BOL-33/20

•  La iniciativa plantea incluir una cartilla de salud mental que permita identificar problemas desde la niñez.   
•  18 millones de niños que sufren violencia escolar en México, de acuerdo con la OCDE.

El senador José Ramón Enríquez presentó una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción del artículo 74 de la Ley General de Educación, el cual contempla incluir en los libros de texto gratuitos herramientas e instrumentos que contribuyan a la identificación de la violencia en todas sus modalidades y tipos, tal como el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El legislador refirió cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que indican que en México ocupa el primer lugar a nivel internacional con mayores casos de violencia. En la actualidad hay 18 millones de niños que sufren violencia escolar en la primaria y la secundaria, afectando al 40% de los alumnos.  

Enfatizó que los problemas de violencia pueden ser prevenibles si se tratan desde la niñez “Nos hemos metido en una dinámica donde solo observamos lo causado, vemos las consecuencias de la violencia, pero la violencia es gradual, es progresiva, es imperceptible y hasta se ha normalizado en muchos entornos de este país”, señaló.

Aseguró que hacer frente a la violencia requiere de estrategias coordinadas e integrales en las que todas las personas involucradas en el proceso educativo, desde sus funciones y competencias, impidan y frenen la escalada de la violencia. Dada la posición central que guarda el profesorado en la transformación social mediante su participación en el proceso educativo, señaló que es necesario fortalecer y actualizar la capacitación que reciben en materia de violencia.

De igual manera, la propuesta contempla la creación una cartilla de salud mental. “Así como tenemos una cartilla de vacunación desde niños para prevenir enfermedades, tenemos que implementar en este país la cartilla de salud mental que nos permita identificar problemas desde la niñez, sobre todo entre los 9 y 10 años de vida”.

José Ramón Enríquez exhortó a legisladoras y legisladores a a generar políticas públicas con rostro humano y sensibilidad social y aplicar estrategias y mecanismos preventivos para contrarrestar la violencia escolar, entendiendo que al reconocer su existencia hay mayores posibilidades de combatirla y erradicarla.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos Primera

• Más de 95 mil personas abandonan su empleo cada año por situaciones de violencia laboral.

• La iniciativa plantea la reparación integral del daño, la cual debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. 

A fin de contar con una legislación integral que provea instrumentos para que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres y los hombres, la senadora Patricia Mercado propuso una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del Código Penal Federal y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

“El propósito central de la iniciativa es ampliar las protecciones actualmente existentes contra la violencia laboral y mejorar los mecanismos para hacerlas exigibles”, sostuvo. A pesar de que se han hecho diversas iniciativas en la materia, señaló que existen inercias históricas, sociales, culturales, económicas y políticas que hacen difícil que exista una sanción efectiva, una reparación justa y una prevención y erradicación de estas prácticas. “Según cifras del INEGI más de 95 mil personas abandonan su empleo cada año por situaciones de violencia laboral. Nuestra legislación sigue sin ajustarse a los estándares y principios y obligaciones constitucionales en la materia”, dijo. 

Asimismo, refirió datos del INEGI que revelan que aproximadamente 2 millones de mujeres padecieron distintas formas de violencia en un año; a 289 mil aproximadamente las tocaron o manosearon sin su consentimiento; a 427 mil les mandaron por redes sociales insinuaciones sexuales, insultos u ofensas; a 178 mil las castigaron por rehusarse a tener relaciones sexuales. 

Por lo anterior, la iniciativa propone las siguientes modificaciones: 

• Una definición de violencia en el artículo tres de la ley Federal del trabajo para incorporar la violencia física, psicológica, sexual y económica para fortalecer el marco para combatir estas conductas. 

• Plantea la reparación integral del daño, la cual debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. 

• Propone incluir mecanismos en los centros de trabajo en materia de la NOM-035.  

• En lo que respecta a los sindicatos contempla medidas para sancionar y reparar la violencia.

• Plantea que las disposiciones en materia de acoso laboral aplicarán igualmente en las relaciones laborales entre y a los trabajadores al servicio del Estado. 

• Se faculta al nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para hacer pública la información de los reportes sobre violencia laboral y también a la CNDH para contar con un programa especial en esta materia. 

“Pido a legisladoras y legisladores apoyar este esfuerzo que busca que las mujeres ejerzan día a día su derecho al trabajo con tranquilidad, seguridad, salud y, sobre todo, como una forma de realización personal plena”, finalizó. 

