Economía (Primera Comisión) Estudios Legislativos (Comisiones Unidas)
Una verdadera agenda legislativa se construye de la mano de los ciudadanos. Participa calificando esta iniciativa y sé parte de las decisiones importantes de México.
El senador José Ramón Enríquez Herrera, planteó una Iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objetivo es impulsar la capacitación, la innovación tecnológica, la articulación productiva y la internacionalización de las pymes.
El legislador refiere en su propuesta que, de acuerdo con datos de la Condusef, las Pymes se convierten en la columna vertebral de la economía mexicana. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El contexto actual nos invita a que podamos replantear diversas acciones que es necesario para diseñar, emprender, fortalecer e impulsar en materia económica y una de ellas es el papel que debemos asumir ante las pymes y su importancia en la economía nacional, señala la iniciativa.
Asimismo, refiere que a nivel nacional las pymes representan un factor clave para la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo. Las unidades empresariales son el verdadero músculo del país, las Pymes en México generan el 72 % de empleos […]. Sin embargo, las pymes de primera creación en un 70% de ellas no llegan a los primeros dos años de vida.
El documento explica que la falta de actualización tecnológica es una de las causas que afecta a la continuidad de las pymes, derivado a que, dentro de los planes a largo plazo, se deja en un papel secundario a la tecnología y la innovación, lo que permea de manera directa en las metas establecidas y en el cumplimiento de objetivos.
En ese sentido, el legislador expone que la iniciativa busca fortalecer la vinculación entre universidades, escuelas superiores e institutos tecnológicos o politécnicos con las micro, pequeñas y medianas empresas a efecto de establecer programas de educación encaminados a impulsar una iniciativa empresarial competitiva.
Estamos seguros de que las pymes en la actualidad tienen que ser eficientes, competitivas y ofrecer productos y servicios de calidad; ya que las condiciones del mercado, tanto a nivel nacional e internacional, demandan de las empresas mejorar la calidad […]. Nos demanda que todas las fuerzas políticas podamos impulsar estas propuestas y que abonen por nuestra economía, por empleo, por nuestros jóvenes y por nuestro país , expresa el senador Enríquez Herrera en su propuesta.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda.
Con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales de las y los elementos de seguridad y resguardo que custodian el Senado de la República, el senador de Movimiento Ciudadano Juan Zepeda, presentó un exhorto para que las jornadas y turnos de trabajo para las y los elementos de resguardo no excedan ocho horas laborales a fin de garantizar condiciones humanas y dignas de trabajo.
El exhorto que presenta el senador ciudadano va dirigido particularmente a la presidencia de la Mesa Directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con el objetivo de que se modifiquen los horarios de los elementos de seguridad. De forma autocrítica el senador Zepeda refirió que senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios han denunciado que, lamentablemente, las condiciones laborales en el Senado de la República no son ejemplo nacional. “Aquí estamos subcontratando, no estamos garantizando los derechos laborales que consagra la Constitución”, enfatizó.
Indicó que los elementos de seguridad y resguardo del Senado pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y sus horarios laborales fluctúan entre las 18, 22 y 24 horas, por 24 de descanso. “Traía muchos datos, pero creo que es algo innecesario, aquí tenemos una problemática que es, que volteemos a verlos como seres humanos, trabajar 24 horas es inhumano, la misma constitución o los ordenamientos en materia laboral, establecen jornadas de trabajo de siete, siete y media u ocho horas máximo”, aseveró el legislador.
Juan Zepeda adelantó en la tribuna que prepara una iniciativa de Ley para que los elementos de la policía en todo el país no trabajen jornadas de 24 x 24. “Hoy tenemos un grave problema de seguridad en el país y volteemos a ver, a aquellos que son los responsables de procurarnos la seguridad, alguien con más de 20 horas de trabajo, es humanamente imposible que esté en sus cinco sentidos para procurarnos seguridad”, manifestó.
El exhorto del senador Zepeda fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
Movimiento Ciudadano se pronunció por migrar del financiamiento público, al privado a los partidos políticos durante la discusión en el Senado sobre las reformas en materia de reducción a los recursos. El senador Samuel García Sepúlveda señaló que se puede eliminar por completo el financiamiento, y no sólo el 50% por ciento planteado por Morena.
