LXIV

●       Esta iniciativa no va en contra de la autonomía municipal, va a favor de la obligatoriedad de que los municipios de una zona metropolitana tengan el compromiso de coordinarse entre ellos: José Alberto Galarza.

●      Cuando contamos con dichos mecanismos de coordinación metropolitana se vuelve más fácil poder hacer esta interacción, sabemos que la coordinación metropolitana facilita y acelera el trabajo en materia climática y energética: Mario Silva, del IMEPLAN.

En rueda de prensa virtual, el senador José Alberto Galarza, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la fracción III, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración de Zonas Metropolitanas.

En dicha reunión estuvo acompañado por los senadores Luis David Ortíz y Noé Castañón, la senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano y la senadora Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo; así como del doctor Mario Silva, director general del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN).

El senador ciudadano explicó que esta iniciativa propone elevar a rango constitucional la obligación de coordinación entre aquellos municipios que integran las Zonas Metropolitanas del país, de tal forma que estas puedan funcionar con la lógica de una metrópoli en materias relevantes de tratar en conjunto, a través de una instancia de coordinación técnica, que será determinada por los gobiernos estatales involucrados, atendiendo las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para garantizar un ordenamiento territorial y de gestión de riesgos y recursos conjuntos en las zonas metropolitanas del país.

“Esta iniciativa no va en contra de la autonomía municipal, va a favor de la obligatoriedad de que los municipios de una zona metropolitana tengan la obligación de coordinarse entre ellos y que no se abogue al 115 constitucional cuando interfieren intereses económicos, intereses inmobiliarios o de otro tipo”, indicó.

Asimismo, el legislador señaló que el problema actual es que cuando se tienen dos o más de diez municipios conformados en una zona metropolitana, muchas veces la división o diferencias políticas hace que no quieran trabajar en conjunto, teniendo como consecuencia una pésima coordinación territorial y una deficiencia en la homologación de la calidad de servicios públicos. “La conformación metropolitana que estamos proponiendo también es para tener sistemas nacionales e interestatales bien integrados para poder dar orden y armonía. Es una iniciativa muy necesaria para poder organizar nuestra ciudad”, aseguró.

De acuerdo con los resultados del Censo 2020 del Inegi, en México existen 74 zonas metropolitanas, donde viven cerca del 70% de los mexicanos. Este dato obliga a reflexionar sobre los retos que implican estas zonas, principalmente en materia de coordinación y planeación para su crecimiento y manejo de servicios ambientales, de movilidad y seguridad, entre otros.

Por su parte, Mario Silva añadió que este tipo de iniciativas surgen como un reclamo de expresiones ciudadanas que agrupan a un número importante de activistas, académicos y académicas y líderes vecinales, que piden acuerdos para el desarrollo de las metrópolis, específicamente las decisiones que están vinculadas a los servicios públicos. “Tenemos casos de municipios que tienen conflictos territoriales y esta situación no les permite que servicios como la recolección de residuos, el agua potable, el alumbrado o la seguridad pública se puedan dar de manera correcta”, dijo.

En tanto, aseguró que el reto metropolitano no es un asunto solamente de la planeación urbana, sino que además abre una puerta importante para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. “Cuando contamos con mecanismos de coordinación metropolitana se vuelve más fácil poder hacer esta interacción, sabemos que la coordinación metropolitana facilita y acelera el trabajo en materia climática y energética”, señaló.

Al finalizar, los participantes enfatizaron que la población metropolitana seguirá creciendo y que el ordenamiento territorial y las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno deberán implementar medidas efectivas para garantizar su bienestar.

En dicho tenor, esta planeación y ordenamiento conjuntos traerán, de acuerdo con lo prospectado y con base en las experiencias internacionales, diversos beneficios en las Zonas Metropolitanas, tal como:

●      Mejoramiento del conocimiento y reducción de riesgos;

●      Mejor capacidad de respuesta frente a incidentes adversos;

●      Fortalecimiento de la gobernanza;

●      Mejoramiento en el manejo, regulación y control de componentes ambientales;

●      Mejora en la planeación y gestión para la equidad en las metrópolis;

●      Desarrollo sostenible;

●      Gestión integral de recursos hídricos para el beneficio común;

●      Gestión integral de residuos sólidos para el beneficio común;

●      Mejora en la calidad del aire a través de prevención y contaminación atmosférica conjunta.

La prevención del suicidio es obligación del Estado: Noé Castañón

• Propone la creación de un Plan Nacional de Prevención para el Suicidio.
• El control del suicidio debe considerarse materia de salubridad general.
• En México cerca de 800 mil personas se suicidan al año.

