LAS APORTACIONES DE LOS ESPECIALISTAS Y DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SON INDISPENSABLES EN LA DISCUSIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL: CLEMENTE CASTAÑEDA

• La discusión de la Guardia Nacional debe incluir la voz de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil, por tanto, urge se establezcan mecanismos de Parlamento Abierto en el Senado de la República.

• Hace tres meses la Junta de Coordinación Política nombró un grupo de trabajo para desarrollar los mecanismos de Parlamento Abierto, pero hasta la fecha no se han materializado.

• El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, respalda la propuesta de las organizaciones civiles que quieren un mando civil en la Guardia Nacional.

Ahora que el Senado de la República está por discutir la minuta que crearía la Guardia Nacional, tiene la oportunidad histórica de abrir sus puertas a la participación ciudadana e incluir sus aportaciones a este dictamen a través del ejercicio de Parlamento Abierto, dijo el senador de Jalisco, Clemente Castañeda.

“El Parlamento Abierto es una condición irrestricta para poder avanzar en una discusión de esta naturaleza, sería inadmisible para este Senado de la República ir a discutir una minuta como la que nos envía la Cámara de Diputados, sin escuchar previamente a todos los que tienen algo que decir en esta materia”, sostuvo Castañeda, también presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado participó en la rueda de prensa que ofrecieron más de un centenar de organizaciones civiles representadas por colectivos como Seguridad Sin Guerra, México Unido Contra la Delincuencia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Causa en Común y Designaciones, entre otras.

“Este Senado tiene que darse el espacio y el tiempo suficiente para discutir con amplitud, para deliberar en el sentido más amplio del término, y no puede prestarse bajo ninguna circunstancia a un ejercicio de simulación, es inadmisible en estos términos”, subrayó el senador.

“No se trata nada más de abrir un espacio a los expertos y a las organizaciones para que vengan aquí a hacer un planteamiento, se trata de incorporar sus observaciones, sus argumentos, sus peticiones en un dictamen que tendría que valorar este Senado de la República, de otra manera vamos a entrar a un ejercicio de simulación, desde nuestra perspectiva sería inadmisible”.

Clemente Castañeda recordó que hace tres meses la Junta de Coordinación Política conformó una Mesa de Trabajo que tiene el objetivo de diseñar una reforma integral que dé plena vigencia a la figura de Parlamento Abierto, pero hasta la fecha no se ha materializado.

Con el ejercicio de Parlamento Abierto se pondrían fin a las sesiones de puerta cerrada, fortalecería el acceso a la información y fomentaría la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, como el dictamen de la Guardia Nacional.

En la rueda de prensa, el colectivo Seguridad Sin Guerra, que se conforma de expertos, de investigadores y de organizaciones civiles, presentó un proyecto alternativo que asegura el mando civil en la Guardia Nacional.

“Entendemos el problema de violencia que vive el país, pero el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad tal y como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Alvarado en la que se condenó al estado mexicano por la desaparición forzada de tres personas a cargo de las fuerzas armadas”, dijo una de las representantes.

Subrayaron que cualquier decisión sobre las fuerzas armadas debe darse dentro del marco constitucional vigente. “Exhortamos a todas las senadoras y senadores, y especialmente al grupo mayoritario, a que este tema se discuta y se trabaje en un ejercicio de Parlamento Abierto que no se ha dado aún en el Congreso, pues muestra de ello es la gran omisión a convocar a víctimas que han padecido en los excesos de las fuerzas armadas en los 12 años que lleva la estrategia fallida”, manifestaron.

APRUEBA SENADO EXHORTO DE VERÓNICA DELGADILLO; URGENTE QUE

SEGOB Y ENTIDADES FEDERATIVAS GARANTICEN SEGURIDAD PARA MUJERES Y NIÑAS

• La propuesta fue apoyada por la mayoría de fuerzas políticas y aprobada por unanimidad en el Senado.  

Considerado de urgente resolución y apoyado por la mayoría de fuerzas políticas representadas en el Senado, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por la senadora ciudadana, Verónica Delgadillo, para que la SEGOB implemente todas las acciones intersectariales necesarias para que, de  manera urgente, se erradique toda forma de discriminación y violencia en contra de mujeres y niñas, de la misma forma para que todas las entidades federativas refuercen sus mecanismos de vigilancia y protección en contra de la violencia de género.

El punto de acuerdo incluye la exigencia de que se fortalezca el tema de la prevención así como reforzar la capacitación de policías para que puedan garantizar la seguridad de mujeres y niñas en espacios públicos, en particular, al hacer uso del transporte público. En referencia a esto, la senadora de Jalisco refirió los casos, tenebrosos dijo, de Vanessa, estudiante que fue violada y asesinada en una combi del Estado de México y de Carmen, una profesora de 26 años que desapareció en Chalco, también en el Estado de México y que hace unos días su cuerpo apareció semidesnudo y con signos de tortura; además de los lamentables casos de intentos de secuestro en el metro de la Ciudad de México.

