• La propuesta contempla interponer una pena de uno a cinco años de prisión y hasta mil días de multa a quien resulte responsable del delito de acoso sexual.

• En los casos donde el responsable sea un servidor público, se propone que sea destituido de su cargo e inhabilitado de uno a cinco años para ocupar otro cargo público.

La senadora Verónica Delgadillo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometió a consideración del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de acoso sexual.

Delgadillo García explicó que, a pesar de que el acoso sexual constituye uno de los más graves problemas que se viven en México, el Código Penal Federal no lo contempla como un delito.

En su intervención, compartió su experiencia de acoso sexual y la de otras mujeres, mismas que han sido denunciadas a través de redes sociales. “Yo quiero preguntarles a todas las mujeres que estamos aquí y por supuesto a quienes están viendo este video: ¿A quién no le ha pasado algo así? ¿Quién no ha caminado las calles con miedo, con miedo a ser perseguidas, agredidas, secuestradas? Y la pregunta debe ser: ¿a quién no? porque la inmensa mayoría de las mujeres hemos vivido en carne viva situaciones de acoso callejero, acoso sexual y violencia”, señaló.

Refirió que México está dentro de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo, donde 9 mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de serlo. Además, mencionó que en promedio existen 99 denuncias de delitos sexuales al día y más de 36 mil al año.

“El acoso sexual es un grave problema en nuestro país; el acoso sexual atenta contra nuestra dignidad, contra nuestra integridad, contra nuestra seguridad y no se debe ocultar ni mucho menos solapar. Yo y millones de mujeres les pedimos su ayuda para que suscriban y apoyen esta propuesta, para que hagamos lo que nos toca para erradicar las violencias que vivimos las mujeres”, dijo.

La iniciativa de la senadora Verónica Delgadillo contempla incluir al Código Penal Federal un artículo para que el acoso sexual quede tipificado bajo las siguientes características:

• Comete el delito de acoso sexual, quien con fines lascivos asedie a otra persona de cualquier sexo.

• El delito de acoso sexual puede ser reconocido si se llevó a cabo en un espacio público o privado, pero también si este se perpetúa al usar algún medio informático.

• El delito de acoso sexual puede causar intimidación, degradación y una posible humillación.

De igual manera, la propuesta contempla interponer una pena de uno a cinco años de prisión y hasta mil días de multa a quien resulte responsable del delito de acoso sexual. Y en los casos en donde el responsable sea un servidor público, propone que sea destituido de su cargo e inhabilitado de uno a cinco años para ocupar otro cargo público.

“Quiero concluir mandando este mensaje a todos los rincones del país: NO son piropos, NO son halagos, NO son bromas, NO es normal, es acoso sexual; es cosa seria; es violencia y las mujeres estamos hartas de sufrirlo a diario. Te necesitamos para acabar con el acoso. Ni una menos; porque vivas nos queremos”, finalizó enfática.

La iniciativa de la senadora de Jalisco fue suscrita por senadoras y senadores de varios grupos parlamentarios y fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera.

Pide Noé Castañón garantizar el derecho al voto a

personas en prisión que no han sido sentenciadas

• La iniciativa busca proteger el derecho al voto activo y la prevalencia así como el respeto al principio de presunción de inocencia, que consagra el Sistema Penal Acusatorio.

• No aprobar esta reforma propiciaría una continua violación a los Derechos Humanos, señaló Castañón.

El senador Noé Castañón Ramírez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción II y adiciona la fracción III al artículo 38, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de presunción de inocencia y derecho al voto activo.

De acuerdo al senador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, esta iniciativa tiene como objetivo dar voz y garantizar plenamente el derecho de presunción de inocencia a quienes son sujetos a procesos penales y se encuentran en prisión; por lo cual se propone no suspender el derecho o prerrogativa a la emisión del voto en tanto no hayan sido condenados por una sentencia.

En aras de garantizar la igualdad y equidad en todos los aspectos de la elección, el legislador señaló que es necesario permitir y garantizar una democracia participativa, plural e incluyente a quienes aún privados de su libertad ambulatoria, no han perdido su ciudadanía, puesto que todavía se presumen inocentes. “Ese derecho humano, el de votar, garantizado a todos los ciudadanos mexicanos, es donde encuentra sentido la soberanía nacional, y con ello, la democracia misma, pues resulta la expresión de la voluntad para influir en la vida de la nación”, dijo.

