"Sin lugar a dudas es de celebrarse el merecido y pendiente incremento salarial a las y los maestros. Ojalá también esa buena voluntad se traduzca en condiciones justas de trabajo a las y los maestros y en aprendizaje de calidad a las niñas y niños", dijo Castañeda, coordinador de las y los senadores de Movimiento Ciudadano.
Castañeda recordó que el Gobierno Federal eliminó políticas educativas exitosas como las Escuelas de Tiempo Completo, que alimentaba a 1.6 millones de niñas y niños en condición de pobreza y contribuía a incrementar los ingresos en los hogares hasta un 36 % porque permitía que madres y padres trabajaran mientras sus hijas e hijos estaban aprendiendo.
"Es urgente que en todo el país, desde Tijuana hasta Tapachula, existan escuelas con infraestructura digna, equipamiento e higiene. No puede existir educación de calidad sin condiciones dignas de enseñanza y de aprendizaje. Tanto alumnos como docentes deben de contar con espacios de excelencia para poder fomentar el aprendizaje y la construcción de conocimientos", dijo el senador.
En Jalisco, a diferencia de lo que pasa a nivel federal, el Gobierno del Estado impulsa el Fideicomiso para Mejorar la Infraestructura Educativa, con el que se intervendrán 264 escuelas de educación básica, cuatro de educación media superior y seis de educación superior. Esta inversión se realiza gracias a una recaudación eficiente del Impuesto Sobre la Nómina de las empresas en colaboración con el empresariado de Jalisco.
Entre 2019 y 2022, el Gobierno de Jalisco intervino 983 planteles educativos en todos los 125 municipios del Estado, con una inversión total de 5 mil 564 millones de pesos. Se ha invertido en tecnología de punta, como la instalación de Aulas Google, con una inversión por 274 millones de pesos en estos años.
"Desde Jalisco no vamos a dejar solos a nuestros profesores y profesoras. La educación es el pilar para construir sociedades más iguales. Es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos, como el derecho a un trabajo digno y el derecho a la paz en nuestras sociedades. Nuestras niñas y niños de hoy serán los científicos, ingenieros, escritores, docentes y legisladores de mañana. No los abandonemos", dijo Castañeda.
El senador Noé Castañón y la senadora Patricia Mercado, integrantes de la Bancada Naranja en el Senado de la República, aseguraron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la primera parte del denominado Plan B en materia electoral por violaciones al procedimiento legislativo es una decisión importante que defiende el derecho de las minorías políticas.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de este martes, el senador por Chiapas celebró que las Ministras y los Ministros hayan corregido la plana a los atropellos cometidos por el bloque mayoritario del Congreso de la Unión. “La Corte ayer deliberó, la Corte argumentó y la Corte decidió que los procesos de violación a la deliberación en el Congreso son inconstitucionales y, por ende, no pueden prevalecer en un Estado democrático. No es óbice decir que la Corte vela por el derecho de las minorías y ese derecho a influir y moldear en el transcurso de las deliberaciones públicas”, expresó el legislador de Movimiento Ciudadano.
“Se incumplieron las formalidades básicas del proceso legislativo y admitir ese grado de flexibilización en el proceso equivaldría a que negáramos por completo la necesidad de tener ese cauce procesal. Así lo expresó el Ministro Juan Luis González Alcántara de igual forma, el Ministro Aguilar Morales dijo: ‘el respeto a las reglas del procedimiento legislativo no es una minucia en una mera solemnidad, no respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías’. El abuso que hicieron ustedes en el proceso hoy está corregido por la Suprema Corte y así seguirá siendo frente a todos los actos ilegales en donde atropellan con una mayoría la lógica y a la Constitución”.
A su vez, la senadora Patricia Mercado sostuvo que, además de defender los derechos de las minorías políticas del Congreso, la Corte resolvió que las reglas para ordenar el proceso legislativo no son un mero formalismo, sino que son parte esencial de los pilares que sostienen el régimen democrático de México.
“Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión de primera importancia para nuestra democracia, que es la defensa de los derechos de las minorías políticas en este Congreso de la Unión, minorías que además representamos millones de personas, millones de personas también parte del pueblo de México”, dijo.
“Aquí nos hemos desvelado con reservas y reservas a proyectos que sabemos que van a perder, pero por lo menos tenemos el tiempo de discutirlo, de ponerlo en la mesa, de que quede en el diario de debates nuestra propuesta. No le rehuimos a perder, sabemos que somos minorías políticas en este Congreso, pero lo que resuelve la Corte es nuestro derecho a discutir, a proponer y a ser incluidos en la toma de decisiones. Las Ministras y Ministros refrendaron la vigencia del principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos de las minorías parlamentarias. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es motivo de certeza que el alto Tribunal reafirme los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa”, agregó.
