• Varios países de AL han implementado un seguro de desempleo; en la Ciudad de México quedó incluida en su Constitución.
• Plantean que se lleve a cabo un programa piloto para definan el financiamiento, supervisión, inspección y montos.

A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado Castro propuso desde la tribuna del Senado de la República una iniciativa que consiste en reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de establecer el seguro de desempleo “como un derecho de las personas trabajadoras, independientemente del tipo de trabajador, ya sea asalariado, no asalariado, de base o de confianza, buscando proporcionar a las personas los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una nueva actividad productiva, y les facilite la reinserción laboral en condiciones de dignidad, mejoramiento de la calidad de la vida, permanencia y formalización”, explicó.

La senadora ciudadana indicó que el desempleo es una situación personal que tiene consecuencias demoledoras sobre la vida de las personas; pues además de la dificultad para contar con los medios para la supervivencia, existe una dimensión emocional, en que intervienen la incertidumbre y la frustración, lo que afecta a las familias.

Refirió que la Organización Internacional del Trabajo, en su Recomendación 202 “sobre los pisos de protecciónn social”, exhortó a los países a ofrecer una seguridad básica de los ingresos ante el desempleo. “De acuerdo con las propuestas de la CEPAL, el seguro de desempleo es uno de los pilares de una protección social universal que podrían aliviar en gran medida la situación de precariedad que se vive en nuestros países”, dijo.

Manifestó, asimismo, que en América Latina se ha adoptado un seguro de desempleo sólido en países como Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina, entre otros. Señaló que dar esta opción de ingreso puede ayudar a disminuir la proporción de la población que está en la informalidad, es decir, en empleos sin seguridad social, como se ven obligadas a aceptar millones de personas en nuestra región.

Movimiento Ciudadano está convencido de que esta medida, si se diseña y aplica con criterios muy precisos, con evidencia y diagnósticos transversales, con herramientas de monitoreo y evaluación, tendrá un impacto positivo sobre la productividad, aseveró Patricia Mercado.

Recordó que en nuestro país, únicamente la Ciudad de México cuenta con esta figura, la cual quedó plasmada en la Constitución local. “La experiencia de este programa, dirigido a quienes hayan perdido un empleo formal y a sectores poblacionales tradicionalmente excluidos (mujeres que perdieron su trabajo por embarazo, migrantes repatriados, personas en condición de refugiadas, activistas desplazados y personas liberadas de centros de detención) es muy positiva”, subrayó.

Mencionó asimismo que dado el contexto de la pérdida de empleo causada por la crisis sanitaria actual, en donde casi dos de cada tres casos son mujeres, que además de desempeñar tareas en el hogar y cuidado, mayoritariamente, ahora enfrentan el desempleo formal, esta sería una buena medida de apoyo para todas las familias mexicanas.

De la misma forma el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que las secretarías de Hacienda, Bienestar, Economía, Trabajo, así como IMSS e ISSSTE, implementen un Programa Piloto, cuyos resultados deberán entregarse mediante un informe al Poder Legislativo como base para el Reglamento en que se definan el financiamiento, supervisión, inspección y montos.

“Ofrecemos esta respuesta viable, concreta, para atender la desigualdad. Esperamos que la apoyen, senadoras y senadores, y se refrende el consenso de los partidos políticos que se logró en la Ciudad de México hace cuatro años”, enfatizó la legisladora.

• Pide Senador Samuel García no confundir.
• Listas y presentadas, reformas para cambiar el convenio.

Las reformas para cambiar el convenio fiscal ya han sido presentadas y esto no significa romper el pacto federal, aclaró Movimiento Ciudadano al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia dijo que es necesaria una reforma constitucional.

Durante su participación en la discusión del Paquete Económico, el senador Samuel García Sepúlveda, indicó que las iniciativas para modificar el sistema de coordinación fiscal de hace 40 años, están listas y solicitó a la Comisión de Hacienda sumarse al debate.

“El Presidente manifestó que se requieren reformas para renegociar el convenio, le tomo la palabra, y le pido a la Comisión de Hacienda, ya hay varias presentadas por un servidor, para debatir qué se puede lograr en este sistema de coordinación fiscal que ya lleva 40 años. Tenemos derecho a debatir si (el convenio) corresponde al México de hoy”.

"Ya son 10 gobernadores, 10 voces, y muchos actores políticos que creemos que ese convenio se tiene que cambiar”, dijo.

Senadores de Morena de Campeche y Quintana Roo coincidieron en que se lleve a cabo un debate sobre el convenio. El también Presidente de la Comisión Federalismo y Desarrollo Municipal, descartó que la lucha por un convenio fiscal justo signifique la independencia de los estados o romper el pacto federal.

“No confundir pacto federal con pacto fiscal, para nada queremos modificar la Constitución e independizar estados, somos orgullosamente mexicanos y lo que menos quisiéramos es un (caso) Cataluña aquí en México, pero sí que un trato injusto que en este Presupuesto se ve todavía más agresivo podamos con toda libertad en esta tribuna  que es la representación del Federalismo en México debatir el convenio fiscal”.

El legislador manifestó su apoyo a los 10 gobernadores de la Alianza Federalista y respaldó su intención de buscar una salida del convenio fiscal ante un Presupuesto autoritario y un “Gobierno Central”, del cual dijo ya no tiene “nada de federal”.

Por otro lado, el legislador de Movimiento Ciudadano confió que sean aprobadas las reservas que presentará su fracción por la inconstitucionalidad de las reformas al Código Fiscal que violan los derechos humanos, el kill switch a telecomunicaciones que viola el TMEC, entre otras.