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Más de 7 mil personas pagan una condena de hasta 10 años por robo por hambre.
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En nuestro país se ha amparado a los corruptos y a quienes viven en la pobreza se les ha condenado y criminalizado.
“Mientras decenas de políticos corruptos están en las calles y con vidas de lujo gracias a los negociazos que hicieron, hoy más de 7 mil mexicanos están presos por robar por hambre y no tener dinero para comprar comida”; con lo anterior inició su intervención la senadora Verónica Delgadillo al presentar una iniciativa que reforma el artículo 379 del Código Penal Federal en materia de delito por necesidad; cuyo objetivo es combatir la criminalización del robo por carencia o hambre.
La senadora de Jalisco presentó la iniciativa a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y recordó que hace dos años en conjunto con su compañero de bancada, el entonces diputado Jorge Álvarez Máynez, presentó, por primera vez esta iniciativa en la Cámara de Diputados, que busca modificar el Código Penal Federal y diferenciar el robo por hambre de otros delitos, asimismo que las personas que han robado por hambre puedan llegar a un acuerdo y eviten procesos o sanciones excesivas, ya que actualmente se utilizan los vacíos y ambigüedades en la ley para que quien robó por hambre sea procesado por el delito de robo.
Lamentó que en nuestro país, quienes han abusado del dinero de la gente y han participado en actos de corrupción viven como si nada pasara, incluso viven aquí o se van al extranjero, amparados para evitar detenciones mientras que quienes viven en la pobreza, son condenados, castigados y criminalizados.
Como ejemplo mencionó los casos de César Duarte, Guillermo Padrés, Elba Esther Gordillo, ambos ya en libertad, así como los responsables de Odebrecht y la Estafa Maestra, como Rosario Robles, Emilio Lozoya y Aurelio Nuño, que el sexenio pasado fueron intocables y que, lamentablemente, dijo, todo indica que en este lo seguirán siendo.
Contrastó lo anterior con “la justicia” aplicada en casos como el de Ana María, una mujer y madre que vive en pobreza y que por necesidad intentó tomar dos charolas de carne de una tienda para alimentar a sus hijos y fue condenada a 6 meses de prisión por no poder pagar la fianza de 27 mil pesos. O, por ejemplo, el de Paty, que robó una mermelada y un yogurt para alimentar a sus cinco hijos, y que le pusieron una fianza de 12 mil pesos. “Imagínense, robó por hambre y por no tener dinero para comprar comida, y le ponen una fianza de ese tipo”, manifestó.
La senadora ciudadana cuestionó desde la tribuna: ¿Alguna vez han sentido hambre en serio? ¿Recuerdan ese dolor que se siente de tener el estómago vacío? ¿Se imaginan la angustia, el medio y la inseguridad que debe de sentir una persona al despertar y saber que, sin importar lo que haga, no será suficiente para tener una comida al día o un simple vaso de agua?
Y aseguró que eso es lo que tienen que vivir más de 55 millones de personas a quienes no les alcanza para tener una vida digna.
“El robo por hambre es un problema que se vive en nuestro país y que nos enseña uno de los lados más salvajes y crueles del sistema que hoy tenemos y que debemos de cambiar. Para darnos una idea, en las cárceles de este país duermen más de 7 mil personas que pagan una condena de hasta 10 años, por haber robado una mantequilla, un yogurt, una leche o un pan por hambre”, aseveró.
Agregó que es indignante que además las multas por estos casos llegan hasta los 13 mil pesos. “Esto es increíble si lo comparamos, por ejemplo, contra los 3 años de cárcel que le dieron a uno de los colaboradores de César Duarte y que formó parte de la red de corrupción e impunidad que le ayudó a desviar miles de millones de pesos del dinero público. De ese tamaño son las injusticias en este país: 10 años en la cárcel por robar un pan y solo 3 por ser un político corrupto”, indicó la senadora jalisciense.
Para concluir expuso que se tiene que dejar claro que este sistema produce pobreza y se sirve de ella y se debe de entender que no es robo, es hambre y que la justicia tiene que dejar ser una palabra que solo adorne los discursos del gobierno en turno.
La iniciativa pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 379 del Código Penal Federal, con el objetivo de contrarrestar el abuso de la acción penal cuando exista un delito por necesidad, creándose la posibilidad de que el Ministerio Público desista de ella al acreditar que hubo una verdadera necesidad en el robo. Dejando innecesario el perdón del ofendido y permitir en estos casos llegar a un acuerdo reparatorio, evitando en todo caso largos procesos y sanciones excesivas; fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.
