• En conjunto con la periodista Katia D´Artigues; representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil; demandaron al presidente nombrar al titular de Conadis a la brevedad.

• México tiene una enorme deuda con las personas con discapacidad; garantizar sus derechos sería un paso enorme para saldarla.

• El Senado de la República deber ser un espacio abierto y en el que se escuchen las exigencias y demandas de las personas.

La senadora Verónica Delgadillo presentó al Senado de la República, un exhorto al titular del Ejecutivo Federal a fin de solicitarle se designe, a la brevedad, al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, (Conadis) y al mismo tiempo dé a conocer de manera pública las políticas y acciones que seguirá su gobierno para proteger y garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad en México.

Acompañada por la periodista Katia D´Artigues, de personas representantes de diversos colectivos, organizaciones de la sociedad civil; así como padres, madres, hermanas y hermanos de personas con discapacidad, la senadora ciudadana, en conferencia de prensa, dio detalles de esta solicitud; en donde explicó que a 88 días de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró en funciones el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad (CONADIS) no tiene aún titular. Manifestó la gravedad de este tema puesto que dentro de las obligaciones del titular de la Conadis, está la planeación, organización, coordinación, dirección, control y evaluación del Consejo mismo, pero también la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. “Dicho de otro modo, todavía hoy, las personas con discapacidad, sus familiares, nosotras, nosotros y todo México no tiene claridad ni rumbo de cuáles serán las acciones que se seguirán en este sexenio para proteger y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad”.

La senadora de Jalisco calificó de inaceptable que durante años, las personas con discapacidad hayan sido invisibilizadas, en diversos espacios y desde el Estado mexicano. “Lo que acabo de afirmar, no solo lo digo yo, lo dicen millones de personas con discapacidad que viven en este país y que todos los días se enfrentan a esa cruda realidad de NO ser una prioridad para los gobiernos, de NO ser una prioridad para el Estado mexicano; lo dice el Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México hecho en 2017 por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Encuesta Nacional sobre Discriminación y organizaciones como Impunidad Cero”, añadió.

La legisladora refirió algunos datos:

• En el año 2017, 6 de cada 10 personas con discapacidad fueron discriminadas por su condición y a muchos de ellos se les negó un derecho, un registro en un programa social o simplemente una atención en alguna institución pública.

• Prácticamente 1 de cada 2 personas con discapacidad que fue encuestada, opina que en México se respetan poco o nada sus derechos.

• El 80% de las personas con discapacidad en edad de 15 a 24 años NO va a la escuela. Y muchos de ellas no asisten no porque no quieran, no van porque el Estado mexicano y los gobiernos pasados no se han interesado en garantizar las condiciones mínimas para que personas con discapacidad puedan acceder a una educación digna, a una educación de calidad.

• Solo el 39% de las personas con discapacidad tienen empleo. Y de ellas, ganan en promedio un 33.5% menos en comparación con el sueldo de personas que no tienen una discapacidad.

“Después de escuchar estos datos, es evidente que en México las personas con discapacidad han sido invisibilizadas y tal parece que, con la entrada del nuevo gobierno, las cosas no cambiarán mucho. Este gobierno lleva 88 días en funciones, los mismos días que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad lleva sin titular”, insistió.

Verónica Delgadillo concluyó enfática: “Llegó el momento de que el Gobierno Federal, el Senado y todas las instituciones públicas dejen de ver a las personas con discapacidad como las últimas en la lista y que comiencen a verlas como lo que son: personas con derechos, personas que tienen mucho que aportarle a la vida pública de México y con las que hay una deuda HISTÓRICA. Es momento de comenzar a saldar esa deuda y comienza con la designación del titular de la Conadis”.

En su oportunidad en la voz, la periodista y activista Katia D´Artigues; explicó que la Conadis depende de la Secretaría de Bienestar; que no es una dependencia con un presupuesto alto como ha dicho el presidente, sino al contrario le corresponden 55 millones de presupuesto para su operación”.