“El suicidio es un tema sanitario de gran relevancia, un tema derivado de la salud mental, así como una obligación del Estado en su prevención”, así lo manifestó el senador Noé Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, al presentar, el día de hoy ante el pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformas a los artículos 3 y 73 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que la prevención y control del suicidio sean consideradas materias de salubridad general y, a su vez, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes, establezcan y fomenten un Plan Nacional de Prevención para el Suicidio.

Consideró que dicho Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, además de que debe ser urgente su creación, debe contemplar: aumentar el acceso a la atención de salud, promover la salud mental, aumentar cada año porcentaje del presupuesto de salud para la atención siquiátrica y actividades de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales, además de establecer objetivos específicos dentro del Sistema Nacional de Salud dado que el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio es un deber por parte del Estado.

Refirió que en septiembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud indicó que la pandemia por el coronavirus, ha afectado la salud mental de muchas personas lo que ha generado un incremento en el número de suicidios, en mujeres y hombres, de entre 25 y 35%, y agregó que los recientes estudios con los que cuenta la OMS demuestran un aumento en la angustia, la ansiedad y la depresión. Añadió asimismo que la misma OMS, ha sugerido algunas medidas para prevenir los casos de suicidio entre las que destacan: eliminar las barreras que dificultan el acceso a la atención en salud mental, brindar información veraz y apropiada sobre el tema en medios de comunicación, reducir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda, entre otros.

Indicó que en México, los centros de integración juvenil han informado que los suicidios de jóvenes han aumentado durante la emergencia sanitaria, por el impacto vivido con el confinamiento que les llevó a crisis emocionales. Se calcula que hay alrededor de un millón de suicidios anuales en todo el mundo y que por cada suicidio consumado, hay entre 15 y 20 suicidios no consumados, lo que resultaría entre 15 y 20 millones de tentativas de suicidios anuales, expuso.

Señaló que de conformidad con la Secretaría de Salud federal, el suicidio es un fenómeno de salud pública que involucra factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales y ambientales; lamentó que la situación actual en México, de acuerdo a la OMS, indica que cerca de 800 mil personas se suicidan al año. “En México la pandemia los ha incrementado, es de destacar que entre los factores de riesgos asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general, figuran las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria, la falta de empleo y solvencia económica, así como la falta de apoyo con programas sobre el suicidio para otorgar la información adecuada en cada en caso”, concluyó.

La propuesta del senador Noé Castañón se turnó a las comisiones de salud y estudios legislativos segunda.

Presentan Alberto Galarza y organizaciones de la sociedad civil

iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

●      Dicha ley fue producto del consenso entre la comunidad científica, académica y distintos sectores de la sociedad.

●      La iniciativa busca garantizar el apropiado financiamiento del desarrollo científico y tecnológico, asegurando una inversión del gobierno de al menos 1% del PIB y posteriormente se pueda avanzar hacia el 2.5% del PIB.

●      El anteproyecto presentado por la titular de la Conacyt es un proyecto que no se consensuó, es hipercentralista, exclusivo y quita recursos al desarrollo de la ciencia y la tecnología, explicó el senador José Alberto Galarza.

●      Necesitamos más jóvenes que vean una puerta de ingreso y no que se les cierra el sistema para dedicarse al trabajo científico, académico y de innovación: Alma Maldonado, del CINVESTAV y representante de ProcienciaMX.

En conferencia de prensa virtual, el senador José Alberto Galarza, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, acompañado por el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, en conjunto con Víctor Manuel Alcerreca, de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt); Alma Maldonado del CINVESTAV, en representación de ProCienciaMX; Gabriela Dutrénit, de la UAM; David Romero, de la UNAM y; Jaime Parada, titular del Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, presentaron la Iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dicha iniciativa busca diseñar un entramado normativo e institucional, que sume a los sectores social y privado, incremente significativamente los recursos disponibles para la investigación, refuerce las capacidades institucionales para la innovación, fortalezca los lazos internacionales y contribuya a aprovechar el potencial científico-tecnológico de México.  “Esta ley se logró platicando, discutiendo y teniendo comunicación asertiva entre académicos, científicos y actores políticos para poder llegar a tener un producto importante. Hace unos meses el Conacyt por medio de su titular, Álvarez-Buylla, presentó un anteproyecto en el cual ignora todo lo antes mencionado, es un proyecto que no se consensuó, que no se discutió con las autoridades y sobre todo, es un proyecto hipercentralista, exclusivo y que quita recursos al desarrollo de la ciencia y la tecnología”, explicó el senador José Alberto Galarza.

