LXIV

• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, seguirá sin Magistrados Anticorrupción. 

En el marco del proceso de ratificación de los Magistrados Anticorrupción, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó el nombramiento de los 18 aspirantes, ante lo cual el Senador Clemente Castañeda señaló que esta decisión provoca que el Sistema Nacional Anticorrupción continúe operando de manera incompleta. 

Desde el año 2017 está pendiente el nombramiento de los magistrados especializados en anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y desde el inicio de la presente Legislatura, Movimiento Ciudadano ha insistido en la necesidad de concluir el proceso de ratificación de estos magistrados. 

Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, expuso que la redacción del dictamen pudo ser mejor, por lo que propuso a la comisión encargada de dictaminar, una redacción alterna para brindar mayor certidumbre jurídica al proceso, ante la falta de evaluación de los perfiles, elemento indispensable para dar cabal cumplimiento a la sentencia del Tribunal Colegiado que motivó este proceso, debiendo justificar de manera exhaustiva la idoneidad de las personas propuesta para ocupar el cargo de magistrado. 

El senador por Jalisco recordó que actualmente existen 3 iniciativas en el Senado de la República para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentadas por legisladores de Morena, en las que se pretende disminuir o incluso eliminar las salas anticorrupción. “Con el rechazo de estos nombramientos y las iniciativas presentadas, pareciera que la mayoría legislativa le apuesta a minar desde dentro al Sistema Nacional Anticorrupción, impidiendo el nacimiento de uno de sus eslabones fundamentales: las salas anticorrupción”, abundó el Senador. 

Clemente Castañeda urgió al Presidente de la República a enviar lo antes posible las nuevas propuestas de Magistrados para integrar la Sala Superior y las Salas Especializadas en materia de anticorrupción. “Para disipar cualquier incertidumbre, será fundamental que el Presidente envíe al Senado nuevas propuestas de magistrados anticorrupción, justificando plenamente su idoneidad y sus perfiles, para que el Senado los evalúe y decida si los ratifica o no, con miras a instalar de una vez por todas las salas anticorrupción”, concluyó. 

• Es necesario cambiar todo lo que ha precarizado el trabajo y generar empleos dignos y decentes, señaló la senadora Patricia Mercado
• Integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en Senado de la República se comprometieron a traducir estas propuestas en una acción legislativa concreta en los próximos meses.

En el marco del parlamento abierto en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar; la senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, celebró la apertura del Senado de la República a las voces expertas para poder mejorar y complementar el marco legal de la Reforma Laboral.

Durante las audiencias públicas fueron escuchadas las propuestas de 85 especialistas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones sindicales, organismos empresariales y ciudadanía. “El objetivo del parlamento abierto en esta Cámara es saber y tomar la responsabilidad de cambiar las reglas que han precarizado el trabajo y que además han hecho un país no productivo y con baja competitividad”, señaló Patricia Mercado. 

En su participación, la legisladora subrayó la importancia de apostarle a una sociedad igualitaria y de enfocar los esfuerzos en resolver el tema de la desigualdad y acceso a los derechos. “Necesitamos movernos de lugar, los empresarios necesitan moverse de lugar, los sindicatos necesitan moverse de lugar, los trabajadores; es decir, todos tenemos que movernos del lugar desde donde hemos mirado las cosas en los últimos treinta años porque no han funcionado y tenemos al país con esta gran desigualdad y precariedad”, puntualizó.

A su vez, Patricia Mercado señaló que para que el país camine hacia una mayor igualdad de trato de oportunidades para todas las personas, el trabajo digno es un eje central. “Hablamos de generación de empleos, pero tienen apellido, no queremos empleos sin trabajo decente y ese apellido implica cambiar las reglas del juego para generarlos y uno de los primeros compromisos tiene que ser empezar en casa”, dijo.