El titular de la Conadis lo debe nombrar el Presidente de la República, añadió y manifestó su importancia porque es un tema de derechos humanos; dijo que se debe trazar una política transversal. “No solamente es ver por las personas con discapacidad que ya existen, que se calculan por lo menos en un censo de 7.2 millones de personas con discapacidad más sus familias”. Reconoció que se entregan 1 millón de becas para personas con discapacidad en situación de pobreza, sin embargo cuestionó al presidente sobre qué pasa con el resto de personas que no la reciben.

Dijo que es un tema que atañe a todos y subrayó que la verdadera tragedia es la discriminación y la exclusión en la que viven las personas con discapacidad. Exhortó a todas y todos los senadores para que aprueben el punto de acuerdo. Asimismo exhortó al gobierno federal a trabajar en políticas públicas incluyentes y mostró preocupación porque en el Plan Nacional de Desarrollo que se presentará en abril, no hay alguien que defienda a las personas con discapacidad por lo que urgió a nombrar al titular de Conadis.

Roxana Pacheco Martínez de Trisomía 21 coincidió en lo expuesto por la senadora y la periodista y enfatizó que no quieren ser parte del asistencialismo sino que el gobierno genere políticas públicas y ellos sean parte de la población económicamente activa. “Se está considerando a todas las organizaciones de la sociedad civil, que atienden a grupos con discapacidad como intermediarias corruptas, cosa que no es cierta; si bien es cierto que en todos los niveles de gobierno y en toda la sociedad hay corrupción no todas las organizaciones de la sociedad civil son corruptas. Ellas nos proveen de lo que el gobierno no nos da”, aseguró.

Ernesto Rosas de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual y Movimiento 312; recordó que el Senado no hay comisión de atención a grupos vulnerables por lo que reconoció a la senadora ciudadana de darles espacio y traer su voz al Senado de la República. David Pera Almanzo llamó a el presidente de la república a cumplir con su dicho de nada por encima de la Ley; pues la Ley le obliga a nombrar al titular de Conadis; y le envió un mensaje: “No estamos pidiendo limosnas. Son un millón de personas beneficiadas con su programa de becas; ¿sabe usted los otros millones en dónde están?

Acompañaron a la senadora en la rueda de prensa personas representantes de; AC Trisomía 21; La DisCapacidad nos Une; Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual; Movimiento 312; Coalición México por las personas con discapacidad y Alianza Éntrale Ya . Así como Katia D’Artigues, María Guadalupe Castro Zaragoza, Roxana Pacheco Martínez, Gala Mariana Herrera Ontiveros, Cintya Laurel Loza, María Fernanda Zamudio Laurel, Lorena Almaraz, Angélica Nieto Almaraz, Rosaura Barajas, Edmundo Morales, Santiago Morales Barajas, Patricia Santiago Guillén, Linday Morales Santiago y Ricardo Nieto Almaraz, Ernesto Rosas, Jessica Feregrino, Claudia García, Federico Núñez, Héctor Hernández, Rafael Ortega, Guillermo Hernández, Viridiana Dávila, Alan García, Ximena Covarrubias, Miguel Ángel Chávez, David Peral y Gabriela Martínez, entre otras personas.

El senador Juan Quiñonez Ruiz, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso en tribuna del Senado de la República reformas al artículo 4º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; con el objetivo de impulsar el uso de energías renovables en la producción agropecuaria. Refirió que la secretaría general de la ONU ha confirmado la velocidad del cambio climático en el mundo por lo que urgió a fortalecer el proceso para transitar hacia el uso de fuentes de energías alternas. Los energéticos fósiles se están agotando. Mientras más se utilicen, continuarán generando más gases de efecto invernadero, explicó.