La senadora Mercado señaló que es claro que hay una necesidad de una reforma electoral en el país, sin embargo, ésta debe construirse bajo el consenso de todas las fuerzas políticas, pues las reglas electorales son las que hacen posible que las minorías se conviertan en mayorías y las mayorías en minorías.
Esta tarifa representa más del 80% del consumo eléctrico y del producto tarifario de los agricultores en México. La CFE ha sido insensible ante esta realidad, y en marzo de 2023 anunció el cierre del período para tramitar contratos bajo el esquema de la Tarifa 9N. El resultado es que los agricultores tendrán que pagar tarifas más altas por la energía eléctrica empleada en la operación de equipos de bombeo y rebombeo de agua, con incrementos que van de 400 a 500 por ciento.
Los agricultores han denunciado, además, actos de corrupción en las sucursales de la CFE, en donde gestores cobran de forma irregular para realizar la tramitación de la Tarifa 9N con cobros que irían desde los 30 a los 50 mil pesos.
Finalmente, los cambios impuestos por la CFE afectan a uno de los sectores económicos más importantes de Jalisco y de todo México, pero especialmente a los pequeños productores localizados en las zonas más marginadas. Esta decisión va en contra de la promesa del Ejecutivo Federal de promover la seguridad alimentaria, la autosuficiencia agrícola y de apoyar a nuestros productores nacionales frente a las importaciones.
Que la Comisión Federal de Electricidad extienda el período para tramitar un nuevo contrato para el suministro de energía eléctrica bajo el esquema de la Tarifa 9N.
Que la Comisión Federal de Electricidad conceda un periodo de gracia a las personas productoras afectadas por el cierre del periodo para tramitar la tarifa 9N y que no se cobre a las personas afectadas hasta que no se regularicen los trámites de la tarifa.
Que la Comisión Federal de Electricidad promueva la excepción de modificación de la Tarifa 9N ante una situación de cambio de nombre por fallecimiento, para no afectar a los beneficiarios que buscan continuar con las operaciones productivas.
En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de la importancia del sector agropecuario para la economía nacional y de Jalisco. Vamos a defender a nuestro campo, a nuestros agricultores y ganaderos. No vamos a permitir que quienes nos alimentan pasen por dificultades financieras por culpa de arbitrariedades y de corrupción. Entendemos lo que la Tarifa 9N representa para los usuarios de energía eléctrica en la operación de bombeo y rebombeo de agua, y vamos a defender que este estímulo se mantenga.
Las y los senadores de Movimiento Ciudadano impugnará particularmente las reformas más dañinas para la población mexicana como la nueva Ley de Ciencia que centraliza y deja fuera de las decisiones a la comunidad académica, y le da voz y voto a la Sedena y Semar en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo. También la reforma que militariza el espacio aéreo, crea una aerolínea militar, permite a la Sedena quedarse con el 80% de los ingresos de los turistas antes destinados al Fonatur y le da el control indefinido del Tren Maya, así como la reforma el extingue a Financiera Rural, lo que representa otro duro golpe contra las y los campesinos del país.
Es importante subrayar que la Bancada Naranja no impugnará las reformas constitucionales que suspenden los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios, conocida como “Ley 3 de 3”.
El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán dado a conocer hoy en el que propone a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral por vicios en el procedimiento legislativo da esperanza para que de la misma manera se anule el golpe legislativo que Morena y sus aliados asestaron hace unos días en la sede de Xicoténcatl del Senado.
Algunas faltas formales cometidas en el Senado de la República por la mayoría de Morena y sus aliados son:
Irregularidades graves en algunas comisiones como la falta de quórum y votaciones fuera de la norma.
La toma de protesta de la Sen. Tanya Carola Viveros Cházaro, suplente de la Sen. Claudia Balderas, que se hizo sin estar inscrito en el Orden del Día y con la firma posiblemente falsa de la senadora propietaria pues ella se encuentra en Bélgica cumpliendo una comisión oficial.
El proceso de aprobación en comisiones de la Ley de Ciencia y Tecnología plagado de irregularidades.
Sin duda, este es uno de los momentos más oscuros en la vida parlamentaria del país. El régimen que prometió ser diferente, resultó ser peor. Las y los senadores integrantes de la Bancada Naranja utilizarán todas las herramientas legales para frenar este golpe legislativo.