“En Movimiento Ciudadano creemos que ya merecemos el debate de cambiar el financiamiento público al privado, es decir, no solamente de tajo, sin evidencia, reducir el 50 por ciento, creemos que tenemos que llegar al punto de cero financiamiento”.
“En un país con tanta precariedad creemos que es un crimen que en el 2018 se hayan utilizado 6 mil 788 millones de pesos a partidos. Ese dinero debió destinarse a salud, seguridad y medioambiente”, dijo.
Además, el legislador de Nuevo León exhortó a las bancadas a abrir el debate para llevar a cabo una reforma integral al sistema electoral y no acotarse a sólo el financiamiento como pretende el grupo mayoritario.
“No es el único tema que nos preocupa, el dineral que gastamos en partidos, nos preocupa el que quieran maniatar a los órganos electorales como el INE, nos preocupa que quieran eliminar a los órganos electorales estatales, nos casusa terror la cláusula de sobrerrepresentación que hoy le regaló 70 diputados al partido mayoritario, igual de terror la transferencia de curules que hoy le regaló 40 diputados, por eso hoy hay mayoría absoluta de un partido en la Cámara de Diputados”.
“Se requiere de un pronunciamiento integral, una reforma integral a todo el sistema electoral, queremos más debates y menos spots, queremos urnas electrónicas. Si estamos seguros que es un exceso lo que se da a los partidos, tenemos que debatir el financiamiento privado, (…) por lo tanto démonos el tiempo de hacer una reflexión integral al sistema electoral mexicano, que estoy seguro que a ningún mexicano satisface por tantas trampas y tanta complejidad”, concluyó.
En rueda de prensa, la senadora Indira Kempis y el senador José Ramón Enríquez, de Movimiento Ciudadano, cedieron la voz a expertas y expertos de la sociedad civil con la finalidad de exponer los posibles riesgos en caso de aprobar un dictamen que no considere sus recomendaciones y a su vez, signifique un retroceso en la legislación en la materia, al fomentar el prohibicionismo, la criminalización de usuarios y usuarias y dejaría en la ilegalidad a productores del campo.
“Ya es hora de regular. Desde el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos un decálogo de los 10 puntos claves que necesitamos que pongan atención las y los senadores para que el dictamen que se apruebe sea en esos términos, criterios y principios básicos de voces expertas”, reiteró la senadora Kempis.
La senadora Kempis y el senador Enríquez estuvieron acompañados por Miguel Fernández y Pier Giuseppe representantes del Movimiento Cannabico Mexicano; Amaya Ordorika, de ReverdeSer Colectivo; Tania Ramírez, de México Unido Contra la Delincuencia; Adrián Jiménez, productor del campo; Mariana Sevilla, de México Regula; Zara Snapp, de Instituto RIA; Margarita Garfias e Itzel Hermida, de Familias y Retos Extraordinarios, organizaciones aglutinadas por Regulación por la paz, quienes fijaron su postura en contra del prohibicionismo y la criminalización del cannabis.
En su oportunidad el senador José Ramón Enríquez Herrera, manifestó que la regulación del cannabis es un tema que concierne a la salud pública. Por su parte, Miguel Fernández mencionó que buscan que se apruebe el libre autocultivo y la despenalización de la posesión simple. En tanto, Pier Giuseppe pidió un trato digno. ”Lo que estamos buscando es que el esqueleto de esta regulación no sea más discriminatoria que las que tienen consumidores de alcohol y de tabaco […]. Los consumidores sin fines de lucro de marihuana tampoco queremos ser registrados y tampoco queremos escribir nuestros nombres en un padrón de usuarios porque para ejercer derechos no se pide permiso ni se obtienen licencias”, dijo.
Margarita Garfias, usuaria medicinal, expresó su malestar a nombre de Familias y Retos Extraordinarios ante el dictamen, puesto que los deja en el exilio médico y legal. Argumentó que es absurdo que sea retroactiva a la que se logró en el 2017, ya que con la iniciativa solo podrían acceder a productos de importación, cuyo costo es inaccesible para miles de familias mexicanas que se encuentran en la misma situación, dejándolas a merced del mercado negro.
