Propone que quien cause un daño grave a los recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, suelo subsuelo, ambiente y que afecte un ecosistema determinado, cometerá delito de ecocidio.
Una verdadera agenda legislativa se construye de la mano de los ciudadanos. Participa calificando esta iniciativa y sé parte de las decisiones importantes de México.
Establecer en los requisitos de la sentencia, las medidas de reinserción social que se deberán aplicar al sentenciado.
Una verdadera agenda legislativa se construye de la mano de los ciudadanos. Participa calificando esta iniciativa y sé parte de las decisiones importantes de México.
Con la finalidad de escuchar las inquietudes y propuestas de representantes de trabajadores, la academia y la sociedad civil organizada, se llevó a cabo el segundo conversatorio para enriquecer la iniciativa de Ley de Ingreso vital, la cual, de acuerdo con la senadora Patricia Mercado, no solo busca atender la crisis de la actual pandemia ayudando a las personas que perdieron su empleo o a quienes han visto disminuidos sus ingresos, sino ser un apoyo ante cualquier emergencia.
“Con la propuesta de Ingreso Vital de emergencia llamamos al diálogo al Ejecutivo federal. Urge una medida paliativa que ayude a personas que pierden su trabajo o ingresos y a vivir la contingencia con seguridad para después volver a salir a buscar trabajo”, señaló la legisladora.
En uso de la voz, Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, aseguró que es necesario fortalecer a la población trabajadora con todas las medidas económicas posibles y explicó que desde su organización impulsaron iniciativas para apoyar a poblaciones vulnerables. En este sentido, dijo que la iniciativa podría establecer un piso mínimo para subsanar las necesidades básicas y posteriormente convertirse en una política social permanente. “No es una medida barata, pero el costo de no actuar es mucho más alto”, sostuvo.
En tanto, Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), refirió que, ante los miles de despidos y la reducción del salario de las trabajadoras del hogar, la iniciativa de Ingreso Vital será muy importante para sobrellevar la situación y para que dichos ingresos se distribuyan de manera justa con las poblaciones que lo necesitan. “Ha sido muy triste ver cómo hay compañeras que dicen que están enfermas y no han podido ir al doctor, tienen dinero para la despensa, pero no para atenderse”, explicó.
“Tanto trabajamos, tanto percibimos” aseguró Dione Patiño, directora de una agencia de edecanes. Por lo que desde su punto de vista le parece muy bueno el planteamiento, ya que al igual que las trabajadoras del hogar, maestros de ceremonias, montadores de stands, entre otros, nunca han recibido ayuda por parte del gobierno, no tienen seguro social y ante la contingencia viven de sus ahorros, que nos son muchos, sostuvo.
Asimismo, Tania Espinosa, coordinadora del proyecto Ciudades Focales del WIEGO en la Ciudad de México, empleo informal, señaló que las personas están muy preocupadas no por la enfermedad, sino por la incertidumbre de cómo van a sobrevivir durante los próximos meses, recordó que muchos de los trabajos no asalariados se desarrollan en el espacio público. “La gran mayoría son adultos mayores, básicamente era condenarse a poner en peligro su vida”, dijo.
Fernando Aguirre, trabajador del sector de la construcción, así como Víctor Miguel Pérez, secretario general de la Unión de Aseadores del Calzado de la Ciudad de México, señaló que la ayuda económica sería de gran apoyo para mantener a sus familias porque no tienen trabajo y porque no han recibido nada de los municipios, ni de la federación. A su manifestación de apoyo se sumó Virginia Navarro, creadora de contenido digital, quien explicó que la pandemia ha afectado mucho al sector freelance, ya que el problema se intensifica porque no han encontrado un soporte que les dé estabilidad y no saben hasta cuándo volverán a la vida laboral.
“¿Qué hacemos con los más de 31 millones de personas que no tienen otra opción y tienen que salir a la calle?”, cuestionó durante su intervención María Rosete, diputada federal y dirigente de comerciantes en vía pública, quien además explicó que hay personas que han perdido tres o cuatro miembros de sus familias, mismas que en muchas ocasiones tienen ahorros nulos, por lo que afirmó que indudablemente el sector informal irá en aumento.