“Lo decimos con toda claridad: anoche se quebró el orden constitucional vigente. La mayoría legislativa de Morena no está dispuesta a negociar ni a construir acuerdos; utiliza toda su fuerza para destruir cualquier freno a la ambición del titular del Poder Ejecutivo, sea la oposición democrática o la ley”, dijo Clemente Castañeda.
“En esta última semana, las y los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron en lo oscurito, en un pleno improvisado y violando todo proceso legislativo, como una camarilla de cuates al servicio del Presidente, varias iniciativas muy perjudiciales para todos y todas”.
Avalaron la desaparición del INSABI, pero en vez de corregir y mejorar sus deficiencias, sólo perpetúan un sistema que fracasó y que ha dejado a millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Estamos más lejos de Dinamarca, Presidente.
Aprobaron una nueva Ley de Ciencia que centralizará y dejará fuera de las decisiones a la comunidad académica, que por si fuera poco, le da voz y voto a la Sedena y Semar en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo.
Avanza la militarización del país. Además de aprobar la militarización del espacio aéreo, avalaron la creación de una aerolínea militar y ahora la Sedena se quedará con el 80% de los ingresos de los turistas antes destinados al Fonatur.
Extinguen a la Financiera Rural, dándole otro golpe a las y los campesinos de este país.
“En Movimiento Ciudadano junto con el Bloque de Contención no nos prestamos a este golpe orquestado desde Palacio Nacional. Morena rompió su palabra con tal de mantener paralizado al INAI y sin debate parlamentario, violentando los procesos, aprobaron estas iniciativas nocivas para México”, dijo el senador jalisciense.
“Este es uno de los momentos más oscuros de la vida parlamentaria del país. El régimen que prometió ser diferente, resultó ser peor. En Movimiento Ciudadano utilizaremos todas las herramientas legales para frenar este golpe legislativo”.
“El deporte debe ser una herramienta para el desarrollo personal y la construcción de paz, y por ello con esta reforma ponemos el énfasis en la igualdad, en el combate a las violencias y a las desigualdades, una visión de justicia social que queremos para todo el país. Cambiemos la jugada”, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.
Buscar la igualdad salarial para cerrar la brecha que es de hasta 200 veces mayor en el caso del deporte.
Garantizar la igualdad en el acceso al deporte al obligar al Estado y a sus instituciones a incluir el deporte dentro de la política de igualdad entre mujeres y hombres.
Garantizar la igualdad en reconocimiento en lo que respecta a premios, bonos, becas, gastos, primas, viáticos y apoyos.
Garantizar mayor visibilidad en medios de comunicación y en la cultura deportiva en general.
Garantizar el liderazgo femenino en el ámbito tanto administrativo como técnico, incluyendo la participación de las mujeres en federaciones y asociaciones.
Erradicar las violencias en el deporte que van desde las agresiones verbales, hasta el hostigamiento laboral y el acoso sexual.
“Nuestro compromiso como bancada es cambiar la jugada. Crear un nuevo marco legal e impulsar políticas públicas para alcanzar condiciones de igualdad para mujeres y hombres en el deporte”, señaló el senador Clemente Castañeda.
La senadora Patricia Mercado señaló que la brecha de género salarial en México es todavía del 20%, pues al asociarse culturalmente el trabajo de las mujeres con labores no remuneradas de cuidados, se juzgan sus contribuciones profesionales como menos valiosas.
Marion Reimers afirmó que el deporte es como “una lupa” que amplifica las desigualdades entre mujeres y hombres por su carácter masivo y mediático, pero que la desigualdad no sólo existe en las condiciones laborales y salariales entre deportistas profesionales, sino también en el deporte como espacio de ocio y de desarrollo. Destacó que las mujeres reciben sólo 7% de la atención mediática que acaparan los hombres.
Finalmente, Paola López Yrigoyen, exfutbolista profesional, señaló que la invisibilización es como “varias capas” que se tienen que ir superando. La primera etapa, ya superada, era que a las mujeres se les permitiera participar en los mismos espacios y actividades que los hombres. La segunda etapa es la invisibilización, que poco a poco comienza a ser vencida. Pero la última etapa, que no ha logrado abordarse adecuadamente, es que se deje de ver el deporte femenil como “diferente” y, por lo tanto, menos apreciado.
La senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado, participó este jueves en un diálogo con líderes sindicales y empresariales, personas trabajadoras e integrantes de distintas organizaciones sociales para discutir las iniciativas en materia laboral que buscan redistribuir el tiempo que las personas dedican a sus empleos.