“Es urgente que México haga valer su compromiso y de cara hacia el futuro ostentarse con el objetivo claro de mejorar el medio ambiente, contribuir con acciones efectivas a frenar el cambio climático y en ese tenor resulta prioritario redirigir de manera atinada un proceso gradual de transición hacia fuentes de energía alternativas”, manifestó.

Reconoció que avanzar en alternativas viables hacia un desarrollo sustentable que reduzca los efectos perniciosos del cambio climático debe ser, no una opción, sino una acción prioritaria. “La importancia de la energía renovable radica en que su energía es inagotable y no generan o diseminan contaminantes al medio ambiente, más bien contribuyen a al mejoramiento del entorno ecológico y coadyuvan al desarrollo sustentable, que muchos países se han fijado como objetivo fundamental”, indicó.

En México específicamente en el sector agropecuario y tras una suma de esfuerzos, se han instrumentado diversas acciones para fomentar el uso y aplicaciones de las fuentes de energía renovables en los procesos productivos, con la firme convicción de generar un desarrollo rural sustentable, apuntó; y lamentó que todavía sean esfuerzos aislados e insuficientes.

El medio rural es un ámbito propicio para la aplicación de la energía renovable. En nuestro país muchas regiones enfrentan grandes obstáculos para la explotación y desarrollo de recursos agropecuarios, aseguró. Finalmente expuso que la propuesta que presenta tiene como objetivo que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 4º se especifique la importancia de fomentar el uso de energías renovables en los procesos agropecuarios; y exhortó a sus pares a dejar de ver lo tradicional como algo normal y en avanzar por el medio ambiente incrementando al mismo tiempo la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

• El legislador de Movimiento Ciudadano criticó la no intervención de México en la crisis durante la Reunión Interparlamentaria Canadá-México.

• Senador Peter M. Boehm secundó al legislador emecista y llamó a no confundir la intervención militar con la intervención diplomática.

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, cuestionó en la sede de la Cámara Alta de Canadá la evasión parte del Gobierno de México para pronunciarse sobre el caso Venezuela alegando la Doctrina Estrada.

Durante la primera junta de la XXII Reunión Interparlamentaria Canadá-México, el legislador criticó la falta de intervención mexicana ante la crisis humanitaria que se vive en el país sudamericano, por la cual varios países han apoyado al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó por encima de Nicolás Maduro, a quien se le ha calificado como un dictador.

“Nosotros estamos a favor de que se pronuncie el país sí o no, de lo que parte el Grupo Lima y ha venido pidiendo con el presidente encargado. Desgraciadamente alegando la Doctrina Estrada, que ya tiene mucho tiempo, que es una doctrina que parte de la no intervención a otros países pues nuestro Gobierno ha sido neutral y creemos que es muy importante en su pronunciamiento sobre el tema de Venezuela sobre todo esta semana”, dijo.

El legislador indicó durante su exposición frente a senadores mexicanos y canadienses, que apegarse a la mencionada doctrina de no intervención es dar un cheque en blanco a la clara violación de derechos humanos en Venezuela.

“Esta política de no intervención es anticuada y caduca, la doctrina no puede ser un cheque en blanco para que otras naciones violen derechos humanos, es decir, cuando una nación evidentemente viola derechos humanos de sus ciudadanos, eso hace que no quieran permanecer y se causen grandes problemas de migración, no puede una doctrina bloquearnos o prohibirnos pronunciarnos en un tema en particular". 

El senador canadiense Peter M. Bohem secundó a García Sepúlveda al señalar que México debía intervenir y que no se confundiera la intervención militar a la soberanía, con la intervención diplomática y la influencia que pueden ejercer otros países a las democracias.  

Debido al avance de Canadá respecto a agendas multilaterales,  el legislador ciudadano consideró que es clave para México volver a retomar su liderazgo en América Latina en temas clave como la situación venezolana.

“Sí debemos intervenir sobre todo si México por durante muchas décadas fue considerado el hermano mayor de América Latina.  Ese hermano mayor debe pronunciarse y debe buscar el cuidado de todos los seres humanos y no por doctrinas como ésta e inhibirnos”, concluyó.

