LXIV

·              El Sexto Informe de Gobierno; un hecho que busca avalar las acciones de un sexenio que se perdió desde el inicio.

·              En este sexenio el incremento de las gasolinas se incrementó entre el 90 y el 95 por ciento.

·              “En el Informe se habla de un México Próspero, ¿pero prosperó en qué y para quiénes?”.

En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Senador Samuel García Sepúlveda, presentó el día de hoy, la glosa correspondiente al Sexto Informe de Gobierno en materia de Política Económica: “Catalogarse como “Un México Próspero”, ahí se queda corta la todavía Presidencia, estamos sin duda ante un México próspero… de corrupción”, manifestó.

García Sepúlveda, subrayó que muchos de los datos incluidos en dicho Informe no son del todo claros y certeros: “Es cierto, se aumentaron los empleos… lo que no nos dicen, es que son empleos con sueldos menores a dos salarios mínimos”; y aunque el Ejecutivo presume logros económicos en recaudación y participaciones, el Senador refirió: “Los Estados están quebrados, están endeudados… No ha habido la inversión que se prometió, nos dijeron que con las Reformas Estructurales se llegaría al 5 o 6% de crecimiento, pero no se llegó ni a 2%, pero lo que sí aumentó es la deuda externa.”

Explicó también que en el informe destacan que la Reforma Hacendaria logró un crecimiento en el número de contribuyentes y que se simplificaron los trámites del Sistema de Administración Tributaria, además de que se cuenta con menos dependencia de los ingresos petroleros, entre otros; sin embargo, dijo, no menciona que fue contraproducente para los mexicanos, no en términos numéricos, sino en la afectación al bolsillo de todas y de todos.

Reconoció que el que más les ha dolido a los ciudadanos en México es el del precio de la gasolina, donde mucho han tenido que ver el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio que se le aplica, pues es precisamente en este sexenio donde el incremento al precio final del combustible se incrementó en entre el 90 y el 95 por ciento. “Es decir, pagamos casi el doble por gasolina desde hace 6 años”.

El senador ciudadano por Nuevo León enfatizó: “Hoy tenemos la oportunidad de cumplir nuestras promesas de campaña y de beneficiar a nuestra gente, no en términos numéricos, ni a través de cifras bonitas; tenemos la oportunidad de beneficiar directamente el bolsillo de todos los ciudadanos, eliminando el IEPS a la gasolina y diésel”. Y recordó que el presidente electo se comprometió en campaña a eliminar o reducir este impuesto.

Manifestó asimismo que es necesaria una justa y clara redistribución de los recursos a las entidades federativas que incentive a responsabilizarse de su recaudación y, además aplicar en beneficio de los ciudadanos todos los recursos transferidos por la federación. “Tenemos que hacer solidarios a los estados que recaudan más, pero no se puede ser solidario si no se es productivo, y para ello, es importante primero producir”, agregó.

Al concluir su participación aseveró: “De qué sirve la riqueza con tanta desigualdad… lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho; lo bueno es que ya se van… pero lo mejor, es que ya llegamos nosotros”

• Con la iniciativa presentada por Senadores Ciudadanos se crearía, por mandato legislativo, la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos de la última década, incluyendo episodios trágicos como la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de los tres estudiantes de cine en Guadalajara, entre otros.
• Garantizar el acceso a la verdad y a la justicia; la reparación integral del daño a las víctimas e identificar los patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos para que se erradiquen, son objetivos de la Comisión.

La crisis de derechos humanos que ha vivido México tiene una doble tragedia: la negación y la impunidad, así lo ha señalado el “Grupo Verdad y Memoria” de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, expresó el Senador por Jalisco, Clemente Castañeda ante la tribuna.

“Desde Movimiento Ciudadano hemos dicho que ni la continuidad de una estrategia fallida en materia de seguridad, ni las apuestas al olvido son soluciones aceptables para dignificar a las víctimas y para alcanzar la paz”, expresó el Senador. La única ruta para romper con este ciclo pasa por el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, subrayó Castañeda.

Por ello, el vicecoordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Senado, presentó hoy la iniciativa para expedir la Ley de la Comisión de la Verdad, con la que se crearía una Comisión de la Verdad que investigue la última década de violaciones a los derechos humanos en México.

