• La iniciativa busca garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y la atención oportuna, universal y gratuita a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer en el país, como ya ocurre en Jalisco y Nuevo León.
• “Si los gobiernos estatales de Jalisco y Nuevo León pueden ofrecer cobertura universal a los infantes con cáncer, con todas las limitaciones presupuestales y de infraestructura que hay en el país, nosotros estamos convencidos que el Gobierno Federal debería hacerlo en todo México, sin pretextos”, subrayó el senador Clemente Castañeda.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se conmemora este 15 de febrero, la Bancada Naranja en el Senado de la República presentó una iniciativa para garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y la atención oportuna, universal y gratuita a todas las infancias con cáncer en el país, tal como ocurre actualmente en Nuevo León y Jalisco, entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano.

La iniciativa plantea reformar la Ley General Para La Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para:

• Establecer que las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias competentes, adopten todas las medidas administrativas y presupuestales necesarias que garanticen a niñas, niños y adolescentes, con sospecha o diagnóstico de cáncer, el acceso sin costo alguno a los servicios de atención médica especializada, tratamientos y medicamentos necesarios.

Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja, subrayó que si los gobiernos estatales de Movimiento Ciudadano pueden ofrecer cobertura universal a los infantes con cáncer, con todas las limitaciones presupuestales y de infraestructura que hay en el país, “nosotros estamos convencidos que el Gobierno Federal debería hacerlo en todo México sin pretextos y sin malas intenciones”, aseguró.

Refirió que el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad en niñas, niños y adolescentes a nivel global, lo que se traduce en vidas perdidas, en angustia para las familias, y en mayores desigualdades sociales, educativas y económicas. Sin embargo, afirmó que los gobiernos de Nuevo León y Jalisco están cambiando esta realidad al invertir un presupuesto conjunto cercano a los 600 millones de pesos para hacer realidad la cobertura universal y de atención integral para niñas y niños con cáncer.

El senador jalisciense sostuvo que frente a una política de austeridad mal entendida por el Gobierno Federal y una política de salud extraviada, Movimiento Ciudadano hace un planteamiento serio e integral para combatir el cáncer en las niñas y niños de México. “Nuestra iniciativa busca, ni más ni menos, sin regateos ni letras chiquitas, garantizar el abasto de medicamentos oncológicos y la atención oportuna, universal y gratuita para todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer. En la Bancada Naranja vamos a dar todo contra el cáncer infantil”, agregó.

A su vez, la senadora Verónica Delgadillo lamentó que las malas decisiones del Gobierno Federal hayan provocado una profunda crisis de salud que lastima a toda la población mexicana. Frente a eso, la legisladora naranja destacó el hecho de que Jalisco y Nuevo León hayan puesto el ejemplo que debe replicarse en cada rincón del país. “Queremos convertirlo en ley, queremos que ninguna niña, ningún niño, ningún adolescente de nuestro país, que hoy padece cáncer, se quede sin su tratamiento, sin su diagnóstico, sin su medicamento, sin su seguimiento. Hoy Jalisco y Nuevo León nos ponen un ejemplo que se tiene que replicar en cada rincón del país. En México no puede haber pretextos, ya no se vale decir que la salud es un derecho si no generamos las condiciones para que efectivamente lo sea”, expresó la senadora de Jalisco.

El senador por Nuevo León, Luis David Ortiz, refirió que en los países con los ingresos más alto, el 80% de los infantes con cáncer se curan, mientras que en países con ingresos medianos y bajos esta cifra es de apenas 30%. Añadió que en México aproximadamente el 75% de los casos de cáncer en infantes se diagnostica en etapas avanzadas, lo cual reduce las posibilidades de cura. Por ello, dijo que es insoslayable que el sistema de salud mexicano garantice a niñas, niños y adolescentes la continuidad asistencial de sus tratamientos, así como su universalidad y gratuidad.

En el evento también estuvo presente el Secretario de Asistencia Social del Estado de Jalisco, Alberto Esquer, quien recordó que esta entidad comenzó a implementar su política pública de cobertura universal en cáncer infantil tras la decisión del Gobierno de México de desaparecer el Seguro Popular, el cual atendía todas las niños y niñas con cáncer hasta su desaparición en 2020. Refirió que esta política pública no sólo consiste en garantizarles los medicamentos y el tratamiento, sino también les brinda alimentación, transportación, apoyo para el pago de la renta de su vivienda, atención psicológica, y clases en casa. Además, se ha invertido en infraestructura en dos hospitales.

En su participación, Fernando Petersen, Secretario de Salud de Jalisco, aseguró que esta política pública contra el cáncer infantil ha logrado alcanzar niveles de curación de entre el 70 y el 75%. Además, dijo que se estableció un protocolo universal para que en todos los centros hospitalarios de la entidad se trate de la misma manera al mismo tipo de cáncer.