Delgadillo García, aseguró que estos casos no son aislados, ya que todos forman parte de una violencia sistemática en todo el país que atenta contra la vida de las mujeres. “Los niveles de violencia contra las mujeres que vivimos en México serían un escándalo en cualquier otro país y serían motivo suficiente para paralizar absolutamente todo y tomar acciones contundentes. Esto no es una ficción, ni un guión de una película, esta es la terrorífica realidad que vivimos en este país y que tiene que parar ¡YA!”, demandó.

Reconoció que presenta este exhorto dado que todos los días se asesinan a 9 mujeres en nuestro país, estamos dentro de los 25 países que tienen las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo, cada día se cometen 99 delitos sexuales; y 43 abusos sexuales, los asesinatos de niñas y adolescentes crecieron 72% en 4 años. “La violencia que vivimos las mujeres es insostenible, porque está presente en los medios impresos, en los anuncios, en la televisión, en los programas, en las redes sociales, en las calles, en el transporte público y también en nuestras casas”, indicó.

“En los momentos más difíciles, es en los que nuestra voz tiene que alzarse más fuerte nuestras exigencias deben retumbar en todos los espacios posibles y porque mientras en este país se siga violentando, se siga acosando y se sigan asesinando mujeres, siempre habremos otras, que juntas, a pesar del miedo y del dolor, seguiremos gritando ¡vivan las mujeres!Es momento de decir ni una más. ¡NI UNA MÁS!”, concluyó.

Más tarde la senadora Delgadillo, acompañada de senadoras y senadores de diversas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, tales como: Kenia López Rabadán, PAN; Xóchitl Gálvez, PAN; Verónica Martínez, PRI; Genoveva del Carmen Bañuelos, PT; Silvana Beltrones, PRI; Verónica Nohemí Camino Farjat, PVEM; Alejandra del Carmen León Gastelum, del PT; Emilio Álvarez Icaza; Juan Manuel Focil Pérez, PRD y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, PAN; apoyaron en conjunto la propuesta de la senadora de Movimiento Ciudadano en conferencia de prensa en donde reforzaron el llamado para que la SEGOB y las entidades federativas garanticen seguridad a mujeres y niñas en todo el país.

LOS SENADORES DE MORENA Y SUS ALIADOS RECHAZAN PROPUESTA PARA QUE EL

GOBIERNO INFORME LOS COSTOS DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL HUACHICOL

• El senador Clemente Castañeda propuso hoy un punto de acuerdo que exhorta a instituciones federales a transparentar la estrategia contra el robo de gasolina.

• Sin embargo, el grupo mayoritario de Morena, junto con el PT y el PES en el Senado, no consideraron urgente discutir el exhorto y lo remitieron a comisiones para su análisis.

• El plan antihuachicol se ha hecho desde la opacidad, así como el proceso de adjudicación directa por más de 92 millones de dólares para la compra de pipas, expresó el senador de Jalisco.

Los mexicanos merecemos saber ¿qué factores ocasionaron el desabasto de la gasolina en el país? ¿en qué etapa van las investigaciones penales en contra de los responsables del robo de hidrocarburos? y ¿cuál es la estrategia jurídica para combatirlos?, planteó en tribuna el senador de Jalisco, Clemente Castañeda.

El exhorto que presentó hoy el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, está dirigido a Pemex, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que transparenten la estrategia contra el robo de combustibles, se informe sobre el costo que ha tenido para el país y el número de detenidos por huachicoleo, entre otros temas.

Sin embargo, el exhorto no fue considerado de urgente resolución por el grupo mayoritario de Morena, que con el apoyo de legisladores del PT y del PES sumaron 57 votos para no discutirlo en la sesión de hoy y remitirlo a comisiones.

“Dijimos con puntualidad que el combate contra el huachicol era una decisión del Gobierno que debía contar con todo el respaldo de las fuerzas políticas, los daños que se han hecho al patrimonio nacional por el robo de combustible son inaceptables, sin embargo, es nuestra responsabilidad señalar que la puesta en marcha de este plan antihuachicol se ha hecho desgraciadamente desde la opacidad y sin muchas explicaciones”, dijo Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

“Es cierto que la crisis y el desabasto de la gasolina está por solucionarse, pero este tipo de temas no deben de quedar en la desmemoria, la rendición de cuentas es un proceso que debe obligarnos todos los días, no nada más atender la coyuntura y ni siquiera en momentos excepcionales podemos renunciar a que se nos rindan cuentas permanentes”.