Por otro lado, Marcela Azuela, directora de Hogar Justo Hogar, señaló que esta iniciativa es la más comprometida con la ciudadanía, ya que cuida el bolsillo de las personas sin pedirles muchos trámites para obtener el apoyo. El reto, indicó, será cómo hacerlo llegar a quienes más lo necesitan, aquellas personas que se encuentran en zonas rurales.
En ese sentido, Rosario Aparicio, investigadora posdoctoral del Colegio de México, dio su punto de vista desde la perspectiva de los pueblos y las comunidades indígenas, uno de los sectores más desprotegidos. Consideró que uno de los riesgos que debería considerar la propuesta, es que muchas personas pertenecientes a esta población no saben leer, no tienen la documentación básica necesaria para hacer el trámite y no cuentan con herramientas tecnológicas.
Antes de finalizar, Ricardo Zapata, asesor externo del CEPAL, aseguró que la recomendación de la ONU y la CEPAL a los gobiernos es garantizar transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, tal como lo plantea la Ley de Ingreso Vital, en miras de avanzar hacia un Estado de bienestar. Por último, José María Castanedo, delegado del Consejo Nacional Laboral, sostuvo que hay muchos proyectos detenidos a causa de la contingencia en el ramo de las tecnologías de la información, por lo que el Ingreso Vital sería un estabilizador económico y social.
Cabe recordar que las propuestas de estos dos conversatorios servirán para enriquecer la iniciativa de Ley de Ingreso Vital que se entregará a finales de mayo al Ejecutivo Federal.
El senador José Ramón Enríquez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se pronunció contra la eliminación de derechos constitucionales al querer facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para revisar el patrimonio financiero e inmobiliario de la ciudadanía, puesto que esta medida es violatoria de las garantías y derechos constitucionales.
El legislador expuso que el INEGI ha logrado consolidarse como un sistema de información relevante, veraz y oportuno que ha sido pieza fundamental en la planeación económica del país, constituyéndose como una institución de historia y como un referente sólido a nivel internacional al tener presencia en el ámbito estadístico internacional.
Sin embargo, sostuvo que es impensable que, al INEGI como un instituto autónomo, se le faculte con atribuciones correspondientes únicamente al Servicio de Administración Tributaria. “La presentada propuesta, lacera y transgrede, pero sobre todo empaña a este Instituto, al buscar convertirlo en el verdugo de políticas regresivas e inquisidoras que a todas luces se consolida como un terrorismo fiscal”, señaló.
Asimismo, explicó que al quedar expuesta la información personal de los contribuyentes, se estaría quebrantando el derecho que ampara la protección de datos personales, tal como se menciona en los siguientes puntos:
I. Transgresiones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Transgresión a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
III. La protección de los Datos Personales por la ONU.
IV. Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Por lo anterior, el senador ciudadano sostuvo que, si bien, los tiempos actuales exigen unidad y participación de todos en torno a los temas que favorezcan a la mayoría de la población, de la misma manera se exige a los gobiernos la implementación de política públicas de gran visión, con rostro humano y sensibilidad social.
“Desde Movimiento Ciudadano apoyaremos siempre las iniciativas en favor de la ciudadanía pues aspiramos a ver un México unido, pujante, feliz y con oportunidades para todos”, finalizó el senador José Ramón Enríquez.
El Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, rechazó la propuesta de la dirigencia nacional de Morena, que le daría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la facultad de ingresar a las viviendas para medir la riqueza de la población.
El Presidente de Federalismo y Desarrollo Municipal dijo que la iniciativa viola el Artículo 16 de la Constitución, que señala que ningún ciudadano puede ser molestado por una autoridad en su domicilio si no hay fundamento o motivo.
"No basta con proponer locuras que solamente se ven en Corea del Norte o en Venezuela, ahora con esta reforma pretenden hacer una nueva reforma hacendaria para ir a cobrarle a los mexicanos; facultades que ni el SAT, ni Hacienda, ni el Ministerio Público tiene, se las quieren dar al Inegi para irnos a cobrar dependiendo de la riqueza y patrimonio que encuentre el Inegi en nuestro domicilio.
