• Recientemente alumnas del Instituto Politécnico Nacional reportaron que más de 50 mil imágenes íntimas de mujeres fueron generadas utilizando inteligencia artificial sin su consentimiento.
• “El peligro no sólo es que una mujer sea grabada o fotografiada sin su consentimiento, ahora también que con este tipo de tecnologías se generan imágenes sexuales que no son reales”, advirtió la senadora.

La senadora Ruth López Hernández, integrante de la Bancada Naranja, presentó una iniciativa que tiene la finalidad de tipificar como violencia digital sexual el uso de tecnología basada en inteligencia artificial para crear contenido íntimo sexual sin consentimiento explícito de la persona involucrada.

Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Senadores, la legisladora de Movimiento Ciudadano aseguró que esta propuesta busca responder a los desafíos emergentes en el ámbito digital, especialmente aquellos que afectan a las mujeres y niñas en el país.

Refirió que de enero de 2022 hasta mayo de 2023 se registraron 2 mil 500 casos de violencia digital, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). Además, recientemente alumnas del Instituto Politécnico Nacional reportaron que más de 50 mil imágenes íntimas de mujeres fueron generadas utilizando inteligencia artificial sin su consentimiento.

“El peligro no sólo es que una mujer sea grabada o fotografiada sin su consentimiento, ahora también que con este tipo de tecnologías se generan imágenes sexuales que no son reales. Este incidente no es aislado sino un reflejo de una problemática global que requiere una respuesta firme y actualizada de nuestra parte”, advirtió a legisladora.

La senadora por Jalisco explicó que su iniciativa propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el término: “medios de falsificación digital”, entendido como, la tecnología basada en inteligencia artificial para crear y alterar contenido audiovisual que aparenta ser verídico, pero cuyo contenido es falso.  Asimismo, propone incluir como una parte de violencia digital el uso de estos medios de falsificación digital para la producción de contenido íntimo sexual sin consentimiento explícito de la persona involucrada.

También plantea adicionar un capítulo sobre la violencia digital sexual al Código Penal Federal en la que se contempla la inclusión de definiciones claras y actualizadas sobre las tecnologías digitales y de inteligencia artificial, asegurando que la legislación pueda proteger eficazmente a las víctimas.

“Esta iniciativa obedece también a los esfuerzos legislativos internacionales donde se han tomado medidas significativas para combatir la violencia digital y promover y proteger también la intimidad y la dignidad de las personas en el ambiente online. Nuestra propuesta incluye adaptaciones pertinentes a nuestro contexto nacional asegurando que México esté a la vanguardia en la protección de los derechos digitales. Estamos frente a la oportunidad de marcar un precedente, de mostrar que México no tolerará formas de violencia amplificadas por el avance tecnológico.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos

• Las muertes por cuestiones de tránsito son la segunda causa de fallecimientos de niñas y adolescentes de 5 a 19 años.
• “Este dictamen es una herramienta de vanguardia para materializar el interés superior de la niñez”, dijo la senadora Patricia Mercado.

La senadora integrante de la Bancada Naranja, Patricia Mercado, hizo un llamado a la Cámara de Diputados a aprobar, antes de que termine este periodo legislativo, una minuta avalada la semana pasada por la Cámara de Senadores que garantiza el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial para niñas, niños y adolescentes.

En conferencia de prensa, la legisladora de Movimiento Ciudadano expuso que las muertes por cuestiones de tránsito son la segunda causa de muerte de niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años. Por ello, esta reforma incorpora una serie de cambios para garantizar la seguridad vial de la niñez y la adolescencia que incluyen establecer un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora para entornos escolares, hospitales, asilos, albergues y casas hogar. Además, obliga a que los menores de 12 años viajen en los asientos traseros de un automóvil con un sistema de retención infantil o en un asiento de seguridad.

“Este dictamen es una herramienta de vanguardia para materializar el interés superior de la niñez. Desde aquí hacemos ese llamado para que siga su proceso legislativo, para que no termine esta legislatura, que no terminemos en abril sin haber terminado el proceso legislativo y que el Ejecutivo pueda publicar esta reforma en el Diario Oficial y entonces ya tengamos este nuevo derecho reconocido en la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, comentó la senadora.

La senadora Mercado, quien también es presidenta de la Comisión de Movilidad y Zonas Metropolitanas del Senado de la República, refirió que la iniciativa fue presentada por la senadora Nancy de la Sierra y el senador Emilio Álvarez Icaza y contó con el respaldo de la senadora Josefina Vázquez Mota y de la Coalición Movilidad Segura. Además, como parte de la discusión de esta reforma se realizaron una serie de foros denominados “Tengo derecho a moverme con seguridad” que tuvieron la participación de niñas, niños y adolescentes, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el tema.

