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Juan Manuel Zepeda Hernández
  • El Estado tiene la responsabilidad de velar porque los individuos puedan acceder a ella.

 

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez, presentó en la tribuna del Senado de la República una iniciativa que propone reformar el artículo 4º de la Constitución Política, en materia de vivienda, con el objetivo de garantizar que el acceso a la vivienda de manera individual sea un derecho humano y no como está actualmente previsto como un derecho colectivo, de familia.

El legislador de Chiapas manifestó que esta propuesta es significativa en esta fecha, 19 de septiembre, en la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, así como el ocurrido el 7 de septiembre de 2017 y que afectó considerablemente al sureste mexicano. “Ese fatídico día, no sólo perdimos a hermanas y hermanos, sino la afectación tocó a toda persona que perdió su hogar, trabajo y bienes. Por lo que resulta pertinente que el estado mexicano desde su Carta Magna prevea el derecho humano de acceso a la vivienda como un derecho individual y no colectivo”, indicó.

Noé Castañón refirió que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el derecho a la vivienda digna y decorosa se entiende como: “...el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad”. De la misma forma hizo alusión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales que forma parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, al que el Estado Mexicano se adhirió el 23 de marzo de 1981 y que retoma principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el sentido de que es obligación de los estados promover el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades humanas.

Agregó que el derecho a una vivienda digna y decorosa supone que las personas de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a la vivienda y de mantenerla con las siguientes condiciones y características:

  • Que no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas.

  • Con seguridad en su tenencia.

  • Con materiales y diseño de calidad.

  • Bien ubicada y con acceso a servicios básicos y complementarios funcionales y suficientes.

  • Situada en un barrio seguro, con espacios comunes, áreas verdes y calidad comunitaria.

  • Con un diseño que, como unidad y asentamiento, atienda a estándares técnicos de calidad y sea aceptable para sus habitantes.

  • En un hábitat digno, integrado al entorno natural de manera responsable e incorpore tecnologías.

Explicó que ya existe un marco jurídico internacional y nacional, que establece que es de vital importancia para el desarrollo de las personas el derecho a la vivienda y se encuentra directamente relacionado con otros derechos esenciales, que si bien, dijo, representa la base del patrimonio, también constituye una condición para acceder a otros satisfactores, por tanto añadió; “el Estado tiene la responsabilidad de velar porque los individuos puedan acceder a ella”.

Castañón Ramírez destacó la importancia de precisar en el texto constitucional que se trata de un derecho humano y por tanto es intrínseco de cada persona. “Si bien se hace extensivo a las familias, quien es el sujeto del derecho es la propia persona en lo individual, no necesariamente cuando forma parte de una colectividad, en este caso de la familia”, concluyó.

La propuesta se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

 

 

●     Hace un llamado urgente a actuar ya, para contener la emergencia climática.  

●     “Tenemos muy poco tiempo para repensar nuestra forma de habitar el planeta y hacer algo para salvarlo, para salvarnos paremos nuestra extinción”.

 

En conferencia de prensa la senadora jalisciense Verónica Delgadillo presentó la campaña “Paremos nuestra extinción”, esta campaña también es un llamado a la reflexión para combatir la crisis climática y detener la extinción de la especie humana. “Nuestra vida está en riesgo, estamos usando todo nuestro poder, energía, fuerza, conocimiento, ciencia y tecnología para destruirnos. Los seres humanos estamos en peligro de extinción”, señaló.

Este llamado va dirigido a legisladores y legisladoras de México, al Presidente de la República, a las autoridades locales y estatales,  a medios de comunicación, a las grandes empresas y a la sociedad en general para que, desde cada una de sus trincheras, ayuden a replantear y corregir la política medioambiental y los sistemas de consumo y producción. “Seamos ambientalistas, no importa que seamos imperfectos porque todas y todos los somos, y en esta lucha, en la lucha contra la emergencia climática no hay esfuerzo que sobre”, dijo.

La legisladora también manifestó que uno de los ejes centrales de su agenda legislativa se ha enfocado en el cuidado y la protección del medio ambiente. “Hoy vivimos la sexta extinción masiva, la primera provocada por los seres humanos, la primera que puede significar nuestra desaparición en la tierra. Hemos provocado la extinción de muchas especies y ahora estamos provocando nuestra propia extinción”. 

Cabe señalar que las acciones de la senadora Verónica Delgadillo para proteger el medio ambiente iniciaron desde hace siete años. En el Congreso de Jalisco impulsó diversas iniciativas, tal es el caso de la Ley de Movilidad y Transporte y otras para el bienestar animal. Como diputada federal impulsó el Día Nacional sin Auto y la prohibición del uso de plaguicidas altamente tóxicos y los plásticos de un solo uso. Recientemente como senadora lanzó un Punto de Acuerdo para emitir la declaratoria de emergencia climática. 

A través del manifiesto “Paremos nuestra extinción”, Delgadillo García criticó que en la actualidad se construya el «progreso» a costa de impactar negativamente la calidad del medio ambiente. “Tenemos el poder de cambiar el rumbo de la humanidad, pero también tenemos el poder de ponerle fin. Tenemos muy poco tiempo para repensar nuestra forma de habitar el planeta y hacer algo para salvarlo, para salvarnos.  Paremos nuestra extinción”, reiteró al concluir la senadora ciudadana.