"Es completamente inconstitucional, viola el derecho a la privacidad, viola el secreto bancario, viola el sigilo fiscal, viola el derecho a no ser molestados sino por mandamiento escrito de autoridad competente; viola tratados internacionales y es una clara ofensa contra los mexicanos, eso es Morena".
García Sepúlveda dijo que en lugar de iniciativas autoritarias para la población, se deben dar facultades al Inegi para medir la corrupción del Gobierno de López Obrador, por ejemplo, el caso sobre el patrimonio del titular de la CFE, Manuel Bartlett.
"Lo que deberían de hacer es darle facultades al Inegi para que revisen todo el dinero que está tirando Morena, está tirando el Presidente a fondo perdido, en dádivas, en Dos Bocas, en refinerías. Deberían de darle facultades al Inegi de revisar los estados financieros del Gobierno de Andrés Manuel, que está tirando el dinero y no hay transparencia y mucho menos controles y rendición de cuentas.
"Deberían de darle facultades al Inegi de checar a Bartlett y a todo ese mundo de corruptos, ineptos y negligentes de Morena que están acabando con nuestro País. Rotundo no a esta propuesta, hay otras maneras de buscar quitar la desigualdad".
Con el objetivo de analizar y construir en consenso la propuesta de Ley de Ingreso Vital que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentará en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para ayudar a las personas afectadas económicamente por la pandemia, se llevó a cabo el primer conversatorio encabezado por la senadora Patricia Mercado con integrantes de la sociedad civil, la academia y sindicatos, quienes explicaron la importancia de darle seguimiento urgente a la propuesta para convertirla en una realidad.
En dicho sentido, la senadora ciudadana enfatizó que es una propuesta que busca que las personas afectadas puedan tener una vida cotidiana y saludable durante la pandemia y aunque no es universal, pretende beneficiar principalmente a las miles de personas que se han quedado sin empleo, algunas de ellas parte del sector informal. “En Movimiento Ciudadano estamos poniendo sobre la mesa una Ley de Ingreso Mínimo Vital para situaciones especiales, es un ingreso frente a la emergencia. [...] La idea es proponer este ingreso vital entre tres meses y cinco meses a las personas que perdieron su empleo o personas que vieron disminuidos sus ingresos”, señaló.
Por su parte, Marta Lamas, integrante del Consejo Asesor de Nosotrxs, sostuvo que la propuesta enmarca la consigna de “Por el bien de todos, primero los pobres”, quienes son los que más necesitan este ingreso mínimo vital. “La solución de los problemas públicos requiere de la construcción colectiva, del compromiso ciudadano y de la exigencia democrática. Hoy lo que nos mueve a Nosotrxs y a las personas de distinta trayectoria social y política es esta propuesta de Ingreso Vital de emergencia”, dijo.
En tanto, la diputada ciudadana Martha Tagle, quien además es una de las cuatro promoventes del Punto de Acuerdo presentado en la Comisión Permanente que busca otorgar un ingreso único vital a personas desempleadas, mencionó que la emergencia económica afecta de manera desigual a las mujeres, encargadas en su mayoría de las labores del cuidado. De igual manera dijo que esta propuesta no puede convertirse en un tema de confrontación política. “Es urgente atender una propuesta de esta naturaleza donde todos los actores políticos en el Congreso podamos sumar para apoyarla”, puntualizó.
Asimismo, la diputada de Morena Lorena Villavicencio, expuso que la democracia se mide no a partir de las decisiones de la mayoría, sino de la capacidad de incorporar otras visiones para tener las mejores condiciones de gobernabilidad, por lo que será necesario apelar al apoyo de todas las fracciones parlamentarias para alcanzar un consenso que beneficie al mayor número de personas.