En este sentido, refirió que cifras recabadas por el Instituto para la Investigación de Políticas Penales del Reino Unido (World Prision Brief), revelan que en México de las 204,422 personas recluídas, 80,442 se encontraban en prisión preventiva; es decir, el 39.4%.

Aunado a ello, Castañón Ramírez subrayó que países como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Costa Rica tienen mecanismos para garantizar el derecho al voto de personas privadas de su libertad que no hayan sido sentenciados; así como Canadá, Francia, Reino Unido, Sudáfrica y España, que garantizan el derecho al voto inclusive en casos de sentencias condenatorias.

Señaló que la aprobación de la reforma propuesta debe encontrar sustento en las situaciones sociales actuales, las interpretaciones jurisprudenciales nacionales y los criterios y los tratados internacionales de los que México es parte.

“Con el objeto de dar voz y garantizar plenamente el derecho de presunción de inocencia, se propone reformar el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de no suspender el derecho o prerrogativa a la emisión del voto en tanto no hayan sido condenados por una sentencia definitiva, no hacerlo seria ser omisos en la restricción de la voz de un sector social, pues sería creer que no tienen nada qué aportar o que no son iguales o aptos para tomar decisiones, en continua violación a sus Derechos Humanos”, concluyó.

Hace dos años el Senado de la República recibió la propuesta de ratificación o no de los magistrados, sin embargo, la anterior Legislatura fue omisa y hoy, la LXIV Legislatura podría caer en desacato de una sentencia.

El senador Clemente Castañeda solicitó por segunda ocasión a la Mesa Directiva del Senado, que se turne el expediente a la Comisión de Anticorrupción, como establece la Ley Orgánica del Congreso.

“Para el nombramiento de los Magistrados Anticorrupción, este Senado debe incluir la voz de los académicos, especialistas y las organizaciones civiles ligadas a esta materia, a través de un ejercicio de Parlamento Abierto”, expresó Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción.

El Senado de la República debe destrabar el nombramiento de los 18 Magistrados Anticorrupción, elementos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para la investigación de faltas administrativas graves, sino incurriría en un flagrante desacato de una sentencia judicial, señaló el senador Clemente Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, solicitó hoy a la Mesa Directiva del Senado, presidida por el legislador Martí Batres, que se rectifique el turno de dicho expediente para que sea esta Comisión la que coordine los trabajos de dictaminación y de una vez por todas se fortalezca al SNA en su tarea de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

“El Senado de la República no puede retrasar más la ratificación o no de los Magistrados Anticorrupción; de hacerlo caería en flagrante desacato de una sentencia judicial, siendo responsable la Mesa directiva que usted preside (senador Martí Batres)”, señala el oficio que hoy se entregó.

“Igualmente importante, es que seguir retrasando el nombramiento de los Magistrados significa dejar inconcluso el proceso de instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, e inoperante a una de sus piezas institucionales fundamentales: la Tercera Sección y las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creado por mandato constitucional para investigar las faltas administrativas graves”.

La Mesa Directiva del Senado turnó el expediente a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, y no a la Comisión de Anticorrupción, como establece la Ley Orgánica del Congreso General: las comisiones ordinarias deberán dictaminar y resolver las cuestiones relacionadas con las materias propias de su denominación.

El fortalecimiento y la consolidación del SNA tiene una traba en el Senado desde hace dos años:

• El 25 de abril de 2017, el Senado de la República recibió la propuesta de nombramiento de los 18 Magistrados Anticorrupción.
• Ante la falta de respuesta de ratificación o no de los magistrados, el Comité de Participación Ciudadana del SNA interpuso una demanda de amparo el 9 de mayo de 2018 señalando, entre otras cosas, “la omisión en el cumplimiento de la obligación constitucional”.
• El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa resolvió el juicio de amparo 509/2018 y ordenó que el Senado decida inmediatamente la ratificación o no de los magistrados.
• Ante un recurso de revisión interpuesto por este Senado, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó por unanimidad la sentencia: lo que significa que el Senado está obligado a acatar la sentencia de inmediato.

La instalación de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa especializadas en responsabilidades administrativas es fundamental para la política nacional de combate a la corrupción, dado que esta es la instancia constitucional que se encargaría de investigar los hechos de corrupción.