Asimismo, el legislador detalló que la iniciativa está dividida en tres bloques. El primero, es la organización frente a la propuesta del anteproyecto de la Conacyt, con lo cual se propone una visión horizontal, incluyente y que tome en cuenta a los tres órdenes de gobierno. Segundo, tiene que ver con la instrumentación y los temas presupuestales para garantizar el financiamiento del desarrollo científico y tecnológico con al menos el 1% del PIB, que a la fecha se incumple, por lo cual se propone el desarrollo de una Banca Nacional de Desarrollo en temas de ciencia y tecnología. Tercero, retoma los temas de la divulgación científica y la vinculación de la ciencia con el sector productivo.

En uso de la voz, Alma Maldonado, del CINVESTAV y representante de ProCienciaMX, señaló que solo sumando se podrá construir un sistema robusto de ciencia, tecnología e innovación. “No va a ser sin los jóvenes como vamos a poder construir este sistema, una cosa en la que estamos siendo muy claros en esta propuesta de ley; es decir, necesitamos más vocaciones científicas, necesitamos más jóvenes que vean una puerta de ingreso y no que se les cierra el sistema para dedicarse al trabajo científico, académico y de innovación”, aseguró. 

Los panelistas invitados coincidieron en la importancia de esta iniciativa, donde en conjunto con investigadores, científicos y legisladores, lograron perfeccionar la ley debido a que fueron escuchados los puntos de vista de distintos sectores de la sociedad. Además, detallaron que buscan que dicho proyecto contribuya al debate público del país y visibilice la necesidad de seguir invirtiendo en ciencia y tecnología.

Por último, cabe destacar que la próxima discusión legislativa de una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación deberá sentar las bases para promover los siguientes objetivos:

1.     CTI CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. Garantizar el derecho humano al goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como proteger el acceso de las personas y su participación plena, libre e igualitaria en la CTI.

2.     CTI PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. Orientar la ciencia, la tecnología y la innovación hacia la solución de los problemas centrales del país con una perspectiva regional y global; atendiendo particularmente temas de  inclusión social, alimentación, salud, agua, ecología y otras que,  en general, contribuyan a alcanzar las metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.     TALENTO PARA EL DESARROLLO. Aprovechar el sistema educativo nacional como plataforma de promoción y cultura de la CTI, impulsando la retención, repatriación, desarrollo de investigadores y la atracción de talento científico internacional. Integrar a los sectores productivo y social, dinamizando el circuito de conocimiento para generar valor social. El reto es abatir el rezago actual de sólo 0.7 investigadores por cada mil habitantes y alcanzar en 10 años un índice de 5 investigadores por cada mil. 

4.     PRESUPUESTO ADECUADO CON LIDERAZGO DEL GOBIERNO. Garantizar el apropiado financiamiento del desarrollo científico y tecnológico, asegurando un financiamiento del gobierno de al menos 2% del PIB nacional, incrementando la inversión para mejorar la infraestructura y el financiamiento a la investigación, con el concurso y la participación de recursos privados provenientes de empresas productivas, instituciones particulares educativas y de investigación, fundaciones y organismos de la sociedad civil.

5.     CONSOLIDAR EL SISTEMA NACIONAL DE CTI. Fortalecer el sistema de CTI en el país a nivel local, regional y nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, apoyado en un entramado institucional que ampare entidades públicas, universidades, sector productivo y sociedad, para promover la cadena de formación de recursos humanos, el fortalecimiento de centros, los convenios y otros vehículos para la investigación, el financiamiento y la aplicación práctica de conocimientos.

6.     CIENCIA ABIERTA PARA TODOS. Para cumplir con el derecho asentado en el inciso V del artículo III de la Constitución, garantizar el acceso amplio a los resultados del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica así como al conocimiento científico internacional, creando el Sistema Nacional de Información Sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación con acceso público.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Ciencia y Tecnología.

Video:
https://fb.watch/3TGw0UWwBk/
https://twitter.com/EsRojoMx/status/1364978452705792003

Ciudad de México, 25 de febrero de 2020.

BOL-16/21

Quien violente a una mujer no se va a salvar de la justicia: Juan Zepeda

• Propone que delitos, de hostigamiento sexual, abuso sexual y violación no prescriban.

●       Se estima que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual.

"Las mujeres y las niñas sufren distintos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, prácticamente en todos los aspectos de su vida", señaló el senador Juan Zepeda al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el  artículo 107 Ter, al Código Penal Federal en materia de imprescribtibilidad de delitos sexuales.