Los representantes sindicales, tal es el caso de; Francisco Hernández, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Rodolfo González, secretario general de la CROM; María Guadalupe Lucio, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y; el diputado Isaías González, secretario general de la CROC, coincidieron en que esta medida es oportuna ante la emergencia ya que busca generar las condiciones para que las personas no sigan empeorando su situación. Asimismo, señalaron que dicha propuesta debería contemplar otras variables, tal como extender el servicio de atención médica a trabajadores que han perdido sus empleos y revisar el sistema de pago de impuestos, así como se ha hecho en otros países.
Rolando Cordera, economista y profesor de la UNAM dijo que esta iniciativa debe ser un punto de partida para la seguridad social universal; además explicó que en nuestro país tenemos entre 30 y 40 años de vivir en un contexto en el que el trabajo informal es la encarnación de las fallas mayores de nuestro sistema económico y político e hizo énfasis en que el trabajo informal debe verse con una perspectiva de libertad y dignidad humana.
Por otra parte, Manuel Fuentes, profesor de la UAM y especialista en derecho laboral, explicó que hay una jurisprudencia desde el 2013 que establece que el derecho al Ingreso Vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa sino cualitativa, en función de las condiciones particulares de cada persona.
Por último, Estefanía Vela, directora de Intersecta, enfatizó que esta propuesta debe tener como propósito generar las condiciones para que todas las personas puedan quedarse en casa y cuidar su salud y la de sus familiares, considerando la situación de discriminación y pobreza. Celebró la iniciativa y dijo que será necesario garantizar que el impacto de esta medida sea el mayor posible, considerando a las mujeres encargadas de las labores del cuidado y de las personas en situación de riesgo, ya que esta iniciativa se debería convertir en la antesala de un proyecto más ambicioso.
Después de que la Secretaría de Energía publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, las senadoras y senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propusieron un punto de acuerdo por la cual se solicita la comparecencia de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía y de Alfonso Morcos, titular de la Dirección General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para justificar la implementación de estas acciones y dar a conocer el rumbo que tiene el país en materia de energía renovable, ya que dicho acuerdo pone freno a las energías limpias en México.
El documento explica que el acuerdo emitido por el CENACE genera barreras y obstáculos a la generación de energía limpias, particularmente a las de centrales eléctricas eólicas y solares. Asimismo, señala que no cuenta con una justificación técnica ni jurídica, lo cual podría generar implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero.
Por su parte, la senadora Verónica Delgadillo sostuvo que Movimiento Ciudadano no se quedará de brazos cruzados, razón por la cual solicitan la comparecencia de ambos titulares ante la Comisión Permanente. “Esperamos que esta solicitud se apruebe de manera urgente para que la secretaria de Energía nos explique los motivos por los que este gobierno ha decidido darle la espalda a la gente y al medio ambiente, así como violar nuestras leyes y los tratados internacionales”, señaló la legisladora.
Cabe mencionar que las acciones establecidas del ya mencionado acuerdo pueden ser equiparadas a un posible incumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la Ley General de Cambio Climático, de la Ley de Transición Energética, y de las metas plasmadas en el Acuerdo de París.
“Lo decimos una vez más: este acuerdo es un grave retroceso. Lo que el gobierno está haciendo es matar las energías limpias con decisiones sucias, lo que está haciendo es apostarle todo a plantas generadoras de electricidad que son caras, viejas y contaminantes” puntualizó enfática la senadora Verónica Delgadillo.
En dicho sentido, el punto de acuerdo solicita a la dirección del CENACE a llevar a cabo una reunión de trabajo con legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se den a conocer los alcances y las implicaciones de suspender de manera indefinida los nuevos proyectos de energías renovables en el país.
Por último, en relación con las posibles implicaciones en relación con el aumento de tarifas eléctricas y respecto a los procesos de libre competencia, el punto de acuerdo hace una invitación a la Comisión Federal de Competencia Económica, para llevar a cabo una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la finalidad de que puedan exponerse a detalle dichas implicaciones.
