Sigue Senado sin resolver sobre Magistrados Anticorrupción. La responsabilidad es de la Mesa Directiva: Castañeda

• Un error delegar el proceso a la Comisión Permanente cuando era responsabilidad del Senado resolver.

• El Senado ha incurrido en desacato; el responsable es el presidente de la Mesa Directiva.

Concluido el plazo establecido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa para cumplir la resolución del juicio de amparo para la ratificación o no de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Senador Clemente Castañeda, Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, declaró que el Senado y la Comisión Permanente se encuentran en desacato por responsabilidad del Presidente de la Mesa Directiva.

El senador por Jalisco recordó que desde noviembre del 2018, solicitó el turno a favor de la Comisión que preside a la Mesa Directiva con el propósito de concluir el trámite que iniciara el 25 de abril del 2017, fecha en que el Ejecutivo Federal envió las propuestas de los “magistrados anticorrupción”, cuyas vacantes mantienen incompleto al Sistema Nacional Anticorrupción.

Estos magistrados son los responsables de imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción, sin embargo, “llevamos dos años de retraso en este proceso, lo que demuestra la nula voluntad tanto de la administración pasada como de la actual por consolidar el SNA y erradicar la corrupción en nuestro país”.

El 12 de abril de este año, el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito confirmó la sentencia del Juzgado Octavo que obliga al Senado y la Comisión Permanente a concluir el proceso. Por ello, de nueva cuenta la Comisión de Anticorrupción solicitó a la Mesa Directiva el turno de los expedientes, los cuales fueron turnarlos a la Comisión de Justicia en calidad de comisión coordinadora, otorgándo además un margen de apenas 5 días hábiles para acatar la decisión del tribunal, de lo contrario, los expediente serían enviados a la Comisión Permanente, al cierre del periodo ordinario de sesiones.

“Fue una interpretación errónea de la Mesa Directiva, por desconocimiento o mala fe. De haberse turnado los expedientes a Anticorrupción, se habrían generado las condiciones para desahogar este proceso en el periodo extraordinario”, aseveró. Al dejar el curso de la ratificación o no de los Magistrados en manos de la Comisión Permanente, no se tiene certeza sobre la fecha de conclusión del procedimiento, “es muy lamentable, ya que coloca al Senado y la Permanente en desacato”, abundó el senador.

Finalmente, el senador Castañeda recordó que Morena ha rechazado al menos cuatro puntos de acuerdo aprobados por la Comisión para investigar irregularidades en la Cuenta Pública de Chiapas; para transparentar la licitación de Dos Bocas; para hacer públicos los gastos del Fideicomiso de Transición y del Censo del Bienestar, así como investigar a funcionarios de la administración pasada que pudieron ser beneficiarios de fondos federales para el desarrollo de empresas vinícolas en el Estado de Baja California.

Encargar la construcción de Dos Bocas a SENER y PEMEX es un error: Clemente Castañeda

• La decisión del presidente pone en serio riesgo la transparencia del proyecto.

• Exigimos que el presidente revierta esta decisión y reevalúe el proyecto escuchando a especialistas en materia energética y de medio ambiente.

• La licitación pública debe ser la norma y no la excepción en los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno.

La decisión del presidente, de encargar la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas a PEMEX y la Secretaría de Energía implica generar un esquema de opacidad, discrecionalidad, ineficacia y falta de rendición de cuentas; advirtió el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

Explicó que apostar por Dos Bocas en un esquema de administración es una decisión equivocada. Hoy por hoy, se conoce poco acerca de los planes que se tienen para la multimillonaria inversión, solo se cuenta con generalidades respecto a los paquetes de obra, sin embargo, no se cuenta con proyectos ejecutivos, manifestaciones de impacto ambiental, ni documentales sobre los proyectos de ingeniería, que son fundamentales en esta etapa del proceso. Añadió que “ni si quiera se trata de un fallo producto de una licitación, sino de una invitación restringida a cuatro empresas que según el propio presidente, son expertas en la construcción de este tipo de proyectos.”

