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La senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado, participó este martes como moderadora en la conferencia denominada “Generar empleos de cuidados” en la que tres especialistas presentaron diversas propuestas y alternativas para la generación de empleos del cuidado de infantes y personas adultas, y de asistencia de las personas con discapacidad, lo que ayudaría a las mujeres tener libre el tiempo que actualmente dedican a los cuidados no remunerados y contar con un proyecto de vida autónomo.

El evento, realizado este martes en el Senado de la República, contó con la participación de la Dra. Valeria Esquivel, especialista en Género y Políticas de Empleo en la Oficina Internacional del Trabajo (OIT); la Dra. Lucía Pérez Fragoso, consultora en Economía Feminista y especialista en Política Fiscal; y el activista por los derechos de las personas con discapacidad y profesor en la UNAM, Matías Santiago Alaniz, quien es un joven de 29 años con encefalopatía atetoide (parálisis que le dificulta el habla, la visión y el movimiento).

En su mensaje inicial, la senadora Patricia Mercado expuso que detrás de las brechas de género está la desvalorización del trabajo femenino, pues se confía en que las mujeres realicen trabajos de cuidados de forma no remunerada, pero no se confía en que puedan desempeñarse en un empleo con la misma seriedad y efectividad. Esto, aseguró, obliga a millones de mujeres a conciliar su vida laboral y personal con trabajos flexibles, de tiempo parcial o en la informalidad, lo que implica menores salarios, menores prestaciones, y menores posibilidades de ocupar cargos de alta responsabilidad.

“Tenemos que abrir un debate sobre el uso del tiempo, para que el concepto de trabajo digno traiga aparejado el derecho al tiempo libre y al cuidado. Las ciudades y su dinamismo económico requieren que replanteemos el diseño de los servicios públicos y el empleo de acuerdo a las actividades de cuidado. Por eso es que los empleos de cuidado pueden ser una oportunidad no sólo para el bienestar en los hogares de las personas que necesitan cuidados. También pueden beneficiar a todas las personas que con el acceso a estos servicios, puedan liberar tiempo dedicado a cuidados no remunerados y contar con un proyecto de vida autónomo”, explicó la senadora.

Mercado consideró que actualmente en México hay una crisis de las políticas públicas para el  cuidado con la reducción de presupuestos y el desmantelamiento de programas como guarderías y escuelas de tiempo completo. Agregó que los programas sociales basados en transferencias monetarias no están teniendo un efecto para una mejor distribución de los ingresos y de los cuidados.

“Es urgente un apoyo material y de servicios en el territorio, de parte del Estado o con subsidios a organizaciones cooperativas o privadas, y también con una mayor participación de los hombres en tareas no remuneradas”, expresó.

A su vez, la Dra. Valeria Esquivel aseguró que la inversión en los servicios de cuidados no sólo abren la posibilidad de que las mujeres ingresen al mercado laboral, sino que también crea empleos directos e indirectos, lo que dinamiza la economía. En ese sentido, refirió que la ONU-Mujeres calcula que en un periodo de cinco años la inversión de México para un sistema de cuidado universal, gratuito y de calidad para infantes de hasta 5 años debe pasar de 0.45% a casi 2% del PIB, mientras que la inversión para servicios de cuidados de personas adultas mayores debe crecer del 0.09 actual al 0.39%.

“Es decir, en el caso de México, una inversión gradual nos permitiría avanzar en estas dos poblaciones, nos permitiría cubrir en un horizonte de planeación de cinco años tanto a los niños y niñas en edad preescolar como a los adultos mayores y personas con situaciones de dependencia que necesiten cuidados, y generar empleo decente. Esa es para nosotros en la OIT una manera de generar múltiples ganancias en el sentido de generar empleos de calidad, generar posibilidades de inserción laboral para las mujeres, generar bienestar de las personas que cuidan y cerrar brechas de género en un marco de crecimiento”, subrayó.

En tanto, la Dra. Lucía Pérez Fragoso expuso que es importante que el gobierno sea el principal garante de promover e impulsar los trabajos de cuidado, así como el encargado de diseñar políticas públicas para que estos empleos sean formales con todas las prestaciones de ley. Añadió que el gobierno también debe otorgar los servicios de cuidados necesarios en cantidad de cobertura y en calidad.

De igual manera, planteó la necesidad de que el sistema de cuidados tenga un mecanismo evaluador, que promueva la transparencia y una propuesta metodológica. “Todo esto genera empleos y servicios de cuidado para redistribuir el ingreso y redistribuir el cuidado del trabajo entre la población y, con ello, erradicar la pobreza y las desigualdades entre mujeres y hombres", comentó.

En su participación, mediante el uso de un dispositivo de voz artificial, el activista Matías Santiago Alaniz propuso la creación del Servicio de Asistencia Personal a nivel nacional que permita a las personas con discapacidad desarrollarse personal, académica y profesionalmente con el apoyo de una persona asistente. En ese sentido, se pronunció a favor de que se utilice el término de “asistente” en lugar de “cuidador” porque “al utilizarlo dejamos claro que las personas con discapacidad elevada sólo necesitamos apoyo de alguien más para realizar las actividades que nos son imposibles llevar a cabo por nuestra condición”.