En la reunión llevada a cabo en la sede del Senado canadiense, también participaron George Furey Q.C., Presidente del Senado de Canadá;   Antares Vázquez, Co-presidenta de la delegación mexicana de la Cámara Alta; Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes; Alfredo Femat, Co-Presidente de la delegación mexicana de la Cámara de Diputados, y Arturo Hernández Basave, Encargado de Negocios de la Embajada de México.

LA GUARDIA NACIONAL CIVIL ES UN LOGRO DE LA

SOCIEDAD CIVIL Y DE LA OPOSICIÓN: CLEMENTE CASTAÑEDA

• Las aportaciones y las propuestas que hicieron expertos, víctimas y organizaciones civiles a través del parlamento abierto fueron incluidas en el dictamen final de la Guardia Nacional.

• El mando es inequívocamente civil, se establece el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, así como un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado al respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas.

• “Para este Senado de la República, a diferencia de otros poderes, la sociedad civil sí existe y sí se le escucha. Aquí no la desconocemos como si no existiera, y tampoco la invitamos a nuestra casa para ignorarla”, expresó Clemente Castañeda.

El dictamen final que dará vida a una Guardia Nacional inequívocamente civil, honra el ejercicio de parlamento abierto en el que participaron más de 80 ponentes y organizaciones civiles convocadas por el Senado de la República, expresó Clemente Castañeda, senador que preside la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

“Esta es una victoria de todas y todos, y sí hay que decirlo con todas sus letras, este es un logro de la sociedad civil y de la oposición”, dijo en tribuna el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“Habrá Guardia Nacional inequívocamente civil y eso hay que celebrarlo. Este nuevo dictamen es radicalmente distinto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Hicimos un gran esfuerzo para que el acta de nacimiento de la Guardia Nacional, es decir, lo que quedará plasmado en el texto permanente de la Constitución, sea algo útil y algo digno de los mexicanos”.

El dictamen de la Guardia Nacional que hoy aprobó el Senado de la República por unanimidad, incluye las propuestas que expertos, académicos, víctimas y organizaciones civiles realizaron durante el ejercicio de parlamento abierto:

• Establece el mando civil de la Guardia Nacional sin contradicciones y sin ambigüedades. No habrá ni mando mixto ni Junta de Jefes de Estado.

• Por primera vez en la historia de México, se establece un marco de actuación para las Fuerzas Armadas apegado a parámetros de convencionalidad, de respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas.

• Se establece el fortalecimiento de las policías estatales y municipales bajo un esquema de corresponsabilidad y cumplimiento de objetivos.

• Se fijan controles institucionales que estarán a cargo del Senado y se definen los contenidos mínimos de las leyes secundarias, elementos fundamentales para que exista rendición de cuentas en torno a esta reforma.

“Sé que muchas voces de la sociedad civil permanecen escépticas. Y estamos de acuerdo: no se pueden echar las campanas al vuelo cuando todas las señales del régimen apuntan en otra dirección, dijo el senador de Jalisco.

Clemente Castañeda recordó los diferentes intentos de militarización del país. Evocó la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia; luego, el nuevo gobierno federal buscó elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública y de ahí pasamos a la minuta aprobada por Diputados, un documento contradictorio y peligroso, que no incluyo las aportaciones de expertos y sociedad civil.

“Se frenó el golpe a la Constitución, se frenó en seco, lo frenaron las víctimas, lo frenaron los académicos, lo frenaron los activistas, lo frenó la sociedad civil, lo frenó la oposición y lo frenó la apertura de todos, defendimos nuestra Constitución y sí, habrá Guardia Nacional inequívocamente civil y eso hay que celebrarlo”, subrayó Castañeda, quien coordinó una audiencia del parlamento abierto, titulada Federalismo y Seguridad Pública.