Esta Comisión se crearía por mandato legislativo, mediante un proceso de discusión plural que incluya a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, con lo que se garantizaría su plena autonomía de cualquier instancia gubernamental, a diferencia de lo que propone el equipo del Presidente electo, quienes han planteado crear una comisión de la verdad por mandato del Ejecutivo. “Para que el acceso a la verdad sea efectivo, la creación de una Comisión de la Verdad debe nacer de un proceso de parlamento abierto, y no una decisión ejecutiva que, por su naturaleza política y jurídica, sería unilateral”.

Entre las características principales de esta Comisión de la Verdad se encuentran las siguientes:

• Será plenamente autónoma. Tendrá el aval del Estado para hacer su trabajo, pero actuará en plena independencia de las autoridades y con un mandato temporal específico de entre 9 y 18 meses. 
• Los integrantes de la Comisión deberán ser propuestas por las víctimas y la sociedad civil, y tendrán acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.
• Tendrá plenos poderes de investigación y recolección de información con el objetivo de conocer la verdad sobre los hechos.
• Podrá formar grupos de trabajo especializados para atender casos específicos o enfocarse en acciones concretas de peritaje, antropología forense entre otras.
• Emitirá un informe en donde se detallen las circunstancias en las que se cometieron estas violaciones a los derechos humanos, en donde se identifiquen los patrones de acción del Estado mexicano y sus instituciones, y en donde se dicten:
  • Las medidas necesarias para garantizar la justicia y la reparación del daño,
  • Para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables,
  • Para garantizar la no repetición y,
  • En su caso, promover mecanismos de reconciliación.

Esta iniciativa fue presentada por los Diputados Ciudadanos en la Legislatura pasada, pero desafortunadamente no existió voluntad política para sacarla adelante. Hoy, se espera que el contexto sea más favorable, dado que “afortunadamente, existe un consenso en que debemos entrar en un proceso de acceso a la verdad. Incluso, el Presidente electo ha dicho que esto es ‘fundamental en el proceso de paz’ y que va ‘pedir perdón a las víctimas’ en nombre del Estado”, señaló el Senador Castañeda.

El Senador Clemente Castañeda fue enfático en recordar que el derecho a la verdad es una precondición para emprender cualquier proceso de pacificación en el país, ya que diseñar mecanismos de pacificación o amnistías, como lo propone el equipo del Presidente electo, sin conocer la verdad, guiaría a la impunidad: “para alcanzar la paz no habrá atajos ni caminos fáciles, no hay otra ruta más que el del acceso a la verdad y el acceso a la justicia”, concluyó Castañeda.

#FiscalíaQueSirva 

• La procuración de justicia en México ha sido usada para ejercer el poder: Samuel García Sepúlveda.
• La iniciativa recoge la propuesta de reforma constitucional de Por una Fiscalía que Sirva.

En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Senador Samuel García Sepúlveda, presentó el día de hoy, una iniciativa que reforma el artículo 102 constitucional para evitar cualquier tentación de imponer un Fiscal Carnal; asimismo que garantice la participación de la sociedad civil en el proceso de designación del Fiscal.

García Sepúlveda lamentó que la procuración de justicia en México ha sido usada como una forma de ejercer el poder. “Venimos de un régimen político en donde la aplicación selectiva del castigo penal en función de los intereses políticos del presidente en turno, fue uno de los instrumentos más poderosos de gobernabilidad y de control político”, aseguró.

Refirió que la Procuraduría fue diseñada para dar certeza a la élite política y económica de que, ninguno de sus integrantes, salvo que el Presidente lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de los mismos. “Con ello, la corrupción estaba blindada: el pacto político implícito era que no existirían consecuencias penales para nadie, salvo para los detractores del poder”, aseveró.

Enfático el legislador de Nuevo León añadió: “La Procuraduría históricamente funcionó para garantizar cooperación, lealtad y cohesión políticas en torno a la figura del Presidente. Ello exigía que la Procuraduría funcionara con grandes márgenes de discreción y manipulación política, y con una fuerte disciplina interna de la policía judicial y los ministerios públicos con la cabeza de la institución, la cual, a su vez, estaba disciplinada con los intereses del ejecutivo en turno”. Y añadió: “Queremos a un fiscal del pueblo, no a un fiscal del presidente”

Por lo anterior reiteró: “Movimiento Ciudadano propone acompañar el planteamiento con la reforma al artículo 102 constitucional para evitar cualquier tentación de imponer un Fiscal Carnal. Nuestra iniciativa garantiza un esquema de mayor autonomía para la Fiscalía, incorpora verdaderos mecanismos de apertura en el proceso de designación del Fiscal, y genera contrapesos efectivos al Ejecutivo.”

