El Gobierno de México no combate la corrupción: Sen. Clemente Castañeda

• Este Gobierno ha sido especialmente omiso en la rendición de cuentas. La Comisión Permanente debe citar a comparecer a funcionarios federales.
• Mientras el ex director del IMSS denuncia recortes presupuestales a la salud, tenemos al Gobierno Federal presuntamente beneficiando a empresas fantasmas en la compra de medicamentos.

El senador Clemente Castañeda, Presidente de la , manifestó su preocupación por las omisiones del Gobierno Federal en el combate a la corrupción: "Este Gobierno ha sido especialmente omiso en la rendición de cuentas. Son múltiples los casos de presuntos actos de corrupción que han quedado archivados o que pretenden mandarse al olvido con tan sólo una declaración mañanera del presidente", señaló Castañeda Hoeflich.

Ejemplos abundan para realizar esta afirmación en torno a casos donde el común denominador ha sido la impunidad: desde la falta de sanciones a los responsables principales de la Estafa Maestra, la liberación de Elba Esther Gordillo, la liberación de toda la red de corrupción de Javier Duarte, la falta de investigaciones a fondo en el caso Odebrecht, la compra de pipas por medio de adjudicación directa con precios y entregas totalmente opacos, la falta de licitaciones públicas en los principales proyectos de infraestructura de esta administración; hasta el caso reciente sobre la presunta red de empresas farmacéuticas del delegado de Programas Federales en Jalisco, Carlos Lomelí.

Particularmente, este último caso es notablemente grave, y más a la luz de las revelaciones hechas hace unos días por el ex director del IMSS, Germán Martínez, quien denunció los recortes presupuestales al sector salud: "Mientras el ex director del IMSS denuncia recortes presupuestales a la salud, tenemos al Gobierno Federal presuntamente beneficiando a empresas de un funcionario público y ex candidato de Morena en la compra de medicamentos", denunció el senador Castañeda.

El delegado del Gobierno Federal en Jalisco es dueño de múltiples empresas farmacéuticas, además de que omitió incluirlas en su declaración 3de3, aparentemente se han visto beneficiadas mediante adjudicaciones directas.

Los mexicanos merecen saber la verdad sobre estos hechos y, principalmente, merecen que haya sanciones y consecuencias contra quienes defrauden confianza de los ciudadanos y los recursos públicos, sentenció el Senador Castañeda Hoeflich. Adicionalmente, este caso particular representa una prueba de fuego para el Gobierno Federal, ya que se trata de señalamientos sobre uno de sus propios funcionarios.

Por ello, desde la presidencia de la Comisión de Anticorrupción, el senador Clemente Castañeda hace un llamado firme a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y al Sistema Nacional Anticorrupción, para que rindan cuentas sobre este y todos los casos que durante la pasada y la presente administración se han denunciado y lo hagan a la mayor brevedad.

El senador Castañeda señaló que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe incluir de manera prioritaria en su agenda la atención al combate a la corrupción, por lo que debería llamar a cuentas a la Secretaria de la Función Pública, para que explique las acciones de ese órgano en estos casos en específico; a la Fiscalía Anticorrupción para que detalle las acciones que está emprendiendo para investigar estos hechos; al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que explique los mecanismos de seguimiento y denuncia que está ejecutando, y al propio Delegado en el estado de Jalisco para que aclare su participación en las empresas farmacéuticas y los beneficios que ha obtenido de sus contratos con el Gobierno.

• Más de 500 personas han presentado ante la COFEPRIS solicitudes para el uso medicinal de la cannabis.
• La Secretaría de Salud debe armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de marihuana.
• Por este retraso, las personas se ven en la necesidad de acudir a un mercado ilegal para atender necesidades de salud de sus familiares.

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la senadora Patricia Mercado presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a publicar, en sintonía con su obligación constitucional, el reglamento para el acceso a productos medicinales cannabinoides y para su investigación científica, como lo indica la reforma publicada en el DOF en junio del 2017.