La senadora Patricia Mercado participó en las mesas sobre “Igualdad laboral para hombres y mujeres”, “Discriminación y acoso laboral”, “Los derechos de las personas trabajadoras del hogar”, “Libre sindicación y negociación colectiva”, “Conciliación laboral y su correcta implementación”; y a su vez, moderó las mesas de “Análisis para la mejora regulatoria de la subcontratación” y ”Aspectos a considerar en la justicia laboral”.

Asimismo, durante los tres días de trabajo del parlamento abierto participaron el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la senadora Verónica Delgadillo y los senadores Juan Quiñones y Noé Castañón, quienes se comprometieron a convertir estas propuestas en una acción legislativa concreta en los próximos meses.

Las propuestas para mejorar la Reforma Laboral que se presentaron en el Parlamento Abierto, serán llevadas al Pleno del Senado de la República

• El senador Clemente Castañeda se comprometió a que las propuestas, observaciones e ideas que se presentaron en las audiencias públicas serán traducidas en una acción legislativa para discutirse en el próximo periodo legislativo que inicia en septiembre.

El Parlamento Abierto que se desarrolló en el Senado de la República para fortalecer la Reforma Laboral promulgada el primero de mayo pasado, reunió las opiniones de 85 especialistas durante más 25 horas de trabajo y de discusión, ahora toca traducirlas en una acción legislativa para llevarlas al Pleno en el siguiente periodo legislativo que inicia en septiembre, dijo el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

¿Qué sigue ahora después de este ejercicio? La tarea que tiene la Comisión de Trabajo y la Comisión de Anticorrupción, es hacer una relatoría de todo lo que se ha dicho aquí, sacar todas las conclusiones correspondientes y transmitirle todo esto a la Junta de Coordinación Política y al grupo de trabajo especial que se ha formado para atender el tema de la Reforma Laboral”, dijo el senador jalisciense.

“Tenemos una gran tarea enfrente y de lo que se trata es justamente lo que se ha dicho aquí por propios y extraños, que no quede nada más en una discusión, en una muy sensata contraposición de ideas, sino que se traduzca en acción legislativa concreta”, continuó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

La Reforma Laboral aprobada en abril por el Congreso de la Unión y promulgada el 1 de mayo, fue un importante avance legislativo en la modernización del sistema de justicia laboral, incluyendo temas en materia de libertad sindical, de acceso a la justicia laboral y de negociación colectiva, sin embargo, quedaron pendientes que fueron puestos a discusión en este Parlamento Abierto.

Las Comisiones Unidas de Trabajo y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana coordinaron el ejercicio de Parlamento Abierto, que inició el martes pasado y terminó hoy. Se reunieron las voces de especialistas, académicos, representantes del sector laboral y empresarial, así como de funcionarios públicos, en mesas como “Mecanismos de vigilancia y sanción para erradicar las malas prácticas de la subcontratación”, “Igualdad laboral para hombres y mujeres” y “Los derechos de las personas trabajadoras del hogar”.

“El plazo que nos hemos dado para hacer esta relatoría es justamente la del mes de agosto para que, en septiembre, de la mano del inicio del periodo de sesiones podamos tener un paquete legislativo que se pueda discutir, como lo hemos hecho en esta legislatura, de frente a las mexicanas y mexicanos”, dijo Castañeda, al cerrar las mesas del Parlamento Abierto.

Clemente Castañeda subrayó la importancia que tienen este tipo de ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas, en vez de ser extraordinarios debería de ser habituales.

• El senador Clemente Castañeda inauguró hoy las audiencias públicas sobre la Reforma Laboral. Las propuestas y opiniones de los expertos servirán para mejorar el andamiaje institucional en la materia.

