• No apoyarán reforma educativa en el Senado si se presenta sin leyes secundarias, ya que estarían votando un “cheque en blanco”.

Durante la reunión en comisiones junto al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el senador Samuel García Sepúlveda exigió que la propuesta del Ejecutivo llegue en paquete para analizar la letra chiquita.

“No puede Movimiento Ciudadano votar una reforma constitucional que va a traer aparejadas cuatro leyes secundarias, porque es dar un cheque en blanco, queremos como hemos propuesto en Guardia Nacional que cuando nos envíen una reforma constitucional debe venir en paquete para poder debatir y estudiar la ley reglamentaria, los punto y comas, la implementación y la letra chiquita.”, indicó.

“Por eso a la brevedad posible les pedimos que pudieran enviar siquiera un esbozo, por ejemplo las leyes secundarias que vendrán de la fracción octava y novena del artículo tercero, es decir debatamos todo el paquete, toda la idea y no solamente los principios, dar un cheque en blanco para que una mayoría simple ponga lo que quiera en una ley secundaria”, dijo.

En su respuesta, Esteban Moctezuma descartó que las leyes secundarias acompañarán a la constitucional, pero se presentaría una “idea, el boceto de lo que estamos trabajando”.

El senador pidió también al secretario explicar sus frases polémicas sobre que ahora sí se van a poder copiar los alumnos o que lo maestros de inglés no necesitan saber inglés.

Sobre la primera frase el funcionario federal dijo que se refería a las escuelas multigrado y en la segunda a que con las nuevas tecnologías los estudiantes podrán aprender sin que el sistema educativo esté preparado. Además de que a través de la infraestructura de la CFE se instalarían cables de banda ancha para llevar internet a las escuelas.

NECESARIO GARANTIZAR EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

EN CONDICIONES DE IGUALDAD: MOVIMIENTO CIUDADANO

• Sirve de asidero constitucional para la reivindicación de ese derecho en distintos sectores sociales marginados: Patricia Mercado

Preocupada porque no existen condiciones para ejercer la función pública en condiciones de igualdad, la senadora ciudadana Patricia Mercado Castro presentó a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho de acceso y ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos de la República.

La propuesta sirve de asidero constitucional para la reivindicación de ese mismo derecho en distintos sectores sociales que tradicionalmente han sido marginados, como lo son: los pueblos originarios, las personas con discapacidad, las poblaciones afrodescendientes, de la comunidad LGBT, entre otros.

En el sistema actual, dijo, los derechos políticos son derechos humanos, que provienen de las más importantes declaraciones y convenciones de la comunidad internacional y están consagrados en nuestra Constitución Política. “Los derechos políticos implican, además de participar, votar y ser votado, el acceso a las funciones públicas, por lo que el Estado está obligado a garantizarlo con efectividad de manera progresiva; esto es, incrementaría el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de dichos derechos”.

Necesitamos avanzar en legislaciones que nos obliguen a hacer acciones afirmativas en favor de distintos grupos poblacionales, dijo la senadora Mercado, porque de lo contrario, vamos a seguir dando acceso a la función pública a hombres y mujeres, pero no a personas con discapacidad, transexuales o indígenas, por ejemplo. “Debemos obligarnos con una reforma constitucional que nos ayude en avanzar en tener una sociedad menos desigual y poder abrirles los brazos a las diversidades, a las diferencias”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictamen.

• Plantea senador Samuel García reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y al Código Fiscal de la Federación.

• Ministerio Público tendría acceso a pruebas como cuentas bancarias o fiscales en investigaciones contra presidentes, gobernadores y demás funcionarios.

Movimiento Ciudadano presentó este martes en el Senado una iniciativa para eliminar “los secretos de la impunidad”, los cuales han sido excusas en el país que imposibilitan el castigo a la corrupción.

La propuesta a cargo del senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, que reforma el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pondrían punto final a los secretos tanto bancario y fiscal en las investigaciones a funcionarios públicos.

 “Queremos ayudarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a que vaya por todos los corruptos y se regrese lo robado, pero para ello requerimos modificar dos leyes que hoy dejan impunes a los corruptos.

 “Por un lado que el ministerio público actualmente no puede pedir las cuentas bancarias para determinar todo el dinero que llegó y que no es legítimo, y por otro lado el secreto fiscal donde los ministerios públicos no pueden pedir las facturas, declaraciones anuales y provisionales, declaraciones de terceros y retenciones”, dijo en rueda de prensa.

Frente a los señalamientos contra ex funcionarios y ex presidentes en los últimos días, a quienes el Gobierno Federal los ha acusado públicamente de beneficiarse a costa del país, indicó que hacen falta pruebas y por lo tanto menos declaraciones.