El resultado de este proceso y las ofertas emitidas por las empresas, ponen en evidencia la falta de planeación de este gobierno para realizar este proyecto, ya que presentaron una propuestas económicas más allá del presupuesto proyectado con un tiempo de ejecución mayor al requerido por el gobierno, lo que implica que no es factible realizar este proyecto en los términos planteados por el presidente.

El senador Castañeda abundó que la construcción de la refinería continúa a pesar de las advertencias de las calificadoras internacionales respecto a los riesgos de invertir en este proyecto en particular. Y que aún sin haber iniciado las obras, ya se reasignaron importantes recursos de toda la administración pública federal directamente a una sola empresa productiva del estado.

Por lo anterior el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana exigió “que el presidente suspenda el proyecto y por ende el inicio de los trabajos de construcción, en tanto no se cuente con toda la información y que sea pública y transparente,” tal como lo aprobó la propia Comisión mediante un punto de acuerdo en el mes de marzo, pero que fue rechazado por el Pleno de este Senado, “y  se consulte ampliamente a expertos nacionales e internacionales sobre el proyecto”.

“El presidente no esta exento de rendir cuentas y más tratandose de proyectos que implican no solo la erogación de miles millones de pesos, sino también generan un impacto social, económico y  ecológico para las próximas generaciones”. El senador Castañeda reiteró que “no podemos empeñar el futuro energético del país en proyectos que solo existen en la cabeza del presidente, necesitamos evidencia, información, transparencia y total apertura en la construcción de la Refinería de Dos Bocas, porque el futuro del país no puede estar sujeto a la buenas intenciones y conciencias de quien encabeza la administración pública federal en este país”.

• Logramos que se respete la autonomía universitaria, que se reconozca a la Educación Superior como un derecho y que el Estado brinde la infraestructura idónea para una educación de excelencia.

• Vigilaremos que este Gobierno no cambie una mafia para imponer a otra.

• El dictamen incluye la reserva presentada por Movimiento Ciudadano para que las plazas de los docentes dejen de ser un método de control de los sindicatos.  

Durante la nueva discusión del proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 constitucionales en materia educativa, la senadora Verónica Delgadillo y el senador Samuel García, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, anunciaron que los votos de su bancada serán a favor; sin embargo, señalaron que no será un pase libre para realizar malas prácticas.

“Este Senado tiene la oportunidad de aprobar una reforma a la altura del momento que vivimos, una reforma que tiene su origen en el consenso, en el trabajo con maestras, maestros, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y padres de familia”, dijo la senadora Verónica Delgadillo.

En su participación, la senadora jalisciense subrayó la importancia de transitar hacia una educación de excelencia, universal e inclusiva: “Votaremos a favor porque contrario a lo que quería el presidente, logramos que se respete la autonomía universitaria, logramos que se reconozca a la Educación Superior como un derecho, que el Estado brinde la infraestructura idónea para una educación de excelencia, que se incluyera el cuidado del medio ambiente y la perspectiva de género en los planes de estudio para darle un giro completo a la educación en México”.

Por su parte, el senador Samuel García, dijo que esta sería una oportunidad de actualizar y marcar el nuevo parámetro educativo del país. “Muchas de las reservas que aquí se congelaron vienen mejoradas de la cámara de origen y viene un dictamen más fortalecido y mucho mejor planteado. Votaremos a favor de este dictamen pues vamos a erradicar una reforma punitiva mal llamada educativa y aliado con los maestros, fortalecer a nuestros niños”, señaló.

García Sepúlveda celebró la inclusión de la reserva presentada por Movimiento Ciudadano para que los nombramientos en la admisión, promoción y reconocimiento de las plazas de los docentes se lleven a cabo mediante un proceso de selección en concursos que dependan de sus conocimientos, méritos, experiencia y capacidades; siempre bajo la rectoría del Estado.

“Estará en nosotros, en la ley secundaria y en la implementación y ejecución del Ejecutivo, que este dictamen sea realmente un logro y no un fracaso”, puntualizó García Sepúlveda.

