En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el senador integrante de la Bancada Naranja, Luis David Ortiz, presentó una iniciativa para tipificar el delito de tortura sexual que cometan servidores públicos con el fin de obtener información o una confesión.

Desde la tribuna del Senado, el legislador por Nuevo León aseguró que la violencia contra las mujeres es estructural y adopta muchas formas, entre ellas la violencia sexual. Aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado en cuatro ocasiones al Estado mexicano sobre la violencia cometida en contra de niñas y mujeres. El caso más reciente es el de San Salvador Atenco, en donde policías estatales cometieron violencia sexual en contra de 11 mujeres en el año 2006.

En estas sentencias, la Corte IDH ha definido la violencia sexual como una forma de tortura, por lo que el senador Ortiz consideró indispensable tipificar la tortura sexual en la legislación mexicana como una postura jurídica más amplia y garantista que el delito de violencia sexual.

“La violencia sexual es una práctica represiva para ejercer el poder y control sobre las mujeres, destacando que estas prácticas provocan un grave sufrimiento a las víctimas, siendo humilladas y castigadas. Estas sentencias marcan un paradigma muy importante y sentó precedentes a nivel internacional para establecer el término ‘tortura sexual’”, detalló.

“Cuando nos referimos a la tortura sexual hablamos de una postura jurídica más amplia y garantista que la de la comisión de un acto de violencia sexual aislado y particular, donde los fines son diferentes y que no tienen que ver con la configuración jurídica que se da de la violación sino con una relación teleológica que se establece por parte de los autores para conseguir otros propósitos diversos a los sexuales”.

El senador por Nuevo León aseguró que actualmente en México no existe una norma específica que tipifique y sancione la tortura sexual, por lo que es urgente garantizarle a las mujeres víctimas la posibilidad de que el delito que se cometió en su contra se investigará y juzgará.

La iniciativa propone reformar el Artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con la finalidad de establecer que comete el delito de tortura sexual el servidor público que, con el fin de obtener una información o confesión o como medio intimidatorio o de castigo, “realice por medio de la violencia física o moral actos sexuales, cópula con persona de cualquier sexo o agresiones físicas en los genitales o partes íntimas, con el fin de obtener información, intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar”.

Esta iniciativa fue suscrita por todas las senadoras y senadores integrantes de la Bancada Naranja.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.