El senador refirió que datos globales indican que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, proporción que en algunos países aumenta hasta 7 de cada 10. En México, las cifras se encuentran en este último rango proporcionado: se estima que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día.

Aunado a lo anterior,, explicó que la violencia sexual contra las mujeres conlleva un proceso distinto para cada una, donde muchas veces el temor o distintas emociones impiden una denuncia inmediata de los hechos. "Por eso esta iniciativa, para que los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual y violación no prescriban", dijo.

Cabe señalar que en México, el Código Penal Federal tipifica la violencia sexual; sin embargo, cada día se integran al menos 50 averiguaciones previas en delitos sexuales en México, sin contar el subregistro o casos no denunciados, los cuales representan la mayoría de éstos. "De acuerdo con datos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 78.6% de las mujeres que vivieron violencia sexual no solicitaron apoyo y casi el 95% no denunciaron; algunas de las razones principales por las que no lo hicieron son el miedo a las consecuencias, la vergüenza, o porque no sabían cómo ni dónde denunciar", enfatizó el senador.

El legislador recordó que el Comité de Expertas de la CEDAW publicó sus observaciones finales, acogiendo positivamente los progresos alcanzados en diversas áreas, incluyendo la elaboración de reformas legislativas, los esfuerzos para superar el clima general de violencia dentro del país y la promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, externaron su preocupación por varios puntos:

●      La prevalencia de la violencia sexual, incluidas las violaciones y la exposición de las mujeres y las niñas a la vulnerabilidad y el riesgo en las regiones donde el ejército o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están llevando a cabo operaciones contra la delincuencia organizada.

●      La impunidad persistente en relación con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia contra mujeres en todo el país.

"Les pido que empujemos esta iniciativa que tiene como finalidad que estos delitos cometidos al amparo de estas circunstancias no prescriban, una violación sexual a una mujer no se puede olvidar en un año, en dos años o en toda la vida. Por eso necesitamos desde el Senado mandar este mensaje, que quien el día de hoy violente a una mujer no se va a salvar de la justicia así pasen los días, las semanas, los años o toda la vida", finalizó el senador Juan Zepeda.

• Llama a la Secretaría de Bienestar, a la de Trabajo y Previsión Social y a las 32 entidades federativas a implementar programas urgentes que otorguen recursos a mujeres cuidadoras.
• La pandemia ha ocasionado que miles de mujeres se queden en casa sin poder salir a buscar ingresos.

“Sabemos que la pandemia ha ocasionado una enorme problemática no sólo en materia de salud sino también en materia económica y laboral, donde las mayores afectaciones recaen en las mujeres, principalmente por el aumento de la carga de trabajo de cuidados no remunerados. Esta semana tenemos algunos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que nos dice que hay todavía tres millones de personas que no tienen empleo, no tienen ingresos; un millón 800 mil son mujeres y solamente un millón 200 mil son hombres”, así lo manifestó la senadora Patricia Mercado, al presentar en el Senado de la República un punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar y de Trabajo y Previsión Social a reactivar el Programa de Empleo Temporal, a fin de que se incluyan apoyos económicos para las mujeres que realizan labores de cuidado.

Este exhorto es dirigido también a las 32 entidades federativas del país para que, en coordinación con los municipios y alcaldías, respectivamente, consideren adoptar, en el ámbito de sus atribuciones, programas de apoyo económico a las mujeres que realizan labores de cuidado durante la pandemia por COVID-19, de manera emergente, temporal y de buena fe, dando prioridad a las localidades que, de acuerdo con el semáforo epidemiológico de las autoridades sanitarias, se encuentren en las situaciones más urgentes.

La senadora ciudadana refirió que 23 millones de mujeres en América Latina se agregaron a los 118 millones de mujeres que ya vivían en pobreza en la región, según la CEPAL, que también indicó un retroceso de 10 años en todo lo que habíamos ganado con la entrada masiva de las mujeres al mundo laboral.

Lamentó que en el 2020 el empleo para las trabajadoras del hogar cayó en un 33%, es decir, más o menos, en nuestro país habrá unas 600 mil mujeres que tenían esos trabajos y en este momento no los tienen.

Mencionó que parte del aumento en la tasa de desocupación de las mujeres se debe a que en esta pandemia muchas de ellas se dedican a labores de cuidado, ya sea frente al contagio de Covid-19, como a dar atención a niñas y niños sin escuela presencial. 