Las propuestas, observaciones e ideas de los 70 especialistas que participan en el parlamento abierto sobre la Reforma Laboral que hoy inicia en el Senado de la República, serán recogidas y traducidas para diseñar una iniciativa que mejore y que complete la legislación, expresó el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

“Cuando hablamos de parlamento abierto, debemos hablar no sólo de transparencia y participación ciudadana, sino también de capacidad de respuesta, sensibilidad y voluntad de corregir ciertas cosas. Un parlamento abierto no es el que sólo realiza foros para incluir a los ciudadanos, sino aquel que es capaz de escuchar en lugar de imponer, de dialogar en lugar de poner por encima la opinión de grupos mayoritarios; es aquel, incluso, capaz de rectificar cuando hay cosas que rectificar”, dijo Castañeda para inaugurar las audiencias públicas que se desarrollarán hasta el próximo jueves.

La Reforma Laboral aprobada en abril por el Congreso de la Unión y promulgada el 1 de mayo, fue un importante avance legislativo en la modernización del sistema de justicia laboral, incluyendo temas en materia de libertad sindical, de acceso a la justicia laboral y de negociación colectiva, sin embargo, quedaron pendientes, sostuvo el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“Hoy arrancamos estas jornadas de audiencias públicas para escuchar a especialistas, académicos, representantes del sector laboral y empresarial, así como a servidores públicos, que sin lugar a dudas aportarán ideas y conocimientos para, en su caso, mejorar nuestro andamiaje institucional en la materia”, dijo Clemente Castañeda.

Desde mayo pasado, las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Trabajo y Previsión Social, implementaron mecanismos de consulta para recibir comentarios y observaciones sobre la reforma aprobada: organizaciones sindicales, patronales, profesionales en el ámbito laboral y la ciudadanía en general respondieron y enviaron cerca de 50 observaciones puntuales al decreto, las cuales serán incorporados en las memorias de este parlamento abierto y tomados en cuenta por las Comisiones.

“Acordamos realizar estos foros a los que hoy asistimos, en los que participarán más de 70 expertos distribuidos en 8 mesas de trabajo, para conocer más a fondo las observaciones a la reforma laboral, con la convicción de que toda ley es perfectible y que sólo a través del diálogo y el análisis con quienes aplicarán estos ordenamientos podremos construir mejores leyes.”, dijo el senador jalisciense.

“De nuestra parte existe también el compromiso para que las propuestas, observaciones e ideas aquí vertidas, sean escuchadas, recogidas y traducidas para diseñar una iniciativa que mejore y que complete la reforma laboral aprobada”, subrayó Castañeda.

En la inauguración, Clemente Castañeda subrayó la importancia que tienen este tipo de ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas, y lo poco que se ha avanzado en incorporar los principios de parlamento abierto en el Senado de la República.

“Hay que legislar con evidencia, y eso significa someter a discusión y revisión las leyes que aprobamos, así como corregirlas y mejorarlas con base en los hechos, los conocimientos y la experiencia. En otras palabras, realizar un parlamento abierto sobre cualquier asignatura de la vida pública no sirve para legitimar decisiones ya tomadas, sino precisamente para someterlas al escrutinio público”.

En las mesas de hoy se revisarán los temas “Igualdad laboral para hombres y mujeres”, “Discriminación y acoso laboral” y “Los derechos de las personas trabajadoras del hogar”.

Del 23 al 25 de julio, las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, realizarán una serie de audiencias públicas sobre justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva y las reservas presentadas el pasado mes de abril durante la discusión de dicha reforma en el Senado de la República.

El objetivo de las audiencias será valorar las opiniones de trabajadores, organizaciones sindicales, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, especialistas y ciudadanía interesados en aportar elementos para la implementación de los mecanismos de libre sindicación, negociación colectiva y justicia laboral, recientemente aprobados, así como retomar temas como subcontratación, que quedó fuera del decreto publicado el 1 de mayo pasado, igualdad laboral entre hombres y mujeres, discriminación y acoso.

“Como lo he sostenido, siempre habrá puntos de discusión. Este ejercicio nos permitirá escuchar posturas y conciliar propuestas”, señaló el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senador Napoleón Gómez Urrutia.