En las mesas de parlamento abierto participaron especialistas como Sergio López Ayllón, Catalina Pérez Correa, Lisa Sánchez, Alejandro Madrazo, Alejandro Hope, Ernesto López Portillo, Maite Azuela, Álvaro Vizcaíno, Jan Jarab del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el colectivo Seguridad sin Guerra y más de 80 ponentes que recibimos en este Senado.

“En Movimiento Ciudadano celebramos lo que hoy está aprobando este Senado de la República, celebramos lo que se ha logrado, es una muestra de dignidad que dio la sociedad civil y las fuerzas de oposición. Hoy le damos al Ejecutivo las herramientas para que consolide una corporación policiaca civil, eficiente y coordinada con todos los órdenes de gobierno”, finalizó el senador.

• Especialistas de la UNAM, el Colmex y el FIM consideran que la Constitución Política ya recoge los principios y valores que nos rigen; advierten que una Constitución Moral no cabe en un Estado laico.

• Verónica Velasco, integrante de la Comisión para la Redacción de la Constitución Moral, se pronunció por un documento de ética pública respetuoso de la laicidad.

Organizado por el colectivo República Laica y la senadora Patricia Mercado, se llevó a cabo el día de hoy en el Senado el foro “¿Es posible una Constitución Moral en una República Laica?”, con el objetivo de analizar con personas expertas si es viable y necesaria la elaboración del documento que anunció el Presidente de la República, conocido hasta ahora como Constitución Moral.

En el mensaje de apertura del foro, la senadora ciudadana planteó algunas preguntas: ¿Necesitamos una Constitución Moral o la Constitución de la República tiene ya los valores con los cuales queremos convivir la sociedad mexicana?, ¿cuál es la relación entre las concepciones morales y la ética que exigen las reglas de la democracia?, ¿cuál es el papel de las asociaciones religiosas en la formación de la moral de las personas?, ¿en qué medida un marco jurídico laico puede permitir que los partidos políticos utilicen categorías morales y postulados religiosos?

Patricia Mercado reconoció que la agenda de laicidad no pretende suprimir las religiones y las creencias para cada persona o grupo de personas que deciden tenerlas o no, sino evitar que los elementos que fundamentan la identidad personal -como lengua, origen étnico o religión- se conviertan en un criterio de las instituciones públicas para privilegiar a unos sectores de la población y segregar a otros.

Mariana Molina, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” sobre Laicidad en la UNAM, refirió que la Constitución Política pone en alto los valores de libertad, igualdad, derechos políticos, económicos y sociales de quienes componen esta nación, y preguntó: “¿Cuál sería la utilidad de tener un nuevo documento, en lugar de rescatar los valores que están en la Constitución y fortalecerlos mediante las instituciones y la correcta aplicación de las leyes?”.

Roberto Blancarte, profesor investigador de El Colegio de México, manifestó que hay una confusión de papeles y señaló que la vía de la propuesta presidencial no es la adecuada. “Toda esta iniciativa sobre la Constitución Moral está equivocada. No está equivocado el objetivo de que haya una ética ciudadana, de que la gente no haga tantas cosas que están mal, pero esa no es la vía; la vía son códigos éticos laicos, ciudadanos, que se deben hacer respetar junto con la Constitución”.

En su exposición, Sara Sefchovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que no podemos ni debemos tener una Constitución Moral, pues un documento de este tipo no cabe en un Estado laico y respetuoso de la diversidad que consagran las leyes en nuestro país, además de que nadie tiene derecho, ni siquiera el gobierno, de convertir sus puntos de vista, ideas y valores en un deber para todos los demás.

El cuarto ponente de este foro, Jesús López Lobato, miembro del Foro Intereclesiástico Mexicano, indicó que en nuestra Constitución ya existe un conjunto de principios y valores que nos permiten hacer frente a la problemática que como país, como comunidad política, nos aqueja, por lo que no hay necesidad de ir a fuentes preconstitucionales, ya sean sagradas, religiosas o de otra naturaleza.