La senadora refirió datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres que revelan que el 56% de las mujeres reportaron haber incrementado el tiempo que dedican a tareas de cuidado no remuneradas desde el inicio de la pandemia. En una encuesta elaborada por ONU Mujeres en 16 países, México ocupa el primer lugar en horas por semana que las mujeres, en promedio, dedican los cuidados: 44.2 horas por semana. Casi una jornada laboral completa, pero sin remuneración, subrayó.

La senadora ciudadana dijo que en la Ciudad de México hay experiencias positivas en este sentido. Destacan el Programa emergente para el reconocimiento de las personas cuidadoras de la Alcaldía Cuauhtémoc y el Programa Social “Apoyo a Cuidadoras y Cuidadores de 58 a 64 años” de la Alcaldía Azcapotzalco para el ejercicio fiscal 2019, esfuerzos locales que vinculan el cuidado con el apoyo económico.

Patricia Mercado coincidió con CONEVAL en cuanto a que se requieren políticas afirmativas y medidas de inclusión y nivelación para contribuir a la asimilación del trabajo de cuidados como una responsabilidad colectiva al interior de las familias, además de considerar que es una tarea ineludible para un Estado democrático que promueva activamente la garantía de los derechos humanos. 

Ciudad de México, 23 de febrero de 2021.

BOL-14/21

¿Qué hace falta para poder tener un poquito de sensibilidad con las víctimas

de la violencia en México?: cuestiona Alberto Galarza al gobierno federal

• Llama a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se mantenga acéfala.
• Urge al Ejecutivo para que el SNAV y sus organismos sesionen y generen una política integral de garantía de derechos.
• Hay un aumento constante y sistematizado de diversos delitos y violaciones a derechos humanos.
• El Sistema Nacional de Atención a Víctimas no sesiona desde 2015.
• Pese a reconocer que el homicidio, feminicidio y extorsión, han aumentado en 3.8 por ciento, 8.9 por ciento y 21 por ciento, respectivamente, el Presidente no ha cumplido con su atribución de convocar a las instituciones y personas que conforman el Pleno del SNAV.

Durante la sesión en el pleno del Senado de la República, el senador Alberto Galarza Villaseñor, cuestionó al gobierno federal: ¿qué hace falta para poder tener un poquito de sensibilidad con las víctimas de la violencia en México? ¿qué hace falta para entender el horror que viven cientos de miles de familias al no poder tener paz?

El senador jalisciense indicó lo anterior al hacer un llamado para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se mantenga acéfala y después de que la mayoría de Morena en la reunión de las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, se manifestara en contra de consultar a colectivos de víctimas para elegir a los Consejeros del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De esta forma hizo mención de su propuesta, transmitida en un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que convoque a sesionar a las instituciones y personas integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, ante la crisis de inseguridad del país y dado el aumento constante y sistematizado de diversos delitos y violaciones a derechos humanos.

En la exposición de motivos del punto de acuerdo, el senador Alberto Galarza, recordó que la Ley General de Víctimas, promulgada en 2013, contempló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), como instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas que tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, además de las políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

Asimismo el SNAV, está constituido por las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

El senador señaló que es evidente que el SNAV es un organismo fundamental para la coordinación de las autoridades en la materia para actuar en favor de las víctimas a fin de que reciban atención integral con acciones, jurídicas, administrativas, relacionadas con la salud y bienestar, educativas, entre otras.

De la misma forma, mencionó que la Ley General de Víctimas establece que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas se debe reunir por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria del representante del Poder Ejecutivo, quien deberá integrar la agenda, además de tener la facultad, tratándose de una situación urgente, de emitir una convocatoria extraordinaria en cualquier momento, con el proposito de promover la efectiva coordinación y funcionamiento del SNAV.

No obstante, a pesar del aumento constante y sistematizado de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas durante el sexenio anterior, y lo que va de la presente administración, la última sesión del SNAV fue convocada por el entonces  presidente Enrique Peña Nieto, el 20 de mayo de 2015.

El senador Galarza lamentó que pese a que, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje de segundo aniversario como titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció públicamente que el delito de homicidio, feminicidio y extorsión, habían aumentado en 3.8 por ciento, 8.9 por ciento y 21 por ciento, respectivamente; y a poco más de dos años de su administración, no ha cumplido con su atribución de convocar a las instituciones y personas que conforman el Pleno del SNAV, a pesar de la existente necesidad de coordinar las acciones entre las diversas instituciones del Estado.

Por lo anterior el senador Alberto Galarza, hizo un llamado al titular del Poder Ejecutivo Federal con el objetivo de que el pleno del SNAV se reúna a la brevedad posible a fin de que formulen una política integral que garantice los derechos de las víctimas y el cabal cumplimiento del Marco Jurídico en materia de Víctimas y de los instrumentos internacionales aplicables.