En su intervención, la senadora Nancy de la Sierra destacó que esta reforma es trascendente porque incorpora a la ley el derecho a la movilidad segura de niñas, niños y adolescentes. “Necesitamos que en México protejamos el valor que tiene la vida humana de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.

A su vez, la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, celebró el avance de esta reforma porque ayudará a disminuir los factores de riesgo, la incidencia de muerte y de lesiones graves en accidentes de tránsito.

“Son muchas las niñas y niños que mueren cada año en accidentes viales o cuyos daños son de por vida. Tenemos que aprender a bajar las velocidades aunque nos cueste mucho trabajo a los adultos, tenemos que aprender a llevarlos en los asientos traseros y en sillas seguras”, señaló la senadora.

“Esto tendría que extenderse no solamente a los padres de familia o a los cuidadores de niños, sino en un momento dado a los servicios de taxi, de transporte público porque ahí corren el mismo riego también. Es decir, el propósito es desarrollar una cultura que protege la vida, que la previene y los cuida permanentemente”, agregó.

En tanto, Alejandra Leal, de la Coalición Movilidad Segura, destacó el compromiso de las legisladoras por reconocer el derecho a la movilidad segura de niñas, niños y adolescentes. Aseguró que desde la sociedad civil seguirán acompañando con propuestas y evidencias los cambios legislativos que sean necesarios para proteger la vida de las personas que se trasladan en el país.

La diputada federal Alma Delia Navarrete, integrante de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados, aseguró que todos los integrantes de esta comisión legislativa están comprometidos con proteger la vida de las infancias, por lo que confió que el dictamen será aprobado antes de que termine este periodo legislativo en el mes de abril.

• La senadora Laura Ballesteros expuso que el impacto del huracán Otis en Acapulco el año pasado es un ejemplo de los efectos del cambio climático en México.

• El diputado Braulio López expuso que México se encuentra con altos riesgos de sequía y se ubica entre los primeros países con índices de estrés hídrico.

Durante la segunda parte del Parlamento Climático convocado por la senadora Laura Ballesteros y el diputado Braulio López Ochoa, integrantes de la Bancada Naranja, personas especialistas, ambientalistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil dialogaron sobre la necesidad de construir una nueva Ley General de Aguas que considere el derecho humano al agua, así como de acciones para hacer frente a la crisis hídrica en el país.

En su exposición inicial, la senadora Laura Ballesteros expuso que el impacto del huracán Otis en Acapulco el año pasado es un ejemplo de los efectos del cambio climático en México, por lo que es urgente no solo construir resiliencia, sino también hacer una importante inversión de recursos para estar preparados ante fenómenos similares que ocurran en el futuro.

“Tenemos que poner los recursos donde están los discursos y porque hoy ya tenemos crisis climática en el país. Ya no nada más se trata de construir resiliencia, ya no nada más se trata de generar mecanismos que nos permitan estar mejor preparados, hoy tenemos que entrarle  ya directamente a la adaptación, a la mitigación, pero también al manejo y a la gestión de las emergencias porque ya están sucediendo estas crisis y el financiamiento por eso tiene que ser muy ambicioso”, señaló Ballesteros durante el evento realizado este lunes en la Cámara de Diputados.

“Hemos planteado cifras que rondan alrededor de los 90 mil millones de pesos. Estamos planteando también que el Fonden pueda ir al siguiente nivel, no se trata nada más de revivir el Fonden, se trata que el Fonden vaya al futuro y vea el futuro y que sea una parte de un gran fondo para la emergencia climática de nuestro país y que el trabajo para las emergencias sea una de las ramas , pero no la única y sí la construcción de resiliencia, la adaptación y la mitigación”, agregó.

El diputado Braulio López expuso que México se encuentra con altos riesgos de sequía y se ubica entre los primeros países con índices de estrés hídrico. En ese sentido, refirió que para finales de enero de este año aproximadamente el 60% del país se reportó en sequía. Agregó que a la fecha se diagnostica que 101 de los 653 acuíferos que hay en territorio nacional están sobreexplotados.

“El escenario hídrico de nuestro país se ilustra de forma grave, dejar de pasar desapercibida la crisis que nos sumerge en condenar a las generaciones presentes y futuras a su porvenir. No podemos detener más la discusión sobre las posibles soluciones, pero sobre todo de generar un consenso de gobernanza hídrica que logre sentar a todos los actores relacionados con el uso del agua”, comentó el legislador federal.

