• Con la aprobación de este dictamen en el Pleno se faculta al Congreso para emitir una futura Ley General de Seguridad Vial.
• El objetivo es reducir los altos índices de mortalidad a causa de los siniestros viales.

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a los artículos 4, 73, 115 y 122 de la Constitución con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad vial y reconocer el derecho a la movilidad, una agenda impulsada por la senadora Patricia Mercado en su calidad de Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

Al presentar el dictamen aprobado en conjunto con las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, la Senadora ciudadana expuso que se alcanzó un consenso tras más de un año de trabajo y que recoge cinco iniciativas de reforma constitucional. En ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han presentado iniciativas en materia de seguridad vial desde hace 9 años, por lo que estas reformas cristalizan una causa promovida por distintos grupos parlamentarios y legislaturas, así como por organizaciones de la sociedad civil.

Patricia Mercado mencionó que diariamente mueren 44 personas en hechos viales en el país; también refirió que datos del INEGI revelan que es la primera causa de muerte en niñas, niños y jóvenes entre 1 y 24 años. “Cada día 44 personas salieron de su casa hoy por la mañana y ya no van a regresar porque habrán muerto en un hecho vial, 44 personas que se despidieron y ya no van a regresar”, expresó desde la tribuna.

Señaló que esta reforma recopila el trabajo de ocho foros regionales, a los que asistieron titulares de las áreas de movilidad y tránsito de la mayoría de los estados de la República; presidentes y presidentas de las comisiones de movilidad o transporte en los congresos locales, así como presidentes y presidentas municipales y gobernadores, quienes tuvieron la oportunidad de expresar las problemáticas y propuestas encaminadas a reducir los riesgos en las vialidades.

“En el camino de esos ochos foros se planteó la necesidad de tener una reforma constitucional antes de legislar sobre seguridad vial y movilidad. Es decir, la Constitución nos tenía que dar permiso en el artículo 73 al Congreso de la Unión para generar una Ley General de Seguridad Vial”, argumentó.

La aprobación de estas reformas constituyen un avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y dan certidumbre para dictaminar las diferentes iniciativas existentes en materia de seguridad vial.  “Si nosotros no hiciéramos nada y siguiéramos como seguimos hasta ahora, más o menos 1.5% de reducción de estas muertes, llegaríamos al año 2055 apenas a cumplir la meta que nos trazamos para el 2030 (…) Tenemos que acelerar el paso y esta reforma constitucional lo hace”, aseveró.

Celebró que nueve estados ya cuentan en su constitución con el derecho a la movilidad, ya que en las zonas metropolitanas viven el 70% de las personas. “Es una ley que coordina concurrencias, no invade competencias de municipios o de estados, al contrario, es una propuesta para aterrizar esta reforma constitucional en una Ley de Seguridad Vial”, explicó.

La minuta con las reformas constitucionales aprobadas se turna a la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobada, se remite al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

• Inconstitucional verificación a empresas; detonará amparos.
• Viola artículos 16 y 89 de la Constitución.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, afirmó que los cambios en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá abre la puerta a una ola de amparos contra la intervención Estados Unidos en México en materia laboral. La adenda del TMEC es inconstitucional al crear agregados laborales de los países socios, que vigilarán a las empresas mexicanas (in situ) en el cumplimiento de la ley del trabajo, que llevarán los casos ante paneles.

“Creemos que va a haber una DEA en materia laboral en México y lo más preocupante es que sería completamente inconstitucional, se violaría el artículo 16 y 89 de la Constitución, esto va a  provocar una gran ola de amparos y la inconformidad de los empresarios con este tema”, dijo.

El artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su propiedad sin mandamiento escrito de la autoridad competente motivado y fundado; en tanto el artículo 89, indica que el Ejecutivo federal está obligado a dirigir una política exterior de no intervención.

“Por ningún motivo, un servidor público gringo es competente para venir a revisar las empresas mexicanas, esto va a provocar una ola de amparos, ¿cómo van a entrar los americanos entrar a nuestras empresas si no son autoridades competentes y jamás van a tener un documento fundado y motivado para hacer un acto de molestia”.