En el Foro se contó con la presencia de Verónica Velasco, integrante de la Comisión para la Redacción de la Constitución Moral, quien dijo coincidir en todo lo expresado en este espacio: “Estoy a favor de una ética pública y estoy a favor, por sobre todas las cosas, de la República Laica”. También declaró que no está de acuerdo con el título de “Constitución Moral”, lo cual dijo, ya le hizo saber al Presidente.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Kehila Abigail Ku, citó el posicionamiento que hizo República Laica, colectivo del que forma parte, en donde determinan y consideran como crucial evitar las calificaciones extremas que pudieran promover la división de la población mexicana en morales e inmorales; “si eso sucediera, correríamos el riesgo de alterar la convivencia pacífica que el Estado laico garantiza, además de la no discriminación y el respeto a la pluralidad de creencias”, advirtió.

Para finalizar, la senadora Patricia Mercado manifestó que el Senado de la República estará abierto a que el debate en la materia pueda continuar a fin de que todas las voces sean escuchadas antes de que la Comisión Redactora tome una decisión tan relevante como la que les corresponde.

En la víspera del informe sobre el plan antihuachicol por parte del Presidente, Movimiento Ciudadano denunció por varios delitos al líder petrolero Carlos Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República.

El senador Samuel García cuestionó al Gobierno Federal que Romero Deschamps no esté incluido como objetivo en el combate a la corrupción y al huachicoleo de Pemex, a pesar de que se le ha vinculado a robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado, nepotismo, operación con recursos ilícitos y evasión y defraudación fiscal.

“Y la pregunta es ¿cuándo Romero Deschamps será procesado? Aquí traemos documentado cuatro denuncias, hoy será la quinta; es evidente el desvío de recursos, la venta de plazas, lavado de dinero, el huachicol, defraudación y evasión fiscal; queremos sanción, de nada sirve invertirle miles de millones a Pemex si no se quita el mayor obstáculo que es la corrupción y ese emblema es Romero”, dijo.

García llamó al titular de Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, a integrar una carpeta de investigación y posteriormente se lleve a cabo un auto de vinculación.

“Son suficientes las pruebas que tiene aquí el fiscal general, (…) y si se animan después con la prisión preventiva oficiosa, él (Romero Deschamps) cae fácil en tres delitos ante el cual deberían consignarlo y meterlo a la cárcel, estamos hablando de delincuencia organizada, robo de gasolina, lavado de dinero, venta de plazas en el sindicato, peculado, defraudación fiscal, evasión… es el padrino del huachicol reúne casi todos los delitos graves”, dijo.

El senador emecista señaló que Pemex no podrá ser revivido como pretende el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin imponer un castigo a los corruptos.

“Es el perfecto emblema de la corrupción del nepotismo, del conflicto de interés y por eso el llamado es que tenemos que empezar por los grandes y como dice Andrés Manuel ‘las escaleras se barren de arriba para abajo’, si barres a éste caerán muchos más”, dijo.

Por su parte, la senadora Verónica Delgadillo coincidió que Romero Deschamps es un símbolo de la corrupción e impunidad de Pemex y pidió al fiscal hacer justicia.

“Es una gran oportunidad que tiene el Presidente, que tiene el fiscal, para demostrar que esta lucha contra el huachicoleo y la corrupción de Pemex no es nada más de palabras, es una lucha que tiene que tomar instrumentos como la ley.

“Lo que nosotros pedimos el día de hoy es que no se archive esa denuncia, que se haga lo que no se ha hecho en otras administraciones, era un hombre protegido por las autoridades, hoy exigimos que se haga justicia que se respete la ley; será una gran muestra de su independencia que el fiscal actúe de manera congruente y utilice todas sus atribuciones para que a partir de estas denuncias Carlos Romero Deschamps pueda enfrentar a la justicia”, dijo.