DICTAMEN DE GUARDIA NACIONAL VIOLA RESOLUCIÓN DE

CORTE INTERAMERICANA Y LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

La creación de la Guardia Nacional viola la resolución sobre la intervención de institutos castrenses en materia de seguridad pública emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de noviembre y, previamente, por la Suprema Corte de Justicia, aseguró el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda.

El legislador participó este miércoles en la audiencias pública: “Los municipios ante la problemática de la inseguridad” que se llevó acabo en la Cámara de Diputados, donde señaló que la Guardia Nacional no supera los 4 puntos del test de proporcionalidad jurídica al respecto.

“Primer punto, dijo, por ningún motivo puede ser permanente, tiene que ser extraordinaria, excepcional y restringida a un ámbito de espacio. Con lo que hay en el dictamen este punto no es superado.  Segundo; debe ser subordinada y complementaria a labores de corporaciones civiles, y nunca podrán extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, no está superado, es más textualmente le da facultad de hacer investigación penal o auxiliar”.

“Tercero; regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios proporcionalidad y absoluta necesidad, no lo va a cumplir porque ya no es a un caso, es generalizada la necesidad. Cuarto, siempre debe ser fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, tampoco lo supera”, dijo.

Por lo anterior, el senador advirtió que se deja la puerta abierta a los delincuentes para salir libres por la vía del amparo.

“De manera directa o auxiliar, cuando la Guardia Nacional haga detenciones, con la mano en la cintura se los firmo en un amparo salen libres, alegando inconvencionalidad o alegando los tres casos al respecto (de la CIDH), el juez está obligado a liberarlo porque se están violando los derechos reconocidos en los tratados internacionales”, indicó.

Movimiento Ciudadano afirmó que es indiscutible que la Guardia Nacional es de carácter militar, por un lado porque esta reclutando a jóvenes en instituciones castrenses, se compondrá de militares y navales, y está bajo el mando de la Sedena, por lo tanto le aplica los criterios de la Corte y será inconvencional.

Además, cuestionó a los alcaldes que se han pronunciado a favor del dictamen, teniendo en cuenta que el Séptimo transitorio de manera ilegal les retendrá sus participaciones, cuando en un principio ya están mermadas, ya que en la actualidad les dan 4 por ciento de la riqueza que se produce en los municipios.

“No les han dado los recursos para fortalecerse, capacitarse, incluso para certificarse, es muy probable que no cumplan en seis meses de diagnóstico con los estándares que pide el Gobierno Federal, además de la retención del fondo federal, ya sería la estocada final al federalismo con un centralismo a ultranza y militarizado”, agregó.

LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES OAXAQUEÑAS

DEBEN SER GARANTIZADOS: MOVIMIENTO CIUDADANO

• El gobierno del estado debe dar seguimiento a los casos de renuncias de alcaldesas, regidoras y síndicas en diferentes municipios.

En la voz de la senadora ciudadana, Patricia Mercado Castro, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a nombre de Movimiento Ciudadano y de la diputada Martha Tagle, un exhorto para que en el estado de Oaxaca sean respetados a cabalidad, los derechos políticos de las mujeres.

La senadora señaló que es un grave problema que aqueja al estado, refirió que según datos de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña el 2018 cerró con 32 expedientes de mujeres víctimas de violencia política de género, en la administración municipal y el IEEPCO señaló que 30 por ciento de estas funcionarias enfrentaron violencia y dificultades para ejercer sus cargos hasta el último día de sus gestiones.

La senadora Mercado Castro indicó que es necesario que las instituciones de gobierno refuercen las estrategias para proteger y garantizar el ejercicio político de las funcionarias oaxaqueñas. "La violencia política por razones de género ha marcado la vida política del estado en los últimos años. Las mujeres deben enfrentar obstáculos antes, durante y en el ejercicio del cargo", afirmó.

Como ejemplo mencionó el caso de la presidenta municipal de Santa María Teopoxco, Susana Alvarado Lozano, quien, a unos días de tomar protesta, sufrió hostigamiento por parte de Carlos Quevedo, integrante del cabildo en segunda posición, para obligarla a renunciar.

Explicó que ante estos casos de violencia diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, la Colectiva Ciudad y Género, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, el Círculo de Mujeres Mixtecas, Regidoras de Ahuehuetitlán, Tamazola y Ciudadanas de San Juan Colorado, quienes promueven los derechos políticos de las mujeres ya han denunciado la simulación por parte de los partidos políticos y la violación a los derechos político electorales de las mujeres.

Asimismo, subrayó que las organizaciones de la sociedad civil han manifestado que seguirán vigilantes del proceso que sigan estos casos para exigir a todos los partidos políticos dejar de lado actos de simulación, sólo para dar cumplimiento administrativo a las reglas que exige el principio constitucional de la paridad, cuando de facto se origina violencia política y se trata de una perpetuación de cacicazgos políticos, en detrimento del desarrollo de la vida política del estado y del país.

Por lo anterior, la senadora Patricia Mercado y la diputada Martha Tagle, exhortan al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres oaxaqueñas, de la misma forma para que de seguimiento a los casos de renuncias de alcaldesas, regidoras y síndicas en diferentes municipios del estado y que resuelva los casos de dichas renuncias, velando siempre por el cumplimiento del principio  de la paridad y garantizando el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres de Oaxaca.

El exhorto se aprobó de urgente y obvia resolución y fue suscrito por todas las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión Permanente.