En tribuna, el senador planteó más preguntas al gobierno federal: ¿cuáles fueron los costos por dejar de usar los ductos y usar pipas para el traslado de combustibles? ¿cuánto costó y a costa de quién corrieron los gastos por el fondeo de buques en las costas nacionales? ¿se importaron más o menos barriles de combustible respecto a periodos anteriores?

A esto debemos sumar la opacidad que hay alrededor del proceso de adjudicación directa por más de 92 millones de dólares para la adquisición de pipas, un tema que debe ser esclarecido porque incumplen los procedimientos establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana, sostuvo el senador.

“En medio de la crisis por desabasto de combustibles, las y los ciudadanos buscamos certezas, y en cambio lo que tenemos en frente es una danza de cifras. En lugar de información nos encontramos con declaraciones erráticas y algunas veces contradictorias, contratos que no son claros, cuestionamientos al trabajo periodístico, pero muy pocas certezas”, finalizó.

• El senador Clemente Castañeda presentó una iniciativa de Ley que establece medidas de protección a denunciantes y testigos, que van desde la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad, hasta proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes.

La corrupción no se combatirá con buenos deseos, sino con instituciones fuertes y eficientes, por eso presentamos la iniciativa de Ley General de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, expresó el senador de Jalisco, Clemente Castañeda.

“Esta iniciativa busca abonar a que nuestro andamiaje institucional de combate a la corrupción sea sólido, incentive la denuncia y proteja a los ciudadanos; busca, también, contribuir a completar el ciclo de reformas necesarias para contar con una política de combate a la corrupción integral”, dijo el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

La iniciativa contempla un procedimiento específico, expedito y de fácil acceso para presentar las denuncias y acceder a las medidas de protección, planteó en tribuna el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado. Entre los objetivos de esta iniciativa están:

• Establecer las medidas de protección a testigos y personas denunciantes de actos de corrupción para garantizar en todo momento su integridad personal y la de sus bienes.

• Facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, dando a los servidores públicos y particulares la información completa sobre su derecho a denunciar y las medidas de protección.

• Las medidas de protección que se proponen incluyen la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad; proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes de la persona denunciante. Y, en el caso de servidores públicos, la protección de sus derechos laborales para que no puedan ser sancionados, destituidos o removidos de su empleo; y para los particulares, para que no puedan ser afectados en el caso de que tengan una relación contractual con el gobierno.

• Finalmente, la iniciativa, siendo una Ley General, plantea un modelo para que las entidades federativas homologuen sus legislaciones y prevean los mecanismos adecuados para la protección de testigos y denunciantes de actos de corrupción.

La iniciativa, continuó el senador de Jalisco, implica empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se faculta al Comité de Participación Ciudadana para elaborar, revisar y evaluar la Política de Protección a Testigos y Denunciantes de Actos de Corrupción.

Clemente Castañeda cuestionó la poca voluntad del Gobierno Federal para combatir la corrupción, el problema más notorio y más perjudicial de la vida pública del país.

“En primer lugar, hemos visto una guerra silenciosa contra las instituciones de combate a la corrupción, que abarca desde el desprestigio a estas instituciones, pasando por restarle atribuciones a instancias como la Secretaría de la Función Pública, o crear entes paralelos de investigación y fiscalización, como las llamadas comisiones presidenciales, hasta crear una Fiscalía General sin autonomía. En segundo lugar, ya vimos cómo el Presidente de la República, en su primer mensaje a la nación, decidió olvidar toda su narrativa de campaña para instruir a la Fiscalía General a que no se investigue la corrupción del pasado, que no castigue a los corruptos que saquearon a México”, dijo Clemente Castañeda.

En tercer lugar, dijo el senador, hemos visto decisiones que contradicen cualquier política de combate a la corrupción: adjudicaciones directas para compras multimillonarias, no licitaciones públicas para megaproyectos de infraestructura y casos de ocultamiento de bienes patrimoniales de servidores públicos.

• Los candidatos deberán rendir informes específicos anuales y semestrales a los ciudadanos, sobre el cumplimiento de sus plataformas electorales.

• El INE sería el encargado de vigilar y registrar el cumplimiento de los informes.

El senador Juan Quiñonez Ruíz a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de cumplimiento de las plataformas electorales, para que las promesas de campaña integradas en este documento sean un proyectos que se cumplan, ya sea a corto, mediano, o largo plazo, y que su objeto sea resolver de manera eficaz los múltiples problemas que aquejan a la sociedad mexicana, tales como pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, e inseguridad.

