La Casa Blanca, inmueble que resultó en escándalo que implicó al ex presidente Enrique Peña Nieto, la entonces primera dama Angélica Rivera y Grupo Higa,  puede ser objeto del procedimiento de acción de extinción de dominio, aseguró el senador Samuel García durante la discusión de la ley que permitirá al Estado decomisar bienes relacionados con actividades ilícitas.

En su intervención, el legislador mencionó que se trata de un gran paso para combatir la corrupción y recuperar lo robado de ex presidentes, ex alcaldes y ex funcionarios debido a la retroactividad de la ley, aprobada esta noche en el Senado de la República.

“Será una realidad ir por la Casa Blanca de Grupo Higa, o ir por cuanta propiedad, bien, inmueble, cuenta bancaria haya hacia el pasado, porque por fin y con vanguardia hemos tomado conceptos de la ONU, de la OCDE y por ejemplo esta figura sí va a aplicar de manera retroactiva sobre actos de corrupción del pasado”, explicó.

“Esta figura va a ser imprescriptible porque hay una máxima, cuando alguien tiene un bien ilícito ni la herencia ni la muerte ni sus hijos ni nietos pueden disfrutar lo que se robó lo que sacó de la corrupción”, dijo.

García destacó que la Ley de Extinción de Dominio acompañada del delito grave de compraventa de facturas, iniciativa que se perfila para su análisis y posterior aprobación en comisiones, serán clave para acabar con la corrupción y castigar a quienes ha cometido este tipo de actos.

El emecista llamó a ampliar el catálogo de delitos federales con los del fuero común y respaldó que se beneficie con el 5 por ciento de los bienes a quienes aporten información de actos ilícito a la Fiscalía General de la República.

“De manera muy sabia algunos han criticado que estamos fomentando a los soplones; los países nórdicos gracias a estos procedimientos han obtenido información clave para poder ir tras los corruptos y para ir por el lavado de dinero y con gusto vamos a darle el 5 por ciento de la liquidación a quienes aporten información”.  

Movimiento Ciudadano celebró que se elimine el secreto fiscal, bancario, cambiario y tributario en la ley, lo que permitirá derribar este tipo de obstáculos para obtener datos de la transacciones y movimiento del dinero de los implicados. 

En tanto, el gran reto será la capacitación de jueces y ministerios públicos en la materia. “Será un reto conformar a los jueces especializados en extinción de dominio, que va a ser un reto formalizar a los Ministerios Públicos expertos en extinción de dominio pero había que empezar un día, porque se requiere de gente capacitada y especializada para poder ir por los bienes de los corruptos”, dijo.

Según el senador neolonés,  esta ley tendrá avances para ir por el lavado de dinero vía criptomonedas, el huachicoleo y respeta el federalismo: cada estado hará un traje a la medida y podrán tipificar los delitos sobre extinción.