LXIV

• Se garantizaría un retiro digno a todas y cada una de las personas trabajadoras del campo.

• Fondo de Pensión Rural será un paso más para erradicar la desigualdad y la marginación en nuestro país.

“En nuestro país persiste un enorme rezago en materia de seguridad social. La falta de acceso a la seguridad social y a un retiro digno son condiciones que nos impiden transitar hacia una sociedad más justa y equitativa”, así lo manifestó desde la tribuna del Senado de la República, la Senadora Ciudadana Patricia Mercado al presentar, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, una reforma a la Ley del Seguro Social para crear un Fondo de Pensión Rural.

Lamentó que esta situación se agrava drásticamente en el sector rural, donde las y los trabajadores del campo, carecen prácticamente en su totalidad de acceso a la seguridad social, lo que obliga a muchas personas a seguir trabajando a pesar de contar con avanzada edad.

Refirió que según datos del INEGI, son millones de personas quienes dedican su vida a las arduas labores del campo sin ningún tipo de beneficio, y redundando con mayor rezago en las mujeres que trabajan en este sector, siendo solo tres de cada diez mujeres que trabajan en el campo, quienes reciben un pago por su trabajo.

Por lo anterior, explicó Patricia Mercado, los Senadores de Movimiento Ciudadano planteamos la creación de un Fondo que permita subsanar aquellas deficiencias en cuanto a las garantías laborales de la ciudadanía: “Proponemos una reforma a la Ley del Seguro Social para crear un Fondo de Pensión Rural, con el que se garantizaría un retiro digno a todos y cada uno de las y los trabajadores del campo”, señaló.

De esta forma, la iniciativa busca acabar con la desigualdad de circunstancias laborales en el país para dar paso a un sólo programa de seguridad social para las y los trabajadores del campo: el Fondo de Pensión Rural. “En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción que este Fondo de Pensión Rural será un paso más para erradicar la desigualdad y la marginación en nuestro país”, concluyó.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la misma forma, a petición de una senadora, se envió a la Comisión de Igualdad.

• Para la instalación de la Comisión presidida por el Senador Clemente Castañeda, asistieron la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y la próxima titular de la misma, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

• También participaron Mariclaire Acosta, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y destacados miembros de la sociedad civil como Nosotrxs, la Red por la Rendición de Cuentas, Artículo 19, entre otras.

La Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana recoge las tres causas ciudadanas más importantes y significativas para los mexicanos, luchas que por la situación política que atraviesa el país, serán llevadas al debate público nacional, expresó el Senador presidente de este órgano técnico del Senado de la República, Clemente Castañeda.

Durante la instalación de la Comisión, el Senador por Jalisco señaló que el órgano asume una doble responsabilidad: por un lado, deberá proponer adecuaciones legislativas para impulsar y hacer obligatorios los principios del parlamento abierto en el Senado de la República, y por otro, deberá poner en práctica los principios de éste, para poner el ejemplo.

“En materia de anticorrupción, tenemos la gran tarea de consolidar y empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en particular a su instancia ciudadana, el Comité de Participación Ciudadana. Empoderar al Sistema significa escucharlo, protegerlo de cualquier interés particular y darle el lugar que se merece en la discusión pública nacional”, expresó Clemente Castañeda.

Una de las tareas inmediatas que tendrá la Comisión, es dar seguimiento al proceso de designación del próximo Fiscal Anticorrupción, “una pieza clave del Sistema que deberá tener la mayor autonomía e independencia para hacer su trabajo”, destacó.

En el terreno legislativo, continuó el Senador, será crucial concluir el ciclo de reformas en la materia, en particular la de eliminar el fuero o la inmunidad procesal de los servidores públicos, así como revisar y modernizar las legislaciones en materia de adquisiciones y obras públicas.

“En materia de transparencia, una de las tareas más importantes es la del seguimiento al proceso de armonización en los tres órdenes de gobierno del andamiaje normativo en materia de transparencia. También, esta Comisión tiene en puerta el nombramiento de cuatro Consejeros Honoríficos del INAI, proceso que ya ha iniciado”, dijo el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Respecto a la participación ciudadana, la Comisión impulsará una visión renovada sobre los instrumentos de participación de los ciudadanos, con el fin de eliminar trabas y hacerlos operativos.