 

  • Tenemos un país inestable que espanta la inversión.

  • Aberrante, la baja recaudación en el primer año, critica el senador de Movimiento Ciudadano.

  • Censura el “gran remedio” de los impuestos digitales y la terquedad con Dos Bocas.

 

El Gobierno Federal boicotea las finanzas del país con la creación de los impuestos digitales y  el aumento del IEPS a varios productos, señaló Movimiento Ciudadano en el análisis de la política económica del Primer Informe de Gobierno. El senador Samuel García Sepúlveda acusó al Gobierno Federal de impulsar un “terrorismo digital” que golpeará a los emprendedores y a las APPS de las empresas mexicanas.

“No aumenten ni cobren más impuestos, eso lejos de alentar, espanta la economía, pero no solo eso, ya la estocada final, el paquete propone que si el SAT encuentra un emprendedor que no paga el ISR y el IVA, mandará comunicado al Ifetel para darle su página de baja. Ya no sé si es un terrorismo fiscal o un terrorismo digital, pero a ese absurdo hemos llegado con el nuevo paquete”, indicó.

Durante el primer año de Gobierno, la economía del país se ha tambaleado, no sólo por las notas negativas de las calificadoras, también por la poca capacidad de recaudación, de la cual el IEPS gasolina, resultó el único impuesto que recaudó más de lo programado conforme a lo trazado en la Ley de Ingresos 2019

“Creemos que la política económica se está tambaleando, que la renuncia del secretario (de Hacienda) no fue lo peor del año pasado. Lo peor tampoco fueron las calificaciones por la terquedad de Dos Bocas y de Texcoco, lo realmente aberrante es que se redujo la recaudación de ISR e IVA, pero, ¿quién creen que nos salvó?... el gasolinazo”, dijo. El aumento del IEPS a refrescos o cerveza, expuso, tendrá cero beneficios por no estar etiquetado a atacar los problemas de salud como diabetes u obesidad, por lo que terminará consumido en gasto corriente.

“No es culpa de la oposición, de los fifís ni mucho menos de los ricos de que estemos en esta inestabilidad, es problema de un gobierno que boicotea nuestras finanzas”, señaló.

“A grandes males, no queremos el gran remedio de los impuestos digitales, no queremos aumentar el IEPS a bebidas, refresco, cerveza; no queremos impuesto a las tandas, a los ahorradores, lo que sí queremos es más inversión y que no toda se vaya a Pemex, porque de toda la inversión, el 45 se va a Pemex y sólo 4 pesos a medio ambiente”, concluyó. 

 

 

  • Por unanimidad, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana que preside el senador Clemente Castañeda, aprobó la iniciativa que obliga a los poderes judiciales a la publicación del texto íntegro, en versión pública, de todas sus sentencias.

 

La iniciativa de reforma que tiene el objetivo de hacer públicas las sentencias emitidas por el Poder Judicial, fue aprobada hoy por unanimidad en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República.

“La aprobación de este dictamen es un gran paso para la transformación de los Poderes Judiciales, con las que podríamos brindar a las víctimas un instrumento para poder defenderse y hacer exigibles sus derechos; para combatir casos de discriminación o de violaciones a los derechos humanos, además con esta modificación estaríamos habilitando un mecanismo de evaluación sobre el desempeño del Poder Judicial buscando las mejores prácticas”, destacó el senador Clemente Castañeda, presidente de esta Comisión.

Los senadores que en la Comisión representan a las distintas fracciones parlamentarias, votaron a favor de esta propuesta que busca reformar el Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para “que los sujetos obligados del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas publiquen el texto íntegro, en versión pública, de todas las sentencias”.

El proyecto de iniciativa fue construido e impulsado desde las organizaciones civiles Equis: justicia para las mujeres y el colectivo #lojustoesquesepas, integrado por México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar Centro de Análisis e Investigación.

La propuesta que fue presentada por Clemente Castañeda ante el Senado de la República en abril pasado, tiene como antecedente el informe (In)Justicia abierta: ranking de la opacidad judicial en México, que desarrolló Equis: justicia para las mujeres y que reprueba a los poderes judiciales de México en materia de transparencia sobre las sentencias. 

“El informe nos muestra las graves limitaciones del sistema judicial en materia de acceso a la información. La radiografía que describe este informe, señala cómo ninguna entidad federativa alcanza el 50% de puntuación en materia de transparencia sobre las sentencias y casi de manera generalizada los poderes judiciales en México niegan el carácter público de las sentencias”, abundó Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“Todos somos conscientes de que en México existen muchas trabas para acceder a la justicia. Desde el primer acercamiento, todos los procesos son lentos y caros, tienen un lenguaje técnico y difícil de entender, abundan los prejuicios, estereotipos de género y las decisiones injustas en muchos casos”.

Hoy, la ley establece que el Poder Judicial debe hacer públicas las sentencias que considere de interés público, sin embargo, la legislación no establece qué es interés público, lo que ha permitido que las diferentes instancias judiciales no las publiquen.