En términos concretos, la iniciativa impulsada por Movimiento Ciudadano contempla la creación de una Comisión de Designaciones conformada con la Sociedad Civil Especializada, misma que integraría la lista de los seis candidatos a Fiscal, para posteriormente ser aprobada por las dos terceras partes del Senado de la República.

Además establece la obligación del Senado para realizar comparecencias públicas con los aspirantes a Fiscal; la intervención de la Suprema Corte en la designación del Fiscal si, por cualquier razón, el Senado omitiera sus atribuciones y que la remoción del Fiscal también la pueda hacer el Senado de la República y no quede en manos exclusivamente del Ejecutivo y, además, se elevan a rango constitucional las Fiscalías especializadas, que serían no sólo la de delitos electorales y la de anticorrupción, sino también la de derechos humanos y la de asuntos internos.

Indicó que dichas propuestas nacen de la sociedad civil especializada que ha trabajado para tener una Fiscalía que sirva y que sea plenamente autónoma: “Hoy, los Senadores Ciudadanos decidimos retomarlas y ponerlas sobre la mesa para que el Congreso de la Unión de un paso en la dirección correcta, para que verdaderamente iniciemos a transformar el régimen político”.

Cabe señalar que Morena ha anunciado que presentará una iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que se aleja en su totalidad de fomentar la participación de la sociedad civil, por lo que García Sepúlveda afirmó: “Este planteamiento implica mantener el modelo de designación del Fiscal entre el Ejecutivo y el Senado, sin la participación de la sociedad civil y sin mecanismos de apertura y contrapeso”.

Al concluir su participación en la tribuna habló sobre la trascendencia de dicha reforma en el marco de una verdadera transformación: “el Senado de la República puede optar por dejar un marco constitucional que da una “autonomía parcial” a la Fiscalía, o bien, por aprobar un andamiaje institucional que garantice la plena autonomía de todo el sistema de procuración de justicia”. 

ESTE GOBIERNO LE FALLÓ A MÉXICO CON SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: JUAN QUIÑONES RUIZ

• México se ha convertido en tierra fértil para la proliferación de grupos del crimen organizado.
• Solapar a gobernadores, dar continuidad a una estrategia fallida de seguridad y destinar millones de pesos al espionaje de activistas y periodistas: errores de esta administración.

Como parte del análisis del 6to. y último Informe de Gobierno, en materia de política interior, el senador Juan Quiñones, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que la estrategia de seguridad fracasó, “se ve reflejado en altas tasas de impunidad, y en los incrementos de diversos delitos”.

El senador ciudadano lamentó que México se haya convertido en tierra fértil para la proliferación de grupos del crimen organizado, pasando de 6 a 400 grupos criminales identificados como delincuencia organizada; los delitos de alto impacto se multiplicaron, generando una grave crisis en al menos 16 de las 32 entidades federativas; las ejecuciones extrajudiciales, el hallazgo de fosas clandestinas -la última con más de 100 osamentas-, la escalada de desapariciones forzadas, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, han sido un sello distintivo de este sexenio, dijo.

“El Presidente de la República lo reconoció en este último informe de Gobierno, al decir que “no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país”. La fallida política interior, se ve en la creciente de la violencia feminicida que ha cobrado la vida de más de 15 mil mujeres; se ve reflejado en los más de 30 mil desaparecidos y en los más de 300 mil desplazados, 80 % de los cuales se deben a la violencia e inseguridad”, manifestó.

El senador Quiñones subrayó, que este fracaso es del Gobierno de la República que no dedicó los esfuerzos suficientes para fortalecer a las instituciones civiles de seguridad, a las policías de los tres órdenes de gobierno y al sistema de procuración de justicia en su conjunto y por tener omisiones y errores que tienen postrado al país en una crisis de inseguridad y violencia.