En este sentido, la Senadora ciudadana recordó que en esa fecha, cuando se publicó la reforma que permitiría el acceso a productos medicinales con contenido cannabinoide sin la necesidad del proceso de amparo, se acordó un plazo de 180 días para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico de cannabis; sin embargo, el plazo caducó en diciembre de 2017 sin que se cumpliera el artículo transitorio. Fue hasta octubre de 2018 cuando COFEPRIS publicó unos lineamientos en la materia, ni siquiera el reglamento, pero éstos fueron revocados por la nueva administración de gobierno.

“Se dieron estos lineamentos y cuando entra el nuevo gobierno, lo que hace la Secretaría de Salud es no aprobarlos, con el objetivo de realizar unos nuevos, a pesar de ello esto no se ha hecho y me parece muy importante, sobre todo por el sufrimiento de muchas familias, muchos niños y niñas” que los necesitan, declaró.

Patricia Mercado refirió que más de 500 personas han presentado ante la COFEPRIS solicitudes para el uso medicinal del cannabis. “Personas con padecimientos como la epilepsia, la diabetes, los síntomas relacionados con los tratamientos oncológicos, entre otros, hoy tienen una ventana de oportunidad hasta hace poco inaccesible”, dijo.

Asimismo, la legisladora mencionó que los procesos administrativos relativos a los amparos, los costos que implica la importación y los precios de los mercados extranjeros hacen imposible el acceso para muchos pacientes y sus familias. “En muchos casos, las mujeres, quienes generalmente son las responsables de los cuidados, se ven en la necesidad de acudir a un mercado ilegal o a cultivar de manera ilícita para poder conservar la salud de terceros, por lo que la regulación del cannabis medicinal también tendría un impacto positivo en el ejercicio del trabajo de cuidados”, señaló.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.    

Movimiento Ciudadano trabajó escrupulosamente para que en leyes reglamentarias se garantizara una Guardia Nacional Civil y respetuosa de los derechos humanos

• Reconocemos la labor y el trabajo de acompañamiento que realizarán las Fuerzas Armadas en los próximos 5 años en las tareas de seguridad pública, pero terminado ese proceso México deberá tener una Guardia Nacional 100% civil: Dante Delgado.
• La política nacional de seguridad debe ser federalista o estará condenada al fracaso, señaló el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano.
• Ninguna corporación tendrá un cheque en blanco cuando realice funciones de seguridad pública.
• Se construyó un andamiaje jurídico que contribuirá a recomponer la política de seguridad y a recuperar la paz; a fin de que este Gobierno dé resultados a los mexicanos.

Tras la discusión de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional en el Senado de la República, —Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Registro de Detenciones, del Uso de la Fuerza y la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública —; el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, reconoció que el avance obtenido fue resultado de un intenso proceso de diálogo y consenso entre los integrantes de los distintos grupos parlamentarios.

 “Desde nuestro papel de oposición tratamos de ser los más escrupulosos y exigentes porque así lo demandaba el momento y porque debíamos plasmar en el acta de nacimiento de la Guardia Nacional un sello inequívocamente civil precisamente para que llegado el momento de discutir las leyes secundarias, pudiéramos exigir la confección de legislaciones republicanas, federalistas y respetuosas de los derechos humanos”, señaló.

El senador Dante Delgado celebró la inclusión de las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos internacionales, tal como Amnistía Internacional y la ONU. “No exageramos quienes decimos que los cuatro proyectos originales fueron mejorados de manera sustantiva” dijo.

En su participación, el legislador resaltó el hecho de que tanto la Ley Nacional de Uso de la Fuerza como la del Registro de Detenciones serán de aplicación para la Fuerza Armada Permanente cuando realice tareas de seguridad pública. “Ninguna corporación tendrá un cheque en blanco cuando realice funciones de seguridad pública, y ésta, hay que recordarlo, fue una exigencia del ejercicio de parlamento abierto de febrero”, declaró.  

