• El senador Clemente Castañeda presentó una iniciativa de Ley que establece medidas de protección a denunciantes y testigos, que van desde la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad, hasta proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes.

La corrupción no se combatirá con buenos deseos, sino con instituciones fuertes y eficientes, por eso presentamos la iniciativa de Ley General de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, expresó el senador de Jalisco, Clemente Castañeda.

“Esta iniciativa busca abonar a que nuestro andamiaje institucional de combate a la corrupción sea sólido, incentive la denuncia y proteja a los ciudadanos; busca, también, contribuir a completar el ciclo de reformas necesarias para contar con una política de combate a la corrupción integral”, dijo el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

La iniciativa contempla un procedimiento específico, expedito y de fácil acceso para presentar las denuncias y acceder a las medidas de protección, planteó en tribuna el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado. Entre los objetivos de esta iniciativa están:

• Establecer las medidas de protección a testigos y personas denunciantes de actos de corrupción para garantizar en todo momento su integridad personal y la de sus bienes.

• Facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, dando a los servidores públicos y particulares la información completa sobre su derecho a denunciar y las medidas de protección.

• Las medidas de protección que se proponen incluyen la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad; proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes de la persona denunciante. Y, en el caso de servidores públicos, la protección de sus derechos laborales para que no puedan ser sancionados, destituidos o removidos de su empleo; y para los particulares, para que no puedan ser afectados en el caso de que tengan una relación contractual con el gobierno.

• Finalmente, la iniciativa, siendo una Ley General, plantea un modelo para que las entidades federativas homologuen sus legislaciones y prevean los mecanismos adecuados para la protección de testigos y denunciantes de actos de corrupción.

La iniciativa, continuó el senador de Jalisco, implica empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se faculta al Comité de Participación Ciudadana para elaborar, revisar y evaluar la Política de Protección a Testigos y Denunciantes de Actos de Corrupción.

Clemente Castañeda cuestionó la poca voluntad del Gobierno Federal para combatir la corrupción, el problema más notorio y más perjudicial de la vida pública del país.

“En primer lugar, hemos visto una guerra silenciosa contra las instituciones de combate a la corrupción, que abarca desde el desprestigio a estas instituciones, pasando por restarle atribuciones a instancias como la Secretaría de la Función Pública, o crear entes paralelos de investigación y fiscalización, como las llamadas comisiones presidenciales, hasta crear una Fiscalía General sin autonomía. En segundo lugar, ya vimos cómo el Presidente de la República, en su primer mensaje a la nación, decidió olvidar toda su narrativa de campaña para instruir a la Fiscalía General a que no se investigue la corrupción del pasado, que no castigue a los corruptos que saquearon a México”, dijo Clemente Castañeda.

En tercer lugar, dijo el senador, hemos visto decisiones que contradicen cualquier política de combate a la corrupción: adjudicaciones directas para compras multimillonarias, no licitaciones públicas para megaproyectos de infraestructura y casos de ocultamiento de bienes patrimoniales de servidores públicos.