Durante los tres días de trabajo participarán más de 50 ponentes en nueve mesas de análisis y discusión, en las que se espera la presencia y participación de senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. Asimismo, se ha dispuesto un micrositio en el portal del Senado, a través del cual se están recibiendo opiniones y propuestas de organizaciones y ciudadanía, mismas que integrarán una memoria de los debates y serán materia para una eventual reforma al marco legal en materia laboral.

“Es muy importante que estos ejercicios de participación ciudadana se vuelvan práctica cotidiana en el Senado. En la Comisión de Anticorrupción no solo celebramos la apertura, sino que seguiremos buscando que se el parlamento abierto se vuelva parte de todo proceso legislativo”, señaló el senador Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

• La ampliación del mandato del gobierno de Baja California significa una violación a diversos principios constitucionales, señaló Patricia Mercado. 
• El gobernador electo tiene la responsabilidad ética de rechazar esta imposición del Congreso de Baja California: Patricia Mercado.

En relación con el decreto que reforma la Constitución Política del estado de Baja California para extender el periodo de mandato del gobernador de dicha entidad y que fue aprobado el 8 de julio de este año; la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión emitió un pronunciamiento al respecto. En voz del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado se posicionó en contra de este procedimiento y anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN se pronuncie al respecto.

En su participación, la legisladora señaló la importancia de tener instituciones independientes con la finalidad de evitar abusos de poder.

 “No es necesario mencionar la inmensa cantidad de casos en la historia de nuestro país que han significado la fractura de la confianza ciudadana, y que nos han llevado a construir leyes e instituciones para prevenir excesos de poder”, dijo.

A su vez, la senadora argumentó que el periodo ajustado a la gubernatura tiene como objetivo que la elección estatal sea concurrente con procesos federales y signifique una mejor capacidad de organización y un menor dispendio de recursos.

Patricia Mercado calificó de inaceptable la ampliación de mandato del gobernador de Baja California. “En un país con una larga historia de fraudes electorales, de privilegios, de acumulación y prolongación del poder encima de los límites legales, significa apostar por una regresión autoritaria”, señaló.

Antes de finalizar, la senadora enfatizó que el gobernador electo tiene la responsabilidad ética de rechazar esta imposición del Congreso de Baja California. “En la defensa de los derechos de la ciudadanía ante los abusos del poder manifestamos nuestro voto a favor de esta propuesta y coincidimos que la ampliación del mandato del gobierno de Baja California significa una violación a diversos principios constitucionales”, concluyó Patricia Mercado.

• El país rezagado en economía sustentable y combate al cambio climático, señala senador Samuel García
• Refinería Dos Bocas va contra los objetivos de Naciones Unidas

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador está rezagado y va en contra de los objetivos de Naciones Unidas en desarrollo sustentable y combate al cambio climático, señaló el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Entre los objetivos trazados por la ONU en el High Political Forum, donde el país ha retrocedido se encuentra el punto 8: promover el desarrollo económico sostenido, sustentable e incluyente, y en empleo digno; y el 13: combate global al cambio climático. 

“Me preocupa que México se está quedando rezagado en estos objetivos. Los principales indicadores económicos apuntan a una desaceleración, menos inversión, menor crecimiento de empleo, y pésimas decisiones equivocadas del gobierno, como es el aeropuerto de Texcoco, que han generado desconfianza.

“Es muy probable que en los próximos meses se dé la recesión técnica y legal de la economía mexicana. También en combatir el cambio climático vamos mal: el gobierno está apoyando a los combustibles fósiles en lugar de invertir por las energías renovables. México necesita generar fuentes propias de energía, pero no a costa de dañar el medio ambiente y no de manera retrógrada viendo al pasado haciendo como que estamos en los 80’s”, dijo. 

Para el legislador emecista, la renuncia de Carlos Urzúa es un síntoma de las decisiones equivocadas en materia económica y de proyectos polémicos como Dos Bocas que se contraponen a los objetivos de la ONU.  