El diputado López dijo que la nueva Ley General de Aguas debe conciliar entre los sectores, fortalecer la estructura institucional y proteger los ecosistemas hídricos y relacionados, pero también debe trazar una ruta estratégica de la política hídrica a mediano y largo plazo con sustentabilidad financiera y de atención a la infraestructura hídrica, y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento conforme a los principios de calidad, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad.

En su participación, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra León, narró la lucha que emprendió desde el año 2017 en contra de la instalación de una empresa cervecera en Mexicali, Baja California, una zona que está en veda desde mediados del siglo pasado ante la baja disponibilidad de agua. 

“Estaban violentando nuestra Ley Nacional de Aguas, un acuífero en veda no puede otorgar concesiones de agua y no puede ser sobreexplotado porque ya están sobreexplotados”, expuso la senadora por Baja California.

Asimismo, la legisladora aseguró que la Bancada Naranja ya presentó una iniciativa de reforma para crear un Código Nacional de Protección al Ambiente “para que las autoridades no se pierdan entre tantas leyes ambientales”.

Nabani Vera Tenorio, director de comunicación de Isla Urbana, planteó tres ejes de acción para hacer frente a la crisis hídrica: impulsar proyectos y políticas públicas para la captación de agua de lluvia en viviendas, centros escolares, en las industrias y en zonas rurales; impulsar la conservación de los bosques, pues es parte esencial para el ciclo del agua; y, promover un proceso de socialización y comunicación con la sociedad de este tema.

Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo del Agua de la UNAM, dijo que el 90% de los efectos del cambio climático se experimentan en el ciclo hidrológico, por lo que señaló que tratar de ver el cambio climático como algo solamente en el sector energético o sector transportes es invisibilizar una gran parte del cambio climático que tiene que ver con el agua. 

Tamara Luengo Schreck, fundadora y directora de Aqueducto, consideró que la crisis hídrica no es una crisis de recursos, sino más bien una crisis de gestión. “Hemos estando usando el agua en sitios donde no hay agua, importándola de cuencas y haciendo malabares para traer aguas a territorios donde naturalmente no necesariamente hay agua. Estamos usando esta agua de formas mucho más rápidas de las cuales la naturaleza puede gestionar o controlar de forma natural alterando los ciclos hídricos y también estamos usándola de formas que no son buenas, contaminandola excesivamente”, opinó.

Alejandra López Rodríguez, directora del Programa de Soluciones Hídricas y Climáticas de México, indicó que no se puede pensar la administración de los recursos hídricos como un tema solo de infraestructura gris sino también de fuentes de suministro y de soluciones basadas en la naturaleza. “Necesitamos que haya inversiones en infraestructura azul y verde”, subrayó. 

Bernardo Serrano, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, expuso que esta oficina cuenta con una serie de informes temáticos relacionados con el impacto de megaproyectos en el agua y los riesgos de la privatización de la misma. “Ya hay estándares muy desarrollados que pueden dar respuestas a muchas de las preguntas que se plantearon y que podemos integrar a una Ley General de Aguas, contar con una norma que verdaderamente permita garantizar estos derechos humanos”, aseveró.

José Antonio Rodríguez Tirado, consultor internacional en manejo de recursos hídricos, dijo que una inversión del .6% del PIB sería suficiente para revertir la situación del agua en México. “Estamos hablando de 108 mil millones de pesos, no es mucho porque estamos hablando que en este país existen niños de menos de 5 años que mueren por la falta de servicios de agua y saneamiento. Eso no puede ser, no puede seguir pasando”, expresó.

Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital, dijo que la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992 requiere una actualización ante los fenómenos climáticos actuales. Consideró que la nueva legislación en materia de aguas debe considerar que dos terceras partes del territorio mexicano es zonas áridas o semiáridas, que 106 municipios son vulnerables a la sequía y que el 26% de los municipios están en alto riesgo por inundaciones y grandes huracanes.

En tanto, el ambientalista César Daniel González Madruga consideró que la gente debe perder el miedo al tratamiento de las aguas residuales y el tabú de que esa agua ya no sirve para consumo humano. En ese sentido, consideró que el tratamiento de aguas en el mismo domicilio donde se consume puede ser la solución al problema de desabasto de agua en muchos lugares del país.

Ante el alza en los créditos hipotecarios y del costo de las rentas, el coordinador de la Bancada Naranja en el Senado de la República, Clemente Castañeda, presentó una iniciativa de reforma que tiene la finalidad de propiciar precios asequibles en la vivienda de arrendamiento en las zonas metropolitanas del país.