“Propongo que el Servicio prevea que los familiares directos de las personas con discapacidad puedan ser sus asistentes personales y reciban un salario digno por este motivo siempre y cuando respeten en todo momento sus derechos, voluntad y preferencias”, planteó.

“Si se llegara a aprobar la creación de un Servicio de Asistencia Personal, México sería uno de los pocos países en dar un gran paso en el respeto cabal al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, puntualizó.

Aunque sean muy similares, de la misma calidad y material, un rastrillo color rosa y dirigido a las mujeres, es más caro que uno de color azul dirigido a los hombres: a ese sobrecosto basado en estereotipos de género y sexo se le conoce como Impuesto sexista o Impuesto rosa.

 Hoy, a propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Senado de la República exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a combatir y erradicar dichos sobreprecios en productos destinados al uso de mujeres.

 “El #ImpuestoSexista golpea la economía de las mujeres mexicanas. Hoy en los mercados, productos para higiene personal, ropa y hasta alimentos llegan a costar hasta 17 por ciento más a las mujeres que a los hombres. Así de importante y urgente es que la PROFECO combata estos sobreprecios”, expresó el senador Clemente Castañeda.

 “En un país donde las mujeres perciben hasta 30 por ciento menos que los hombres por el mismo trabajo, este exhorto a la PROFECO es un paso importante en la lucha por la igualdad, pero es necesario darle mayores herramientas legales para proteger los derechos de las consumidoras, por eso, exhortamos a las y los senadores a revisar nuestra iniciativa para dotar de mayores atribuciones a la procuraduría”, añadió el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

 El primero de enero de este año, México hizo historia al implementar la tasa 0 a productos de gestión menstrual: una política tributaria en favor de las mujeres y en contra de la discriminación, que por tantos años se sostuvo en la creencia de que los productos de gestión menstrual son artículos de lujo y no de primera necesidad.

 El punto de acuerdo aprobado, exhorta a la PROFECO a:

 • Adoptar una estrategia de monitoreo con perspectiva de género para verificar y validar el cumplimiento de la aplicación de la tasa cero a los productos para la gestión menstrual.

• A realizar acciones de vigilancia y monitoreo en productos con costos diferenciados en razón de género para que emprenda inmediatamente las acciones pertinentes para combatir y • A realizar acciones de vigilancia y monitoreo en productos con costos diferenciados en razón de género para que emprenda inmediatamente las acciones pertinentes para combatir y erradicar los sobreprecios en productos destinados al uso de mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes.

 

A fin de evitar que en litigios internacionales, como el que actualmente enfrenta el gobierno de México con la empresa Vulcan Materials Company y su filial Calica en Quintana Roo, el senador de Movimiento Ciudadano (MC) José Luis Pech Várguez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que actúe ante las instancias correspondientes, y así la resolución que den los organismos internacionales que tratan el tema, no solo consideren aspectos económicos, sino también ambientales y sociales.

En la tribuna del Senado de la República, el legislador quintanarroense hizo un exhorto, como parte del grupo parlamentario de MC, a la SRE, a fin de que actúe en tres vertientes:

      1. Realice un análisis exhaustivo de los acuerdos comerciales ya firmados para identificar los impactos sociales, ambientales y económicos que hoy presentan para que sean corregidos cuando dichos acuerdos sean revisados o actualizados.

      2. Identificar o crear alternativas diferentes a la del CIADI para resolver litigios futuros en nuestros acuerdos comerciales.

      3. Evitar la firma de acuerdos comerciales con cláusulas de protección de inversiones que vayan en contra de la economía nacional, los derechos ambientales, sociales y humanos.

Lo anterior, manifestó el senador de Quintana Roo, deriva del caso particular de la concesión, otorgada en los 80´s, a la empresa Vulcan Materials Company y su filial CALICA, que a causa de diferentes modificaciones a su contrato original con los gobiernos en turno, logró una concesión de 50 años, que concluirá en 2037, para extraer piedra caliza y construir una terminal portuaria para exportar el material extraído a los Estados Unidos.

Actualmente, explicó el senador Pech, la PROFEPA ha acreditado que esta concesión ha provocado un severo deterioro en el medio ambiente, además de haberse excedido en los volúmenes de extracción autorizados, por lo que el gobierno federal decidió suspender actividades de la empresa antes mencionada.

Sin embargo, agregó el legislador, al amparo del actual (T-MEC), CALICA presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), un arbitraje internacional en contra del Gobierno Mexicano, y ahora reclama una compensación de mil 529 millones de dólares.

“Desafortunadamente, la experiencia nos enseña que cuando este tipo de asuntos llegan al tribunal de los árbitros del CIADI, éste no decide con base a consideraciones ambientales ni escucha a las organizaciones ambientales. Sólo emiten su juicio con base en las cláusulas del tratado donde todas ellas favorecen al inversionista y únicamente se valoran aspectos legales y económicos”, lamentó el senador integrante de la 

Bancada Naranja. Dicho sistema de resolución de conflictos, añade Pech Várguez, es unilateral, pues el inversionista es el único que puede iniciar una demanda, dejando en indefensión a los países demandados.

Por lo anterior y para evitar situaciones de esta índole en el futuro el senador José Luis Pech presentó este exhorto a la SRE.

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