“En segundo lugar, recordarle al Presidente que el artículo 89 Constitucional exige que el Poder Ejecutivo cuando haga la política exterior nunca puede permitir el principio de intervención, ¿Cómo este Senado va a ratificar un adendum que viola el artículo 16 y 89 de la Constitución?, ¿Qué empresario va permitir que lleguen a su empresa un funcionar de estados unidos a revisar que si se aplica la ley del trabajo?, obviamente es una ridiculez”, dijo.

El emecista aseguró que los amparos contra las inspecciones procederán porque una adenda del TMEC no puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. Por otra parte, reprobó los cambios a las reglas de origen para proteger a las grandes armadoras automotrices estadounidenses.

En materia ambiental, señaló que las modificaciones al TMEC finalmente obligarán al Presidente a cumplir tratados internacionales y a reducir las emisiones de CO2.

“Lo obligan a invertir en energías renovables, porque hoy parece que todo el mundo de AMLO es: Dos Bocas, Dos Bocas, Dos Bocas”. 

• El senador Enríquez propuso reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares para proteger la privacidad de usuarios y usuarias en México.
• México es el país con mayor incidencia de fraude cibernético en Latinoamérica; registra 463 delitos por hora en el sistema de comercio electrónico y la banca móvil.

Con el objeto de proteger la privacidad de las mexicanas y mexicanos que diariamente dejan su información personal en la red, el senador José Ramón Enríquez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares para que se consideren como sujetos responsables y encargados del tratamiento de datos, aquellos que presten servicios de Internet, servicios de redes sociales o servicios equivalentes.

Durante su exposición de motivos, el legislador señaló que con el internet llegaron las redes sociales que se convirtieron en un espacio de intercambio de datos entre los diferentes usuarios, convirtiéndose en el principal medio de obtención de información personal. Señaló que un rubro que ha generado gran permeabilidad y aceptación son las ventas online; en el caso de México cuenta con un 38% de usuarios en relación con la población total y continúa en pleno crecimiento.

 “Lo que es una realidad es que, en diversos medios, ha trascendido que empresas trasnacionales, principalmente las prestadoras de servicios web en redes sociales, han quebrantado la privacidad de los datos que obtienen a través de las biografías, muros o blogs de sus usuarios; compartiéndolos o comercializándolos con otras empresas dentro o fuera del país con fines desconocidos”, dijo.

Expuso que debido al cúmulo de información que constantemente se genera, es sumamente fácil recopilarla para usarla de distintas formas, un ejemplo es el robo de información a través de la obtención de datos como el RFC, CURP, domicilio, fecha de nacimiento, así como información bancaria. “El fraude cibernético en México ha sido un ataque de gran auge debido a que en el país con mayor incidencia es México en Latinoamérica, al registrar 463 delitos por hora en el sistema de comercio electrónico y la banca móvil”, señaló.

En este sentido, sostuvo que México tiene un importante rezago en materia de regulación del derecho a la protección de la privacidad de los datos personales contenidos en Internet, ya que La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares no incluye a las empresas que prestan servicios de internet como sujetos de su legislación.

Por lo anterior, la iniciativa pretende adicionar un artículo 2 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para que se consideren como sujetos responsables y encargados del tratamiento de datos aquellos que presten servicios de Internet, servicios de redes sociales o servicios equivalentes. Asimismo, propone una reforma para considerar como datos personales sensibles los contenidos en los servicios de internet, servicios de redes sociales o servicios equivalentes

El senador José Ramón Enríquez destacó la importancia de que las empresas que prestan servicios de internet sean incluidas como sujetos de su legislación para que así, tomen como prioridad la protección de los datos y aseguramiento del correcto tratamiento que se les dará a los mismos. “Los datos personales no deben ser objeto de comercio y tomarse a la ligera como si no tuvieran importancia alguna”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

El freno a los cobros excesivos y muchas veces injustos, en estacionamientos públicos, es una demanda ciudadana que no ha sido atendida de manera efectiva, expuso el senador Juan Zepeda al presentar ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa que reforma dos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

El legislador refirió que, a diferencia de otros países, México no cuenta con una ley que pueda reglamentar las tarifas de estacionamientos, lo cual propicia abusos en los cobros de aparcamiento en centros comerciales, hospitales, escuelas, terminales de autobuses y aeropuertos.