En tanto, Adrián Jiménez, productor del campo en Oaxaca, señaló que la iniciativa dejaría a muchas comunidades productoras en la ilegalidad, la discriminación y el rezago, ya que solo beneficiaría a unos cuantos. “Queremos que toda la semilla nacional sea legal, ese es el primer paso […]. Poder registrar desde la semilla, al último producto, hasta la flor, solo generaría barreras para el campo mexicano”.
Respecto a la postura del presidente de la República, quien recientemente dijo estar en contra del uso lúdico del cannabis, la activista Amaya Ordorika señaló que legisladoras y legisladores deben acatar el mandato de la SCJN y no la del Ejecutivo Federal. “Tenemos que recordar que tenemos poderes separados […]. La opinión del presidente es improcedente en este tema, esta es una materia que corresponde al Poder Legislativo y en ese sentido no importa de qué bancada sean, tienen la responsabilidad de responder ante un mandato de la Suprema Corte para regular el uso adulto de cannabis”, enfatizó.
Al finalizar, señalaron que la despenalización y regulación del cannabis será clave para el rumbo de la salud pública del país y la generación de violencia.
El senador Noé Castañón propuso una iniciativa por el que se busca reformar la Ley General de Educación en materia de salvaguarda y protección de menores, a efecto de que se reconozca como un derecho de la niñez ser protegidos y resguardados por las autoridades escolares hasta que sean entregados a madres y padres o familiares autorizados e identificados.
Asimismo, el legislador refirió que la iniciativa contempla que el Estado deberá establecer la obligatoriedad de los protocolos de actuación de las autoridades escolares, primordialmente en educación básica, para los casos en los que no se presenten a recoger a los infantes, esto con pleno apego a los derechos humanos y anteponiendo el cuidado de los menores de edad.
“Hoy, pareciera que ser niña o niño es riesgoso, que ir a la escuela puede ser un camino sin retorno, y nos damos cuenta de que la niñez es más vulnerable que nunca”, señaló.
De acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar entre los países que integran la organización en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad.
Por ello, Noé Castañón enfatizó que las escuelas deben ser un lugar seguro que fomente el sano desarrollo de las niñas y niños. Si bien, aseguró, las autoridades educativas han emitido protocolos para su entrega, estos han sido normativa de carácter administrativo y no son aplicados en todas las escuelas.
“La seguridad de las niñas y los niños no puede limitarse a un protocolo de actuación. Su seguridad debe ser un derecho y; el Estado deberá garantizarlo porque en la niñez está el futuro de nuestro país”, concluyó.
La iniciativa fue turnada de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos Segunda.
A propuesta del senador Samuel García Sepúlveda, el Pleno del Senado de la República aprobó dos exhortos hacia el Gobierno de Nuevo León: el primero por el caso del llamado “Broncodrón” y el segundo por el alza de homicidios dolosos.
En el caso de la nave no tripulada, el emecista expuso en tribuna “una triste historia de Nuevo León”, debido a las anomalías en la compra y posterior devolución del aparato.
“Ante la presión y ante una consigna penal de la fiscalía anticorrupción, el gobernador tuvo que rescindir el contrato y en teoría ya el proveedor devolvió esa factura de 54 millones de pesos; sin embargo, al día de hoy, nadie ha visto ni por transparencia el pago y devolución de esa factura”.
“Por eso estamos proponiendo que nos apoyen para exhortar y requerir al Gobierno del Estado de Nuevo León, que nos muestren que efectivamente se han devuelto esos 54 millones de peso y poder exigir que se apliquen mejor en capacitación, en armas, en patrullas y en capacitación de policías”, dijo.
Tras la participación en tribuna, los senadores presentes avalaron por votación económica el exhorto quedando de la siguiente manera:
“El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta Soberanía acerca del estado que guarda el proceso de cancelación de la compra del avión no tripulado adquirido por el Gobierno estatal, así como el destino de los recursos públicos derivado de la devolución estos”.
Sobre el exhorto por el alza en homicidios dolosos, la comisión dictaminadora (Seguridad Pública) indicó que el aumento en 2019 de los casos “denotan la situación alarmante de inseguridad en la entidad” y “hay una situación de creciente de inseguridad en el estado de Nuevo León y que debe ser atendida lo más pronto posible”.