“Ese fue uno de los motivos de la renuncia de Urzúa: la Refinería en Dos Bocas, que daña manglares y bosques, y el costo que se va casi al doble de lo presupuestado, obviamente sin viabilidad técnica, económica y jurídica; además de que no se va a terminar en el tiempo estimado. 

“México tiene que estar más presente en estos foros y discusiones internacionales. A ver si así el gobierno entiende que la ruta no es regresar al pasado y mejor aún venir a la ONU, al G20 y a las alianzas internacionales”, concluyó. 

• El senador Samuel García indicó que entidades inconformes con el reparto de recursos pueden salirse del pacto federal.
• Vamos a impulsar la Ley Nuevo León si no hay castigo en Baja California.
• Además, llamó al Gobierno Federal a ser congruente en migración.

El presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado, Samuel García Sepúlveda, advirtió que La Ley Bonilla abrirá la "Caja de Pandora" en otros estados que no están de acuerdo con el trato que reciben por parte del Gobierno Federal.

El legislador emecista indicó que así como el Congreso de Baja California actuó violando la Constitución, en Nuevo León donde hay inconformidad por el reparto de recursos, los diputados locales pueden votar salirse del pacto fiscal.

“Este tipo de actos pueden abrir la Caja de Pandora en otros estados, Nuevo León siempre ha sido tratado de manera injusta, ponemos mucho recibimos migajas, en 2018 pusimos 400 mil millones de pesos y solamente nos van a dar en el Presupuesto 2019, 70 mil millones.

“No nos obliguen a hacer una Ley Bonilla pero para Nuevo León, nosotros queremos con mucha prudencia replantear un sistema fiscal y no como el que hoy nos da este maltrato al Estado. Vamos a analizar cómo salirnos, porque es ya mucha la injusticia.

“En síntesis si no castigan este madruguete, si sale Andrés Manuel con que ‘aquí no pasó nada’, pues entonces eso nos va a impulsar a hacer la Ley Nuevo León y que el Congreso local vote por salirse del pacto que tanto daño nos hace”, dijo.

Ante los pronunciamientos de desaparecer los poderes en Baja California, el legislador señaló que por lo pronto Movimiento Ciudadano presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación del mandato del gobernador de esa entidad.

“En Movimiento Ciudadano vamos a ir a una acción de inconstitucionalidad que se violó la certidumbre y la seguridad jurídica en este madruguete, en esta ley Bonilla que amplía el plazo de 2 a 5 años para ser gobernador”.

“Pedimos congruencia a México por cacería a migrantes”

Sobre las redadas que iniciaron en Estados Unidos contra los migrantes, el senador expresó su solidaridad a los mexicanos indocumentados en ese país, y avaló la petición que hará el Senado de la República a la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a enviar una nota diplomática de protesta.

Sin embargo, García, quien atiende un foro de la Naciones Unidas en Nueva York, llamó a la congruencia porque actualmente México lleva a cabo redadas y operativos en contra de migrantes centroamericanos.

“Desde las Naciones Unidas queremos mandar un mensaje a todos los mexicanos inmigrantes que están siendo amenazados por estas redadas de Trump con su maniqueísmo intolerante, xenofóbico, (…) por eso apoyamos el exhorto que desde el Senado enviarán y junto con relaciones exteriores a Estados Unidos.

“Al mismo tiempo pedimos congruencia, nuestra Guardia Nacional no puede ser el Border Patrol de Trump, no puede ser una cacería de migrantes, la Guardia debe ser para lo que la creamos en el Senado de la República, para cuidar a los mexicanos de los delitos como homicidio, secuestro, extorsión, huachicoleo”, dijo.

• “El Gobierno de México al denostar el programa original de estancias infantiles le está dando la espalda a Naciones Unidas"

Al señalar que el plazo de 5 días que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se cumplió para que las dependencias federales acaten la recomendación sobre las estancias infantiles, el senador Samuel García exigió, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores.

