Durante la discusión del dictamen que se discute hoy en la Cámara de Senadores para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el coordinador de la Bancada Naranja en el Senado, Clemente Castañeda, aseguró que el Gobierno de México traicionó su compromiso de construir una Guardia Nacional civil y de fortalecer a las policías locales, al fundamentar el voto en contra, de su grupo parlamentario aseveró que los pares del Presidente López Obrador no serán ni Juárez ni Cárdenas, ni siquiera Calderón o Peña Nieto, sino Echeverría y Díaz Ordaz.

El senador de Jalisco consideró que el Gobierno Federal renunció a su responsabilidad constitucional e histórica de cambiar la estrategia de seguridad y de construir un México en paz, pues durante cuatro años no fortaleció a las policías locales, mientras que la Guardia Nacional no fue profesionalizada ni capacitada en materia de derechos humanos y uso de la fuerza, aunado a que no se reclutaron a civiles para esta corporación. “Esta reforma atropella la Estrategia Nacional de Seguridad aprobada por este Senado y, por la puerta de atrás, por si fuera poco, quieren cambiar la naturaleza civil de la Guardia Nacional, a sabiendas de que es una medida claramente inconstitucional”, expresó el legislador desde la tribuna del Pleno.

“Prácticamente ningún artículo de esta reforma tiene asidero constitucional, se genera más bien un Estado de excepción del actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y estas modificaciones en lugar de ayudar a las Fuerzas Armadas y otorgarles un marco de actuación con seguridad jurídica, las expondrá a vulnerabilidades e incertidumbre al cargar con problemas administrativos y operativos que debieran ser responsabilidad de las autoridades civiles. Ahí también está la traición de quienes están renunciando a su responsabilidad civil y política, de conducir la política de seguridad pública”, manifestó.

El coordinador parlamentario subrayó que esta reforma es una irresponsabilidad histórica y un acto de traición al pueblo de México que sigue esperando que sus gobiernos civiles asuman la responsabilidad de asegurar la paz. Destacó que Movimiento Ciudadano plantea que el remedio para la inseguridad y la violencia en el país es mediante la consolidación de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, la transformación del sistema de procuración de justicia, e impulsando una estrategia federalista con rendición de cuentas.

El senador Castañeda adelantó que la Bancada Naranja votará en contra de este dictamen porque “no compartimos la vocación indiscutiblemente militarista de este gobierno y porque ningún proyecto que se diga de izquierda o progresista en el mundo podría sostener una visión de este tipo en materia de seguridad pública”.

“Votaremos en contra porque se confirma la cerrazón de este Gobierno para reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad y la ineptitud para corregir el rumbo. Votaremos en contra, porque Movimiento Ciudadano está convencido de que México sí tiene opción y no vamos a dejar de poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño para demostrarlo. No a la militarización del país”, concluyó.

En esta misma sesión, la senadora Verónica Delgadillo y el senador Noé Castañón presentaron votos particulares. En su intervención, la senadora Delgadillo expuso que el proyecto político de Morena no sólo incumplió su promesa de regresar a los militares a los cuarteles, sino que profundizó la militarización de la seguridad pública y, además, comenzaron la militarización de la administración pública.

“Hoy estamos aquí en uno de los episodios más vergonzosos que vamos a atestiguar en el Senado porque lo que pretende hacer Morena y sus aliados es violar a la Constitución, violar esa Constitución que juraron que iban a respetar, y están conscientes que la van a violar. La Constitución establece que el mando de la Guardia tiene que ser civil y lo que van a hacer con estas reformas es mandar la Guardia Nacional, con todos sus controles, a la Sedena y eso va a formalizar la militarización del país, pero también formalizar que tengan un mando militar”, expresó.

A su vez, el senador Noé Castañón coincidió en que este dictamen es contrario a la Constitución porque otorga a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional mediante reformas a leyes secundarias a pesar de que el Artículo 21 constitucional señala que ésta será una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría del ramo en seguridad pública.

Advirtió que con esta reforma las autoridades civiles renuncian a su obligación de conducir la política de seguridad pública y, en su lugar, pretenden utilizar de manera permanente a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, lo que representa una irresponsabilidad política e histórica.