“Hoy, muchos actores políticos, incluido el Presidente electo, (Andrés Manuel López Obrador), han mostrado un gran interés por realizar consultas a los ciudadanos, pero para que éstas sean efectivas, necesitamos reglas del juego y bases normativas claras”, puntualizó Castañeda.

La Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana que preside Clemente Castañeda, tiene como secretarios a las Senadoras Bertha Xóchitl Gálvez y Minerva Citlalli Hernández, y por vocales tiene a los Senadores Félix Salgado Macedonio, Delfina Gómez Álvarez, Julen Rementería del Puerto y Mario Zamora, entre otros.

“Confío en que todas las fuerzas políticas aquí representadas recogeremos estas causas ciudadanas y les daremos el lugar que se merecen en el debate público nacional”, finalizó el Senador por Jalisco.

En la instalación de la Comisión, estuvieron presentes Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, así como la próxima secretaria de la misma, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; el Gobernador electo por Jalisco, Enrique Alfaro; Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta del Comité Coordinador del SNA y del Comité Participación Ciudadana, e Irene Levy Mustri, también integrante de dicho Comité.

El diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, así como Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial de Gasto Federalizado, en representación de David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación.

También asistió el doctor Francisco Javier Acuña y el maestro Oscar Mauricio Guerra, respectivamente, presidente y comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el doctor Mauricio Merino, coordinador general de Nosotrxs;  la doctora Liliana Veloz, directora de la Red por la Rendición de Cuentas; la maestra Haydeé Pérez, directora ejecutiva de FUNDAR; Mariana Niembro y Gibran Chávez, de Borde Político; así como Carlos Dorantes, director del programa de Derecho a la Información de Artículo 19.

APOYAREMOS A ALCALDES Y GOBERNADORES Y EXHORTAMOS

A REALIZAR UNA CUARTA CONVENCIÓN HACENDARIA: SAMUEL GARCÍA

• El senador de Movimiento Ciudadano instala la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

Junto a gobernadores y alcaldes, el senador Samuel García Sepúlveda, llamó a llevar a cabo una Cuarta Convención Hacendaria para recomponer la redistribución de recursos a los estados y municipios, durante la instalación de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

El legislador señaló que uno de los ejes a impulsar en su comisión es apoyar a  los gobernadores y alcaldes quienes reciben el 20 y el 4 por ciento, respectivamente por parte de la Federación, por ello es clave cambiar el pacto fiscal para aumentar los recursos hacia las entidades.

"Una Cuarta Convención que no sólo vea ingreso-gasto, tambien veamos coordinación fiscal, distribución, patrimonio, deuda, transporte, transparencia y obviamente el ataque a la corrupción.

"El pacto fiscal, al día de hoy siguen las mismas fórmulas, la Federación acumula todos los impuestos y rendimientos del Petróleo, solamente otorga un 20 por ciento a 32 entidades federativas, y de ese 20, un 20 por ciento a los municipios, es decir, un 4 por ciento para 2 mil 449 municipios; llegó el momento de reflexionar qué hacer con las participaciones, qué hacer con el Ramo 23", dijo.  

Como presidente de esa comisión, el legislador dijo que "desde la casa del Federalismo del Senado, vamos a transformar al país desde lo local".

"¿Qué vamos a hacer con los estados y municipios? ¿Qué instrumentos les vamos a dar? ¿Vamos a atrevernos a reformar y sacar una ley reglamentaria del 115? ¿Quizá hasta un cuarto orden de gobierno? Quiero que se debatan estos grandes temas en esta Comisión.

"Somos una Federación, que parte de estados libres y autónomos y del municipio libre; eso no se puede olvidar, es la base de la estructura orgánica de nuestra Carta Magna", dijo.

Los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Manuel Velasco, gobernador de Chiapas y Presidente de la Conago, respaldaron analizar la redistribución de recursos; sobre este punto, Alfaro señaló que se necesita una "cirugía mayor".