Refirió que el fracaso se dio por errores, como cancelar la reforma en materia policial; solapar a gobernadores, como el de Veracruz; dar continuidad a una fallida estrategia de seguridad; así como destinar millones de pesos al espionaje de activistas y periodistas, en lugar de dedicarlos a proteger a la ciudadanía.

EL senador duranguense recordó que los grandes pendientes en materia de política interior, que Movimiento Ciudadano ha apuntado son:

• Garantizar la plena autonomía de la Fiscalía General y del sistema de procuración de justicia, reformando en primer lugar nuestra Constitución para que el nombramiento del Fiscal se genere bajo condiciones de apertura, autonomía e independencia.
• Transitar hacia un modelo de policías coordinadas y eficientes, en donde se generen incentivos laborales y se capacite de manera adecuada a los elementos.
• Mejorar sustancialmente nuestro sistema de atención a víctimas y garantizar condiciones de seguridad y libertad a periodistas y defensores de derechos humanos.
• Avanzar hacia un proceso de reconciliación y pacificación basado en el acceso a la verdad y a la justicia, y no en el olvido y la impunidad.  

Esta crítica al último informe de gobierno, explicó el senador Quiñones Ruíz, también debe servirle al equipo de la próxima administración presidencial y a la nueva mayoría parlamentaria. “Hoy México tiene la oportunidad de corregir el camino y no repetir los errores del pasado. En materia de política interior todos estamos a prueba si queremos restituir la gobernabilidad y recuperar la paz y la seguridad”, finalizó.

EL GOBIERNO ACTUAL MARCADO POR EL FRACASO EN SEGURIDAD; NECESITAMOS REVERTIR LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, UNA FISCALÍA AUTÓNOMA Y UNA COMISIÓN DE LA VERDAD: CLEMENTE CASTAÑEDA 

• La decisión del Gobierno del PRI para dar continuidad a la estrategia de seguridad, deja una grave crisis de derechos humanos, más de 30 mil desaparecidos, más de 15 mil feminicidios y más de 300 mil desplazados.

• No debemos dar continuidad a la estrategia fallida: tenemos que revertir la Ley de Seguridad Interior y dar paso a un modelo de seguridad ciudadana democrático, eficaz y coordinado; necesitamos una Fiscalía plenamente autónoma y conformar una Comisión de la Verdad.

La conducción de la política interior durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, está marcada por el fracaso en materia de seguridad y la grave crisis de violencia y derechos humanos que ha ensangrentado a México, señaló el Senador por Jalisco, Clemente Castañeda, en la glosa del sexto informe de gobierno.

La promesa del gobierno federal de cambiar la estrategia de seguridad quedó no sólo olvidada, sino rebasada ante la escalada de los índices delictivos, los innumerables casos de violaciones a los derechos humanos y la postración institucional para mejorar las capacidades del Estado mexicano para hacerle frente al crimen y la violencia, sostuvo Castañeda, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“En noviembre de 2017, el Gobierno del PRI decidió imponer la Ley de Seguridad Interior contra la opinión de especialistas, de la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos; decidió convertir en ley una estrategia fallida en materia de seguridad, que ha generado una grave crisis de derechos humanos, que cuenta a más de 30 mil desaparecidos, más de 15 mil feminicidios, más de 300 mil desplazados, un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales y crímenes atroces como Ayotzinapa, Tanhuato y tantos otros”, dijo Castañeda ante la tribuna del Senado.

Clemente Castañeda, recordó que aquel mes de noviembre de 2017, la Cámara discutía la minuta de mando mixto aprobada en el Senado y aprobada con mayoría calificada. Aquella reforma constitucional recogía las exigencias y propuestas tanto del Poder Ejecutivo como de las múltiples fuerzas políticas e incluso los gobiernos locales; fue producto de un consenso que derivó en un plan para mejorar las capacidades y los recursos de las policías y de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

“Lo que terminó sucediendo es que el Gobierno Federal decidió dar marcha atrás a esta reforma y desecharla en la Cámara de Diputados para sustituirla por la Ley de Seguridad Interior”, puntualizó el Senador por Jalisco, “Ley que le apuesta a perpetuar una estrategia de militarización que le ha costado muy cara al país desde hace prácticamente 10 años”, recordó Castañeda, quien entonces coordinaba a los Diputados Ciudadanos en el Congreso Federal.

