La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, destacó que de los 60 millones de trabajadores en México apenas el 8 por ciento se encuentra sindicalizado, lo que refleja la falta de condiciones reales para ejercer este derecho.

Reiteró que no existe mejor política social que la política laboral, al asegurar que el empleo digno y los derechos de organización son la base para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, sin embargo, “la libertad sindical sigue siendo un anhelo en nuestro país. Históricamente se ha limitado la capacidad de los trabajadores para organizarse y elegir libremente a sus representantes”.

Denunció que los sindicatos han sido utilizados como brazos políticos al servicio del poder, en acuerdos donde los líderes reciben control y privilegios a cambio de apoyo electoral para los gobiernos en turno, práctica que ha debilitado la autonomía sindical y distorsionado su razón de ser: la defensa genuina de los derechos laborales.

Además, dijo, la intervención directa de las autoridades en la vida interna de los sindicatos continúa siendo un obstáculo para la libertad de organización. Un ejemplo reciente se observa en la Ciudad de México, donde se ha negado la “toma de nota” a un dirigente legítimamente electo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX.

Al pronunciarse a favor del dictamen que adiciona un artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y un artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de autonomía sindical, puntualizó que México sigue siendo de los pocos países donde los sindicatos deben pedir permiso para existir, lo que otorga al gobierno la facultad de decidir qué gremios y qué líderes pueden nacer o desaparecer, vulnerando así uno de los derechos laborales más fundamentales.