También asistieron los alcaldes de Guadalajara, Tepic, Ecatepec, Huixquilucan, Puerto Morelos, entre otros; y titulares de la Copecol, AALMAC, CONAMM,ANAC, y en representación del gobernador de Chihuahua, Agustín Basave.

SI EL PRESIDENTE Y SU FAMILIA QUIEREN

PRIVILEGIOS, #QueLoPaguenEllos: VERÓNICA DELGADILLO

• En una visita a Londres, el presidente Enrique Peña Nieto y su comitiva gastaron 7 millones 153 mil pesos.

• Gastos en total opacidad, sin transparencia ni rendición de cuentas.

“El dinero de la gente es sagrado, por eso hemos luchado, desde todas nuestras trincheras, para ponerle un alto al despilfarro y al mal uso de los recursos públicos”, así lo manifestó la senadora Verónica Delgadillo  desde la tribuna del Senado de la República, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, al presentar iniciativa que busca prohibir que los gastos personales del Presidente y su familia sean pagados con recursos públicos.

“Hemos sido los únicos que denunciamos y renunciamos a los bonos millonarios que se daban los diputados, a los seguros de vida, gastos médicos y hemos emprendido una gran batalla para prohibir las millonarias pensiones de los expresidentes y todo tipo de privilegios de la clase política”. Asimismo, reiteró que esta propuesta, fue una lucha que dio una y otra vez Jorge Álvarez Máynez, en la Cámara de Diputados, y que hoy Movimiento Ciudadano retoma para dar esa batalla en el Senado. “Pareciera que estamos hablando de reyes y virreyes, pero no, estamos hablando de que en México el dinero de la gente se utiliza para pagarle los viajes, la comida, el teléfono celular, la ropa y hasta la aparición en revistas del presidente y su familia”, subrayó.

“En una visita a Londres, el presidente Enrique Peña Nieto y su comitiva gastaron 7 millones 153 mil pesos. Entre sus gastos, está un servicio de bocadillos VIP que salió en 1 millón 414 mil pesos, y un vestido que utilizó alguien de la familia presidencial en ese mismo viaje, de más de 145 mil pesos”. Lo peor de todo, dijo, es que esos gastos se hacen en total opacidad, no son transparentes y mucho menos se rinden cuentas sobre ellos. Cada solicitud de transparencia que se ha ingresado ha sido rechazada, y la oficina del peor presidente de la historia reciente de este país ha declarado que esos gastos son inexistentes.

La senadora jalisciense argumentó que, con el dinero de ese vestido, se pudieron haber entregado 172 canastas básicas a mexicanas y mexicanos que hoy viven en pobreza extrema alimentaria. Indicó que se gastaron más de 50 millones de pesos en cenas de gala durante el Sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; recordó el tema de las toallas de Fox, cuando llegó a Los Pinos, que cada una costó más de 400 dólares.

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que en un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza, en un país donde el precio de la luz sube, el precio del gas sube, en el que hay gasolinazos tras gasolinazos y en el que la mayor parte de la gente gana un salario mínimo y no digno, tener que financiar los gastos de la familia presidencial es insostenible”, aseveró y cuestionó: ¿Por qué además de trabajar las y los mexicanos para pagar sus gastos tienen que trabajar para pagarle los viajes, las fiestas y una vida de lujo al presidente y su familia?

“Esto es injusto e inaceptable. Nuestra exigencia es que, si quieren que lo hagan, pero que lo paguen ellos, no los mexicanos”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

PROPONE MOVIMIENTO CIUDADANO REFORMAS PARA COMBATIR

EMPRESAS FANTASMA Y EL DERROCHE EN COMPRAS GUBERNAMENTALES

• Las reformas presentadas hoy, pretenden cerrar la puerta a las prácticas de colusión, de opacidad y discrecionalidad en los procesos de compras gubernamentales y obras públicas; y empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción y sus instituciones

En México, prácticamente ocho de cada diez contratos no se licitan públicamente, si no que se realizan mediante adjudicación directa o invitación restringida: hoy, las compras gubernamentales y la asignación de obra pública se han convertido en islas de corrupción, en fuentes de derroche y desvío de recursos, expresó el Senador por Jalisco, Clemente Castañeda.