Por lo anterior, la Cámara Alta llamó al Estado a informar sobre las acciones que ha implementado para contrarrestar el alza de homicidios.
“El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, informe a esta soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones que se han implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad, y los resultados de las mismas”.
Llaman a revisar casetazo
Por otra parte, el Senado aprobó un exhorto de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que preside García Sepúlveda, donde señalan el aumento de las tarifas en las carreteras de cuota en el país.
El legislador indicó que la autopista Monterrey-Reynosa cumplió 20 años cobrando, pero ahora cuesta el doble la tarifa, la cual se prorrogó por 15 años en la recta final del sexenio de Peña Nieto.
“El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el marco de sus atribuciones, revise las tarifas que se cobran en las carreteras de cuota, con la finalidad de evitar cobros excesivos que afecten la economía de los usuarios, y se mejore y mantenga el estado físico de la red carretera del país”.
Propone senador Samuel García tapar laguna legal en la LGIPE.
Tribunal podría amonestar, multar, destituir o inhabilitar.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda presentó una reforma para darle dientes al Tribunal Electoral, el cual estaría facultado a sancionar directamente a autoridades o servidores públicos, quienes se han salvado por las lagunas que actualmente tiene la LGIPE.
“La LGIPE sí permite que el Tribunal resuelva procedimientos electorales sancionadores, pero no la facultad para sancionar, de qué le sirve a un tribunal tener la competencia jurisdiccional de sancionar jurídicamente, si no va a tener efectos esa sentencia”, manifestó.
“Por eso queremos agregar un capítulo de sanciones para que cuando el INE integre una carpeta y el Tribunal Electoral resuelva que hubo infracción, el mismo Tribunal sancione y puede ser desde la amonestación, la multa, la destitución y la inhabilitación”, dijo.
El legislador señaló que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, sorteó ser destituido a pesar de que el Tribunal confirmó el desvío de recursos humanos y financieros del Gobierno del Estado hacia su campaña de 2018.
“Por falta de este capítulo, hoy Nuevo León tiene un año y medio sin justicia, con completa impunidad porque estamos en un entramado legal, en una revoltura, de quién puede sancionar y qué sanciones puede poner”.
“Por eso es clave que sea el Tribunal Electoral como cualquier otro tribunal administrativo o penal, que si se acreditan los hechos fácticos y las pruebas de que hay una infracción electoral, el mismo tribunal en la sentencia, sancione”, dijo.
El emecista aseguró que de mantenerse abierta esa laguna legal, los candidatos o autoridades, sin temor, seguirán comprando votos y desviando recursos de las arcas estatales, federales y municipales a favor de campañas políticas.
“En este México mágico, nunca pasa nada; yo no conozco a un candidato electoral que hoy esté en la cárcel por haber usado recursos públicos en campañas”, concluyó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.
Video: https://we.tl/t-F5qVEQE9S1
Audio: https://we.tl/t-CXj7SoGpcF
La regulación del cannabis que está por discutirse en el Senado de la República, imprescindiblemente deberá contribuir en la recuperación de la paz y generar justicia social en el país, señalaron las y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Las y los legisladores presentaron hoy su postura frente a la legislación del cannabis, partiendo de tres pilares indispensables: la descriminalización y despenalización de todo acto relacionado con la planta; la regulación responsable basada en la libertad de las personas y como oportunidad para generar un mercado interno; y la justicia e inclusión para las víctimas del régimen de prohibición y de la guerra contra las drogas.
“El tema del cannabis ha traído como consecuencia que miles de personas se encuentren encarceladas, que se criminalicen eventos que no deberían de estarlo y que se permita que la delincuencia capture la voluntad, el patrimonio y la libertad de campesinos mexicanos en muchas regiones del país, por ello, discrepamos del proyecto de dictamen que la mayoría legislativa desea abordar en los próximos días”, dijo el senador Dante Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario.
El proyecto de reforma del grupo mayoritario que circula en el Senado, es profundamente conservador, prohibicionista y anticlimático, y permite que se siga sancionando a inocentes y que los campesinos caigan en redes de la delincuencia organizada que tenemos que erradicar, sostuvo Delgado.