• Se requiere de fiscalías especializadas en materia de feminicidio y violencia de género en cada entidad del país.
• Pide a la FGR también, que celebre acuerdos de colaboración con las fiscalías estatales para la investigación de feminicidios.
• Aquí pueden matar a las mujeres y no pasa nada, enfatizó la senadora ciudadana.  

“Disculpen las molestias, pero en México a las mujeres nos están matando”, pronunció la senadora Verónica Delgadillo al dar su posicionamiento y referirse a los recientes hechos en los que fue asesinada la menor de edad Fátima, y enfática señaló que los feminicidios son la fotografía brutal de una sociedad machista y violenta que cree tener el derecho de destruir la integridad y la vida de mujeres y niñas. 

En consecuencia, la Senadora ciudadana, propuso un punto de acuerdo por el que exhorta a las Fiscalías de los Estados a establecer modelos de fiscalías especializadas en materia de feminicidio y violencia de género en contra de las mujeres, y a la Fiscalía General de la República a celebrar acuerdos de colaboración en dicha materia.

La senadora destacó que las autoridades siguen sin contar con un plan concreto para prevenir y erradicar las violencias. Refirió que México se encuentra dentro de los 25 países que tienen las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo. Tan solo en el 2019 se registraron 976 casos de delitos como feminicidio, y 2,819 casos de homicidios dolosos en contra de una mujer.

Asimismo, condenó que las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos perpetúan a que se sigan repitiendo estos casos por la impunidad con la que manejan los casos. “En este país, a nosotras las mujeres, nos pueden maniatar, violar, despedazar y las autoridades encargadas de investigarlo, con la mano en la cintura, pueden decir que no fue un feminicidio”, señaló.

Verónica Delgadillo subrayó que su propuesta busca que los estados no se laven las manos y combatan la violencia de género contra las mujeres, particularmente investigando los feminicidios como tal. “Debe quedar claro: investigar los feminicidios es responsabilidad de los Estados, pero también de la Federación; necesitamos que todas las partes pongan lo que les toca y que nunca más haya una omisión en la forma en la que se investiga, procesa y sanciona un feminicidio. Basta de negligencia, basta de impunidad”, concluyó.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia.

·      El Gobierno está superado, no se valen cortinas de humo, dijo el legislador.

·      Se debió convocar a empresarios a un pacto contra la violencia a la mujer. 

Ante los feminicidios de Fátima, Ingrid y Abril y de miles de mujeres y niñas, el senador Samuel García exigió al Gobierno Federal a dejar las excusas, el circo del avión, y se ponga a trabajar en la implementación de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer. El legislador exhortó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a enfrentar la realidad de los feminicidios en lugar de voltear al pasado y culpar al neoliberalismo.

“No hay mañanera, no hay show, ni circo, ni ganso, ni nada, que sirva de cortina de humo, de distracción a este Gobierno para atender el problema, déjese de 'pejesadas' y póngase a trabajar por las mujeres de México”, dijo.

“Es un problema del presente y ya no se vale echar culpas. Creemos que todo el circo, todo el teatro del avión y de las rifas, lamentablemente fue superado por una cruel realidad y se llama feminicidios en México”, aseguró.

“Qué diferente hubiera sido que se convocara a los empresarios a un pacto contra la violencia a la mujer, en lugar de esa tanda de tamales ilegal. Ahorita tuviéramos mil 500 millones de pesos que pudiéramos destinar a refugios, a educación, a capacitación, pero no, los refugios fueron cancelados por este Gobierno”, indicó.

El legislador urgió a la Comisión para la Igualdad y a los grupos parlamentarios a sacar adelante la Ley Abril, en honor a la víctima de feminicidio Abril Pérez Sagahón, en la cual se propone definir la violencia simbólica, obligaciones de Federación, estados y municipios a establecer refugios no sólo a la víctima sino hasta el cuarto grado, erradicación de la violencia, en el transporte público y en las escuelas, entre otros.

"Aquí desde el Senado, más allá de un minuto de silencio, queremos que la Comisión para la Igualdad y todos los grupos (apoyen la Ley Abril), porque no va a faltar quien defienda al Presidente y a Morena y a las puertas, que no sean ingratos ni insensatos. Tenemos ya en la Comisión de Igualdad la legislación, denominada la Ley Abril, que busca arreglar de fondo este gran problema”, manifestó.

“Monterrey, siendo una de las ciudades con más feminicidios, clama y grita por políticas públicas federales que se coordinen con estados y municipios de alerta y emergencia, no como con Fátima, que pasó más de un día con autoridades ineptas que se quedaron con los brazos cruzados”, dijo.