“Ojalá la nueva mayoría entienda que recuperar la paz requiere tiempo y esfuerzo, que no podemos renunciar a mejorar y fortalecer las policías de los tres órdenes de gobierno, como hizo el PRI estos seis años, que no podemos darle continuidad a una estrategia fallida, que tenemos que revertir la Ley de Seguridad Interior y dar paso a un modelo de seguridad ciudadana democrático, eficaz y coordinado”, dijo Clemente Castañeda.

El vicecoordinador de los Senadores de Movimiento Ciudadano, subrayó el uso faccioso del poder que hizo el Gobierno del PRI y sus cómplices en estos últimos meses, como el intento desesperado por imponer un Fiscal Carnal, echar atrás la eliminación del fuero de los servidores públicos e impulsar la Ley Chayote.

 “La transformación de la República, el cambio del régimen, debe pasar por decisiones que le pongan freno a este tipo de acciones. Por eso necesitamos una Fiscalía plenamente autónoma, necesitamos reformar la Constitución para lograrlo; necesitamos tener una Comisión de la Verdad creada por mandato legislativo que no esté sujeta a la discreción del Ejecutivo; necesitamos, ya se dijo aquí, revertir la estrategia fallida de seguridad y fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno”, finalizó el Senador por Jalisco.

Durante la Glosa del 6to. informe de Gobierno

• Cruzada Nacional contra el Hambre y Estafa Maestra; dos casos que dibujan la administración.
• Un sello distintivo de este gobierno: la corrupción.

Como parte del análisis del 6to. y último Informe de Gobierno en materia de política social, la senadora Verónica Delgadillo, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, calificó como  mentiras el contenido del documento; porque las cifras que manifiesta están fuera de la realidad que vive el país, además de contener promesas incumplidas.

Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto, en campaña prometió y no cumplió, entre otras, recuperar la paz, mejorar la educación, impulsar el crecimiento económico, eliminar la pobreza.

“Hoy se sigue una estrategia de seguridad fallida y se arrebata la vida de miles de personas; la política educativa es un fracaso y así se lo dijimos al ex-secretario Aurelio Nuño, quien se encargó de perseguir a los maestros; hoy tenemos más pobres que cuando inició el sexenio. De acuerdo al Coneval, entre 2012 y 2016, 3.9 millones de personas más cayeron en situación de pobreza”

Lamentó que también haya incumplido en atender a la población que se encuentra en pobreza extrema. Ya que, dijo, “según el Coneval en México hay, por lo menos, 9.4 millones de personas en situación de pobreza extrema, de las cuales 1.2 millones son niños que padecen desnutrición crónica”.

“Mientras esta es la realidad de millones de personas, el Gobierno Federal lleva gastados más de 68 mil millones de pesos para hablarnos de un país que básicamente no existe”.

La senadora Delgadillo consideró dos temas fundamentales que el actual gobierno debe explicar al pueblo de México; la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los supuestos programas estelares de este gobierno, y  la Estafa Maestra, un entramado de corrupción y desfalco del dinero público.

La Cruzada Nacional contra el Hambre no erradicó la pobreza extrema alimentaria a 6.1 millones de personas, además, en un contexto donde casi 3 millones de personas en pobreza extrema con carencia de alimentación no recibían algún apoyo social, dicho de otro modo, la Cruzada Nacional Contra el Hambre fue un fraude a todas luces, que lo menos que hizo fue justamente combatir el hambre, explicó.

Respecto a la Estafa Maestra, lamentó que más de 7 mil millones de pesos en contratos ilegales, 3 mil 433 millones de pesos entregados a empresas fantasmas, de los cuales 2 mil 224 millones fueron desviados por la Secretaría de Desarrollo Social y que estaban destinados para atender a las personas más necesitadas de este país.

“Hasta hoy, nadie sabe dónde está ese dinero y no hay ni un solo funcionario, ni un solo político responsble y mucho menos que pague en la cárcel por estos delitos. Como lo son dos de los máximos responsables de este desfalco, Rosario Robles y José Antonio Meade”, denunció.

Añadió que la hoy Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial, también está acusada de irregularidades en el manejo de más de mil 700 millones de pesos en esa secretaría; y el ex-candidato del PRI a la presidencia y encargado de manipular las cifras del INEGI, hizo desaparecer de la noche a la mañana a millones pobres al alterar las formas en las que se mide la pobreza en México.