“Estamos convencidos que el paradigma prohibicionista que ha prevalecido en México durante los últimos cien años, ha sido totalmente nocivo para la vida pública de nuestro país y que es un buen momento para pasar a la regulación responsable. Cuando decimos regulación responsable advertimos que tan perjudicial puede ser el paradigma prohibicionista, como la sobre regulación que no nos permitiría atender los problemas de fondo”, dijo el senador Clemente Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario.
La senadora Patricia Mercado destacó que, con esta regulación responsable que se propone, el Estado recaudará impuestos que deberán ser utilizados sólo para campañas de prevención, políticas públicas de salud y apoyo a familias y comunidades. “Regular hace un círculo virtuoso muy importante para generar paz, salir de esta inseguridad, generar bienestar y desarrollo, y por supuesto, mejores políticas públicas de salud”, dijo.
Movimiento Ciudadano presentó el decálogo Regulación para la paz, que es una guía de exigencias básicas que se construyó con activistas y organizaciones de la sociedad civil para que la reforma funcione y le sirva a México:
1. Descriminalización y despenalización. Cultivar, transportar y consumir no debería ser un crimen y con esto se abrirá paso a una regulación de los aspectos comerciales, como el tabaco y el alcohol.
2. El derecho al libre desarrollo de la personalidad debe estar por encima de los intereses comerciales, esto significa que no se deben generar esquemas para orillar a los consumidores a prescindir del autocultivo, por lo que debe evitarse la sobrerregulación. Al tiempo, deben eliminarse los límites para el autocultivo personal y la propuesta de un registro obligatorio.
3. Inclusión comercial del sector social y de los campesinos. La regulación debe generar oportunidades y restituir a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, como los campesinos. Por ello, debe privilegiar el acceso a la producción y comercio legal de cannabis a los pequeños productores por encima de los grandes intereses comerciales. Si la regulación los mantiene en la marginalidad la solución habría sido peor para este sector.
4. No a las barreras de entrada. Se debe eliminar todos los obstáculos para los campesinos y productores nacionales en este mercado. Si vamos a regular el cannabis, no podemos entregar este sector a las transnacionales extranjeras. Esto implica eliminar los costos de producción que se pretenden imponer.
5. No a la trazabilidad. Se debe eliminar la trazabilidad de las semillas y plantas porque constituye una determinante barrera de entrada al mercado para los productores nacionales.
6. La regulación necesita un Estado fuerte y eficaz. Para que la regulación sea efectiva se requiere de un Estado en condiciones de fiscalizar el comercio, de garantizar el acceso a la información y a la salud, de establecer controles de acceso a menores de edad y de evitar la captura de agentes económicos dominantes.
El modelo de regulación, por ello, debe ser mixto, es decir, con un control fuerte del Estado en la intermediación y comercialización, pero permitiendo la mayor inclusión de agentes económicos locales y la mayor libertad de las personas tanto para el consumo como para el autocultivo.
7. Antimonopolio cannábico. La nueva legislación debe prever que no se generen esquemas monopólicos u oligopólicos en el mercado del cannabis, lo que excluiría a los pequeños productores e iría por tanto contra el espíritu de una regulación para la paz.
8. Amnistía. Deben generarse modelos de amnistía basados en la justicia transicional tanto para consumidores que están en prisión, como para pequeños productores y comercializadores, en el marco de una garantía del derecho a la verdad sobre su actuación en la guerra contra las drogas.
9. Federalismo cannábico y diversificación de políticas. El modelo de regulación del cannabis debe entender el contexto de las comunidades y atender a las distintas realidades del consumo y producción del cannabis en el territorio nacional, generando esquemas legislativos que posibiliten que los estados y municipios establezcan sus parámetros.
10. Nunca descuidar la salud y la prevención. La regulación no debe descuidar la prevención, por ello se deben generar controles de acceso al consumo para menores, ofrecer información puntual y veraz de carácter científico y basada en la evidencia, regular la publicidad y, permanentemente evaluar el desempeño de esta nueva política.
El decálogo es impulsado también por las senadoras Indira Kempis, Verónica Delgadillo y los senadores Juan Zepeda, José Ramón Enríquez y Noé Castañón.