En @MovCiudadanoMX, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y anunciamos que acabamos de registrar la exigencia de que la secretaria de Energía @rocionahle comparezca ante la Comisión Permanente para que explique las razones de esta política regresiva. pic.twitter.com/bkbRebLmTs
— Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) May 16, 2020
La senadora Verónica Delgadillo propuso un punto de acuerdo por la cual se exhorta al Consejo de Salubridad General a implementar medidas extraordinarias de atención en materia de salud mental, así como acciones preventivas y de atención de ansiedad, depresión, y suicidio.
El documento refiere que en México una de cada cuatro personas entre 18 y 65 años ha padecido algún trastorno mental; 67.4% de los mexicanos tiene sentimientos de depresión algunas veces al año; tan solo en 2016, 1,035 casos de suicidio fueron registrados de personas entre 20 a 24 años; 816 en aquellas entre 25 y 29, y; 774 entre 15 y 19 años.
Asimismo, la legisladora señala que ante este escenario habría que partir de que la depresión y la ansiedad son causas de sufrimiento presentes en la población, ya que su impacto aunado a la pandemia por la Covid-19 requerirá una mayor atención, siendo las personas que se encuentran entre los 15 y 29 años el grupo más vulnerable de las consecuencias que pueden generar, como es el caso del suicidio.
Cabe señalar que existe una estrecha relación entre una crisis financiera o económica y el número de personas con problemas de salud mental y suicidios, ya que la pérdida de empleo, vivienda y la imposibilidad de liquidar deudas se convierten para muchas personas una carga imposible. Datos del IMSS refieren que en abril se perdieron 543 mil 132 puestos de trabajo formales, el peor resultado desde julio de 1997 cuando inició el registro comparable.
“La amenaza en aumento de trastornos psicológicos, ansiedad, depresión y de un estrés ocasionado de forma colateral por las medidas de confinamiento, así como por el temor de un posible contagio de coronavirus y padecer Covid-19, y el impacto directo en miles de personas que han visto afectado su ingreso, requieren de una atención extraordinaria por su complejidad”, señaló la senadora Verónica Delgadillo en su exposición de motivos.
Pide José Ramón Enríquez implementar plan de acción de larga duración para atender la salud mental del personal de salud
Con la finalidad de apoyar el bienestar integral del personal médico, el senador José Ramón Enríquez presentó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se implemente un plan de acción de larga duración focalizado en la atención a la salud mental del personal de la salud que ha participado de manera activa durante la contención y atención a la pandemia COVID-19.
El legislador especificó que, si bien cada grupo tiene sus propias particularidades, cabe señalar que quienes se dedican al sector de la salud, por la naturaleza de su profesión, son poblaciones altamente susceptibles de sufrir algún impacto en su salud mental y su integridad física.
En México las problemáticas enunciadas de parte del personal del sector salud refieren agresiones físicas, verbales y psicológicas, provenientes de quienes argumentan temer que el virus les sea transmitido. Asimismo, especifica en el documento, otro de los problemas que ha manifestado el personal de salud corresponde a la falta de insumos y material para tratar a pacientes de COVID-19, ya que han expresado que esto podría ser un factor de riesgo de contagio para sí mismos y sus familias.
El legislador señaló que existen estudios que apuntan a que el personal del sector salud tiende a padecer de estrés postraumático o estrés traumático secundario. Por ello, destacó que la superación de este evento demandará de un mayor compromiso social y voluntad política en beneficio de personas que expusieron su vida y la de los suyos con el fin de salvar a otras personas.
“Requerirá de un plan de acción integral que permita a personal del sector salud y de enfermería superar eventos traumáticos vividos durante la pandemia. Es justamente este sector de la población la que necesitará un apoyo especial y atención enfocada a la salud mental”, sostuvo.
Ante la urgencia de evaluar la manera en la que se ayuda y ayudará al personal de salud para que recupere el equilibrio físico y mental que requiere para continuar el desempeño de sus labores, el punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud para brindar todas las facilidades que el personal del sector salud solicite que contribuyan a la atención de su salud mental; así como apoyar y fomentar entre el personal médico actividades de recreación y descanso, que coadyuven en su salud mental y el adecuado desempeño de sus funciones.
El punto de acuerdo se turnó al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus Covid.19.
Punto de acuerdo:
