, en ese entonces diputada federal, exigió que se pudieran comercializar las copas menstruales.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial servirá para alcanzar los objetivos

planteados por la ONU para reducir muertes por siniestros viales: Patricia Mercado

●      El Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción Global para la Seguridad Vial 2021-2030 es promovido en México por Jean Todt, enviado especial del Secretario General de la ONU.

●      La senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, dijo que el proyecto de dictamen para expedir la nueva Ley está en su última etapa de elaboración.

Como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, la Senadora Patricia Mercado se reunió este viernes con el señor Jean Todt, enviado especial del Secretario General de la ONU para la Seguridad Vial, en el marco de la presentación del Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción Global para la Seguridad Vial 2021-2030.

Jean Todt explicó que este plan plantea diversos compromisos y metas, tales como, que el 100% de ocupantes en vehículos utilicen el cinturón de seguridad, que todas las personas que usen motocicleta utilicen el casco de seguridad de manera correcta, reducir las muertes por exceso de velocidad, la disminución a la mitad de traumatismos y muertes ocasionadas por la conducción bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas, entre otras.

Además, incluye compromisos puntuales para con los gobiernos y las naciones como, por ejemplo, que cada país tenga un plan de acción nacional sobre seguridad vial, que para 2030 todos los países se hayan adherido a uno o más de los instrumentos jurídicos básicos de la ONU sobre seguridad vial, y, para ese mismo año, las naciones ya habrán establecido y/o alcanzado metas nacionales en la materia.

En su intervención, la Senadora Patricia Mercado manifestó que la Comisión está en la última etapa de elaboración del proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el cual coincide con el objetivo del plan de la ONU para reducir las muertes y las lesiones ocasionadas por siniestros viales.

"El derecho constitucional que legislamos de manera unánime en el Congreso de la Unión nos exige garantizar el derecho a la movilidad con seguridad vial, pero también con accesibilidad, con sostenibilidad, con calidad, con eficiencia y con igualdad, entonces todos estos derechos tienen que verse reflejados en la Ley General que será obligatoria a lo largo y ancho del país y que es un piso mínimo", comentó.

"Queremos reducir, llegar a cero en términos de muertes, y queremos que esta ley ayude y seamos parte de la protección, de la urgencia de proteger el medio ambiente y de tener una movilidad sustentable, ciudades más seguras, amables y espacios territoriales de vida".

En ese sentido, agregó que esta nueva ley significará un cambio de paradigma para México, pues ahora se privilegiará al peatón, el transporte público y los vehículos no motorizados por encima de los vehículos particulares motorizados. De igual manera, destacó que este proyecto de ley plantea la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en donde estarán todas las dependencias y entidades relacionadas al tema para generar una política nacional y estrategia de movilidad y seguridad vial.

“Hay un compromiso moral que asumimos los países con la comunidad internacional para cambiar paradigmas que no nos sirven, que no funcionan, que son modelos obsoletos, que no estamos en decisión de seguir aceptando, porque eso pone en peligro la vida de las personas. Tengan la seguridad que esto ayuda a empujar a que tomemos la decisión en el Congreso para tener esa Ley General y lo hagamos de la mano del Gobierno federal", finalizó.

En el evento también participaron Miguel Malo, asesor en prevención y control de enfermedades no transmisibles y salud mental en la OPS/OMS, Alejandra Leal, representante de la Coalición por la Movilidad Segura, así como el senador Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial.

´