“Ante este severo problema estructural, lo que debemos hacer desde el Poder Legislativo, es cerrarles la puerta a estas prácticas, restringir al mínimo la posibilidad de realizar procesos de adquisiciones fuera del marco de licitación pública y fuera de mecanismos de transparencia”, planteó el presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

Para cerrar la puerta a estas prácticas que permitieron la Estafa Maestra, la contratación de empresas fantasma en estados como Veracruz o el socavón de la carretera a Cuernavaca, el Senador propuso reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que plantean lo siguiente:

• Que la licitación pública sea la regla y no la excepción. Se reducen las excepciones para realizar licitaciones públicas y se reduce el porcentaje máximo para asignar contratos por invitación restringida o adjudicación directa, pasando del 30 a 20 %.

• En materia de transparencia, se establece la obligación por parte de los entes públicos de suministrar información oportuna a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

• En materia de participación ciudadana, se amplía la participación obligada de los Testigos Sociales en estos procedimientos, para que no sea un asunto de buena voluntad o complicidad.

• Un mecanismo para eliminar la triangulación en compras, derogando la disposición que permite realizar adjudicaciones directas mediante triangulaciones con terceros, como instituciones de educación superior, y así evitar otra Estafa Maestra.

• Para combatir a las empresas fantasmas, el Comité de Participación Ciudadana del SNA establecerá lineamientos obligatorios para verificar la existencia física y real del domicilio de las empresas.

“Estas reformas que hoy planteamos pretenden cerrarle la puerta a las prácticas de colusión, de opacidad y discrecionalidad en los procesos de compras gubernamentales y obras públicas; buscamos también empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción y sus instituciones, y buscamos ponerle un alto al derroche de recursos que genera la corrupción en materia de compras gubernamentales”, dijo Castañeda.

EL LIDERAZGO Y AUTORIDAD DEL PAÍS SE MERMÓ POR LA ERRÁTICA POLÍTICA

EXTERIOR DEL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO: CLEMENTE CASTAÑEDA

• La política exterior de México no protegió los derechos de los migrantes mexicanos; la reacción más digna del Presidente de la República, se limitó a un tuit.

• Sólo en el primer trimestre de 2018 se contaron más de 100 mil deportados mexicanos, 40% más que en el mismo periodo de 2017.

La política exterior errática del Estado mexicano, mermó el liderazgo y la autoridad del País, y permitió la falta de respeto del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien materializó sus promesas con acciones como la militarización de la frontera, la separación de familias migrantes que dejaron a 12 mil niños desprotegidos, así como redadas masivas y criminalización, señaló el Senador por Jalisco, Clemente Castañeda.

“A esto se suma un discurso que incita al odio contra los migrantes mexicanos, que promueve la discriminación y la hostilidad, y que perturba la vida cotidiana de los millones de mexicanos que viven en este país del norte: todo esto no tuvo una respuesta digna y enérgica de parte del gobierno mexicano”, dijo Castañeda durante la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Videgaray reconoció que el discurso de odio es “profundamente grave” y que se ha convertido en agresiones de ciudadanos y autoridades de Estados Unidos hacia migrantes. “Tenemos casos lamentables de agresiones a mexicanas y mexicanos en Texas, California y el estado de Illinois”.

Clemente Castañeda subrayó que las acciones diplomáticas fueron nulas y que la reacción más digna del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se limitó a un tuit.

“Ni siquiera en su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un escenario inmejorable, el Presidente aprovechó la oportunidad para denunciar estas agresiones y recuperar la dignidad y el respeto de nuestra política exterior mexicana”, criticó Castañeda.

Para la comparecencia, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano invitó a los ciudadanos a participar planteando una pregunta al secretario de Relaciones Exteriores. Se recibieron múltiples preguntas que se entregaron por escrito a Luis Videgaray, la mayoría de ellas versaron sobre la dignidad y el respeto que México debe enarbolar en su política exterior.