A su vez, la senadora Verónica Delgadillo añadió que los votos de Movimiento Ciudadano no serán un pase libre y vigilarán que el Ejecutivo cumpla su compromiso para contar con maestros capacitados y escuelas dignas. “Estamos del lado de los maestros, pero también estamos del lado de la calidad educativa. Vigilaremos que este Gobierno no cambie una mafia para imponer a otra y que nunca más se negocien plazas ni contratos en lo oscurito con grupos políticos o sindicatos. Que se escuche alto y claro: la educación no es un negocio de unos cuantos, la educación es un derecho de todas y todos”, concluyó.

• Avala Movimiento Ciudadano los cambios a la promoción de los maestros bajo la rectoría del Estado y el aumento a los recursos en infraestructura.

• La bancada naranja votará a favor porque se incluyeron sus reservas en el dictamen.

Para Movimiento Ciudadano la espera dio resultados en el Senado, y por tal motivo votó a favor de una reforma educativa fortalecida con las reservas que había planteado, indicó el legislador Samuel García Sepúlveda. “No hay mal que por bien no venga, muchas de las reservas que aquí se congelaron vienen mejoradas de la cámara de origen y viene un dictamen más fortalecido y sobretodo mucho mejor planteado”, dijo.

El legislador aseguró que los cambios en el dictamen acabaron con el mito de que los sindicatos de maestros, como la SNTE, volverían a tener en sus manos el control de las plazas.

Asimismo, señaló, es un logró que la reserva de su bancada sobre los nombramientos de promoción y reconocimiento, y los concursos de oposición, ahora dependerá de reconocimientos, mérito, experiencia y capacidades bajo la rectoría del estado.

“Estamos muy contentos que en este dictamen, en su artículo III, séptimo párrafo y artículo XVI transitorio, viene textual e íntegra la reserva que Movimiento Ciudadano planteó para que ya no sean las plazas control o método electoral a favor de sindicatos y sí a favor del estado”, manifestó.

De acuerdo con García, la reforma demuestra un cambio de rumbo en cuanto a los recursos destinados a la Educación, ya que el gasto en infraestructura no será una migaja del 10 por ciento y tendrá un aumento considerable, tal como propuso en comisiones.

“Por eso la propuesta que hicimos la semana pasada, viene también íntegra en el artículo tercero párrafo noveno, que establece que el Estado debe garantizar, los materiales didácticos, mantenimiento, infraestructura y condiciones del entorno idóneas para la educación. 

“No sólo eso, obligamos en un transitorio que la Cámara de Diputados debe contemplar los recursos necesarios para dar cumplimiento al artículo tercero, y además hacer un fondo federal que prevea los recursos para garantizar esta infraestructura”, dijo. 

Sin embargo, García Sepúlveda advirtió que el éxito de la reforma todavía depende de la ley secundaria y confió que el país por fin abandone los últimos lugares en educación.

“Estará en nosotros, en la ley secundaria, y en la implementación y ejecución del Ejecutivo que este dictamen sea realmente un logro y no un fracaso. Tengo la esperanza que esta reforma educativa logrará que México salga en el último lugar de la OCDE y nos traiga un porvenir para nuestros niños, nuestros maestros, nuestros padres y nuestra sociedad”, finalizó. 

• El alumbrado público es una necesidad social insatisfecha con alto potencial de ahorro de energía, reconoció el Senador.

• Propondrá mecanismos para que municipios fortalezcan proyectos de eficiencia energética.

Los sistemas de alumbrado público son insuficientes y una necesidad social insatisfecha que alimentan la percepción de inseguridad en México, reconoció el Senador por Chiapas, Noé Castañón Ramírez, al sostener una reunión de trabajo con el Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), Odón de Buen Rodríguez y el Director General Adjunto de Fomento, Difusión e Innovación, Héctor Francisco Ledezma Aguirre.

