• El legislador de Movimiento Ciudadano subrayó que el derecho a la información y la transparencia son pilares fundamentales de una democracia sólida.
• Comisionados y comisionadas de órganos de transparencia locales, así como integrantes del sector empresarial expusieron los riesgos al derecho a la información pública y la protección de datos personales que conlleva la reforma impulsada por Morena.

Durante el Foro de Diálogos Abiertos por la Transparencia convocado por el senador Daniel Barreda Pavón, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República, comisionados y comisionadas de los órganos de transparencia locales, así como integrantes del sector empresarial expusieron los riesgos al derecho a la información pública y la protección de datos personales que conlleva la reforma constitucional que busca desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI).

En el encuentro realizado este miércoles en el Auditorio Octavio Paz, el legislador de Movimiento Ciudadano subrayó que el derecho a la información y la transparencia son pilares fundamentales de una democracia sólida, lo que permite a la ciudadanía ejercer su derecho al control social.

El senador por Campeche consideró necesario continuar avanzando en el mejoramiento del sistema normativo para la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana.

“Es imperativo que como sociedad sigamos impulsando la creación de políticas públicas que promuevan la transparencia en todos los niveles de gobierno. Solo con la participación activa de todos los actores involucrados podremos transformar las buenas intenciones en resultados concretos que beneficien a toda la población”, expuso Barreda.

El comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Hertino Avilés Albavera, advirtió que la reforma constitucional impulsada por Morena afecta la soberanía de las entidades federativas pues también propone la desaparición de todos los órganos locales de transparencia y la extinción de los nombramientos de las y los comisionados. 

“No corresponde al Poder Constituyente extinguir nombramientos que no ha dado. No corresponde al Poder Legislativo concluir nombramientos que han sido materia de análisis y de reflexión en cada una de las entidades federativas”, explicó.

“Proponer una extinción de estos nombramientos, estamos convencidos, afecta la soberanía, afecta el régimen interior y contraviene lo que establece el artículo 40 de la Constitución federal”.

A su vez, Claudette González Arellano, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, aseguró que es falso que los órganos locales de transparencia sean onerosos, pues apenas representan el .04% del presupuesto de las entidades federativas.

Aseveró que la desaparición de estos órganos dejará a la población sin alguien que los defienda y les ayude a obtener información pública. Refirió que actualmente el INAI supervisa a 723 sujetos obligados, mientras que los 32 órganos locales en conjunto ven a 6 mil 626 sujetos obligados.

“Quiero ver que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pueda con más de 7 mil sujetos obligados”, expresó.

En tanto, Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, alertó que la propuesta de reforma no aborda de manera suficiente el tema de los datos personales, por lo que resulta preocupante que no exista una claridad de qué va a pasar con ellos.

“Hay asimetrías, hay lagunas, todo esto puede dar lugar a confusiones, a superposiciones en las funciones y una falta de claridad, y sobre todo de certeza a la persona, a cualquiera de los más de 120 millones de mexicanos y cualquier persona que esté en nuestro territorio nacional”, señaló.

Roberto Agundis Yerena, comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, dijo que esta reforma también está ignorando el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual es alimentada principalmente por información de los órganos locales.

Destacó que los órganos locales han avanzando con los sujetos obligados en materia de los sistemas locales de archivo y en mejora regulatoria, por lo que la reforma implicaría perder todos estos avances.

Rafael Zaga Kalach, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la CONCAMIN, manifestó que existen riesgos e impactos que esta reforma tendrá hacia el sector privado. Por ello, pidió que -de concretarse la desaparición del INAI- se cree un organismo público descentralizado con autonomía técnica para garantizar la protección de datos personales. De igual manera, pidió garantizar la preservación y continuidad de la PNT con las mismas características y operatividad actual.

A su vez, Mariana Alva Cal y Mayor, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad de la CONCAMIN, manifestó que la falta de acceso a la información puede afectar desproporcionadamente a grupos marginados.

“La transparencia permite que se visibilicen las necesidades y realidad de diferentes grupos, promoviendo políticas más inclusivas. Sin este enfoque las decisiones podrían basarse en información sesgada o incompleta ignorando las particularidades de diversas comunidades. La desaparición del INAI podría socavar los principios de inclusión, equidad, accesibilidad y diversidad afectando negativamente a la sociedad en su conjunto”, dijo.

“Me parece que esto es contradictorio a la lucha histórica de la izquierda mexicana. Yo no puedo entender cómo en lugar de reformar, de mejorar, de corregir, vamos a desaparecer un instituto que costó tanto”, puntualizó.