La también secretaria de la Mesa Directiva, fue enfática al decir que en Movimiento Ciudadano se encuentran convencidos de que estos dos casos dibujan de cuerpo entero a una administración que su sello distintivo fue la corrupción, una administración que, en lugar de gobernar y mejorarle la vida a la gente, se dedicó a robarse el dinero y el futuro de las y los mexicanos.

“Quiero concluir diciendo que en política social no hay nada que celebrar. A ustedes, los responsables de esta catástrofe, les digo que podrán escapar a la justicia, pero no podrán escapar al juicio de la historia. La vergüenza y el deshonor los acompañarán toda la vida”, finalizó.

• Inhabilitación permanente por actos de corrupción.

• Los funcionarios corruptos no merecen una segunda oportunidad en la administración pública.

El senador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a nombre de Movimiento Ciudadano presentó ante la tribuna del Senado de la República una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.

Dicha iniciativa establece la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, “Muerte Civil a Corruptos”, la cual garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por actos de corrupción no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública, asimismo, los que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración pública.

Esta propuesta es a razón del lamentable y penoso nivel que tiene México en cuanto a percepción de corrupción, señaló que lamentablemente se colocó, en 2017, en el lugar 135 de 180 con una calificación de 29, sin registrar avances sustanciales con respecto al año anterior según documento de Transparencia Internacional.

“No solo Transparencia Internacional, otros organismos y reportes, identifican a México como un país con altos niveles de corrupción, ya sea por las “mordidas”, trámites municipales o locales, permisos relacionados con la propiedad,  hasta casos escandalosos como la Casa Blanca, OHL, Odebrecht, la destrucción de los manglares de Tajamar, el desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito de diversos gobernadores, o la llamada Estafa Maestra que involucró a diferentes titulares de dependencias y entidades de la administración pública federal”.

El senador por Nuevo León, señaló que los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos y le cuesta a todos los mexicanos. Diferentes organismos internacionales señalan que el costo de la corrupción oscila entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, aunado a las pérdidas que sufren las empresas y las arcas públicas por el desvío de recursos.

Refirió que el día de hoy en algunos medios de comunicación se informa sobre un desvío durante la gestión de Rosario Robles en donde presuntamente se desvian 700 mdp en efectivo de Sedesol y Sedatu; “no podemos permitirle a esa señora volver a tener un cargo público ante los desfiguros y desmanes de corrupción en los que se ha visto envuelta”, aseveró.

Finalmente advirtió que esta iniciativa es un mensaje claro a los servidores públicos que cometan actos de corrupción. “Con esta legislatura se les va a acabar su segunda oportunidad”. La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

• Antes de pensar en aumentos, el Gobierno Federal debe transparentar los ingresos obtenidos por las tarifas de peaje y lo que han hecho con todos esos millones de pesos.
• Hacemos un exhorto al Secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, para que de reversa al casetazo y al Director General de Caminos y Puentes Federales para que transparente cobro.
  

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, demandó hoy, por medio de un exhorto, que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, eche atrás el casetazo y revoque la autorización que dieron para el aumento de cuotas.

En la voz de la senadora Verónica Delgadillo, exhortan también al Director General de Caminos y Puentes Federales, a fin de que transparente los ingresos que han tenido en los últimos dos años por el cobro de cuotas en el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. 

Recordó que el pasado 6 de septiembre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, giró instrucciones a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que actualizara las tarifas de peaje de la red carretera del Fondo Nacional de Infraestructura, medida que entró en vigor el pasado 7 de septiembre. Explicó que esto quiere decir que, desde hace 4 días, las tarifas de peaje de 37 autopistas y libramientos, y de 3 puentes nacionales e internacionales, aumentaron entre un 12 y un 18%.

A manera de ejemplo refirió algunos aumentos:

• El peaje de la autopista México-Querétaro, tendrá un incremento del 12.16%, al pasar de 148 pesos a 166 pesos.
• La tarifa en la autopista Córdoba-Veracruz, tendrá un incremento del 15%, al pasar de 179 pesos a 206 pesos.
• La tarifa en la autopista México-Puebla aumentará más de 17%, pasando de 141 pesos a 165 pesos.
• La tarifa en el Libramiento Sur II de Reynosa tendrá un aumento del 200%, al pasar de 22 pesos a 66 pesos.