La propuesta -que reforma la Ley de Vivienda y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano- también busca incorporar mecanismos que eviten prácticas que encarezcan el arrendamiento de vivienda.

Durante la sesión de este jueves de la Cámara de Senadores, la senadora Laura Ballesteros presentó, a nombre del senador Clemente Castañeda, la iniciativa ante el Pleno y lamentó que los jóvenes millennials y centennials estén excluidos del acceso a una vivienda digna.

“Desde hace años México ha carecido de una política de vivienda social y eso debe cambiar. Únicamente cuatro de cada 10 mexicanos tienen casa propia únicamente”, señaló.

“La vivienda constituye ese espacio que nos da estabilidad, seguridad a los seres humanos y también a nuestras familias. La vivienda es sin duda un espacio en el que nos podemos desarrollar como personas. Desafortunadamente la política pública en la materia impulsada por las pasadas y presentes administraciones carece de aspectos importantes que favorecen este derecho”, agregó.

La legisladora expuso que la especulación inmobiliaria, la discriminación, la falta de oferta y de regulación de los precios de arrendamiento, así como la ausencia de incentivos propician que la vivienda de carácter social sea hoy solo un sueño para miles de mexicanos.

En ese sentido, detalló que para garantizar el acceso a una vivienda digna la iniciativa propone:

• Garantizar la igualdad de género, edad o cualquier otra condición física ,social y económica en la elaboración y ejecución de una política nacional, programas y acciones de vivienda que el Ejecutivo Federal y las autoridades en materia deberán implementar.
• Reordenar los criterios de vivienda para incorporar tres conceptos: vivienda asequible, vivienda social de arrendamiento y programa de vivienda de arrendamiento asequible en zonas metropolitanas.
• Establecer que se dará preferencia en el otorgamiento de apoyos y estímulos fiscales a los proyectos inmobiliarios de vivienda asequible y social de arrendamiento.

“Vivienda en las centralidades urbanas, vivienda donde la gente lo necesita, vivienda donde la gente trabaja, vivienda donde la gente tiene a sus familias, vivienda donde la gente hace sus vidas. Basta de la expulsión de las poblaciones a la periferia y basta también de la falta de acceso de las juventudes a la vivienda”, puntualizó.

La iniciativa se turnó a las Comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos.

La senadora integrante de la Bancada Naranja, Laura Ballesteros, informó, acompañada de un grupo de activistas medioambientales, en conferencia de prensa que presentó una proposición con punto de acuerdo para crear en el Senado de la República una Comisión Especial de Investigación sobre la Crisi Hídrica con la finalidad de investigar, transparentar y fiscalizar la política implementada por el Gobierno Federal y las autoridades de la Ciudad de México para garantizar el derecho de acceso al agua, así como las acciones que han implementado para hacer frente a la crisis hídrica.

Asimismo, la legisladora de Movimiento Ciudadano propuso citar a comparecer a César Javier Montero Olmedo, titular de la Comisión Nacional del Agua; María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Rafael Carmona Paredes, coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de que rindan cuentas y respondan diversas preguntas sobre la crisis hídrica que atraviesa el país y la Ciudad de México.

“Una de las expresiones más claras que hemos tenido de esta emergencia climática que estamos viviendo es la crisis hídrica que estamos enfrentando el día de hoy. La crisis de agua que nos está azotando no solamente en varias alcaldías y territorios de la Ciudad de México, no solamente en Monterrey, sino en cerca de 8 mil municipios en el país que han declarado ya su emergencia hídrica por la sequía que están enfrentando ante recortes en materia de agua por parte del Gobierno federal de más del 35% en los últimos años.”, expuso la senadora.

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“Si quisiéramos hacer un esfuerzo para trabajar el tema del agua deberíamos de destinar al menos 60 mil millones de pesos para poder construir la infraestructura y también poder sembrar agua y trabajar con las comunidades. Son los mantos freáticos, son los cerros, son las montañas, son las áreas verdes las que tenemos que cuidar para generar ese saneamiento de nuestro planeta, y esa circularidad con el recurso hídrico”, agregó.

Luz Camila Guerra, vicecoordinadora nacional de Jóvenes en Movimiento, dijo que ante la crisis hídrica por la que atraviesa México la única vía para construir futuro es que el Estado proteja el agua. Refirió que en 1960 la disponibilidad hídrica era de 10 mil metros cúbicos por persona y para el año 2020 bajó a 3 mil 200 metros cúbicos. “Si no resolvemos esto para el 2030, la disponibilidad hídrica será de 3 mil metros cúbicos, un 70% menos que en 1960”, advirtió.