Dicha propuesta busca regular el cumplimiento de las plataformas electorales, a través de los denominados informes generales y específicos acerca de la gestión de los planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos, establecidos en las plataformas electorales que llevaron al triunfo a los gobernantes, y a partir de ellos, evaluar la función pública. Siendo el Instituto Nacional Electoral, el encargado de vigilar y registrar el cumplimiento de los informes respectivos. La propuesta refiere que los candidatos deberán rendir informes específicos anuales y semestrales a los ciudadanos, sobre el cumplimiento de las propuestas de campaña establecidas en las plataformas electorales.

“México atraviesa una etapa en la que la ciudadanía se empodera cada vez más, ya que contamos con más y mejores mecanismos de acceso a la información que hacen posible contar con una sociedad crítica e informada. Sin embargo, a pesar de eso, no contamos con suficientes instrumentos para hacer exigible el cumplimiento de los planes y programas de gobierno, en especial, de aquellos que fueron prometidos en las plataformas electorales”, subrayó el senador de Durango.

Enfatizó que en Movimiento Ciudadano están convencidos de que en el ejercicio del servicio público se debe honrar la palabra, se deben cumplir los compromisos y se debe llenar de contenido a la política. Por ello, consideran que las plataformas electorales no pueden seguir siendo documentos vacíos que quedan en la desmemoria, las plataformas electorales deben convertirse en herramientas efectivas de rendición de cuentas y escrutinio ciudadano.

“En campaña hubo quienes dijeron que no iban a militarizar la seguridad pública; hubo quienes dijeron que iban a transparentar, sin excepciones, el patrimonio de los funcionarios públicos; hubo quienes dijeron que no se harían compras y obras públicas sin licitación; hubo quienes dijeron que se acabaría la actitud sumisa ante el gobierno de Donald Trump; hubo quienes dijeron que bajarían el precio de la gasolina”, ejemplificó.

Para finalizar, el senador ciudadano señaló que la rendición de cuenta debe ser la norma porque es la única vía para fortalecer nuestras instituciones, para recuperar la confianza de los ciudadanos y para tener buenos gobiernos. “Contar con herramientas para evaluar el cumplimiento de las plataformas electorales nos sirve a todos, fortalecerá nuestra democracia y empoderará a los ciudadanos”, concluyó.

BUSCA MOVIMIENTO CIUDADANO QUITAR CANDADO A

FONDOS INTERNACIONALES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS

• El senador Samuel García plantea Reforma al 117 constitucional que daría acceso a recursos para medioambiente, contaminación y movilidad.

• El alcance de la reforma permitiría convenios de información con Texas para recuperar el dinero saqueado por ex gobernadores.

Movimiento Ciudadano propuso destrabar el acceso directo a fondos internacionales en beneficio de estados y municipios; la propuesta fue presentada por el senador Samuel García Sepúlveda quien señaló que la reforma al artículo 117 constitucional quitaría un candado de 100 años que impide bajar recursos por la vía de convenios o acuerdos con organismos globales. 

“La Constitución desde 1917 prohíbe a los estados y municipios celebrar tratados internacionales con otras potencias u organismos internacionales, pero ya pasaron 100 años y hoy en día los estados y municipios están quebrados, no tienen dinero y tienen grandes problemas de medio ambiente de seguridad y de movilidad”, manifestó.

“Y por eso proponemos eliminar del 117 constitucional ese candado para que cualquier estado y municipio puedan bajar fondos; por ejemplo, ONU Hábitat da a fondo perdido si se destinan a medioambiente, reforestación, movilidad, ¿por qué perder ese dinero a nivel internacional?”, dijo.

La reforma habilitaría acuerdos de hermanamiento, de cooperación con entidades, países y organismos internacionales, con fines comerciales, de desarrollo económico, social, científico, territorial y urbano. Ciudades sumidas en la contaminación como Monterrey, con la peor calidad de aire en América Latina, se verían beneficiadas.

“Si este artículo se modifica, Nuevo León y otras entidades podrían bajar recursos del Fondo Monetario Internacional, del BID, de la ONU, y de cientos de organismos que destinan dinero a bajar la contaminación, adquirir vagones del metro, reforestación, y en materias de salud y seguridad”, explicó.

Por otra parte, abriría la puerta a convenios de información para combatir la corrupción, permitiendo a los estados y municipios recuperar los recursos saqueados de sus administraciones.

“(Por ejemplo) Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León, donde saquean las arcas y se las llevan a Texas, tener la facilidad para que reporte las cuentas bancarias de ex gobernadores y ex alcaldes, así regresarían miles de millones de pesos a las entidades federativas”, señaló.

“Por eso la bancada de Movimiento Ciudadano preocupada por el federalismo y por las finanzas de estados y municipios, y ante el centralismo que parece se viene en este sexenio, tenemos que permitir a estados y municipios bajar dinero de  fondos, organismos internacionales y países extranjeros”, indicó.