“Por ejemplo esto nos ayudaría a que ex presidentes que saquearon la CFE, como dice el Presidente Andrés Manuel que Calderón lo hizo, podamos encontrar si cobró o no por el desfalco, si gobernantes que tienen departamentos en playas o en Houston, o en cualquier lugar de Texas, determinar si se hizo con dinero bien habido”, dijo.

En el Pleno, el legislador subrayó que actualmente existe un círculo vicioso, debido a que el ministerio público para acceder a la cuentas bancarias o fiscales ocupa una orden judicial del juez penal, pero su autorización requiere pruebas mínimas a las cuales no puede obtener en delitos como fraude, lavado de dinero, cohecho, peculado, entre otros.

Una muestra es el caso “Panamá Papers” protegido por el secreto fiscal y del cual se desprende un robo al país de 500 mil millones en impuestos; en tanto a nivel estatal se encuentran imposibilitadas las Fiscalías Estatales, que han buscado sancionar a ex gobernadores.

“Las fiscalías locales, por ejemplo la de Nuevo León, ha querido meter a la cárcel a corruptos, pero no puede porque la Comisión Nacional Bancaria no les quiere dar las cuentas bancarias de ex gobernadores, o porque el SAT no le quiera dar la declaración fiscal, anual o provisional de alcaldes o gobernadores.

“No es posible que hace un mes quisimos meter a un gobernador a la cárcel y la Suprema Corte alegando que se pidieron cuentas bancarias sin orden judicial, lo dejaron libre, como también van a dejar libre a Duarte o Borge, por no obtener las pruebas de manera legal”, dijo.

MÉXICO DEBE PROHIBIR EL USO DE

PLAGUICIDAS TÓXICOS: VERÓNICA DELGADILLO

• En México todavía se permiten la venta y compra de plaguicidas que han sido prohibidos en Estados Unidos y en la Unión Europea.

• Es hora de ponerle un alto al negocio de unos cuantos; es hora de que México tome cartas en el asunto.

“Sin abejas no hay vida, es una batalla que hemos dado por más de 3 años al lado de académicos, expertos y de la mano de apicultores de Jalisco y otros estados del país para, primero, conocer y entender el problema de la desaparición y muerte masiva de las abejas, y segundo, para poner en el debate público este tema y las graves consecuencias que tiene para México, para la gente y para el planeta entero”. Así lo señaló la senadora Verónica Delgadillo García al presentar un exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader; a la Semarnat, y a la Cofepris a implementar las acciones necesarias para contrarrestar el colapso de las abejas en el país.

La senadora ciudadana recordó que en fecha reciente en un trabajo periodístico de Andrea Vega en Animal Político, se hace referencia al caso de Marco Antonio Cupul, un apicultor del ejido Dzonot Carretero en Yucatán, que, en un solo día, perdió las 91 colmenas que eran su sustento, gracias a las fumigaciones aéreas que se hacen en esa entidad que, paradójicamente, es el principal productor de miel.

“Lo cierto es que lo que hoy vivimos no afecta a unos cuantos estados o unas cuantas regiones del país; lo que hoy vivimos afecta a todo el país y a su gente, porque en México todavía se permiten la venta y compra de plaguicidas que han sido prohibidos en Estados Unidos y en la Unión Europea”, aseveró Delgadillo García.

Indicó que el uso de plaguicidas altamente tóxicos no solo es un problema para las abejas, también es un problema para la humanidad. “Los plaguicidas son responsables de contaminar nuestro aire, nuestro suelo y nuestra agua, están en las manzanas, en las papas y en muchas cosechas que llegan a nuestra mesa, pero también son responsables de enfermedades letales como cáncer y leucemia, de enfermedades como Parkinson y Alzheimer, y lo peor de todo es que están cobrando la vida de las personas más vulnerables: personas que viven en el campo, indígenas, mujeres embarazadas y niños”, alertó.

Para concluir la senadora jalisciense manifestó: “Es hora de ponerle un alto al negocio de unos cuantos; es momento de que México tome cartas en el asunto y prohíba el uso de todos los plaguicidas tóxicos que están matando a las abejas y a nosotros mismos. Sin abejas no hay vida”, reiteró.

Cabe señalar que la senadora presentó en octubre de 2018 una iniciativa cuyo trabajo realizó en conjunto con la Red de Toxicología de Plaguicidas a fin de reformar la Ley General de Salud, en materia de protección a la salud humana y medio ambiente por el uso de plaguicidas, que busca regular el uso y prohibir estos productos tóxicos.

La propuesta fue apoyada por senadoras y senadores de diferentes grupos parlamentarios y fue turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y Salud.

