La integrante de la comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, denunció que si bien el objetivo de simplificar y digitalizar trámites para mejorar la eficiencia del gobierno, para facilitar la apertura de negocios y combatir la corrupción es, en principio, un propósito loable e incluso urgente. No obstante, con dicho pretexto la minuta en discusión contiene disposiciones que claramente anulan el federalismo, atropellan al municipio libre y posibilitan la recolección, almacenamiento y procesamiento de los datos personales de los mexicanos.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que como ocurrió en la Ley de Telecomunicaciones y en la reciente Ley para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta propuesta legislativa repite un patrón: se presentan reformas aparentemente beneficiosas, pero se introducen, al mismo tiempo, disposiciones que centralizan las decisiones en el gobierno federal y constituyen una amenaza para la privacidad y el control de la información de los ciudadanos.

Calificó como  grave la concentración de poder que se otorga a la Agencia de Transformación Digital que, según el artículo 8, se erige como autoridad nacional en materia de simplificación y digitalización, con amplias facultades para implementar, supervisar y vigilar esta ley en todo el país.

Nos preocupa que al amparo de lo que aquí se está definiendo como simplificación administrativa, lo que se esté haciendo sea de nueva cuenta la concentración de poder en una sola agencia, en esta caso, la Agencia de Transformación Digital.

La senadora ejemplificó, el artículo 9 detalla 22 atribuciones de esta agencia, entre ellas:

•  Supervisar y evaluar los modelos nacionales de digitalización,
•  Establecer la “Llave MX” como mecanismo único de acceso digital,
•  Emitir lineamientos vinculantes,
•  Requerir información a los tres órdenes de gobierno,
•  Centralizar el portal único ciudadano de trámites.

Por lo que respecta a los datos personales de los mexicanos y el afán del gobierno federal por hacerse de su control, son de subrayarse las siguientes disposiciones:

• El artículo 59 tercer párrafo establece que “será obligación de los Sujetos Obligados solicitar y registrar la CURP de las personas que les soliciten un trámite o un servicio”.
• El artículo 65 señala que “toda cuenta Llave MX debe estar asociada a la CURP de su titular”.
• El artículo 67 contempla incluso la existencia de la CURP con datos biométricos asociados.
• El artículo 72 prevé que se pueda asociar a la Llave MX fotografías y huellas dactilares de los usuarios.
• El artículo 76 establece la existencia del expediente digital ciudadano para trámites y servicios.

Empoderamiento de la Agencia de Transformación y control de los datos personales de los mexicanos, son los dos objetivos que resumen el contenido de esta nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Por ello, a nombre de MC la senadora Alejandra Barrales votó en contra del dictamen en discusión.