“Al cumplirse un mes de la recomendación (del 10 de junio) y a 5 días de que nuestras autoridades hayan ignorado de nuevo el exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, exigimos la comparecencia en el Senado de la República de la responsable, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, quien calificó de ‘aberración inaceptable’ la recomendación a favor de los derechos humanos del programa de estancias que contaba con el aval de la ONU”.

El legislador emecista con una pancarta que indicaba “Apoyamos a la CNDH, ¡Albores comparece ya!, acudió al foro “Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad. Perspectivas de la sociedad”, en la Sala de la Cámara de Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU.

“Como representante del Senado de la República, hago un llamado desde la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno de mi país a respetar los derechos de la niñez que garantizaba el programa original de las Estancias Infantiles”, manifestó.

García Sepúlveda indicó que el programa original de las estancias infantiles estaba respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a través del cual se atendían a 10 mil niños y 5 mil responsables de guarderías fueron capacitadas.

“¿Qué pasó con los 10 mil niños con discapacidad? no sabemos si al día de hoy siguen siendo atendidos, hoy esos niños han sido convertidos en ‘fantasmas’ por el Gobierno de México. Tampoco sabemos si las 5 mil responsables que Naciones Unidas capacitó aún tienen empleo en las guarderías”, indicó.

"Y tampoco sabemos el daño a las madres y padres solteros que han dejado de trabajar porque la estancia infantil cerró ya que el Gobierno eliminó los recursos”, agregó.

Además, denunció que “el Gobierno de México al denostar el programa original de estancias infantiles le está dando la espalda a Naciones Unidas”.

“El derecho a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo de la infancia; el derecho de las mujeres a la igualdad, a la no discriminación y el derecho al trabajo fue violado por el Gobierno al hacer una supuesta transformación del programa avalado por la ONU”. 

• No podrán pagar fianza quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales. 
• Propuesta busca proteger a las Pymes.

El Consejo Coordinador Empresarial junto al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentaron una adenda, a las comisiones de la Cámara Alta que analizan el dictamen, de compraventa de facturas y empresas fantasma.

Esta propuesta se suma al proyecto de dictamen conformado por las iniciativas del legislador emecista y el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, que plantean atacar la evasión fiscal por facturas falsas que asciende a 2 billones de pesos. “Ya hicimos unos ajustes para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer”, dijo García. 

La Iniciativa Privada busca endurecer el castigo exclusivamente en la compraventa de facturas,  por ejemplo, modificando el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, quedando de la siguiente manera:

“Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de cinco años a ocho años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. 

“¿Por qué de 5 a 8 años?, porque con esto ya no van a tener la capacidad de pagar fianza, aunque regresen lo robado no se les va a perdonar, porque hoy su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan pero por una ‘te la pago y no entro a la cárcel’ y ahora detectando una, vas para adentro”, agregó García.

Asimismo, en ese artículo se establece que quien venda la factura siempre caerá en delito sin importar el monto; en tanto, que quien la adquiere se pondrá un “salvavidas” de 2 millones de pesos para ser sancionado con prisión, esto con el objetivo de proteger a las Pymes. 

“El que la compra sí hay que tener sensibilidad, que hay muchas Pymes que no tienen contadores o pueden ser engañados o que hay empleados que pueden meter en problemas a los jefes, por eso ahí sí hay un tope, pero ahí además se tiene que comprobar el dolo, si no se adquirió de mala fe no va a poder el Ministerio Público probar el delito”. 

“Lo que está ahora en debate es si el delito se vuelve o no prisión preventiva oficiosa porque cuando dos o tres empresas confabulan para robarse los impuestos es delincuencia organizada, dos o tres empresarios haciendo trampa, eso es lo que está en debate, porque sería un arma muy útil”, dijo.

Aunque la iniciativa considerará las propuestas de los empresarios, el representante de Nuevo León, aclaró que se debe llegar a un punto medio entre la IP y los planteamientos de los senadores para sacar adelante la reforma contra los factureros y empresas fantasma.