En tanto, Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud de Nuevo León, afirmó que el acceso a la salud es un derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución y es obligación de todos los gobiernos hacerlo cumplir. Por ello, afirmó que desde enero de 2022 el Gobierno estatal arrancó el programa de Cobertura Universal para Cáncer Infantil, el cual cubre el diagnóstico, las quimioterapias, radioterapias, cirugías, transplante de médula ósea, atención psicológica, nutricional, cuidados paliativos, así como transporte y educación. “El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Nuestras niñas y niños nos necesitan, no dejemos que se apague esa luz de la esperanza que ellos tienen y que sus familias requieren. Todos ellos representan el presente y el futuro de nuestro país”, comentó.

Mientras que, Mónica Magaña, coordinadora nacional de las Diputadas y Diputados a las Legislaturas de los Estados de Movimiento Ciudadano, celebró que Nuevo León y Jalisco cuenten con la cobertura universal en cáncer infantil y reconoció el esfuerzo de otros 19 estados en donde Movimiento Ciudadano tiene representación para presentar una iniciativa de ley que garantice el derecho a salud de las infancias con cáncer. “Desde la Bancada Naranja hicimos un gran esfuerzo local para que en los 22 congresos en los que Movimiento Ciudadano tiene representación se presentara una iniciativa de ley que garantice que la salud no está a voluntad política, sino que es ley. Y hoy ya es ley en Jalisco, en Sinaloa, muy pronto en Nuevo León, en 19 estados más. Pero en la sensibilidad y la necesidad de que esto no esté a consideración política, decidimos hoy presentarla con el respaldo, con todo el apoyo y toda la solidaridad de la Bancada Naranja, a quienes agradecemos profundamente por todo su trabajo y por todo su apoyo”, expresó.

En el evento realizado en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República también estuvieron presentes el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; senadoras y senadores integrantes de la Bancada Naranja en el Senado, así como el coordinador de la Bancada Naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez-Máynez y diputadas y diputados federales y locales.

El senador integrante de la Bancada Naranja, Luis David Ortiz Salinas, presentó en la tribuna del Senado de la República un proyecto de decreto que plantea agregar un tercer párrafo al artículo 178 del Código Penal Federal; y adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 33 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de sancionar a quien incumpla con las órdenes de protección dictadas por autoridades competentes.

El senador nuevoleonés explicó que, según las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en México, la persona víctima ha adquirido un nuevo rol en el procedimiento penal acusatorio y uno de los derechos que ha sido reconocido constitucionalmente a las personas en situación de víctima, es el que está relacionado con su protección, para lo cual se han establecido procesalmente medidas encaminadas a garantizar el resguardo y protección de las personas víctimas, que permitan generar condiciones de seguridad de manera que dichas personas lleven a cabo y den seguimiento a sus procesos de denuncia.

Refirió que las órdenes de protección son un mandamiento emitido por un juez para proteger a una persona frente a otra. “La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario tiene la obligación de cumplir, como por ejemplo la prohibición de poseer armas de fuego, o la prohibición de mantener todo contacto directo o indirecto con la víctima”, señaló.

El legislador naranja indicó que uno de los grupos victimales que mayormente requieren de este tipo de acciones procesales son las mujeres, ya que la violencia de género es un grave problema social que acaba con la vida de gran número de ellas cada año, además de que, en virtud de la misma, sufren graves lesiones físicas y psicológicas. Refirió que actualmente el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio por el incumplimiento de las medidas de protección del investigado. 

 “Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones estos instrumentos son insuficientes pues el desacato o incumplimiento de las medidas de protección expedidas a favor de mujeres víctimas de violencia de género tiene un alto índice de reportes de incumplimiento, dejando a las víctimas en estado de vulnerabilidad y revictimización”, expuso el senador.

 “Por lo anterior, propongo que quien incumple una medida de protección dictada por la autoridad competente, dentro de un proceso y aun cuando se hayan decretado medidas de apremio y, se continúe incumpliendo dicha orden de protección, sea penalizado bajo la figura delictiva denominada ‘desobediencia a la autoridad’. El incumplimiento de las órdenes de protección debe ser castigado. ¡Basta de impunidad!”, puntualizó.

 La propuesta del senador Luis David Ortiz plantea que, a quien desacate una medida de protección se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 10 a 200 días de multa. 

El senador integrante de la Bancada Naranja, Luis David Ortiz, urgió al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, para que el dictamen del llamado Plan B de la reforma electoral se suba pronto al Pleno a fin de que sea votado ya y poder iniciar los procesos correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la reforma. 

 Tras una reunión que este viernes sostuvieron senadores y senadoras de varios grupos parlamentarios con representantes de distintas organizaciones civiles que se oponen a la reforma electoral, el senador Luis David Ortiz afirmó que “todos están muy preocupados porque se está desmantelando al INE”.

 “Desafortunadamente la reforma ya se dio. Lo único que vamos a votar son los artículos relacionados con la cláusula artificial, de oxígeno para los partidos pequeños. Nosotros vamos a votar en contra, que no se entienda que estamos a favor de esta reforma antidemocrática. Lo que yo le pedí al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, es que suba ya el dictamen, que lo votemos para podernos ir a las instancias legales que siguen, porque aquí ya no vamos a poder modificar”, explicó el legislador por Nuevo León.