“Esta reforma va a cambiar radicalmente la manera en que se ha aplicado la justicia en nuestro país”, dijo la senadora Xóchitl Gálvez. “Lograr la transparencia en las sentencias cumple no sólo con principios básicos de acceso a la información, sino que ayuda a facilitar el trabajo de organizaciones como Equis justicia”, expresó la senadora Citlalli Hernández

 

 

La inequidad en el reparto de recursos a los 2 mil 500 municipios y a los estados, donde algunos gobernadores han amagado con salirse del convenio de coordinación fiscal, son síntomas para realizar una reforma integral a la Constitución.

En el marco de esta inconformidad debido al Presupuesto 2020, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentó una iniciativa que fortalece a municipios y zonas metropolitanas por el castigo que reciben en la reducción de participaciones y aportaciones federales.

“Desde hace años y este no es la excepción, los presupuestos federales castigan a estados y municipios, si revisan el Proyecto presentado este año no sube ni siquiera la inflación en lo que se va a dar a estados y municipios”.

El legislador explicó que su propuesta parte de tres ejes en materia hacendaria, metropolitana y financiamiento internacional. 

“En materia hacendaria, que la ley de coordinación fiscal no solamente plantee participaciones a los estados, planteamos que exista un fondo de participación exclusivo para los municipios que no pase por las manos de la tesorería local (estatal). Convenciones hacendarias cada tres años, que también incorporen a representantes del gobierno municipal y de la sociedad civil.

“En el tema metroplitano, estamos planteando por fin una reforma al 115 para que se reconozcan a las metrópolis, 79 metrópolis ya (en el país), y no pueden ponerse de acuerdo porque la constitución no les da atribuciones de coordinación y mucho menos que éstas sean vinculantes. Urge una ley que regule el desarrollo metropolitano, sus políticas, sus acciones, y que sus congresos locales puedan tener carácter obligatorio y vinculatorio, queremos ver city managers, transporte y movilidad”, dijo.

El legislador también propuso quitar el candado del artículo 117 que prohíbe a estados y municipios bajar recursos directamente de fondos internacionales como ONU Hábitat o el Fondo Monetario Internacional,

Con la apertura de ese candado, los estados y municipios tendrían acceso a alrededor de 3 mil agencias internacionales que ofrecen fondos de financiamiento en materia de medio ambiente, catástrofes, movilidad y transporte, entre otros.

 

Senado aprueba llamado de Verónica Delgadillo 

para regular los plaguicidas altamente tóxicos

 

  • Es la hora de ponerle un alto a los negocios de unos cuantos que sacrifican nuestra vida; es el momento de que México prohíba el uso de todos los plaguicidas altamente tóxicos.

  • La senadora Verónica Delgadillo ha dado esta lucha desde 2016 en su paso por la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada; en octubre de 2018 presentó el punto de acuerdo en el Senado de la República. 

 

La senadora Verónica Delgadillo celebró la aprobación de su propuesta para llamar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar las acciones necesarias para contar con una regulación eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como llevar a cabo una constante capacitación, investigación e innovación que permita contrarrestar el fenómeno conocido como "colapso de las colmenas". 

En uso de la voz, la legisladora señaló que en México las abejas están desapareciendo y muriendo de manera masiva debido, en gran medida, al uso de plaguicidas altamente tóxicos. “Esto no puede seguir así. Es la hora de ponerle un alto a los negocios de unos cuantos que sacrifican nuestra vida; es el momento de que México vea de frente este problema y prohíba el uso de todos los plaguicidas altamente tóxicos que matan a las abejas y afectan la vida de todas y todos nosotros”, dijo.

De la misma forma Verónica Delgadillo explicó que el uso de plaguicidas altamente tóxicos no solo ha sido un problema para las abejas, también son un problema para la humanidad: “los plaguicidas son responsables de contaminar nuestro aire, nuestro suelo y nuestra agua, los plaguicidas tóxicos están en las manzanas, en las papas y en muchas cosechas que llegan a nuestra mesa, pero también son responsables de enfermedades letales como cáncer y leucemia, de enfermedades como Parkinson y Alzheimer, y lo peor de todo es que cobran la vida de las personas más vulnerables: personas que viven en el campo, indígenas, mujeres embarazadas y niños”, manifestó. 

“Las abejas son un termómetro de la naturaleza, si las abejas están muriendo quiere decir que algo estamos haciendo mal como humanidad. No olvidemos que sin abejas, no hay flores, no hay frutos, no hay plantas; sin abejas, no hay vida en el planeta. Y hoy estamos a tiempo dar estos pasos para que podamos detener su extinción y la nuestra”, señaló. 

La legisladora jalisciense agradeció el trabajo de la Red de Toxicología en Plaguicidas y a las apicultoras y apicultores de Jalisco y México, quienes la han acompañado durante cuatro años y han estado trabajando en conjunto para la construcción de este exhorto y la iniciativa que busca prohibir los plaguicidas altamente tóxicos, la cual sigue pendiente en comisiones. 

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por el senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud, y por el senador Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; por impulsar y ayudar a sacar adelante el exhorto.

 

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