En audiencias de Guardia Nacional

RESPALDAMOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PROPONEMOS LEGISLAR CON EVIDENCIA, ESCUCHAR OPINIÓN DE EXPERTOS Y DISCUTIR LEYES SECUNDARIAS: CLEMENTE CASTAÑEDA

• Considera irrenunciable defender la premisa: La guerra no hace la paz

Este domingo, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, senador Clemente Castañeda, se pronunció sobre el debate que está por iniciar en el Senado de la República alrededor de la Guardia Nacional

Manifestó que el dictamen como se encuentra al día de hoy pretende continuar con una estrategia de seguridad que ya se ha mostrado fallida y que, para no continuar dentro de una guerra sin estrategia, se deben contemplar los siguientes puntos para aprobar el dictamen.

1. “La guerra no hace la paz”: exigimos un mando estrictamente civil.

Sin mando dual, sin Junta de Jefes de Estado; estableciendo que la jerarquía, estructura y capacitación de los integrantes de la Guardia estarán a cargo de civiles. Por eso no aceptaremos en ninguna circunstancia la reincorporación del Quinto Transitorio que establecería un mando militar durante 5 años.

2. “Si es una solución de emergencia, se tiene que definir cuándo se acaba la emergencia”: se tiene que establecer de manera clara la temporalidad.

La participación de elementos militares en tareas de seguridad pública debe ser temporal y su duración debe estar perfectamente establecida en ley

3. “Nada bueno se construye a espaldas de la gente”: necesitamos mecanismos de control.

El senado no sólo debe "analizar" los informes anuales del Ejecutivo sobre la Guardia Nacional, debe implementar un mecanismo de escrutinio sobre sus acciones.

4. “Construir una Guardia Nacional sin destruir a las policías”: Fortalecimiento de las policías.

No es suficiente un transitorio que diga que se hará un "esquema de fortalecimiento". Deben establecerse objetivos claros, políticas concretas, y esto debe estipularse tanto en el transitorio como en las propias bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública (artículo 21).

5. “En los detalles está el diablo”: tenemos que conocer y discutir las leyes secundarias al mismo tiempo.

Es decir: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, Ley del Uso de la Fuerza, Ley del Registro de Detenciones, reformas respectivas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O, en su defecto, establecer que dichas leyes se aprobarán posteriormente, pero por mayoría calificada.

Finalmente, señaló que deben escucharse todas las voces de la sociedad civil y que el dictamen que se someta a discusión debe reflejar la pluralidad de voces en esta discusión. Añadió que debe actuarse con responsabilidad: sin prisas ni albazos.

• Busca transitar de la colaboración y concurrencia entre los tres órdenes de gobierno a una herramienta de transformación como la agricultura orgánica  

• Aporta una solución para resolver el problema de la pobreza multidimensional que hoy afecta a 2 de cada 10 mexicanos

La senadora ciudadana Verónica Delgadillo García, presentó a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca un federalismo agroalimentario.

Con esta propuesta busca que se transite a un esquema de colaboración y concurrencia entre los tres órdenes de gobierno y que se establezca una herramienta de transformación tan indispensable como la agricultura orgánica. “Por ejemplo Jalisco o Nuevo León, podrá tener la plena capacidad para generar políticas de desarrollo rural y sustentable para obtener el abasto suficiente y oportuno de todos los alimentos básicos para su gente”, explicó.

Agregó que esta iniciativa también busca aportar una solución, un cómo sí resolvemos el problema de la pobreza multidimensional que hoy afecta a 2 de cada 10 mexicanos. “Fortalecer el federalismo significa mucho más que hablar de un simple equilibrio entre órdenes de gobierno; significa pensar en herramientas ambiciosas e innovadoras para que los estados sean verdaderos agentes de cambio ante los grandes retos que vivimos, y un ejemplo de esto es el de la suficiencia alimentaria”, subrayó.

Manifestó que en Movimiento Ciudadano están convencidos de que las políticas que hasta hoy se han aplicado en el sector agroalimentario, durante los últimos 18 años, han propiciado que la pobreza y la desigualdad, se perpetúen y se hereden de generación en generación en millones de mexicanos. Esto no puede seguir así, por eso, dijo, una solución es que cambiemos la política de suficiencia alimentaria y pase a ser una atribución compartida entre federación, estados y municipios.

Para finalizar, la senadora jalisciense refirió que en México se desperdician cerca de 200 millones de toneladas de alimento y que si se aprovecharan representarían ingresos de casi 400 mil millones de pesos. Llamó a imaginar el impulso que le daría a la economía el aprovechamiento de esa cantidad.

La incorporación de estos alimentos tendrían beneficio, esa cantidad de alimento que se desperdicia comenzarían a dar vida y alimento a millones de mexicanos que son cerca de 50 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen un salario digno que no les permite siquiera pagar una canasta básica.

“¿No les parece ridículo esto? Siendo México un país tan rico, ¿no les parece ridículo tener a tantas personas con hambre? ¿No les parece que tenemos que hacer algo? Por supuesto que vale la pena hacer algo para eliminar el hambre en nuestro país”, concluyó.