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que un aumento de la noche a la mañana del 18% en esta red carretera es excesivo, y sobre todo insostenible, teniendo en cuenta el costo de las gasolinas que ha ido aumentando año con año por los gasolinazos y por los bajos salarios que persisten en este país”, aseveró. Lamentó que, de acuerdo al INEGI, entre 2013 y 2016, el aumento real al salario mínimo fue solo de 2.65%, mientras que el aumento a las tarifas es del 17%. “Es decir, todo sube, menos el salario mínimo” dijo enfática.

Aseguró que esta es una gran oportunidad para entrar a una discusión, que sigue sin darse y que es de vital importancia, porque se mantiene en total opacidad y cuestionó: ¿cuál es el estado que guardan los caminos y puentes federales? ¿Cómo se concesiona? ¿A quiénes? ¿Cuál es el proceso que se lleva y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los criterios por los cuales se decide esto?

“Las y los senadores ciudadanos estamos convencidos de que, mientras la seguridad en las carreteras no mejore, mientras el estado de las carreteras no mejore, mientras que los precios de las gasolinas sigan aumentando, mientras que el salario de la inmensa mayoría de la gente siga siendo uno mínimo y no uno digno, no hay razones ni condiciones suficientes para aumentar el costo de las casetas de esta red. Hoy lo decimos alto y claro: ¡No al casetazo!”, concluyó.

ES UNA NARRACIÓN DE UN PAÍS QUE NO ES EL PAÍS EN EL QUE VIVEN MILLONES DE MEXICANOS: PATRICIA MERCADO

• La Senadora Ciudadana Patricia Mercado, cuestionó el 6to Informe Presidencial que el Ejecutivo ha entregado a la LXIV legislatura: “el informe es un epílogo de un período controversial. El documento es una narración que dibuja un país que difícilmente es el país en el que viven, sienten y padecen millones de mexicanos.”
• México tiene la desigualdad más extrema desde el Porfiriato.

En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la Senadora Patricia Mercado Castro, presentó el día de hoy, la glosa al Informe Presidencial debatiendo las cifras y las cuentas que el Ejecutivo ha entregado a esta LXIV legislatura: “el informe es un epílogo de un período controversial, una narración que dibuja un país que difícilmente es el país que viven, sienten y padecen millones de mexicanos”, manifestó.

Mercado Castro, indicó que México es hoy un país con la desigualdad más extrema que se haya visto desde el Porfiriato. “Si analizamos la línea histórica de la pobreza, veremos que el porcentaje de pobres se mantiene en los mismos niveles de 1994. No es una década, sino toda una generación perdida.”

A pesar de que el Gobierno Federal hizo de la creación de empleos su principal bandera, más del 70% de esos nuevos empleos se ubican en escalones menores a los 4 mil pesos mensuales, por ello, la Senadora destacó la importancia de elaborar una nueva política salarial: “la principal razón de la pobreza y del estancamiento en la calidad de vida de las y los mexicanos está en la política salarial, en la política económica”.

A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, refrendó la convicción de construir de común acuerdo un Estado que se haga cargo de la vulnerabilidad de las finanzas de los hogares, de las escasas perspectivas de realización profesional y laboral y de las condiciones de precariedad en el trabajo. “Hoy, a la víspera del nuevo gobierno, ya se habla abiertamente de reestructurar la política social”.

“Esperamos que se esté  hablando de derechos, no solo de programas; de derechos universales, no de favores clientelares.  Cuentan con nuestros votos para aumentar los salarios en México. Que así sea”, aseguró.

Finalmente manifestó que no existe una política social que aguante una mala política económica, reafirmó que Movimiento Ciudadano aportará todo lo que esté a su alcance para transformar la política social y económica en nuestro país. Exhortó a los Senadores para trabajar de manera conjunta con la misma finalidad: “Intentemos que el reordenamiento de los programas sociales se haga con imparcialidad y eficacia, con la visión y la pasión, del país de derechos que queremos ser”, concluyó.

