• Senador Samuel García celebra aprobación de la muerte civil en el Senado.
• ”No importa si es Odebrecht o el secretario de desarrollo urbano de algún municipio”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, celebró en el Pleno la aprobación de la muerte civil que  inhabilitará permanentemente a funcionarios corruptos. Una de las iniciativas que conformaron el dictamen fue presentada por su fracción parlamentaria el pasado 11 de septiembre. 

“Este era un blindaje para los pillos, para los corruptos, porque sabían que con la mano en la cintura en el tribunal fiscal iban a ganar el asunto porque a nivel nacional nuestra ley estaba anticuada y caduca y no preveía la inhabilitación permanente”.

“Los corruptos ya no tendrán una segunda oportunidad, ya no queremos más Layines, decir ‘robé, pero robé poquito’, no importa el monto lo que importa es el acto, la ofensa y haber abusado de la confianza de la ciudadanía”, dijo

García cuestionó que de 112 mil casos de corrupción sólo se han validado 28, es decir, el .00025 por ciento, y subrayó que con esta figura se impide a los corruptos estar en una boleta electoral, acceder a un cargo incluso por la vía del dedazo y participar en licitaciones.

Asimismo, indicó que no habrá distinciones y la muerte civil se podrá aplicar a funcionarios municipales, quienes han protagonizado escándalos en varios estados como Nuevo León. 

“Lo decimos fuerte y claro, cualquier acto de soborno, tráfico de influencias, falsificar documentos, compraventa de facturas, evasión fiscal, uso indebido de recursos, abuso de autoridad, etcétera; no importa si es Odebrecht o es el secretario de desarrollo urbano de algún municipio que está dando un permiso a la mala”.

“Todos a nivel nacional independientemente que les dicten o no cárcel, pueden quedar inhabilitados de por vida, para que ese corrupto sienta lo que es dejar de existir en la política por malandro”, dijo.

Además, llamó a eliminar el velo corporativo de las sociedades anónimas “si no, estos corruptos se van a seguir riendo creando cascarones jurídicos, ahora llamadas SA”.

• Su propuesta busca evitar que miles de personas en estado de necesidad justificante vayan a la cárcel, cuando pueden acceder a acuerdos reparatorios.

• Los recursos y esfuerzos del Estado deben emplearse para perseguir y sancionar delitos de mayor impacto, señaló.

La senadora Patricia Mercado Castro, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno un punto de acuerdo que exhorta, primero, a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal, y recurrir a acuerdos reparatorios en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado; y segundo, a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias, en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado.

Durante su intervención, la senadora ciudadana argumentó que México es uno de los países más desiguales de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo es superado por Chile. Refirió datos del Coneval que revelan que en el 2016 se registraron en el país 53.4 millones de personas en situación de pobreza, esto es, 3.9 millones de mexicanos más que en 2008.

Señaló que la pobreza conlleva a otro grave problema: el robo de alimentos por necesidad. De acuerdo a la Comisión Especial de Reclusorios de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 2013 por lo menos 6 mil de los 41 mil presos en la Ciudad de México fueron detenidos por robar comida. A lo anterior añadió que el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) detalla que entre 2013 y 2016 se registraron 8 mil 637 expedientes por este delito en la capital, esto es, 221 robos por mes, siendo el robo sin violencia el ilícito más común.

Detalló que el nuevo Sistema de Justicia Penal ofrece la posibilidad de que, en delitos considerados no graves, ambas partes puedan conciliar y llegar a un acuerdo reparatorio sin que el proceso penal dé inicio, lo cual supondría un ahorro de tiempo y recursos ministeriales y policiales.

A su vez, explicó que el artículo 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Tribunal de enjuiciamiento podrá determinar la causa de exclusión del delito en atención a, entre otras cosas, las causas de justificación, que prevén “el estado de necesidad justificante”, para lo cual podría declarar sentencia absolutoria.

“Tanto las Fiscalías locales, como los juzgadores, cuentan con facultades para evitar criminalizar la pobreza, y en cambio, emplear los recursos y esfuerzos del Estado para perseguir y sancionar delitos de mayor impacto”, señaló.

La propuesta de la senadora busca utilizar y optimizar las herramientas que el sistema penal contempla y no han sido implementadas a cabalidad.  El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia.

• Exige licitación abierta para que participen empresas mexicanas

A 81 años de la expropiación petrolera, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, cuestionó que en materia energética el proyecto de la refinería Dos Bocas esté planeado sólo para empresas extranjeras.

"A más de ocho décadas de aquel suceso, debemos celebrar la valentía del pueblo de México y refrendar que hoy nuestro país debe igualmente defender sus recursos naturales más valiosos, pero ya no precisamente de la voracidad de las empresas extranjeras, que se amparaban en una legislación internacional débil y aún en pañales, sino más bien de la industrialización irresponsable a gran escala y de los consecuentes daños al medio ambiente", dijo.

El legislador reprobó la intención del sexenio de Andrés Manuel López Obrador de concentrar en el petróleo la economía del país. "Los mexicanos estaremos rindiendo el mejor homenaje al Presidente Cárdenas, pues debemos estar seguros que su intención no era petrolizar la economía, sino garantizar la soberanía energética”, manifestó.

"Pareciera que es la voluntad del nuevo Gobierno no honrar los compromisos globales en materia de reducción de emisiones y la lucha contra el cambio climático, sino pretende por el contrario volver a esquemas que concentran nuestra soberanía energética en una creciente petrolización", dijo.