Sobre la Ley Nacional de Registro de Detenciones, subrayó que en Movimiento Ciudadano buscaron garantizar la protección de los derechos humanos y prevenir actos como la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada, así como establecer que los vehículos de seguridad pública cuenten con equipos de geolocalización. De igual manera, buscaron incluir a las personas migrantes en el registro de detenciones para garantizar su protección y su derecho a un proceso justo.

Respecto a la Ley del Uso de la Fuerza, Dante Delgado destacó la necesidad de garantizar que las manifestaciones pacíficas no podrán ser objeto del uso de ningún tipo de arma, que los vehículos cuenten con equipo tecnológico como cámaras de grabación, y que los informes públicos sobre el uso de la fuerza deberán estar desagregados por sexo para identificar y corregir patrones de uso desproporcionado de la fuerza contra las mujeres.

En cuanto a la Ley de la Guardia Nacional, señaló que se lograron mejoras sustanciales al grado que se modificó más del 50% del proyecto original. “Logramos establecer sin matices ni ambigüedades que el mando de la Guardia Nacional, siendo civil, corresponde al Secretario de Seguridad Pública, sin intermediarios y sin instancias sombra”.

Delgado Rannauro dijo que en la Ley de la Guardia Nacional los elementos de la Fuerza Armada dejarán de estar adscritos a su corporación de origen y se apegarán al fuero civil y a la cadena de mando civil de la Guardia Nacional. En aras de crear un marco jurídico que sirva para combatir los delitos y la impunidad, se contemplará la conducción y mando del Ministerio Público en las investigaciones.

Antes de concluir su participación, insistió en que la relación de la Guardia Nacional con los estados y municipios debe ser eminentemente de coordinación y colaboración, y bajo ninguna circunstancia de subordinación. “La política nacional de seguridad debe ser federalista o estará condenada al fracaso”, aseguró.

Respecto al mando civil, Dante Delgado declaró que no habrá marcha atrás: “Lo decimos con respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas, reconocemos su labor y el trabajo de acompañamiento que realizarán en los próximos 5 años en las tareas de seguridad pública, pero terminado ese proceso México deberá tener una Guardia Nacional 100% civil, con una clara vocación de seguridad pública que hoy da sus primeros pasos al quedar plasmada en este paquete de leyes”.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano dijo al concluir su mensaje: “Este andamiaje jurídico esperamos que contribuya a recomponer la política de seguridad y a recuperar la paz; que sirva para que este gobierno le dé resultados a los mexicanos”.

• “Ya dejar ese ‘borrón y cuenta nueva’ de cada 6 años”.
• Pide senador continuidad de la institución tras aval a leyes reglamentarias.

Ante la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, llamó a dejar “el borrón y cuenta nueva” y respaldar a la nueva institución de seguridad para que pase el filtro transexenal.

El legislador subrayó que los 4 dictámenes de la Ley de Guardia Nacional, Ley Nacional de Registro de Detenciones, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son de carácter federalista, de corte civil y respetan los derechos humanos.

 “Ahora sí podemos decir que es una Guardia Nacional civil y en ese sentido daremos un voto de confianza al Gobierno, le deseamos el mejor de los éxitos, porque va a tener un trabajo complicado; son 5 años que le dimos de margen, es decir, prácticamente su sexenio.

“Y en realidad esperamos que esta institución funcione que sea transexenal y ya dejar ese ‘borrón y cuenta nueva’ que ha habido en México durante cada 6 años creando la Gendarmería, la Policía Federal, que esto realmente funcione”, dijo.

Para Movimiento Ciudadano es un logro que las leyes avaladas hayan pasado del centralismo (como lo planteó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador) a ser netamente federalistas ayudando a los estados en la colaboración en tareas específicas de seguridad.