A las omisiones hay que sumar las irregularidades, continuó Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadano. La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores por más de 50 millones de pesos destinados a programas de protección a migrantes.

“¿Qué faltó, pues, para que la política migratoria mexicana se pusiera a la altura de las demandas de la comunidad migrante? ¿Por qué ante un panorama tan complicado y hostil en materia migratoria, la Secretaría se da el lujo de malgastar los recursos públicos cuando la comunidad migrante y los consulados los necesitan hoy más que nunca?”, cuestionó el Senador.

EXIGE MOVIMIENTO CIUDADANO NORMATIVIDAD

EN EL USO TERAPÉUTICO Y MEDICINAL DE LA MARIHUANA

• Al día de hoy, se han presentado más de 40 iniciativas respecto a la regulación de drogas.

• Es hora de que México tenga una política de drogas que se centre en la prevención.

En representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la Senadora Patricia Mercado Castro presentó ante medios de comunicación y posteriormente dentro del pleno del Senado de la República, un llamado a la Secretaría de Salud para armonización de reglamentos y normatividad en el uso terapéutico y medicinal de la marihuana.

La Senadora Ciudadana, señaló que dicho tema ya ha sido analizado en las pasadas legislaturas, tanto que al día de hoy se han presentado más de 40 iniciativas al respecto. “Nosotros, por supuesto, nos manifestamos por la legalización de las drogas en general, estamos de acuerdo con la Comisión Global de Política de Drogas, que acaba de estar en nuestro país; desde aquí anunció al mundo su informe; “Regulación, El Control Responsable de las Drogas”, que habla sobre una nueva política de control de riesgos de drogas en el mundo”, indicó.

Refirió asimismo que este organismo global de políticas de drogas presentó dicho informe en nuestro país porque es considerado como el que más está sufriendo en materia de inseguridad, desapariciones y asesinatos. “Lo hicieron de manera solidaria porque tenemos un país vecino que ha regulado y legalizado el uso medicinal y lúdico de la mariguana, a nivel local, pero el gobierno de Donald Trump no está de acuerdo en hacerlo a nivel federal”, explicó.

Mercado Castro puntualizó que el debate sobre la regulación de las drogas es un debate despenalizado dado que hace muchos años ni siquiera se podía hablar del tema porque había una avalancha, muchas veces moralista, contra esta postura de terminar con la política punitiva que no ha dado resultados. “Los riesgos a los que está enfrentada la sociedad mexicana, los individuos consumidores, las comunidades, sus entornos son mucho mayores, se han incrementado con esta política punitiva. De ese momento al día de hoy empezamos una carrera que no debemos detener porque vamos muy atrasados en esta discusión y en esta construcción de acuerdos. Tenemos un primer acuerdo y necesitamos pasar de inmediato a su reglamentación”, manifestó.

Reconoció que esta lucha no inicia en este período legislativo, sin embargo exhortó a sus pares a aprovechar la gran oportunidad, para dar una discusión profunda, seria, con información, con argumentos, con evidencias, para poder pasar de la política punitiva a una política de prevención, control de riesgos y regulación.

Por lo anterior, y con el objetivo de dar avance en la discusión de los temas referentes al consumo de esta y distintas drogas, la Senadora presentará un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Salud, acatando lo establecido en la reforma en materia de marihuana medicinal a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal de junio de 2017, armonice los reglamentos y la normatividad para el uso terapéutico del Tetrahidrocannabinol, tal y como fue aprobado en la citada reforma. “Es hora de que tengamos en México una política de drogas que se centre en la prevención, la reducción de los riesgos asociados al consumo y en el tratamiento de los consumos problemáticos”.

De esta forma advirtió que esto solo será el primer avance para continuar en la búsqueda de una agenda que, además Movimiento Ciudadano seguirá impulsando: “Avancemos, aceleremos el paso, hagamos esta armonización, sigamos discutiendo porque esa reforma no habla de producción, solo de uso terapéutico y medicinal”, concluyó.

La Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado de la República fue instalada este miércoles, en sesión presidida por la senadora Patricia Mercado, quien se pronunció por desarrollar una visión integral en materia de planeación y desarrollo, que considere las preocupaciones de la población a fin de que se ponga en el centro de las decisiones a la ciudadanía y sus necesidades.

Hasta la LXIII Legislatura, en el Senado existía la Comisión de la Ciudad de México y la Comisión de Desarrollo Metropolitano, la primera de naturaleza ordinaria y la segunda especial. A partir de esta LXIV Legislatura, y como parte de la compactación de comisiones que emprendió este órgano legislativo como política de austeridad, se creó la Comisión de Zonas Metropolitanas.

En su calidad de Presidenta de la Comisión, la senadora Patricia Mercado mencionó que “el desarrollo sustentable del país depende en gran medida del crecimiento ordenado y coordinado entre los tres niveles de gobierno que forman parte de las 74 zonas metropolitanas”.

También advirtió su importancia en el hecho de que “las metrópolis se han colocado como los principales centros de generación de riqueza en nuestro país ya que, según datos de 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad, éstas participan con el 76 por ciento del Producto Interno Bruto y generan el mayor número de empleos”.

Incorporar la perspectiva de género en las leyes y políticas públicas para las zonas metropolitanas también es una propuesta de la Senadora de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, para asegurar que las mujeres que viajan solas en el transporte público a través de más de un municipio o alcaldía regresen sanas y salvas a sus comunidades.

En la Comisión de Zonas Metropolitanas fungen como Secretarios los senadores Emilio Álvarez-Icaza y Primo Dothé Mata, y como integrantes las senadoras Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Delfina Gómez Álvarez, Eunice Renata Romo Molina y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, así como los senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Gabriel García Hernández.

En esta sesión de instalación se contó también con la participación de personas invitadas, con uso de la voz, para realzar el compromiso de trabajo con los diferentes órdenes de gobierno y con especialistas en las materias de estudio de la Comisión.

Participaron de este modo el Director del Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM-Xochimilco, Dr. Roberto Eibenschutz; el Director General de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, Francisco Covarrubias Gaitán; el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa; el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras; el presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Nava Palacios; el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha; el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora.

 VA MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA EMPRESAS FANTASMA, FACTUREROS Y OUTSOURCING ILEGAL

*Presentará Samuel García este jueves reformas contra la corrupción; modificaría Ley de IVA, ISR y el Código Fiscal.

*Se recaudaría 10 veces más que el gasolinazo.

Movimiento Ciudadano presentará este jueves una iniciativa que sería el “último eslabón” para acabar con la red de corrupción que conforman empresas fantasma, factureros, políticos y hasta la delincuencia organizada. El senador Samuel García Sepúlveda señaló el día de hoy, en conferencia de prensa, que de la mano de Prodecon se busca romper con el negocio de la evasión fiscal de más de 8 mil empresas fantasma que han amparado 2.4 billones de pesos, a pesar de las medidas implementadas por el SAT para ponerles un alto.

“La iniciativa tiene que ver con perseguir de una vez por todas y sacar del mercado a las empresas fantasma y los factureros. Esta vía se utiliza para que el Gobierno use dinero del erario, para que la delincuencia organizada bancarice su recurso de procedencia ilícita, también por la cual se evaden miles de millones de pesos, estamos ya a un paso de lograrlo”, aseveró.

“De la mano de Prodecon hemos enriquecido una iniciativa que traemos de hace años. Se creó el timbre de la factura electrónica,  se crea la contabilidad electrónica, se crea la presunción de simulación de actos, y a pesar de esto, hoy en día tenemos detectadas 8 mil 750 empresas fantasma que han amparado 2.4 billones de pesos”, dijo.  

El legislador de Nuevo León refirió que en automático se hace una evasión de 600 mil millones de ISR; de IVA, 320 mil millones; con el outsourcing 400 mil millones, que se van a bolsillos de políticos corruptos, delincuencia organizada y evasores. La iniciativa modificaría la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y y el Código Fiscal, para cobrar la retención por adelantado del 10 por ciento de IVA y el 10 por ciento de ISR. Además, mencionó que los que se dedican al negocio de la evasión fiscal cobran un 7 por ciento más de comisión, por lo cual al imponerles las retenciones no tendrán un cliente más.