• Lo que se pretende con esta iniciativa es dar a las personas físicas que se encuentran en situación de insolvencia un instrumento que les permita cumplir con las deudas y compromisos financieros.
• Es importante que tomemos medidas para apoyar a las personas físicas a afrontar mejor estas crisis financieras para que puedan reemprender sus planes y proyectos para cumplir con solvencia sus compromisos, sin que ello implique el detrimento del patrimonio de su familia, ni sus necesidades básicas: Noé Castañón

El senador Noé Castañón presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas. “Lo que se pretende con esta iniciativa trasciende particularidades que estamos viviendo, atiende más bien, a una realidad en la vida diaria de la ciudadanía, a una realidad que resulta de un fenómeno derivado de eventualidades muy particulares y que, al día de hoy recae en desamparo legal causando un daño patrimonial a quien cae en la insolvencia, pero que ocasiona un daño también a las instituciones crediticias, incrementando sus carteras vencidas”, señaló

El legislador explicó que uno de los objetivos es homologar y dar equidad e igualdad al régimen al que las empresas, las personas morales, e incluso las naciones, pueden y han ejercido con las figuras mercantiles de la suspensión de pago y la quiebra y a las que hoy, la ciudadanía, la persona física no tiene acceso.

En su participación, refirió que según la Organización Mundial del Trabajo (OIT) se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo, un número mucho más alto que el previamente estimado y se registró una caída del 14% en las horas de trabajo a nivel mundial. Asimismo, datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indican que el índice de morosidad de la banca (Imor) aumentó y los productos en los que hay mayor falta de pago es en los créditos personales.

Detalló que datos del Banco de México revelan que el año pasado la cartera vencida de los hogares aumentó de un 19.8% respecto a 2019, alcanzando los 72,529 millones de pesos. “Ante ese escenario las mexicanas y los mexicanos se han visto seriamente perjudicados en sus finanzas, llegando incluso a afectar sus propios patrimonios. Por lo que en algunas naciones se han tomado medidas importantes para proteger a las personas físicas ante una inminente insolvencia económica que les impide continuar con el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo.

Tal ha sido el caso de Chile, Colombia y España, quienes han aprobado leyes de insolvencia financiera, mediante las cuales, las personas físicas se acogen a ciertos beneficios para hacer frente a sus acreedores de una manera justa y protegidos por las instancias de mediación tanto administrativas como jurisdiccionales.

Al finalizar, el senador Noé Castañón enfatizó que lo que se pretende con esta iniciativa es dar a las personas físicas un instrumento que les permita cumplir con las deudas y compromisos financieros en situación de insolvencia de la misma manera en la que lo hacen las empresas o las personas morales, haciendo uso de un impasse para refinanciar, replantear, renegociar sus obligaciones con sus acreedores, abonando a no caer en un impago, sino en una prórroga sobre el cumplimiento del adeudo mismo, con la consecuencia directa y positiva de que los intereses o costos que se acumulan sobre el monto del crédito principal no se incremente.

“Es sumamente importante que tomemos medidas para apoyar a las personas físicas a afrontar mejor estas crisis financieras para que puedan reemprender sus planes y proyectos para cumplir con solvencia sus compromisos, sin que ello implique el detrimento del patrimonio de su familia, ni sus necesidades básicas”, concluyó.

• Se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un programa emergente de apoyo de oxígeno medicinal, mediante el cual permita un mayor abastecimiento de dicho gas, tanques y recargas para aquellas personas que padezcan una saturación insuficiente de oxígeno a causa de Covid-19. 

La senadora Verónica Delgadillo señaló que debido al incremento de personas con Covid-19 que se encuentran ante la imposibilidad de ser atendidos en instituciones del sector salud, se ha documentado un incremento en la demanda de oxígeno medicinal, tanques y de concentradores de oxígeno, lo que ha provocado un aumento en los precios, en algunos casos de forma abusiva y desmedida, aseguró. 

Por lo anterior, presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud (SSA) para que en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lleven a cabo una campaña informativa permanente durante la actual pandemia, en relación al uso de oxígeno medicinal en casa, incluyendo sus costos, sus especificaciones técnicas, así como de aquellos establecimientos que cumplan con las normas establecidas. 

Cabe señalar que el consumo de oxígeno medicinal ha sido una alternativa para las personas que están sufriendo los efectos de la enfermedad de Covid-19, principalmente cuando padecen una saturación insuficiente de oxígeno en el cuerpo. 