Al respecto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsa la profesionalización, capacitación y desarrollo de las Policías Estatales y Municipales de forma permanente.

Por otra parte, García Sepúlveda advirtió que la tarea del Senado aún no está completa, porque hacen falta reformas al sistema de procuración, administración de justicia y en materia penal por la liberación de delincuentes peligrosos.

“Dejar una tareíta, por sí solo la Guardia Nacional no va a resolver el tema de la seguridad hay que meternos de lleno a la procuración de justicia, hay mucho que hacer en las procuradurías, a la administración de la justicia, mucho que hacer en tribunales, en los juzgados, en materia penal, que por forma, prescripción o criterios absurdos que han emitido están saliendo los delincuentes”, manifestó.

“Tengo fe en que el gran flagelo que tiene este país es la seguridad, en un muy corto plazo se va a resolver, y va a hacer una medalla del Senado que como contrapeso pulió y mejoró una iniciativa del Ejecutivo”, dijo.    

México vive una emergencia medio ambiental y el Gobierno Federal

no puede seguir de brazos cruzados: Verónica Delgadillo

• La senadora Verónica Delgadillo hizo un llamado a la mayoría del Senado de la República para descongelar las iniciativas en materia ambiental que Movimiento Ciudadano ha presentado.
• Tenemos que transitar hacia las energías limpias, al desarrollo sustentable que nos permita aspirar a vivir en un país de vanguardia y con un gobierno preocupado por nuestro futuro, declaró Delgadillo García.
• Hay muchos temas locales sin atender, las autoridades son omisas: Samuel García.

En conferencia de prensa, acompañada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo hizo un llamado al Gobierno Federal y a la mayoría de Morena a que se comprometan con la agenda para la defensa y protección del medio ambiente y descongelen las iniciativas presentadas en dicha materia, esto después de la crisis medioambiental de los últimos días.

“De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en lo que va de este año, se han registrado 4,425 incendios forestales en 30 estados de la república, que han afectado una superficie de 153 mil hectáreas. Todavía hoy, hay 116 incendios forestales, 78 activos, 19 en proceso de liquidación y 19 sofocados”, declaró.

La senadora ciudadana criticó las normas medioambientales implementadas por el nuevo gobierno en la Ciudad de México, medidas que le han apostado a las políticas pro-coche y han relajado las normas de verificación vehicular y el hoy no circula. “Por eso nos preocupa mucho que, frente a esta realidad, el gobierno haya decidido, por un lado, recortar para este año un 32% del presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es decir, alrededor de 12 mil millones de pesos menos” señaló.

Asimismo, reprochó que el gobierno quitó el 40% de su presupuesto a la Conafor, lo cual se traduce en una reducción de 1,229 millones de pesos a la institución encargada de combatir los incendios. “Debe de quedar claro que, en nombre de la austeridad, no se puede atentar contra el medio ambiente y tampoco se puede renunciar a la responsabilidad de cuidarlo”, dijo Delgadillo García.

La senadora jalisciense recordó las iniciativas que Movimiento Ciudadano ha presentado en materia ambiental con el objetivo de reconocer los derechos de la naturaleza y la personalidad jurídica de los manglares, reforzar la protección de las áreas naturales protegidas, prohibir el fracking, apostarles a las energías limpias, prohibir el uso de plásticos de un solo uso, el uso de plaguicidas altamente tóxicos que contaminan la tierra, el agua y el aire; y pidió que sean descongeladas para su discusión.

En su oportunidad, el senador Samuel García Sepúlveda, indicó: “A este gobierno parece que le encantan las vencidas pero que no se equivoque con la madre naturaleza no se puede jugar a las vencidas”. Manifestó que además de toda la legislación congelada, como refirió Verónica Delgadillo, falta liderazgo en el Gobierno Federal, en la Ciudad de México y en Nuevo León; hacen falta pactos ambientales y que gobernadores y alcaldes hagan su trabajo.