Asimismo, Noé Castañón aseguró que el potencial de ahorro de energía eléctrica de dichos sistemas es significativo, pues con proyectos de eficiencia energética como los que impulsa la CONUEE, los ayuntamientos podrían pagar hasta 89 por ciento menos por consumo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El alumbrado público es un servicio fundamental que permite a la población en espacios exteriores realizar a cualquier hora actividades laborales, educativas, comerciales y recreativas. Destaca también que el Banco Mundial, resalta que la inseguridad y la violencia urbana son provocadas, entre otros, por limitada e inadecuada infraestructura urbana, y la falta de alumbrado público o avenidas angostas.

Ante este panorama, el Senador por Chiapas, propuso crear una iniciativa de ley para la gestión de recursos federales en municipios relativos al fortalecimiento de programas de eficiencia energética.

Como parte de los acuerdos pactados durante esta reunión, el legislador federal se comprometió a proponer para beneficio de los ayuntamientos, ante el pleno del Senado de la República, programas que deriven en la obtención de fondos para dicho fin en conjunto con instituciones como la CONUEE, CFE, Secretaría de Energía (SENER), bancas comerciales, entre otros.

Poderes Judiciales locales del país no cumplen con

criterios de justicia abierta: Clemente Castañeda

• Presentan informe que reporta que 18 de los 32 Poderes Judiciales no reconocen ni registran número de sentencias emitidas.
• El senador Clemente Castañeda en conjunto con Equis Justicia para las Mujeres, presentaron una iniciativa a fin de que todas las sentencias sean públicas.

Los poderes judiciales de las 32 entidades federativas carecen de compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana, resaltó el senador Clemente Castañeda, en la presentación del "Informe: (In)Justicia Abierta Ranking de la Opacidad Judicial”, presentado por la organización Equis Justicia para las Mujeres.

El informe que se construyó durante dos años a partir de solicitudes de información, plantea que la mejor manera de evaluar a los Poderes Judiciales locales es a través de sus sentencias, sin embargo, 18 de los 32 Poderes Judiciales no reconocen ni registran el número de sentencias emitidas, además de que en la mayoría de los casos no las hacen públicas.

“Es alarmante que ninguna entidad federativa alcanza el 50 por ciento de puntuación general en materia de transparencia sobre las sentencias, y resulta grave que, de manera generalizada, los Poderes Judiciales de México nieguen el carácter de interés público de las sentencias”, criticó Castañeda.

El informe reporta que ninguno de los Poderes Judiciales locales en el país cumple en justicia abierta, es decir, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la impartición de justicia. Ana Pecova, directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, explicó que han colaborado con el Senador Clemente Castañeda, también Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, para la elaboración y presentación de una iniciativa para establecer que todas las sentencias sean públicas. 

Así, Equis Justicia para las mujeres y los senadores Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y Patricia Mercado, junto  con senadores de otros grupos parlamentarios, presentaron el 10 de abril esta iniciativa que reforma la fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de que los poderes judiciales de todo el país publiquen el texto íntegro, en versión pública, de todas las sentencias.

“¿Por qué es importante que las sentencias sean públicas? Para garantizar el acceso a la información y a la máxima publicidad, pero también para evaluar y monitorear los procesos judiciales. De manera significativa, se trata de una reforma que serviría para detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales”, expresó el senador de Jalisco.

Hoy, el Artículo 73 de dicha Ley establece que los Poderes Judiciales deberán hacer públicas solo las sentencias que sean de interés público, pero esta disposición es un obstáculo contrario al principio de progresividad del derecho a la información y a la máxima publicidad, porque deja a su criterio determinar qué es de interés público y qué no, explicó Castañeda.

“La reforma permitirá a las personas ejercer su ciudadanía y hacer exigibles sus derechos, al contar con la evidencia de las resoluciones judiciales que les afecten, al saber por qué y con qué argumentos se tomó una decisión”, dijo Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, a la que se turnó esta iniciativa.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas, manifestó que “La opacidad obedece a una posible estrategia, para que la ciudadanía no pueda evaluar, vigilar y controlar la labor del Poder Judicial”.

En la presentación del informe también participaron, Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón,  quienes coincidieron en que la falta de transparencia y rendición de cuentas genera la falta de confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.