De la misma forma se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un programa emergente de apoyo de oxígeno medicinal, mediante el cual permita un mayor abastecimiento de dicho gas, tanques y recargas para aquellas personas que padezcan una saturación insuficiente de oxígeno a causa de Covid-19. 

La legisladora explicó que, si bien, la Profeco ha llevado a cabo diferentes operativos en establecimientos dedicados a la venta de oxígeno medicinal con la finalidad de verificar precios, la realidad es que la constante demanda de tanques y de dicho gas ha abierto la puerta para seguir lucrando a costa del sufrimiento de miles de personas.

En consecuencia, se hace un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer e incrementar sus operativos de inspección a establecimientos que tengan como giro la comercialización de oxígeno medicinal, con la finalidad de evitar el abuso e incremento desmedido en los precios de tanques y su recarga, así como en los concentradores de oxígeno. 

• Esta comisión deberá, observar, verificar y evaluar metas; vigilar y denunciar el uso de fines político-electorales, así como solicitar información sobre los contratos de adquisición, entre otras.
• Proponen informes bimestrales.

A nombre de Movimiento Ciudadano, el senador Alberto Galarza y la senadora Verónica Delgadillo, presentaron la propuesta de su grupo parlamentario, para la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19; que tendría como objetivo dar seguimiento permanente a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, con la finalidad de allegarse información, evaluar su desarrollo e implementación, así como el cumplimiento de las metas y objetivos de la Política, y emitir las observaciones que considere pertinentes. 

Entre las funciones específicas que cumpliría esta Comisión Especial se enlistan de manera, las siguientes: 

a)     Observar el desarrollo e implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México.

b)    Verificar y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de la Política Nacional de Vacunación. 

c)     Recabar, solicitar y analizar información sobre los contratos para la adquisición de vacunas realizadas por el Estado mexicano en el marco de la Política Nacional de Vacunación, con distintas farmacéuticas. 

d)    Dar seguimiento y vigilar el funcionamiento, las actividades, las tareas y el cumplimiento de objetivos de las brigadas especiales de vacunación en el territorio nacional. 

e)    Analizar el despliegue territorial de la Política Nacional de Vacunación, y el cumplimiento de metas específicas en las distintas entidades federativas. 

f)      Vigilar y, en su caso, denunciar ante las instancias correspondientes el condicionamiento de la vacuna a la población o el uso de la misma con fines político-electorales por parte de cualquier autoridad de los distintos órdenes de gobierno. 

g)     Hacer públicas recomendaciones y observaciones sobre el desarrollo y funcionamiento de la Política Nacional de Vacunación.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que la Comisión Especial se integre de manera plural por una Senadora o Senador de cada Grupo Parlamentario, y será presidida de manera rotativa cada dos meses. La Comisión Especial podrá citar a comparecer a los funcionarios públicos federales que se requieran para recabar información y cumplir con sus funciones y tareas. Igualmente, podrá invitar a reuniones de trabajo a autoridades de las entidades federativas, así como a especialistas y organismos de la sociedad civil y académicas, u organismos multilaterales vinculados con la materia. 

La Comisión Especial presentará informes bimestrales de sus trabajos y actividades ante el Pleno del Senado de la República, además de los informes específicos que le sean requeridos por la Junta de Coordinación Política. Contará con una Secretaría Técnica, así como con los recursos humanos y financieros que le sean asignados por la Junta de Coordinación Política para el desempeño de sus actividades, conforme a la disponibilidad presupuestaria del Senado de la República. 

Esta Comisión Especial estará vigente en tanto continúe la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, por lo que podrá prorrogarse su funcionamiento una vez concluida la LXIV Legislatura. 

El senador Galarza Villaseñor indicó: “Necesitamos tener certeza de la correcta aplicación de la vacuna. Esta propuesta es para abonar a la transparencia. Es un tema de todos los mexicanos, no es politiquería, es un tema de Estado y esta Cámara no puede estar exenta de darle un seguimiento puntual y una fiscalización oportuna”.

De manera previa la senadora Verónica Delgadillo calificó como una tragedia la situación actual del país provocada por una serie de malas decisiones tomadas por el gobierno federal y por quien ha estado al frente del manejo de la pandemia, por lo que solicitó nuevamente a López Gatell que renuncie a su cargo. Mencionó, asimismo, que tenemos un gobierno y un presidente ausente ante el aumento de personas fallecidas, la pérdida de empleos, y de las miles de personas que no están siendo atendidas en los hospitales.