García Sepúlveda aseguró que la recaudación se dispararía a 1.4 billones de pesos, 10 veces más que los recursos prevenientes del gasolinazo, y con ello se podría eliminar las alzas a los combustibles en 2019. “Es clave para que en 2019 el Estado pueda recuperar 1.4 billones de pesos. Estamos hablando de una tercera parte del presupuesto.  El gasolinazo representa 140 mil millones, si con esto se recauda 10 veces más, podríamos quitar el gasolinazo de una vez por todas. Ir por el contribuyente que evade o por el político, porque la iniciativa contempla retener a la Federación a los estados y los municipios”, dijo.

Agregó que la iniciativa premiará a las personas físicas y morales que sí cumplen ante el SAT, por lo tanto, tendrían el beneficio de obtener su devolución en automático en 20 días.

“Es momento de premiar al que cumple y castigar al que delinque, las devoluciones serán en automático en 20 días, no vamos a dejar a Hacienda la discreción y la facultad de un año o dos para ver si te devuelven, se hace la obligación en automática. Es el último eslabón de la cadena para ir por los factureros”, concluyó.

DEBEMOS RECONOCER A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO

Y ELIMINAR LA VISIÓN PATERNALISTA DEL ESTADO: CLEMENTE CASTAÑEDA

• La propuesta de reforma al artículo 2° constitucional eliminaría el paternalismo ejercido por el Estado sobre las comunidades indígenas para reconocerlas como sujetos de derecho.

• La iniciativa garantiza la libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica para decidir sobre su presente y su futuro.

El Estado mexicano debe saldar la deuda histórica que tiene con los pueblos y las comunidades indígenas y reconocerlos de una vez por todas como “sujetos de derecho”, expresó el Senador por Jalisco, Clemente Castañeda, en la sesión ordinaria del Senado de la República.

“Hoy proponemos una reforma al artículo 2° constitucional para recoger la demanda central de los acuerdos de San Andrés de 1996 y cumplir con una exigencia histórica de los pueblos indígenas”, dijo en tribuna el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“Proponemos establecer el reconocimiento de los pueblos indígenas como ‘sujetos de derecho’, lo que implica el reconocimiento explícito de su personalidad jurídica colectiva y, por lo tanto, de su capacidad para portar y ejercer derechos como una entidad política que tiene actuación en la vida jurídica del Estado”.

Con la reforma propuesta por el Senador jalisciense, se garantiza la libre determinación de las comunidades indígenas, el reconocimiento de sus sistemas de organización, y la salvaguarda de su personalidad jurídica para decidir sobre su presente y su futuro.

Supone también que los pueblos indígenas forman parte de la vida del Estado y no son entidades bajo su tutela, es decir, los pueblos indígenas ejercen su ciudadanía y sus derechos colectivos, siendo parte de un sistema político y social, y no espectadores con derechos parciales. “Y supone, finalmente, que esto es reconocido en todo el territorio nacional y no una concesión otorgada en una u otra entidad federativa”, subrayó el Senador por Jalisco.

La reforma constitucional de 2001 en materia de derechos indígenas representó un avance indiscutible en la política de reconocimiento y protección de los derechos colectivos de estas comunidades, pero faltó reconocerlas como sujetos de derecho, principal exigencia emanada de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, planteó Castañeda.

La iniciativa de reforma al artículo 2° constitucional fue presentada en la pasada legislatura por el entonces Diputado Ciudadano, Clemente Castañeda, sin embargo, fue ignorada por diferentes fracciones parlamentarias. Hoy, el Senador por Jalisco retoma la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas, cumpliendo con una de las propuestas de campaña.

“Si queremos hablar de un cambio de régimen, el régimen debe empezar por cambiar la forma en que se relaciona con los pueblos indígenas, el régimen debe construir políticas, dentro de la pluralidad y la multiculturalidad, que les permita a todos exigir y ejercer sus derechos”, dijo Clemente Castañeda.