El legislador aplaudió el combate al huachicol del Gobierno Federal, pero criticó que la solución a Pemex provenga sólo del exterior y demandó atacar la corrupción interna del sindicato. "Por ello creemos que no son buenas las señales que se dieron sobre la, se ha decidido realizar una licitación abierta sólo a 4 empresas extranjeras, sin un esquema de licitación pública y abierta”.

"¿Dónde quedó aquella premisa del artículo 32 constitucional que establece que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros?, ¿Por qué solamente a 4 extranjeras si en México tenemos capacidad, empresarios y dinero para hacer una refinería?, de qué sirve llamarnos nacionalista, socialistas si a escondidas vamos a dar el proyecto a 4 extranjeras", dijo. Asimismo, cuestionó el expediente "limpio" de las empresas beneficiadas, luego de que se diera a conocer sanciones e investigaciones sobre las mismas en otros países a unas horas del anuncio del Gobierno.

"Tenemos que ser muy francos con los mexicanos es imposible que en 3 años y con 8 mil millones de dólares se haga una refinería, y también pedir una licitación pública y abierta donde participen todas las empresas, incluidas las mexicanas", dijo.

• Exige justicia a 9 años del asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey

• No es suficiente una disculpa pública, dice.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, pidió un minuto de silencio en honor de los estudiantes del Tec de Monterrey Javier Arredondo y Jorge Mercado.

A nueve años del asesinato de Jorge y Javier a manos del Ejército en las inmediaciones de las institución privada, el legislador llamó a investigar a fondo el caso y que no queden impunes los responsables.

"En el Tec de Monterrey se pidió una disculpa pública por los asesinatos de Jorge y Javier, y como senador de Nuevo León quisiera someter a la mesa directiva si podemos hacer un minuto de silencio por los nueve años del asesinato de Jorge y Javier por militares”.

“Y al mismo tiempo pedir una investigación profunda”, dijo.

La petición fue aceptada por el Presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres y posteriormente, los senadores presentes en la sesión guardaron el minuto de silencio.

Hoy la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública por la muerte de los estudiantes que eran de excelencia académica.

Sin embargo, Movimiento Ciudadano reitera y exige que se castigue a quien o quiénes fueron responsables por el asesinato de los alumnos de posgrado, víctimas inocentes durante la guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Exigimos una investigación profunda y castigo a los responsables, no es suficiente una disculpa pública”, señaló García Sepúlveda en redes tras el minuto de silencio. 

Piden publicar convocatoria de CENSIDA para

no poner en riesgo avances hacia la erradicación del VIH-SIDA

• Mediante la proposición de un punto de acuerdo, exhortan al cumplimiento de las metas globales y nacionales para erradicar el VIH y el SIDA.

• El cambio repentino de estrategia impacta la consecución de resultados y es un retroceso en materia de derechos.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, junto a la senadora Alejandra Lagunes, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) publique la “Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2019”.

El punto de acuerdo también solicita elaborar un Plan Nacional de prevención, detección, atención y erradicación del VIH/SIDA de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos en esta materia.

En tribuna, la senadora Mercado señaló que el trabajo colaborativo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la respuesta gubernamental han facilitado un alcance más amplio de programas, mejor identificación de necesidades, estrategias para las poblaciones en mayor riesgo y la participación de las personas afectadas.

“Este es un compromiso global que incluye a diversos sectores de la sociedad. En México, justamente los ciudadanos y las ciudadanas organizadas han contribuido de manera importante al esfuerzo diario por alcanzar esta meta en las últimas décadas, pero hoy los logros conseguidos para la erradicación del VIH y de los estigmas y estereotipos están en riesgo”, indicó.

La legisladora explicó que la circular firmada por el Ejecutivo Federal el 14 de febrero de 2019, donde da a conocer la decisión de no continuar con transferencias de recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o ciudadana, aunado al cambio repentino de estrategia, podría impactar los avances y la estrategia nacional en materia de control, prevención y atención al VIH y SIDA, al afectar el modelo de financiamiento de al menos un centenar de OSC que participan anualmente en la Convocatoria de CENSIDA y a proyectos para la prevención focalizada del VIH con comunidades clave desde 2006.

“En este caso, entregar medicamentos y atención médica directamente a las personas que viven con VIH es necesario, pero no es suficiente. Lo saben perfectamente los grupos, y también el funcionariado, que se han dedicado a este tema”, dijo.

Argumentó que con el cambio de estrategia y sin un Plan Nacional en la materia, México no podrá cumplir con los compromisos internacionales adquiridos ante la ONU, tales como la Acción Acelerada: Pongamos fin a la epidemia del SIDA para 2030 de ONUSIDA, el cual incluye alcanzar las Metas 90-90-90; es decir, que para el año 2020:

• El 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH. 

• El 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada. 

• El 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan supresión viral. 

Dando voz a más de 250 personas y organizaciones de la sociedad civil firmantes de un Manifiesto, en el que expresan claramente por qué hoy se pueden reducir las posibilidades de cumplir con las metas establecidas por ONUSIDA, pidió ante el Pleno dar seguimiento a la proposición con punto de acuerdo en dicha materia.

“Apelamos a su entendimiento y, sobre todo, a la convicción compartida de que el retroceso en materia de derechos es no solo inaceptable, sino contrario a los avances jurídicos que nuestro país ha concretado en las últimas décadas”, concluyó. La propuesta se turnó a la Comisión de Salud.