“Ante la urgencia de resolver el asunto en cuestión y que este Senado no incurra en desacato de una orden judicial, resulta oportuno rectificar el turno para que sea esta Comisión de Anticorrupción la que coordine, junto con la Comisión de Justicia, los trabajos de dictaminación”, se lee en el oficio entregado hoy.

El futuro de la vaquita marina está en manos

del Gobierno Federal: Verónica Delgadillo

• Se deben implementar acciones inmediatas para evitar su extinción.

• El punto de acuerdo propone una zona de cero tolerancia en contra de la pesca ilegal de totoaba, cuya pesca ilegal ha provocado la muerte de miles de vaquitas marinas.

Ante el riesgo de la extinción de la vaquita marina, la senadora Verónica Delgadillo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso ante el Pleno un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a implementar acciones inmediatas para evitar la extinción de esta especie.

“Nuestra generación está frente a la posible primera extinción de un mamífero marino en Norteamérica en varias décadas, y tal como se publicó hace unos días en el New York Times, el futuro de la vaquita marina está en manos del Gobierno Federal y ninguna de las personas que estamos aquí, podemos quedarnos de brazos cruzados”, señaló Verónica Delgadillo.

Delgadillo García refirió que dicha proposición ocurre como respuesta a un problema agraviante, puesto que, a pesar de que en los últimos años se han dedicado millones de pesos para su protección y preservación, los resultados demuestran lo contrario. “Esto no lo digo yo, lo dicen las mismas cifras: en el año 2015, teníamos 97 vaquitas marinas, en 2016 pasamos a 60, en 2017 se murió el 50% de la población, reduciéndose a 30; en 2018 bajamos a 22, y hoy solo tenemos 10 ejemplares”, puntualizó.

Asimismo, calificó de inaceptable que, mientras la extinción de la vaquita marina está a punto de suceder, las partes involucradas siguen simulando su protección debido a la complicidad y redes de corrupción que facilitan la pesca ilegal de totoaba. “Está claro que nadie quiere hacer algo, porque la pesca ilegal de totoaba es un negociazo para todas las personas involucradas: el kilo de la vejiga natatoria de este pez, que es prácticamente una parte que tiene en el cuello y que le permite ascender o descender en el agua, cuesta 8 mil dólares en el mercado negro de este país, 16 mil dólares en Estados Unidos y en Asia, el kilo alcanza los 100 mil dólares”, señaló.

La legisladora indicó que después de que la SADER y Semarnat dieran a conocer la “Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California”, que busca atacar las causas que han ocasionado que la vaquita marina se encuentre al borde de la extinción, diferentes organizaciones ambientalistas y algunas federaciones del sector pesquero han manifestado su inconformidad con esta medida. Lo anterior, debido a que las acciones que se requieren para salvar a la vaquita marina deben ser de carácter urgente e inmediato, contar con una zona de cero tolerancia bien delimitada, un plan de vigilancia eficiente y apoyos a los pescadores de la zona.

En ese sentido, cabe recordar quea mediados del mes de marzo del presente año, los apoyos que se otorgaban a pescadores como parte de la veda para prohibir la pesca en el Alto Golfo de California fueron cancelados por el Gobierno Federal; con lo cual, de acuerdo con la Senadora Delgadillo, se pone en peligro la veda al forzar a los pescadores a retomar sus actividades de forma regular, y con esto prácticamente se estaría sentenciando a la vaquita marina a la extinción.

El punto de acuerdo también lo presenta la senadora a nombre de su compañero de grupo Juan Quiñonez Ruíz y propone incluir una zona de cero tolerancia con vigilancia efectiva en contra de la pesca ilegal, así como detallar la estrategia a implementar con la Iniciativa para la Sustentabilidad en el norte del Golfo de California. De igual manera, exhorta a dichas instituciones para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, lleve a cabo la investigación correspondiente en relación al tráfico de la pesca ilegal de totoaba que se realiza en esta región.  

Antes de concluir su participación en la tribuna, expresó su solidaridad al periodista Carlos Loret de Mola, por las sistemáticas amenazas de muerte que ha recibido por su trabajo en el tema y agradeció a Sea Shepherd por su lucha para la protección de la vaquita marina.

La senadora de Jalisco asistió, también el día de hoy, en la proyección del documental “Sea of Shadows”, que retrata la realidad que se vive entre la pesca ilegal de totoaba y la muerte de la vaquita marina en el Golfo de California. Cabe destacar que el Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su discusión.