- La iniciativa contempla ponderar los niveles de pobreza de cada entidad, de tal forma que las tarifas más bajas sean aplicadas a las entidades que más lo necesitan.
- “No se requiere de tarifas especiales, se requiere de tarifas justas, cuya metodología abarque los distintos aspectos que impactan directamente en la capacidad de pago, no a través de convenios a voluntad del Gobierno Federal”, señaló el senador Noé Castañón.
El senador Noé Castañón propuso una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, por medio de la cual busca la aplicación de la tarifa más baja a que haya lugar en aquellas entidades con niveles de marginación alto de acuerdo con el Índice de Marginación Estatal emitido por el Consejo Nacional de Población.
Asimismo, la iniciativa contempla que no se les podrá aplicar una tarifa mayor o distinta de aquellas entidades que no se encuentran en ese mismo nivel de marginación. En su exposición de motivos detalla que, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica vigente, es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la instancia que le compete la determinación de la metodología para el cálculo de las tarifas para el suministro básico; sin embargo, también se establece que el Ejecutivo Federal podrá determinar un mecanismo de tarifas distinto al de las tarifas finales, lo cual actualmente realiza a través de la SHCP.
El legislador refiere en el documento que durante 2019 se registraron un total de 55,000 millones de pesos en adeudos a la CFE, lo cual significa un incremento del 22%. De los 8 estados que están incumpliendo en el pago de la energía eléctrica se encuentran por lo menos 3 con mayor índice de violencia, siendo los estados más pobres Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. “Lo que resulta preocupante es que el Gobierno Federal ha decidido realizar condonaciones de adeudos y otorgar tarifas más bajas solo a una entidad: Tabasco”, señala.
El senador Noé Castañón argumenta que, en mayo de 2019 la CFE condonó un adeudo por 11,000 millones de pesos y la tarifa eléctrica más barata del país, la 1F. Lo anterior, pese al llamado que han realizado los gobiernos locales de Chiapas, Guerrero y Veracruz para que no exista un trato preferencial para solo un estado, sobre todo cuando se trata de estados con mayor índice de pobreza, enfatizó el legislador.
El senador asegura que resulta de suma importancia para la vida económica de las entidades con mayor índice de pobreza, que en la determinación de las tarifas eléctricas además de tomar como referencia la temperatura promedio, deban también ponderar los niveles de pobreza de cada entidad, de tal forma que las tarifas más bajas sean aplicadas a las entidades que más lo necesitan.
“No se requiere de tarifas especiales, se requiere de tarifas justas, cuya metodología abarque los distintos aspectos que impactan directamente en la capacidad de pago, y que su aplicación sea general, no a través de convenios a voluntad del Gobierno Federal, de tal forma que el beneficio sea directo a todas y todos los mexicanos”, sostuvo el legislador.
De tal manera que la propuesta del senador ciudadano propone reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica para quedar de la siguiente manera:
“En ambos casos deberá prevalecer el criterio de aplicación de la tarifa más baja a que haya lugar en aquellas entidades con niveles de marginación alto de acuerdo con el índice de Marginación Estatal emitido por el Consejo Nacional de Población. Asimismo, no se les podrá aplicar una tarifa mayor o distinta de aquellas entidades que no se encuentran en ese mismo nivel de marginación”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Energía y; de Estudios Legislativos.
