A unos días de que se renueve la totalidad del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumula varios asuntos de trascendencia nacional que tienen más de mil 500 días sin una resolución, lo que vulnera el derecho a una justicia pronta y expedita.

Este domingo se renovará la totalidad del Poder Judicial con la gravedad de que la Corte dejará pendientes asuntos sin resolver. Algunos con incluso más de mil 500 días sin atender, por ejemplo:

• La acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de 109 fideicomisos.
• Una acción de inconstitucionalidad contra la militarización de puertos.
• El trámite de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano por considerar la prisión preventiva inconvencional.
• Procesos del ex titular de la Procuraduría General de la República señalado de fabricar la “verdad histórica”; o contra el ex director de Petróleos Mexicanos, en los asuntos Odebrecht y Agronitrogenados.

El acceso a la justicia gratuita, pronta y expedita es un derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Sin embargo, la Corte en promedio tarda 357 días en resolver las acciones de inconstitucionalidad y 389 días las controversias constitucionales.

El rezago judicial es una realidad concreta que impacta directamente la vida pública del país. Por ello, desde abril de 2024 Movimiento Ciudadano propuso establecer plazos claros para la admisión, trámite y resolución de los asuntos que conozca la Suprema Corte.

Si previo a la reforma al Poder Judicial el rezago ya existía, ahora con la sustitución masiva de juzgadores, algunos sin la experiencia o conocimientos adecuados, este problema se mantendrá.

Mientras no se resuelvan estos asuntos pendientes, cualquier intento de reforma carecerá de legitimidad ante los ojos de una ciudadanía que exige respuestas y resultados, no discursos ni promesas vacías