García Sepúlveda mencionó que hay muchos temas locales relacionados con autoridades omisas tales como la mala calidad del aire en Nuevo León, el sargazo en Quintana Roo y la contingencia ambiental en Ciudad de México. Describió diversos datos, particularmente de su entidad, Nuevo León, en referencia a las enfermedades causadas por dicho deterioro medio ambiental y aseguró que nada se resolverá con ocurrencias de los gobiernos.

Finalmente añadió: “Tenemos que transitar hacia las energías limpias, al desarrollo sustentable que nos permita aspirar a vivir en un país de vanguardia y con un gobierno preocupado por nuestro futuro. Es un llamado al gobierno de la República, al presidente y a la mayoría de Morena. El medio ambiente no puede esperar más y es nuestra responsabilidad hacer frente a la crisis que estamos viviendo”.  

La senadora Verónica Delgadillo solicitó que por conducto de la Mesa Directiva y la JUCOPO, se realice un periodo extraordinario urgente para discutir una agenda en materia de protección medioambiental a la brevedad.  

• La iniciativa del senador Clemente Castañeda y su bancada recupera la esencia de la Ley 3de3, que establece como obligatoria, pública y completa la declaración patrimonial, de interés y fiscal de los funcionarios.
• La Ley 3de3 que hoy tenemos en nuestra legislación, fue ‘editada’ en el Congreso de la Unión hasta establecer que las declaraciones “serían públicas, siempre y cuando no se afecte la vida privada de los funcionarios públicos” y “que las declaraciones fiscales no serían públicas”.
• Con la iniciativa que reforma el Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se da un paso importante en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, dijo el senador jalisciense Clemente Castañeda.

La declaración patrimonial, de interés y fiscal, está a un paso de ser obligatoria, pública y completa para todos los funcionarios públicos en el país. Las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, aprobaron la iniciativa que presentó el senador Clemente Castañeda e integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, que recupera la Ley original 3de3, ahora, le toca al Pleno del Senado de la República analizarla y ponerla a votación.

“Esta iniciativa recoge el espíritu de la ley original 3de3. En términos concretos, lo que estamos planteando es que estas declaraciones sean completas, obligatorias y públicas para todos los funcionarios públicos, sin excepción”, expresó el senador Clemente Castañeda.

La iniciativa que presentó Castañeda junto con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, pretende modificar el Artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:

• Las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses serán públicas, conforme a la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos.

La legislación actual permite que los políticos tengan la posibilidad de no hacer pública sus declaraciones, o de hacerlo a medias. Establece que las declaraciones “serían públicas, siempre y cuando no se afecte la vida privada de los funcionarios públicos” y “que las declaraciones fiscales no serían públicas”.

Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, destacó que al recuperar el espíritu original de la iniciativa 3de3, respaldada por la firma de 630 mil personas, se permitiría prevenir, identificar y castigar los actos de corrupción, de mal manejo de recursos y de enriquecimiento ilícito.

Permitiría dar seguimiento al comportamiento público de los servidores públicos, saber cuáles son sus conflictos o potenciales conflictos de interés; así como saber cómo evolucionan sus ingresos, cotejarlos con su forma de vida y con lo que declaran en términos patrimoniales, continuó Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que las declaraciones 3de3 deben ser públicas, obligatorias y completas (…) es por ello que a lo largo de los últimos años los candidatos y legisladores de Movimiento Ciudadano hemos cumplido de manera voluntaria y pública con la emisión de nuestras declaraciones 3de3”, se lee en la iniciativa aprobada ayer en comisiones.

La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Anticorrupción el 26 de marzo pasado, y ayer se sumó la aprobación de la de Estudios Legislativos, concluyendo el trámite en comisiones.

• El dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar, fue aprobado por unanimidad y remitida al Ejecutivo Federal.