Pese a ello, celebró que algunos estados como Chihuahua, San Luis Potosí y Aguascalientes han hecho esfuerzos para que en algunos centros comerciales el servicio de estacionamiento sea gratuito, al igual que municipios como Cuernavaca y Toluca. “Entiendo que hay muchos intereses, yo lo entiendo, pero aquí como representantes populares debemos defender la economía de nuestros representados”, señaló.

Explicó que esta iniciativa tiene por objeto respetar al empresario que está invirtiendo su dinero para poder obtener una ganancia, pero de igual manera pretende que se voltee a ver a los consumidores, que se regulen y homologuen las tarifas, y en algunos casos, que sea gratuito, para que se respeten los derechos de las usuarias y usuarios.

“En materia de estacionamientos públicos tenemos una gran laguna que debemos de legislar. Por eso mi propuesta tiene por objeto que podamos asumir con mucha responsabilidad esta demanda y esta necesidad ciudadana”, finalizó.

 A la iniciativa se adhirieron legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Morena. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos.

Advierte Samuel García pérdida de soberanía y ola de amparos por adenda

• Cuestiona senador Samuel García a Jesús Seade por excesos del TMEC.

El senador Samuel García cuestionó al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, por la pérdida de soberanía y la ola de amparos que ocasionarán los cambios establecidos en la adenda del Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC).

Durante la comparecencia del funcionario, el senador ciudadano, advirtió la intervención de Estados Unidos en materia laboral violando el artículo 89; además, subrayó el exceso del proceso jurídico tras las modificaciones en el tratado. 

“También que se diga que se va a perder un poquito la soberanía en la instalación porque considero que la instalación no se pierde ni poquito ni mucho, o se pierde o no se pierde, porque de ser el caso el artículo 89 fracción décima, establece que le corresponde al Ejecutivo llevar la política exterior y en ningún caso permitir que se viole el principio de no intervención, entonces si se va a violar la soberanía aunque sea en una planta considero que se está violentando.

“Pero más allá, lo más importante tiene que ver con el proceso jurídico que considero está siendo muy excesivo con México, por un lado a la parte demandante le dan el principio de buena fe y al demandado le revierten la carga de la prueba, ni el sistema anglosajón ni en el civil nuestro se acostumbra que al que demandan tiene que probar, ¿cómo le va a hacer México para ayudar a todos los centros laborales que van a ser denunciados, que Estados Unidos tiene buena fe y México tiene que demostrar su acusación?”, cuestionó.

El legislador señaló que la Iniciativa Privada podrá ampararse contra los paneles que vigilarán el cumplimiento de la ley laboral, porque existe jurisprudencia en cuanto a autoridades extranjeras cometiendo un acto de molestia.

“Yo sí considero que va a llegar una ola de amparos porque independientemente que les pongan, inspectores, panelistas, observadores, etcétera, este adendum les da facultades de visitas, inspecciones, requerimientos, sanciones y sin previo juicio quitarles beneficios económicos, y eso independientemente del nombre, se llama autoridad cometiendo un acto de molestia y yo sí considero que  hay mucha jurisprudencia, sobre todo en el Tribunal de Justicia Administrativa, que señala que autoridades extranjeras no pueden intervenir ni cometer actos de molestia a mexicanos, porque son autoridades incompetentes.

“Ya sucedió en una ocasión cuando los certificados de origen quien lo revisaban eran los cónsules, se pedía a los cónsules visitar la planta y revisar que en realidad hubiera un contenido de origen, y se cayeron todos los juicios porque justamente el poder judicial estableció que no podía una autoridad extranjera, ya sea panelista, arbitro, hacer un acto de molestia viola el artículo 16”, dijo. 

• Inconstitucional verificación a empresas; detonará amparos.

• Viola artículos 16 y 89 de la Constitución.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, afirmó que los cambios en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá abre la puerta a una ola de amparos contra la intervención Estados Unidos en México en materia laboral. La adenda del TMEC es inconstitucional al crear agregados laborales de los países socios, que vigilarán a las empresas mexicanas (in situ) en el cumplimiento de la ley del trabajo, que llevarán los casos ante paneles.