La legisladora de Jalisco dijo que su grupo parlamentario propone este seguimiento porque todo indica que el gobierno quiere jugar con la esperanza de la gente de tener una vacuna. “Lo hemos visto: el registro para vacunarse pareciera una simulación para ganar tiempo, para distraer a la gente, para lavarse la cara de la tragedia que provocaron. Además, parece que quieren lucrar políticamente con la vacuna al meter en el proceso a operadores  de los programas sociales y a sus superdelegados. Esto es una bajeza y no se puede permitir”, manifestó.

●      México merece energías limpias, baratas y un sistema eléctrico moderno y competitivo, señaló la senadora Verónica Delgadillo a nombre de su grupo parlamentario.

●      La bancada ciudadana no será cómplice del avasallamiento a la nación: Noé Castañón.

●      Adelanta la senadora Indira Kempis que irán hasta la Acción de Incostitucionalidad.

●      Primero los pobres, aunque serán los más afectados: José Alberto Galarza.

“Hoy México enfrenta un grave problema: tenemos un presidente que sueña, piensa y actúa como si viviera en 1950”, así lo señaló la senadora Verónica Delgadillo al expresar la postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, respecto al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. En uso de la voz, la legisladora criticó que el presidente en vez de impulsar la ciencia, crea que recuperar la soberanía energética solo se puede lograr a través de las energías fósiles. “Hoy la soberanía energética sí o sí pasa por las energías limpias”, dijo.

Reiteró que las acciones y decisiones del presidente demuestran un grave retroceso para el futuro de México. “Hoy necesitamos un presidente que luche por hacer posible la Evolución Mexicana, una Evolución a partir del respeto al  medio ambiente. Necesitamos urgentemente un presidente que en lugar de pensar en ferrocarriles y en refinerías piense en los jóvenes y en el futuro de este país”, sostuvo.

Asimismo, la senadora dijo que el presidente debe enfrentar a los enemigos que México tiene actualmente: las energías fósiles, la pandemia y la emergencia climática que atenta contra la vida de las personas. “Ese es el problema, tenemos un presidente de 1950 tomando decisiones en pleno 2021 que está condenado el presente y robándose el futuro de la gente”, indicó.

La senadora ciudadana lamentó que durante la discusión del dictamen no se permitieron argumentos y se actuó a espaldas de la gente. Aseguró que el debate no se trata únicamente de si se quiere o no privilegiar la producción de energía eléctrica a través de mecanismos altamente contaminantes o a través del impulso de las energías limpias y renovables, sino que principalmente es sobre el futuro de México.

En su oportunidad el senador Noé Castañón pidió a la mayoría en el Senado, no argumentar con mentiras y señaló que esta reforma se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que se comercializan en México.  “La consecuencia directa será mayor costo al bolsillo de todas y todos, pues el precio de la luz subirá, habrá un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad y un irreparable daño al desarrollo sustentable”, advirtió.

Asimismo dijo que la bancada ciudadana no se convertiría en cómplice ni se quedarían callados frente al avasallamiento de la nación. “En Movimiento Ciudadano hacemos propios los pronunciamientos ciudadanos en contra, el sentir generalizado de que es un error apostarle al pasado y el clamor por defender no empresas sino a personas, que serán las mayores afectadas”, manifestó

La Senadora Indira Kempis, mencionó tres razones para ir en contra de esta reforma a la Ley de Industria Eléctrica, primero, porque es inconstitucional; segundo, porque limita la inversión nacional y extranjera y tercero, porque abonará a tener mayor contaminación. De la misma forma adelantó que su bancada llegará hasta las últimas consecuencias, en este caso, la acción de inconstitucionalidad.

“Es una iniciativa eléctrica que han querido pasar en madruguete, en albazo, sin discusión, sin diálogo alguno y en estas últimas consecuencias está la acción de inconstitucionalidad, y ahí estaremos porque no perdemos la esperanza”, subrayó.

El senador de Jalisco José Alberto Galarza, señaló que esta reforma da al traste a la generación que hoy intenta cambiar el planeta y que ha buscado modernizar, tener energías renovables y una serie de políticas públicas implementadas en todo el planeta para poder subsistir. Lamentó la ironía que representa el hecho de que uno de los lemas del Ejecutivo Federal sea, primero los pobres, dado que los más afectados, con esta reforma, serían las personas que por el calentamiento global son desplazadas de sus tierras y enfrentan cambios climáticos como sequías, huracanes, inundaciones, entre otras.

Finalmente exhortó a senadoras y senadores de Morena que, dijo, tienen dudas acerca de este proyecto y que han sido fuertemente presionados para que voten esta iniciativa a favor, a reflexionar pues va en contra del interés del país y del interés generacional.