• Esta reforma nos compromete como mujeres con esas 2 millones 300 mil trabajadoras que están en el último escalón en términos de condiciones de trabajo y condiciones salariales: Patricia Mercado.

En la sesión extraordinaria del Senado de la República se llevó a cabo la discusión del dictamen que busca reconocer los derechos a personas trabajadoras del hogar. En voz de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado, señaló que las decisiones en materia de paridad se deben tomar en lo público y en lo privado para avanzar en oportunidades de igualdad y de trato y así poder lograr una mayor justicia social para todos y todas.

“Hoy que votamos para avanzar en la paridad en los gobiernos y en los diferentes poderes, a las mujeres nos compromete con esta agenda de igualdad de oportunidades y de trato, nos compromete con esas 2 millones 300 mil trabajadoras que están en el último escalón en términos de condiciones de trabajo y condiciones salariales”, dijo.  

Celebró que esta reforma reconozca a las trabajadoras del hogar como trabajadoras de primera. “Esto va a implicar un cambio muy grande en la mentalidad de patrones y patronas. Queremos llamarnos empleadores, pero en este momento nuestra ley dice que nos vamos a convertir en patronas y patrones de estas trabajadoras. Hay que llamarnos a asumir esta reforma”, subrayó.

La legisladora ciudadana señaló que a pesar de los avances logrados en esta materia, los números en la prueba piloto del Seguro Social siguen estando muy bajos. “La seguridad social es salud para sus familias, es antiaccidente y enfermedad para seguir recibiendo un porcentaje del salario en esta incapacidad”, puntualizó.

Patricia Mercado reconoció que aún quedan temas pendientes respecto a las trabajadoras adolescentes y las condiciones de su lugar de trabajo. Por ello, resaltó la importancia de vincular esta reforma con la Ley de Confianza Ciudadana y lograr que la inspección del trabajo también sea considerada en esta ley con la finalidad de evitar que exista una situación de trata laboral u otra situación irregular en los hogares.

“Hago un llamado a la voluntad para hacer de este país, que es uno de los más desiguales del mundo, a hacerlo caminar en mayor igualdad de oportunidades y de trato para este sector de trabajadoras”, concluyó.

Por unanimidad, con 117 votos a favor, se aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Presentan Senadoras y Senadores, Acción de Inconstitucionalidad

contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

• El Poder Judicial debe trabajar con autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo.

• Fue suscrita por 44 senadoras y senadores de oposición.

• No se trata de ser obsequiosos con el poder sino de que en México exista una verdadera y auténtica división de poderes: Dante Delgado.

Suscrita por 44 senadoras y senadores de oposición con Movimiento Ciudadano, se presentó el día de ayer, una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

“Estamos convencidos de que el Poder Judicial debe trabajar con autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo. Por ello confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarde el pacto federal, la división de poderes y la independencia de los poderes judiciales locales”, indicó el senador Dante Delgado en conferencia de prensa. Añadió que, de lo que se trata es de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre al fondo del asunto, dado que el Poder Legislativo está excedido en sus competencias.

Subrayó que no se trata de ser obsequiosos con el poder sino de que en México exista una verdadera y auténtica división de poderes. “No podemos permitir que desde el Ejecutivo traten de cooptar o someter al Poder Judicial de la Federación”, enfatizó el legislador.

“Necesitamos jueces independientes, comprometidos con las causas de los ciudadanos, no de grupos de interés o de facciones, precisamente por ello, al impedir que se violente por parte del poder legislativo, hemos tomado la decisión de recurrir a esta acción de inconstitucionalidad”, explicó el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Reiteró que con esta acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que entrar al fondo del asunto porque se vulnera el pacto federal y la división de poderes. “Buscamos dar constancia a la sociedad nacional de nuestro trabajo para frenar iniciativas que vulneren la división de poderes y el pacto federal. Esa es la trascendencia de la acción de inconstitucionalidad que el día de ayer hemos presentado”, concluyó.