“Creemos que va a haber una DEA en materia laboral en México y lo más preocupante es que sería completamente inconstitucional, se violaría el artículo 16 y 89 de la Constitución, esto va a  provocar una gran ola de amparos y la inconformidad de los empresarios con este tema”, dijo.

El artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su propiedad sin mandamiento escrito de la autoridad competente motivado y fundado; en tanto el artículo 89, indica que el Ejecutivo federal está obligado a dirigir una política exterior de no intervención.

“Por ningún motivo, un servidor público gringo es competente para venir a revisar las empresas mexicanas, esto va a provocar una ola de amparos, ¿cómo van a entrar los americanos entrar a nuestras empresas si no son autoridades competentes y jamás van a tener un documento fundado y motivado para hacer un acto de molestia”.

“En segundo lugar, recordarle al Presidente que el artículo 89 Constitucional exige que el Poder Ejecutivo cuando haga la política exterior nunca puede permitir el principio de intervención, ¿Cómo este Senado va a ratificar un adendum que viola el artículo 16 y 89 de la Constitución?, ¿Qué empresario va permitir que lleguen a su empresa un funcionar de estados unidos a revisar que si se aplica la ley del trabajo?, obviamente es una ridiculez”, dijo.

El emecista aseguró que los amparos contra las inspecciones procederán porque una adenda del TMEC no puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. Por otra parte, reprobó los cambios a las reglas de origen para proteger a las grandes armadoras automotrices estadounidenses.

En materia ambiental, señaló que las modificaciones al TMEC finalmente obligarán al Presidente a cumplir tratados internacionales y a reducir las emisiones de CO2.

“Lo obligan a invertir en energías renovables, porque hoy parece que todo el mundo de AMLO es: Dos Bocas, Dos Bocas, Dos Bocas”.  

• Plantea medidas para proteger a la víctima y sus familiares.

• Obliga a los tres órdenes de Gobierno a crear refugios.

• Cada 2 horas asesinan a una mujer en el país.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentó ante el Pleno la Ley Abril Pérez Sagaón para la protección de las víctimas y erradicación de la violencia contra las mujeres. “La Iniciativa Abril Pérez Sagaón, es una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estamos consternados, pero también reconocemos a la familia de Abril, que a pesar de la tragedia sigue luchando, y en palabras de su hermanos queremos que se haga eco y queremos justicia para Abril y para las mujeres que hoy cada 2 horas fallecen porque no tenemos métodos de protección y no tenemos alertas de género adhoc a las circunstancias”.

“Es realmente increíble que el pasado 25 de noviembre mientras conmemorábamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hayan asesinado a Abril Pérez”, dijo.  La iniciativa, suscrita por legisladores de todas las bancadas del Senado de la República, fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Estudios Legislativos.

Durante su exposición, el legislador confió que el ex marido y agresor de Abril, Juan Carlos García, pronto sea detenido luego de haberse girado la orden de aprehensión. En honor de la víctima, anunció la creación de la fundación Abril Pérez Sagaón, que tendrá el objetivo de dar apoyo completo a las mujeres violentadas.

Entre los puntos de la iniciativa se encuentran: definir la violencia simbólica, porque al día de hoy con las redes sociales con signos, mensajes y estereotipos se discrimina a la mujer; establece obligaciones de Federación, estados y municipios a establecer refugios no sólo a la víctima sino hasta el cuarto grado.

Asimismo, se plantea, entre otras medidas, erradicación de la violencia, en el transporte público y en las escuelas, donde desde la educación básica se den clases de equidad de género, y que la alerta de género no tenga dilación por parte de las autoridades. “De manera inmediata y contundente, todas las autoridades se vuelquen contra el infractor y lo aten de manos, que no vuelva a suceder una tragedia como la de Abril.

“Si tomamos en cuenta que las víctimas de homicidios dolosos y feminicidios en estos 10 meses asciende a 3 mil 118, cada 2 horas una mujer es asesinada”, concluyó.