 “Estaremos atentos a que suban el dictamen y como bloque de contención haremos las instancias legales que correspondan para defender al Instituto Nacional Electoral que tanto le ha costado a la vida democrática de este país, a muchos actores y que injustamente ahorita lo quieren desaparecer y desmantelar”, agregó.

 El legislador Ortiz dijo que Monreal le informó que ayer la presidenta de la Comisión de Gobernación y el presidente de Estudios Legislativos Segunda acordaron sesionar la próxima semana para emitir el dictamen de esta minuta, por lo que confió en que este tema no será postergado aún más.

 “Si es en una semana o dos, excelente. Lo que no se vale es que lo detengan artificialmente para sacarlo justo antes de época electoral y ya no haya tiempo de que prosigan las instancias siguientes. Eso es lo que yo veo que traen de maña. Ojalá cumplan su palabra y resuelvan diligentemente esto que ya está consumado. No hay mucho que hacer más que ir a las instancias legales que corresponden”, concluyó.

La senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado, presentó una iniciativa para garantizar la estabilidad laboral de las mujeres y personas gestantes durante los dos años del periodo de lactancia y lactancia extendida, así como para que los centros de trabajo cuenten con espacios dignos, adecuados, higiénicos y accesibles para amamantar a sus hijos o hijas o para realizar la extracción manual de leche.

 La iniciativa busca que ninguna mujer o persona gestante sea despedida de su trabajo por el simple hecho de ejercer su derecho a la lactancia, por lo que sólo podrán ser removidas o cesadas como consecuencia de una falta grave establecida en la ley. También busca establecer mejoras en los espacios físicos para la lactancia en los centros laborales.

 “Esta iniciativa plantea adiciones y modificaciones a los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como a los artículos 132, 166 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer mejoras a los espacios físicos y a los periodos de lactancia, así como mecanismos claros para evitar despidos o consecuencias laborales negativas para las personas lactantes en un periodo más prolongado del que actualmente existe”, explicó la senadora Mercado.

 “Es una reforma para garantizar efectivamente estas condiciones dignas de lactancia, pero sobre todo, es un tema de garantizar la estabilidad laboral para las mujeres y personas gestantes en el momento de la lactancia. La iniciativa que presentamos hoy es para extender la estabilidad laboral de seis meses a dos años, que es la recomendación de la OIT en el Convenio 183 sobre maternidad y lactancia, un convenio que hemos firmado desde el 2000, pero no hemos ratificado”, añadió.

 La senadora afirmó que organismos internacionales han recomendado a los países salvaguardar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y la lactancia materna extendida durante dos años, pues esto tiene un impacto positivo en la salud y supervivencia de las infancias. Agregó que con esta reforma, México tendría los más altos estándares internacionales del goce del estado de lactancia y su ejercicio. 

Clemente Castañeda, coordinador de la Bancada Naranja en el Senado de la República, presentó este miércoles un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a modificar tres Normas Oficiales Mexicanas con la finalidad de integrar en el etiquetado de productos lácteos la trazabilidad de la leche que permita conocer su lugar de origen.

 El senador jalisciense aseguró que la implementación de un sistema de trazabilidad del origen y calidad de la leche proporciona una serie de beneficios tanto a los productores como a los consumidores, pues mejora la gestión de alertas alimentarias aumentando la eficacia y rapidez de reacción de las autoridades sanitarias. Además, aporta transparencia a todo el proceso  y aumenta la confianza, imagen de control y seguridad certificada.

 “La intención del presente punto de acuerdo es exhortar a las autoridades a que establezcan dentro del marco normativo existente, una regulación para identificar, desde el lugar de ordeña y de transformación, ya sea local, nacional o internacional, hasta su venta, la procedencia de la leche utilizada”, expone Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

 “A su vez, se exhorta a las autoridades a considerar como necesario, adicionar a los procesos de envasado y etiquetado, elementos que permitan la trazabilidad en todas las fases productivas de cualquier producto que contenga más de 50 % de leche como ingrediente, como es el caso de nata, panela, mantequillas, quesos y sus diferentes procesamientos, yogures, nieves y helados, productos deshidratados, por mencionar algunos”.

 El senador destacó que en el año 2020 México se posicionó en el lugar 15 de los países con mayor volumen de producción anual de leche de bovino; y en lo nacional, Jalisco es la entidad que más leche o produce, con 21% de la producción nacional, 2 mil 700 millones de litros.

 El sector lácteo mexicano, continuó el senador, ha crecido sostenidamente durante los últimos 10 años y la elaboración de productos derivados ocupa el cuarto lugar en el PIB de la industria alimentaria. 

 Clemente Castañeda afirmó que la trazabilidad es una práctica de grandes estándares internacionales que añade un componente de calidad a la hora de exportar el producto. Además, impulsa a la industria con nuevos componentes de calidad y competencia, y garantiza el derecho al acceso a la salud, a través del establecimiento de procesos de cuidado e inocuidad en la cadena de elaboración de alimentos.