En el evento denominado Diálogo “Tiempo y espacios laborales”, convocado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, la senadora Mercado explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho distintos análisis sobre el futuro del trabajo y el cambio de la visión en las legislaciones laborales que datan de hace 100 años.
“Ya de alguna manera, sobre todo las nuevas generaciones, no están dispuestas a vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, y ese cambio es muy importante. Sin embargo, tenemos que tener una discusión responsable, seria, basada en la evidencia, con datos de qué podría significar después de 100 años de jornada de 8 horas, ¿qué podría significar una reducción? ¿qué tipo de reducción? Si es necesario en el tiempo corto, mediano. ¿Cuáles serían las condiciones para hacer estos cambios en la jornada laboral?”, expuso la senadora de Movimiento Ciudadano.
“Legislar para redistribuir el tiempo en el trabajo es un acto de justicia social. La discusión sobre el tiempo ya está abierta en todo el mundo, la sacudida de la pandemia permitió a mucha gente valorar el tiempo, comprobar que podía ser productiva en horarios distintos y en trabajo a distancia. Muchas personas vieron ese tiempo recuperado en términos como tiempo para pasar con amistades o familia, para hacer deporte, para actividades culturales o aficiones, para hacer reparaciones o mejoras en su casa, el confinamiento en la pandemia hizo que muchas personas se dieran cuenta de lo que se estaban perdiendo por trabajar”, agregó.
La legisladora sostuvo que el tiempo está distribuido de manera injusta, en especial para las mujeres, pues gran parte de su día cotidiano es dedicado a cuidar a hijas, hijos y familiares, a trabajar sin remuneración en la cocina y otros quehaceres del hogar. En ese sentido, dijo que es momento de pensar no sólo en los ingresos y las prestaciones de las personas trabajadoras, sino también en la justicia de tiempo.
“La carencia de tiempo implica no sólo una menor calidad de vida, sino problemas de salud, los efectos de la desnutrición y malnutrición, en la privación del sueño, en la falta de descanso y ejercicio, combinados con el estrés, pueden detonar crisis de salud física y mental”, explicó.
“Muchas habilidades humanas decrecen con el estrés y el cansancio. La pregunta que nos debemos hacer es si la organización del tiempo en nuestro centro de trabajo asegura un nivel óptimo de rendimiento en las personas empleadas. El descanso es clave para la productividad, sirve para tener energía, concentración, motivación, creatividad. La psicología aplicada al trabajo ha logrado que se considere esencial contar con descanso y recuperación”, comentó.
A través de un videomensaje grabado, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, expuso que tres de cada 10 personas ocupadas en el país laboran más de 48 horas por semana, lo cual es una jornada laboral excesiva de acuerdo con estándares internacionales. Detalló que las iniciativas que se discutirán en el Poder Legislativo abordan propuestas como horarios más flexibles, aumento de días de descanso, el trabajo remoto, permisos de maternidad y paternidad, y reducción de la jornada laboral para personas trabajadoras que tienen hijos o hijas con cáncer.
En su intervención, Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, planteó que la reforma para reducir las jornadas laborales se implemente de manera progresiva durante cinco años, como ocurrió en Chile, además de que se acompañe con otra reforma para combatir la informalidad, pues actualmente seis de cada 10 personas laboran en el sector informal.
Mientras que Francisco Hernández, Secretario General del Sindicato de Telefonistas, sostuvo que el sindicalismo debe establecer líneas estratégicas y de acción con el Senado de la República para abordar una agenda de temas relevantes para el mundo del trabajo. Refirió que diversas organizaciones están gestando propuestas para fortalecer los derechos de los trabajadores y brinden más bienestar y mejores condiciones para su familia.
En el evento también participaron las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Blanca Estela Piña Gudiño, así como los senadores Miguel Ángel Mancera y Ricardo Velázquez Meza. También participaron Astrid Gorriño, conferencista en desarrollo humano; Eduardo Martínez, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Raúl Maillard Barquera, presidente del Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA); Lucía Pérez Fragoso, economista feminista especialista en Economía del Cuidado; Rodolfo González, secretario general de la Confederación Regional Obrera de Mexicana (CROM); y, Elisa Gómez Sánchez, directora de Diálogo Político e Internacional en Fundación Friedrich Ebert.
De igual manera participaron Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Mario López Roldán, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para México y América Latina (OCDE); Viridiana Ángel Segura, integrante de la organización “Ni un Repartidor Ni una Repartidora Menos”; Eduardo Ocampo Bautista, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana; y, Omar Nacib Estefan Fuentes, director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