“Me parece que el mejor legado que el Estado mexicano puede heredar a las nuevas generaciones es uno donde México se caracterice por una protección decidida de nuestros recursos naturales, pero si el camino sigue llegaríamos al Día Cero. Y es que mientras en 1977 en México había 32 acuíferos sobreexplotados en la actualidad ese número llega a 110. Lamentablemente México ocupa el lugar 24 en estrés hídrico a nivel internacional y en América Latina el cuarto lugar”, agregó.

A su vez, el abogado Roy Moreno lamentó que pareciera que México está esperando llegar al Día Cero para empezar a trabajar el problema de la falta de agua. “Lo que tenemos que tener hoy en mente es qué vamos a hacer hoy para estar mejor en un futuro. Este tiene que ser el momento en el que empecemos a preocuparnos, no mañana cuando ya no tengamos el agua”, comentó.

“Estamos a tiempo de hacer algo al respecto, de cambiar esa realidad para nuestros hijos en un futuro. Tenemos que cambiar el sistema, el sistema de procuración ambiental, el sistema de justicia en el país. Un principio básico de la teoría de sistemas es que para cambiar el sistema, para cambiar los resultados se empieza cambiando las reglas”, finalizó.

<a title="07.02.24 RP Laura Ballesteros - Emergencia Climática"

Unas 150 personas se darán cita el martes 6 de febrero a las 13:00 horas en el Senado de la República para comenzar un diálogo urgente entre sociedad civil, academia, iniciativa privada y un grupo de técnicos que desarrollarán una propuesta “para constituir la agenda climática-legislativa más ambiciosa en la historia de México”, coincidieron  la senadora Laura Ballesteros Mancilla y el diputado federal Braulio López Ochoa; ambos convocantes al encuentro.

Entre los objetivos fundamentales están la creación de un fondo tripartita que conformen la entre iniciativa privada, organizaciones internacionales y el sector público por unos 90 mil millones de pesos para enfrentar los retos ambientales que vive el país en materia hídrica, calidad del aire y cambio climático, derechos humanos y movilidad urbana sustentable.

Ballesteros Mancilla, quien ha dedicado su carreta a impulsar políticas públicas en materia de medio ambiente, señala que el contexto electoral es un momento propicio para hablar de la tragedia que viven los recursos naturales. “El agua va a llegar a su día cero mucho antes de lo previsto; el tiempo se aceleró justamente por las medidas que no se tomaron, por el dinero que no se invirtió y por las voces que no se escucharon. Es urgente lograr acuerdos en materia social, ambienta, de gobernanza; impulsar una estructura financiera viable”, afirmó.

Por su parte, el diputado Federal, Braulio López Ochoa Mijares mencionó que a través de este Parlamento Climático es que “presentamos El Nuevo Trato por el Clima: El futuro que queremos; un proyecto que busca devolverle el futuro a las generaciones presentes y futuras de nuestro país a partir de un paquete de reformas que fortalecen la gobernanza climática a un nivel integral y de mejora institucional en México”

Añadió  que el territorio atraviesa un grave problema de sequías y falta de agua; la CONAGUA reportó que 210 presas se encuentran al 51% de su capacidad; la situación se agrava en la zona del Valle de México donde el Sistema Cutzamala, responsable de abastecer el 25% del agua en la CDMX y Edomex, está en menos de 40% de su capacidad. Es necesario atender el problema hídrico que enfrenta el país; es primordial garantizar el derecho humano al agua de la población.

Se acaba el tiempo

Laura Ballesteros expuso que es la extrema polarización del país la responsable de que estos problemas no se hayan atendido; “este es un problema técnico, no ideológico; tenemos que intentarlo juntas y juntos; entendiendo que el tiempo no solo se le agota al Congreso, sino al planeta. El próximo gobierno y las próximas legislaturas deben adoptar esta agenda y hacerla realidad”, afirmó.

Los temas que se van a abordar en diferentes mesas van desde la crisis del agua en México, la protección a las personas defensoras del medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda, cambio climático, financiamiento verde y sostenible; entre otros.

Se espera que una vez que se construya esta agenda técnica y ciudadana se pueda ir negociando con las diferentes fuerzas políticas. El grupo convocante esta vez dará un viraje a la forma tradicional. “escucharemos, debatiremos, propondremos. ¿Qué evitaría que las diferentes fuerzas políticas hagan suya, esta iniciativa que atiende a una de las causas sociales más urgentes y necesarias en nuestro país?”, se autocuestiona la senadora. 

El proyecto se presentará en la tercera semana de febrero; se trabajará intensamente para intentar aprobarlo en comisiones el 30 de abril.