• No se puede hablar de un cambio de régimen ni de una transformación de la República sin una Fiscalía plenamente autónoma.
• La iniciativa de Morena implica mantener el modelo de designación del Fiscal con la participación solamente del Ejecutivo y del Senado, sin la participación de la sociedad civil y sin mecanismos de apertura y contrapeso.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Clemente Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la propuesta del colectivo Por Una Fiscalía que Sirva; que los senadores ciudadanos han suscrito y que propone:

1. Garantizar la participación de la sociedad civil especializada en el proceso de designación del Fiscal. Se crearía una Comisión de Designaciones que integraría la lista de los 6 candidatos a Fiscal, misma que aprobaría el Senado por las dos terceras partes. Con esto se evita cualquier tentación de nombrar un Fiscal Carnal.

2. Se establece la obligación del Senado de realizar comparecencias, en audiencia pública, con los aspirantes a Fiscal.

3. Se prevé que la Suprema Corte pueda intervenir en la designación del Fiscal si, por cualquier razón, el Senado omite sus atribuciones. En el modelo actual, si el Senado omite sus atribuciones, quien designa es el Ejecutivo directamente.

4. Se plantea que la remoción del Fiscal también la pueda hacer el Senado de la República y no quede en manos exclusivamente del Ejecutivo.

5. Se elevan a rango constitucional las Fiscalías especializadas, que serían no sólo la de delitos electorales y la de anticorrupción, sino también la de derechos humanos y la de asuntos internos. Los nombramientos de estos Fiscales se harían por el mismo Senado.

6. Se crea un Consejo del Ministerio Público plural y especializado que evaluaría y vigilaría el funcionamiento de la propia Fiscalía.

7. Se plantea un transitorio para que las entidades federativas adecúen sus constituciones para que no haya “fiscales carnales” en los estados.

Clemente Castañeda, subrayó que esta propuesta garantiza un esquema de mayor autonomía para la Fiscalía, incorpora verdaderos mecanismos de apertura en el proceso de designación del Fiscal, y genera contrapesos efectivos al Ejecutivo. De la misma forma explicó que las propuestas presentadas son de la sociedad civil especializada. “Hoy, los Senadores Ciudadanos decidimos retomarlas y ponerlas sobre la mesa para que el Congreso de la Unión de un paso en la dirección correcta, para que verdaderamente iniciemos a transformar el régimen político”.

Recordó asimismo que Movimiento Ciudadano ha insistido en que México debe tener una Fiscalía y un sistema de procuración de justicia plenamente autónomos. “Este compromiso con la autonomía de la Fiscalía lo hemos demostrado en distintas ocasiones: detuvimos el “pase automático” del Procurador a Fiscal; logramos sacar adelante la reforma constitucional para cancelar cualquier otra posibilidad de imponer un “fiscal carnal” por parte del gobierno saliente; y hemos refrendado la propuesta de reforma al artículo 102 constitucional que han propuesto los organismos de la sociedad civil y los especialistas agrupados en el Colectivo Por una Fiscalía que Sirva”, aseguró.

Lamentó que Morena haya anunciado que presentará una iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República puesto que este planteamiento implica mantener el modelo de designación del Fiscal entre el Ejecutivo y el Senado, “sin la participación de la sociedad civil y sin mecanismos de apertura y contrapeso”.

“En Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en expedir la ley orgánica de la Fiscalía porque es una condición necesaria para la entrada en vigor de su autonomía. Sin embargo, esta Ley se debe acompañar de la reforma al 102 constitucional para evitar cualquier tentación de imponer un Fiscal Carnal. En concreto debe haber más participación de la sociedad civil en el proceso de nombramiento, porque de nada servirá la “autonomía” si no hay mecanismos ciudadanos formales para su nombramiento”, concluyó Clemente Castañeda.

En su oportunidad el senador Samuel García Sepúlveda, de Nuevo León, advirtió que en caso de aprobar esta ley y esta iniciativa en los términos que proponen, responsabilizaría a Morena de dar paso a un Fiscal Carnal. “Si con el PRI fuimos obstáculo para que no hubiera pase automático, también lo seremos hoy con quien está  en el poder, no se vale que hoy tienen mayoría en el Senado y la presidencia y quieran dejar una Fiscalía en estos términos, ni va a cambiar el régimen ni van a transformar la República. La procuración de justicia en estos términos, será una transformación pero de cuarta”, aseveró.